Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119584
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.584, "Demetrio, Claudio Ariel contra Seletti y García S.R.L. y otro/a. Enfermedad Profesional".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la codemandada Liberty ART S.A. atento su condición de vencida (v. sent., fs. 512/524 vta.).
Se dedujo, por la aseguradora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 576/587).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda deducida por el señor Claudio Ariel Demetrio contra Liberty ART S.A. -actualmente, Swiss Medical ART S.A.-, condenándola a abonar diferencias por la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones del decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773) y la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas. Asimismo, dispuso que al monto resultante se le aplicarán intereses conforme la tasa activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde la fecha del evento dañoso (13 de noviembre de 2009) hasta su efectivo pago (v. fs. 515/524 vta.).
Para así resolver, en el veredicto tuvo por acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad parcial y permanente del 20% del índice de la total obrera a raíz de las secuelas incapacitantes producidas por el traumatismo de rodilla derecha con síndrome meniscal y osteocondritis, en relación causal con el accidente de trabajo ocurrido el día 13 de noviembre de 2009.
Asimismo, que Liberty ART S.A. le abonó al demandante la suma total de $32.727,17, en concepto de la prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por el 13% de incapacidad que le reconociera (v. vered., fs. 512/513 vta.).
En la sentencia -y tras poner de manifiesto que el actor desistió expresamente de la acción de responsabilidad civil contra su empleador (v. fs. 490/493)-, puesto a determinar el importe de prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" por el 20% de incapacidad determinada por la pericia médica, el a quo la cuantificó inicialmente en la suma de $47.418,57 (v. sent., fs. 521 vta.).
Empero, tras declarar aplicables al caso las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773 (dec. 472/14) y en la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 (art. 2), fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $124.082,80. A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a la suma de $24.816,56; arribando a un total de $148.899,36 (v. sent., fs. 521 vta. y 522).
Para arribar a ese guarismo, tuvo en cuenta, en primer lugar, que por aplicación de la referida resolución, la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14 apartado 2 incs. "a" y "b" de la ley 24.557 -y sus modificatorias- nunca será inferior al monto que resulte de multiplicar $620.414 por el porcentaje de incapacidad.
A dicha suma procedió a descontarle los $32.727,17 ya abonados por la aseguradora, los que -prosiguió- debían tomarse como pago a cuenta, por haberse abonado al trabajador tal suma luego de la determinación de la incapacidad del 13% del índice de la total obrera en sede administrativa, arribando a un total de $116.172,19.
Consideró luego el a quo que correspondía revalorizar el importe así determinado por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de noviembre de 2009 (323,38) y diciembre de 2014 (1.366,32) arrojaba un coeficiente de 4,2, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $487.923,19 ($116.172,19 x 4,2). Ello, sin perjuicio de apartarse de lo dispuesto en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 al aplicar el índice RIPTE desde el momento del evento dañoso sufrido por el actor (v. sent., fs. 522 y vta.).
Para justificar la decisión de declarar aplicable al caso la ley 26.773, el tribunal se pronunció de oficio por la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 del citado texto legal (v. sent., fs. 521).
En concreto, sostuvo que debían aplicarse al caso las disposiciones de la ley 26.773 por cuanto, aun cuando la contingencia fuese anterior a la fecha de entrada en vigencia de la citada normativa, al momento de dictarse el fallo la deuda se encontraba impaga, aunque sea parcialmente (v. sent., fs. 520 vta.).
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 -haciendo un paralelismo con la normativa aplicable al caso- a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (art. 75 inc. 22 y 23, CN y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)...".
En esa línea, concluyó que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal que se encontraran incumplidas (v. sent., fs. 520 vta. y 521).
En consecuencia, como se adelantó, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, hizo lugar a la demanda contra Liberty ART S.A. y, la condenó a pagar al actor la suma indicada, a la que dispuso adicionar intereses calculados -desde el 13 de noviembre de 2009 y hasta su efectivo pago- con arreglo a la tasa de interés activa promedio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 522 vta. y 523).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora denuncia la violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 3, 499 y 622 del Código Civil (ley 340); 34 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 1, 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14; de la resolución general del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 22/14 y de la doctrina legal que identifica.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773 y de su normativa reglamentaria.
II.1.a. Sostiene que lo resuelto en el pronunciamiento de grado resulta violatorio del principio de congruencia, toda vez que el actor fundó su reclamo en las normas del Código Civil y -subsidiariamente- en la ley 24.557, sin formular ningún planteo tendiente a peticionar la aplicación del régimen previsto en la ley 26.773.
Argumenta que la pretensión -y la obligación de la aseguradora- se circunscribía al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, calculada según la fecha de la contingencia.
Expresa, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del actor acaeció y se agotó (13 de noviembre de 2009) con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -mientras era aplicable el decreto 1.278/00-, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil y afecta el derecho de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
Advierte que el criterio según el cual el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que ocurre la contingencia, no sólo se apoya en los precedentes que cita, sino también en los propios términos del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 579 vta./582).
II.1.b. Asimismo -y vinculado con lo expuesto en el punto precedente- se agravia del cálculo aritmético efectuado por el a quo , por no ajustarse a los parámetros vigentes al momento de los hechos denunciados.
En ese orden, admite que la prestación dineraria a su cargo asciende a la suma de $47.418,57, de la que correspondía deducir el importe abonado por la aseguradora ($32.727,17) para arribar a un total de condena de $14.691,40 (v. fs. 582 y vta.).
II.1.c. En otro orden, entiende que al aplicarse intereses desde la fecha de consolidación del daño sobre la prestación actualizada por aplicación del índice RIPTE, se produjo una doble potenciación del crédito (v. fs. 582 vta. y 583).
II.2. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés aplicada por el sentenciante sobre el capital de condena por transgredir la doctrina legal emanada -entre otras- del precedente L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), luego ratificada -con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 14.399- en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013 -v. fs. 583 y vta.-).
Luego, y atento a lo resuelto en la causa mencionada en último término, plantea la inconstitucionalidad de la ley 14.399 por entender -en sustancia- que la determinación de la tasa de interés aplicable a un conflicto de naturaleza laboral constituye una cuestión "de fondo" que no le ha sido delegada a las provincias. En ese orden, advierte que, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil, ante la falta de convención de partes o de una norma especial que regule la materia -atento su invalidez constitucional-, la cuestión atinente a la tasa de interés aplicable debe ser resuelta por el arbitrio judicial (v. fs. 583 vta./584 vta.).
II.3. Retomando la argumentación dirigida a censurar la aplicación temporal de la ley 26.773, aduce -sin declinar la objeción a su implementación- que el índice de ajuste de las prestaciones establecido en dicha norma no debe ser aplicado (conforme los términos de sus arts. 8 y 17 apdo. 6) sobre el resultado de la fórmula de cálculo de las prestaciones.
Agrega que el decreto 472/14 (reglamentario de la ley 26.773) determina en su art. 17 que sólo las compensaciones adicionales de pago único -incorporadas al art. 11 de la ley 24.557- y los pisos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09 se deben incrementar conforme la variación del índice RIPTE (v. fs. 584 vta./585 vta.).
II.4. Finalmente, controvierte la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por entender que, al ser formulada de modo oficioso, importó la transgresión del principio de congruencia. Ello, en tanto -señala- en la demanda ni durante el transcurso del proceso, la parte actora peticionó la aplicación al caso de las prescripciones de la ley 26.773 y, por ende, mucho menos cuestionó la constitucionalidad de alguno de sus preceptos (v. fs. 585 y vta.).
III. El recurso prospera.
III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.1.a. Cabe liminarmente señalar, que si bien se efectúan en ciertos pasajes del recurso algunos señalamientos al respecto, ninguna crítica idónea trae la impugnante tendiente a evidenciar eventualmente, rebatiendo los argumentos brindados en el fallo (v. fs. 517 vta. y 518), la ausencia en el caso de las condiciones para que el tribunal de grado desplegara oficiosamente el control de constitucionalidad, por lo que no cabe expedirse sobre este concreto aspecto del fallo.
III.1.b. Ahora bien, ingresando a la sustancia de la decisión, considero que merece ser revocada.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
Puede observarse que bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante al marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; art. 3, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield y art. 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no evidencia una falta de razonabilidad en el criterio escogido en la norma cuestionada para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados (v. fs. 520 vta.), justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto por el tribunal de grado no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
Luego, debe ser dejada sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.c. Sentado lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia de grado juzgó el caso, entiendo que -como adelanté- le asiste razón a la recurrente.
III.1.c.i. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, 410/01 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, también deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal, en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla, los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (los cits. decs. 1.278/00 y 1.694/09, conf., entre muchas, L. 109.850, "A., M. C." sent. de 12-VI-2013).
III.1.c.ii. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.