Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120701
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1.a. y III.1.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.701, "Sánchez, Lorena Esther contra Ventre Maderas S.R.L. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 115/126).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 133/142).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal hizo lugar a la demanda promovida por la señora Lorena Esther Sánchez y condenó a Ventre Maderas S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de salarios adeudados correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2013, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario por el mismo período, con más la multa contenida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de diferencias salariales, indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 9, 10 y 15 de la ley 24.013 (v. fs. 115/126).
Para así decidir, con relación a las modalidades de la contratación laboral que vinculó a las partes, entendió que, en tanto la actora no había desvirtuado los datos consignados en los recibos de sueldo (v. fs. 9 y 10), que ella misma adunara a la causa (arts. 39 y 63, ley 11.653 y 375, CPCC) y que se tuvieran como reconocidos por la demandada (v. auto de fs. 85 vta.), ni produjera prueba en contrario -dado que desistió de la testimonial ofrecida (v. a fs. 21 la nómina de los testigos propuestos y el acta de fs. 114)- debían tenerse por acreditados los extremos que los aludidos recibos reflejaban; esto es: que la señora Sánchez ingresó a laborar para la demandada el día 15 de octubre de 2003, cumpliendo tareas en la categoría "Vendedor B" del convenio 130/75, con una jornada de lunes a viernes de 8 a 12 hs. y de 14 a 18 hs. y los días sábados de 8 a 13 hs., percibiendo como mejor remuneración bruta la suma de $6.492,81 (v. vered., fs. 115 vta.).
Sostuvo así que la accionante no había logrado probar con ningún medio de los que tuvo a su alcance, el haber ingresado en una fecha anterior a la que surgía de los referidos recibos de sueldo, ni que su salario fuera mayor al consignado en ellos. Por otro lado, juzgó que tampoco resultó acreditado que la trabajadora hubiera laborado horas extraordinarias, ni el pago de comisiones por ventas denunciado (v. demanda, fs. 14 y liquidación, fs. 20) y que éstas le fueran abonadas en forma marginal a sus recibos de haberes (arts. 26, 29, 39 y 63, ley 11.653 y 375, CPCC; v. vered., fs. 118).
Ya en la sentencia, luego de evaluar el intercambio telegráfico, consideró que el despido indirecto en que se colocó la trabajadora el día 9 de diciembre de 2013 no resultó justificado, toda vez que ella no había logrado demostrar ninguno de los incumplimientos patronales que invocó en sustento de su posición, a saber: 1) la incorrecta registración en cuanto a su fecha de ingreso y remuneración; 2) la existencia de una deuda por el pago de comisiones y horas extras; y 3) la negativa del principal en dejar sin efecto el traslado dispuesto de su lugar de trabajo (v. CD, fs. 8 y sent., fs. 120 y vta.).
Expresó al respecto que, en ocasión de producirse la audiencia de vista de la causa, la demandante, insólitamente, desistió de toda la prueba pendiente de producción, aún de la testimonial, peticionando sólo la absolución de posiciones en rebeldía de la accionada. Refirió que "quien alega la existencia de injuria de su empleador y resuelve denunciar extinguiendo el contrato de trabajo, debe demostrar los hechos injuriosos que determinan esa actitud para tener derecho a las indemnizaciones que se contemplan en el art. 246 de la LCT"; más aún cuando, como en el caso, la accionada negó expresamente (v. CD, fs. 6) los hechos denunciados por la trabajadora (v. sent., fs. 121 y vta.).
Concluyó entonces que la actora no había aportado al proceso ningún elemento de convicción que justifique la legitimidad de sus reclamos, aun considerando la adversa situación de la demandada quien, al haber sido declarada en rebeldía, perdió el derecho de valerse de prueba. Por todo ello, rechazó el reclamo por el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y la prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y, asimismo, las multas contenidas en los arts. 9, 10 y 15 de la ley 24.013, por cuanto no resultaron acreditados los extremos que dichas normas imponen para su admisibilidad (v. sent., fs. 121 vta./122).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 39 de la ley 11.653; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 133/142).
Se agravia de las conclusiones del tribunal de origen en cuanto juzgó no verificadas la fecha de inicio y la remuneración denunciadas al demandar. Alega que la decisión de grado proviene de una absurda apreciación de los elementos de la causa, por cuanto los magistrados otorgaron plena validez y eficacia a los recibos de sueldo, cuando son instrumentos privados de pago emitidos por el empleador que adquieren eficacia a partir de su correspondencia con los libros laborales del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene que el juzgador de grado ha vulnerado las reglas de atribución de la carga probatoria y las disposiciones contenidas en los arts. 52 y 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, por cuanto era la demandada, y no la accionante, quien debía aportar prueba contraria a las afirmaciones que, bajo juramento, quedaron expuestas en la demanda.
Con apoyo en doctrina de este Tribunal que cita, insiste en señalar que el a quo debió tener por verificadas la fecha de inicio y remuneración denunciadas por la actora y, en consecuencia, la injuria invocada para extinguir el vínculo laboral, por lo que corresponde el progreso de las indemnizaciones derivadas del despido y las previstas en los art. 9, 10 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323.
Luego, postula que, acreditado el yerro del fallo, debe tomarse en cuenta el salario denunciado por la actora como base para el cálculo de los rubros salariales cuyo progreso fuera admitido (haberes de noviembre y diciembre de 2013, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales por dicho período), como así también para el cómputo de la sanción del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, los que deberán ser nuevamente determinados.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. La crítica que ensaya la recurrente relativa a la definición de la fecha de inicio de la relación de trabajo resulta acertada.
En efecto, se advierte de las constancias de la causa que, en el escrito de inicio, la actora denunció bajo juramento (art. 39, ley 11.653; v. fs. 22) que comenzó a trabajar a favor de la demandada el día 9 de septiembre de 2003 y no en la fecha registrada por ésta (15 de octubre de 2003). Asimismo, que atento al estado de rebeldía en que quedó incursa la accionada (v. fs. 59) y dado que no evacuó la intimación de fs. 24, el a quo desestimó la prueba pericial contable (v. fs. 85). Posteriormente, ya en la sentencia, el tribunal juzgó como válida la fecha de ingreso consignada en los recibos de sueldo de la actora porque ésta no produjo prueba a fin de desvirtuarla.
Luego, surge evidente el yerro en que incurrió el a quo , desde que ante la declaración jurada prestada por la demandante en lo relativo a la fecha en que ingresó a trabajar a las órdenes de la accionada -dato que debía estar asentado en la documentación laboral de la demandada y que conforme se advierte no pudo ser cotejado en autos-, el a quo adjudicó equivocadamente a la accionante la carga de la prueba de aquella afirmación.
El desvío, queda patentizado no bien se repara que la conclusión del judicante en este aspecto no se deriva de la apreciación de prueba alguna con virtualidad para desactivar la presunción legal examinada, como sí hubo de verificarse en otros precedentes resueltos por este Tribunal (causas L. 111.151, "Salomón", sent. de 30-X-2013; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015áy L. 118.760, "Tateo", sent. de 13-VI-2018; e.o.), se hace pie, en cambio, en la supuesta defección de la parte actora que, en rigor, procesalmente no estaba obligada a acreditar sus dichos.
En definitiva, se impone admitir la fecha de ingreso (inicio de la relación de trabajo) consignada por la promotora del juicio en la demanda, toda vez que adquiere plena virtualidad la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones de la empleada sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral a que se refiere el art. 52 de la ley sustantiva (art. 55, LCT), por razón de la eficacia de la declaración jurada prestada en los términos del art. 39 primera parte de la ley 11.653, al no registrarse prueba alguna en contrario.
Por lo tanto, debe hacerse lugar al recurso en el señalado aspecto. Ello implica, a su vez, que los datos consignados en el certificado de trabajo (art. 80, LCT), a cuya entrega se intimó al empleador, deberán adecuarse a lo que se resuelve en este punto.
III.1.b. A tenor de lo antes dicho, debe revocarse la sentencia atacada en lo que respecta a la fecha de ingreso y, consecuentemente, el rechazo de la multa reclamada con sustento en el art. 9 de la ley 24.013.
Ello pues, conforme surge de las constancias de la causa, la accionante intimó a su empleadora -estando vigente la relación laboral- para que registre correctamente el contrato de trabajo conforme su real fecha de ingreso (9 de septiembre de 2003; v. CD, fs. 3). También remitió a la Administración Federal de Ingresos Públicos una copia de aquella intimación (v. CD, fs. 4). Atento a que la fecha denunciada por la trabajadora debe tenerse por demostrada y que se encuentran cumplidos los recaudos del art. 11 de la ley 24.013, corresponde hacer lugar al pago de la indemnización que establece el art. 9 de dicho cuerpo legal (causas L. 85.620, "Bairo", sent. de 25-II-2009 y L. 103.524, "Villarreal", sent. de 5-IX-2012).
Luego, y toda vez que la irregular inscripción de la fecha de inicio del vínculo laboral ha constituido uno de los motivos esgrimidos por la parte actora para colocarse en situación de despido indirecto, corresponde revocar el pronunciamiento en cuanto se consideró inmotivada la rescisión contractual así dispuesta, debiendo remitirse las actuaciones al tribunal de grado para que, integrado con jueces hábiles, analice la aptitud injuriosa de la aludida causal en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo y, en su caso, se expida sobre la procedencia de los rubros derivados del mismo y los incrementos indemnizatorios previstos en los arts. 2 de la ley 25.323 y 15 de la ley 24.013, los que fueron desestimados por el a quo al juzgar que el despido indirecto había resultado injustificado.
III.2. Distinta suerte, en cambio, ha de correr el agravio vinculado a la prueba de la remuneración denunciada por la accionante.
En este aspecto, cabe señalar que de los propios términos de la demanda surge que la accionante esgrimió haber percibido mensualmente un salario de $7.948 integrado de la siguiente forma: $5.448,68 que figuraban en sus recibos con más un importe convenido con el empleador en concepto de comisiones por ventas que -según adujo- alcanzaba en promedio la cantidad de $2.500, cuyo pago no era plasmado en los recibos de sueldo (v. fs. 14 y liquidación, fs. 20).
En este marco, y sin perjuicio del confuso análisis efectuado por el tribunal de grado, es posible advertir que, en el caso, el mayor salario invocado por la trabajadora se sustentó en la aducida percepción de una suma mensual percibida en concepto de comisiones por ventas que -alegó- la demandada le abonaba por fuera de registración.
Entonces, dado que la cuestión quedó afincada en la demostración del hecho mismo que constituye la causa jurídica del reclamo, contrariamente a lo alegado por la interesada, no resulta aplicable en este aspecto el art. 39 de la ley 11.653 y rigen -en cambio- las normas procesales que imponen a quien afirma la acreditación de esa circunstancia (causas L. 99.042, "Vincet", sent. de 9-VI-2010;áL. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013 y L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014; e.o.).
Cabe aquí recordar que la inversión de la carga probatoria que postula el segundo párrafo del art. 39 de la ley 11.653, únicamente opera cuando se discute el monto de las remuneraciones o el cobro de las mismas, y no cuando se trata de la demostración del hecho mismo que constituye su causa jurídica -en el caso, la existencia del convenio individual relativo al pago de comisiones- que requiere su previa demostración por quien lo invoca (causa L. 103.157, "Obiol", sent. de 11-III-2013; e.o.).
Lo antes expuesto resulta suficiente para desestimar este tramo del recurso, perdiendo virtualidad el planteo vinculado al pretendido cómputo de los rubros cuyo progreso fue admitido en el fallo sobre la base del salario denunciado al demandar.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido y revocar la sentencia con el alcance indicado en los puntos III.1.a. y III.1.b. Los autos deben volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento conforme lo que aquí se resuelve.
Costas de esta instancia por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en los puntos III.1.a. y III.1.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia