Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121034
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara parcialmente nula de oficio la sentencia de fs. 365/377 vta., con los alcances expuestos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Genoud , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.034, "Pinto, Juan Manuel contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo-acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 362/377 vta.).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 388/396).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio y parcialmente la sentencia de fs. 365/377 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Juan Manuel Pinto y condenó en forma solidaria al señor César Eduardo Palomba y a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que indicó en concepto de reparación integral como consecuencia de la afección incapacitante atribuida al accidente de trabajo que padeció el día 25 de enero de 2007.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada Federación Patronal Seguros S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, violación y errónea aplicación de los arts. 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; así como también de la doctrina legal que cita (v. fs. 388/396).
II.1. En primer lugar, señala que el órgano judicial de grado transgredió los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil -según art. 8, ley 24.432- y 730 del Código Civil y Comercial, así como también la doctrina que este Tribunal estableció -entre otras- en la causa L. 77.914, "Zuccoli", en tanto las costas impuestas a su parte exceden del veinticinco por ciento (v. rec., fs. 389 vta./392).
Bajo esa premisa, sostiene que en el caso la cuantía de las costas asciende a la suma de $84.408,43, que representa el 55,21% del monto de la condena, quedando -a su juicio- evidenciada la violación del referido tope.
II.2. Objeta luego que el tribunal de grado haya aplicado intereses sobre el capital de condena a la tasa pasiva "CAT" (tasa digital: opción Plazo Fijo Tradicional) que el Banco de la Provincia de Buenos Aires paga en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina que este Tribunal tiene establecida a partir de los precedentes Ac. 43.858, "Zgong", sentencia de 21-V-1991 y L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013, así como de aquellas otras que individualiza a fs. 392 vta. y 393.
II.3. Por último, denuncia que el sentenciante de grado incurrió en anatocismo, por cuanto, a partir de lo establecido en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, determinó la acumulación de intereses al capital originario y, sobre el importe total resultante, calculó nuevamente intereses.
De este modo, afirma, el a quo aplicó retroactivamente dicho cuerpo normativo en tanto no se encontraba vigente ni a la fecha del infortunio ni de la presentación de los escritos postulatorios, épocas en que regía el Código Civil, cuyo art. 623 aduce infringido en tanto prohíbe la aplicación de intereses sobre intereses (v. fs. 394 vta./395 vta.).
III. A mi criterio, corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1.a. En primer lugar, es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 95.514, "Galván", sent. de 26-XI-2008 y L. 91.868, "R., B.", sent. de 5-VIII-2009).
III.1.b. Esta circunstancia es la que ocurre en el caso bajo examen y justifica la solución que aquí se propone.
En efecto, y en lo que resulta relevante para resolver este aspecto de la contienda, cabe destacar que, en el primer interrogante planteado en la sentencia, el juez doctor Noel admitió el reclamo del accionante y propuso aplicar sobre el capital de condena intereses conforme la tasa pasiva "CAT" (tasa digital: opción Plazo Fijo Tradicional) que el Banco de la Provincia de Buenos Aires paga en las operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, "...1) desde que se devengó cada crédito hasta la fecha de notificación de demanda, el monto resultante de intereses debe acumularse al Capital (art.770 inc. b. C.C.C.N.). 2) El importe resultante de la acumulación de Capital + Intereses del punto 1ro, devengará el mismo tipo de Interés moratorio (Tasa Pasiva CAT Digital) hasta que quede firme la sentencia. 3) En caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de 10 días que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital. (art. 770 inc. c. C.C.C.N.)" (textual fs. 370).
A su turno, la doctora Slavin -que ocupó el segundo lugar de votación- manifestó su adhesión a la opinión expresada por su colega, mas seguidamente, en lo que refiere a los intereses, determinó que correspondía aplicar "...la tasa pasiva CAT (tasa digital, opción Plazo Fijo Tradicional) que el Banco Provincia de Buenos Aires paga en las operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días en los distintos períodos de aplicación, para un mínimo de $ 1.000, desde que se devengó cada crédito hasta el 31/12/2009..." (textual, aunque se omitieran énfasis innecesarios, v. fs. 371).
En último término, la jueza Mastrogiacomo, a diferencia de los magistrados preopinantes, dispuso que se aplicaran intereses desde que cada suma es debida a la tasa pasiva "CAT", y a partir del 1 de enero de 2010 a la tasa del 6% anual (v. sent., fs. 371 vta. y 372).
III.1.c. Así, es sencillo advertir que la cuestión relativa al cálculo de los intereses fue resuelta de modo diferente por cada uno de los integrantes del órgano. En consecuencia, el pronunciamiento impugnado carece de la imprescindible mayoría de opiniones que debe contener.
En ese marco, se impone concluir que esta anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere el juicio individual de cada uno de los jueces intervinientes, desde que las decisiones deberán adoptarse por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los tres integrantes del tribunal de trabajo (art. 44 incs. "d", "e" y "f", ley 11.653), ya que la coincidencia o discrepancia de los magistrados en los tribunales colegiados del fuero laboral no pueden establecerse por vía de implicancias (causas L. 89.252, "Cintora", sent. de 15-II-2006; L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009; e.o.).
III.1.d. En ese sentido, ha expresado este Tribunal que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 72.382, "Buffo", sent. de 23-V-2001; L. 87.861, "Santulli", sent. de 11-VI-2008; e.o.).
Y, más precisamente, ha resuelto que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciado por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-V-2009; e.o.).
III.2. Finalmente, convencido de que la nulidad que conllevan este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los jueces del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que de aquí en adelante emita el órgano jurisdiccional que integran.
IV. Por lo expuesto, corresponde disponer, de oficio, la anulación parcial de la sentencia de fs. 365/377 vta., exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada con los intereses.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado con otros jueces, renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Negri , Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Atento el resultado obtenido en la primera cuestión, no corresponde que me expida sobre los agravios vinculados a los intereses (puntos II.2. y II.3.).
Tampoco procede brindar tratamiento al tópico traído a revisión con fundamento en lo decidido por esta Corte en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); ello, habida cuenta que lo resuelto al abordarse la cuestión anterior, en cuanto hubo de anularse la parcela del fallo de grado relativa a los intereses, ordenándose la remisión de los autos al tribunal de grado para que dicte un nuevo pronunciamiento, indudablemente habrá de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena, como al de los honorarios de los profesionales, cuya regulación encuentra su base en aquél.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara parcialmente nula de oficio la sentencia de fs. 365/377 vta., con los alcances expuestos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia