Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120496
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.496, "C., G. B. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Accidente de Trabajo. Acción Especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la actora vencida, si bien con el beneficio de gratuidad conforme lo previsto en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 176/184 vta.).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 186/190 y 197/205 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora a fs. 197/205 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del deducido por la demandada a fs. 186/190?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa señalar, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por la señora G. B. C. contra Provincia ART S.A. y el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en cuanto reclamaba el cobro de las prestaciones contempladas en la ley 24.557 y el de una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la enfermedad psíquica que padece (v. fs. 176/184 vta.).
Para así resolver, tuvo por acreditado que la actora se desempeñó en el marco de una relación de empleo público con la provincia demandada, específicamente dentro de la órbita del servicio penitenciario, desde el día 10 de febrero de 1997 hasta que pasó a situación de retiro por incapacidad física mediante resolución de fecha 11 de agosto de 2011, refrendada por disposición ministerial del día 23 de noviembre de 2011 (v. vered., fs. 176).
Luego, tras valorar la prueba adquirida durante la sustanciación del proceso, si bien tuvo por acreditado que la actora padece una patología psíquica que le provoca incapacidad, el órgano de grado juzgó que no quedó probado que dicha enfermedad hubiera sido causada por las características y/o condiciones particulares de la labor penitenciaria, por las tensiones y presiones de las tareas o sus superiores, ni por haber presenciado como dos internas se auto agredían y/o en general que fuera atribuible a las condiciones en que la trabajadora prestaba sus labores (v. vered., fs. 176 vta./179).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 44 inc. "d" de la ley 11.653; 1.109 y 1.113 del Código Civil; 163 inc. 5, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional y de doctrina legal que cita (v. fs. 197/205 vta.).
Impugna la decisión de grado que consideró no probada la relación de causalidad entre la dolencia que padece y el trabajo prestado para la Provincia demandada. Alega que -contrariamente a lo sostenido por el a quo - dicha circunstancia quedó acreditada con la prueba pericial médica (v. fs. 109/110 y 148), las historias clínicas agregadas a la causa en las que consta su estado de salud y las causas laborales que la afectaron, cuyo contenido fue ratificado por los profesionales que suscribieron dichos documentos, citados a reconocer su contenido y prestar testimonio (v. fs. 88 y 112), siendo las personas más aptas para acreditar la vinculación entre su enfermedad y el trabajo, dado que atendieron a la accionante desde el inicio de su dolencia hasta el presente; ello, junto al informe médico pericial realizado en el marco de la medida cautelar tramitada por el padre de la actora.
Con apoyo en doctrina de esta Corte, agrega que la pericia médica es el medio más idóneo para establecer el origen y etiología de la dolencia y que para apartarse de ella deben darse motivos fundados, sin que se adviertan en el caso las razones que llevaron al tribunal a descartar la opinión de los expertos en la materia, atribuyéndole además a la demandante la carga de evidenciar un hecho negativo, como lo es demostrar que su patología no se debe a una circunstancia ajena a la relación laboral.
Argumenta luego que es de público y notorio que el trabajo dentro de las unidades carcelarias resulta insalubre y estresante, siendo un ambiente propicio para el desarrollo de dolencias psiquiátricas como la de la demandante, extremo del que además da cuenta el propio servicio penitenciario en un estudio que el organismo realizara y publicara en su página de internet. Postula que, conforme lo señalado, se advierte que la decisión vulnera lo resuelto por este Tribunal en los precedentes que se identifican como L. 80.406, "Ferreyra" y L. 113.383, "Canovil" y los principios generales del derecho laboral, máxime cuando se juzga corroborado que el desencadenante de la dolencia fue un hecho no laboral, cuestión que no fue alegada por la contraria.
Refiere que en el caso no se ha cuestionado que la actora se desempeñó como funcionaria en distintas unidades carcelarias, como tampoco los distintos lugares donde cumplió sus tareas dentro de dichas cárceles, por lo que resulta arbitrario que se desconozcan las condiciones laborales y el constante contacto con internos, como causante del daño que padece la trabajadora. Insiste en que no hubo en la vida de la accionante ninguna otra causal, más allá de la laboral que pudiera haberle provocado la afección que sufre.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que interesa, el tribunal de grado señaló que con los elementos de juicio obrantes en autos quedaba evidenciado que la demandante padece una patología psíquica; tales: a) el certificado de discapacidad de fecha 12 de diciembre de 2005 cuyas copias certificadas por escribano público se encontraban agregadas a fs. 12/14, en el cual la Junta Médica Descentralizada del Hospital Neuropsiquiátrico doctor Alejandro Korn determinó un diagnóstico de Episodio Psicótico Agudo de la Faz Cognitiva y Sensoperceptiva con una discapacidad parcial y permanente del 75%, b) la resolución del Servicio Penitenciario del día 11 de agosto de 2011 obrante a fs. 5, en la que se ordena el pase de la agente a revistar en situación de retiro efectivo obligatorio por incapacidad física fundado en el dictamen de la Junta Médica Superior que determinara que aquélla padece esquizofrenia procesal o por brote con una incapacidad del 70% del índice de la total obrera y c) el dictamen del perito médico psiquiatra designado en autos, quien a fs. 109/110 le diagnostica a la accionante un trastorno psicótico de tipo esquizofrénico con una incapacidad laboral parcial y permanente del 50% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 176 vta.).
En cambio, juzgó que no fue probado que dicha patología psíquica hubiera sido causada por las características y/o condiciones particulares de la labor penitenciaria, por las tensiones y presiones de las tareas o de sus superiores, ni por haber presenciado como dos internas se auto agredían y/o en general que la enfermedad sea atribuible a las condiciones en que la trabajadora prestaba servicios (v. vered., fs. cit.).
En este orden, evaluó lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos constitutivos, en cuanto la demandante sostenía que la causa de su dolencia se vinculaba al trabajo y la accionada lo negaba, descartando que la conducta asumida por el Estado provincial con anterioridad al presente juicio implicara un reconocimiento en este sentido (v. vered., fs. 176 vta. y 177).
Expresó que en la resolución 3.944/11 del Servicio Penitenciario (v. fs. 5) se ordenó el retiro obligatorio por incapacidad física de la actora, aclarando que se trataba de una dolencia inculpable y que dicho carácter también se le asignó en el dictamen de la Junta Médica Superior (v. fs. 10) en el expediente 21211-144171/2011, agregado en copia certificada a la presente. Y, finalmente, que, como lo había referido la trabajadora (v. fs. 27), el Servicio Penitenciario no realizó una denuncia a la aseguradora de riegos del trabajo pese a estar en conocimiento de su dolencia desde el día 7 de septiembre de 2004 en que se dispuso el cambio de escalafón de la agente (conf. fs. 72 y 96/98 del expediente administrativo 18.530 del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 de La Plata que se tuvo a la vista; v. vered., fs. 177 vta.).
Agregó que "el cambio de escalafón" (y de tareas) no podía considerarse como un reconocimiento de causalidad laboral, sino que, más bien, encontraba fundamento en que el daño constatado (cualquiera fuera su origen, profesional o inculpable), impedía para el futuro el desarrollo adecuado del trabajo asignado (v. vered., fs. 177 vta. y 178).
Ponderó luego que en el informe pericial psiquiátrico (v. fs. 109/110 y 148) la perito destacó de la entrevista realizada a la accionante lo señalado por ella en relación a que su trabajo era estresante. Asimismo, que le diagnosticó un trastorno psicótico de tipo esquizofrénico, explicando que dicho trastorno es una respuesta a eventos muy estresantes, con un comienzo que suele ser súbito y surge como defensa ante hechos traumáticos, concluyendo la experta en que existía relación de causalidad entre la afección que padece la demandante y el trabajo prestado para la Provincia; pero que, luego, ante la impugnación de la demandada, la perito amplió los eventos estresantes que pudieron generar la dolencia, más allá de los exclusivamente laborales, por lo cual la vinculación causal referida en su dictamen comprendía situaciones que incluyen a las tareas estresantes (u otros hechos no laborales; v. vered., fs. 178 y vta.).
Sostuvo entonces el a quo que habida cuenta que la pericia médica o psicológica no resultaba susceptible de acreditar las condiciones laborales, así como tampoco los otros informes psicológicos y psiquiátricos agregados, cuya referencia al trabajo se basaba en el relato de la actora (v. fs. 6, 7, 8, 11, 15, 16/17 y 89); ello debería haber sido probado mediante prueba testimonial que no había sido siquiera ofrecida en demanda (v. vered., fs. 178 vta.).
Refirió que dada la ausencia de medios que evidencien las condiciones en que efectivamente prestaba tareas la actora, resultaba imposible afirmar genéricamente que su trabajo en las cárceles estuviera causalmente vinculado con la patología que desarrollara, porque no es la labor en un lugar determinado (en el caso, distintos establecimientos penitenciarios) lo que resulta susceptible de provocar el daño, sino las condiciones en las que dicha labor se desempeña, concepto que incluye dentro de sus fronteras las experiencias traumáticas que pudieran haberse experimentado (v. vered., fs. 178 vta.).
Por ello, entendió que negadas por la accionada las nocivas condiciones laborales denunciadas, debieron de ser probadas por quien las invocara, lo que no ocurrió en el caso. Concluyó que el mero hecho de que hubiera laborado dentro de la órbita del Servicio Penitenciario, prestando tareas en distintas cárceles, no autorizaba sin más a determinar que la patología psíquica que sufre la accionante encuentre fundamento en ellas; en tanto no existían en autos elementos que permitieran vincular causalmente el trabajo de la actora con su patología (v. vered., fs. 178 vta. y 179).
III.2. Este Tribunal tiene dicho que establecer si existe relación causal entre las tareas del trabajador y la incapacidad que padece y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo en la labor axiológica desplegada (causas L. 95.205, "Macías", sent. de 22-XII-2008; L. 95.659, "Feliciotti", sent. de 28-V-2010; L. 101.627, "F., M.", sent. de 22-VI-2011; L. 117.212, "Rossi", sent. de 1-VII-2015 y L. 119.124, "G., L.M.", sent. de 7-IX-2016; e.o.).
Bajo tales premisas, es posible anticipar que la discrepancia de la compareciente con la solución dada al caso no autoriza a tener por acreditado el mentado vicio, ni resulta eficaz para desbaratar las motivaciones esenciales que dotan de sustento al pronunciamiento puesto en crisis.
La crítica no alcanza para descalificar el razonamiento que, a partir de la valoración integral de la prueba -junto con la interpretación que realizó de los escritos constitutivos del proceso- llevó al tribunal de grado a formar su convicción en orden a que no resultó acreditado el nexo causal entre la incapacidad que padece la actora y las labores desempeñadas para la Provincia demandada, definida esta conclusión por la circunstancia de que no se demostró que la trabajadora desempeñara sus tareas en las condiciones y el ambiente laboral narrados en su escrito de inicio.
En efecto, alejándose de la línea reflexiva plasmada en el fallo, la interesada se limita a exponer su disconformidad con la solución arribada, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 117.384, "Rosas", sent. de 8-VII-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 119.380, "Servian", sent. de 8-XI-2017; e.o.).
Cabe aquí destacar que -como lo señalara el a quo - esta Corte tiene dicho que el peritaje médico no es el medio de prueba adecuado para la demostración de las condiciones y modalidades del trabajo, pues su cometido se relaciona con la existencia de la enfermedad invocada determinando el origen de la misma y la incapacidad laborativa derivada de aquélla (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 116.908, "C., G. J.", sent. de 3-IX-2014; L. 118.933, "Sáenz", sent. de 5-X-2016 y L. 119.399, "Roh", sent. de 14-VI-2017; e.o.). En el caso, conforme lo ponderado por el juzgador, no habiendo sido confirmado el relato de la accionante por ningún otro medio de prueba, el informe en cuestión resultó ineficaz para justificar el vínculo causal entre la incapacidad y las condiciones de trabajo.
Igualmente insuficiente se exhibe lo alegado en torno a que no se tuvieron en cuenta las historias clínicas y los restantes dictámenes médicos agregados a la causa, toda vez que la recurrente deja sin réplica el motivo expuesto en la sentencia para restarle valor probatorio a dichos instrumentos, afincado en que las conclusiones allí plasmadas se sustentaron en el relato efectuado por la propia trabajadora, el que no fue corroborado en la presente causa por otros elementos de juicio (v. sent., fs. 178 vta.).
Luego, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin concretar una réplica eficaz para descalificar el decisorio. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
En este orden, cabe agregar que tiene dicho esta Corte que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 91.407, "Flores", sent. de 25-II-2009; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016; e.o.).
En estas condiciones, más allá de que la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar el vicio de absurdo, pues lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento; sino que, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 101.584, "Bassetti", sent. de 9-XII-2010; L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 109.927, "Banegas", sent. de 11-III-2015 y L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; e.o.), extremos que -como se dijo- no demuestra la recurrente.
Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para desestimar la impugnación traída, sin que sea necesario abordar el planteo relativo a la aplicación al caso del art. 1.113 del Código Civil, toda vez que su eventual análisis dependía de la previa descalificación de las conclusiones fácticas antes señaladas, lo que no aconteció en la especie.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea interpretación de los arts. 10, 13, 14, 21, 23, 43, 47 del decreto ley 8.904/77; 68 y 476 del Código Procesal Civil y Comercial y violación de los arts. 1.623 y 1.627 del Código Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina emergente -entre otras que cita- de las causas Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007) y L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016).
Controvierte que el juzgador hubiera tomado el monto de la demanda como base para el cálculo de los honorarios del perito médico psiquiatra. Sostiene, en cambio, que dicha plataforma regulatoria debió ser reducida al monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción.
Señala que aunque su parte resultó vencedora los mentados honorarios le pueden ser reclamados a su poderdante en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial. Agrega que resulta intolerable admitir que a la demandada le hubiera convenido más perder el pleito que ganarlo.
II. El recurso ha de prosperar.
II.1. Inicialmente, he de señalar que en la especie el remedio procesal en examen fue concedido por vía de la excepción contenida en el art. 55 de la ley 11.653, habida cuenta que el importe de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el umbral previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad (v. fs. 224 y vta.).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
II.2. Conforme los lineamientos antes enunciados, y en vista a lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016); L. 118.632, "Díaz" (se
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