Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120436
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.436, "Zirulia, Leandro Nicolás contra Federación Patronal Seguros S.A. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 362/372 vta.).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 385/392).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida contra Federación Patronal Seguros S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así resolver, juzgó probado que el día 23 de diciembre de 2010, mientras prestaba servicios, el actor sufrió un accidente de trabajo que le produjo una incapacidad del 10,2% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 362/364 vta.).
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $54.399 ($5.410 x 53 x 10,2% x 65/35).
Luego, entendió que, por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, correspondía aplicar sobre dicho monto el índice RIPTE, en tanto, a la fecha de su entrada en vigencia, se encontraba aún pendiente de cancelación la prestación dineraria adeudada al trabajador.
En tal sentido, efectuó el cálculo de la prestación reclamada -según el piso de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- a la que aditó el 20% adicional establecido en el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $115.438 (v. fs. 369 vta. y 370).
Finalmente, estableció que el monto de condena devengaría intereses, por el período que especificó, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 370/371).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo denuncia la violación de los arts. 3 del Código Civil; 7 del Código Civil y Comercial; 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; decretos 472/14 y 1.694/09 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 385/392).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. Cuestiona la decisión de origen, con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773, en tanto vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (hoy, art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Alega que en tanto el accidente ocurrió el día 23 de diciembre de 2010, corresponde sea aplicado el decreto 1.694/09, vigente en ese momento.
Denuncia violada la doctrina legal emergente de las causas L. 90.384, "Navarro", sentencia de 9-V-2007; L. 94.119, "F., C. V.", sentencia de 4-XI-2009 y L. 112.832, "González", sentencia de 2-V-2013, en cuanto destaca que en esos casos este Superior Tribunal se pronunció por la no aplicación del decreto 1.278/00 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia.
En este marco, menciona el fallo "Lucca de Hoz" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como precedentes de otros tribunales que cita (v. fs. 387).
II.2. Seguidamente, critica la aplicación de intereses a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); entre otras (v. rec., fs. 389 vta. y 390).
II.3. Finalmente, sostiene que la decisión de grado contradice la doctrina legal proveniente -entre otras- de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), pues la regulación de honorarios profesionales practicada en la instancia de grado supera el límite del 25% previsto por el art. 505 del Código Civil (conf. ley 24.432).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. Liminarmente debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), por lo cual la admisibilidad del medio de impugnación deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1.b. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2. Sentado lo anterior, merece favorable recepción la crítica que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. Esta Corte ha reiterado -como principio- el criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito. Ello, agrego, concuerda con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.2.b. A tenor de lo hasta aquí señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773, no resultan aplicables al caso las normas actuadas en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe revocar la sentencia en este aspecto.
III.3. En cambio, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
Para así decidir, y en tanto ello resulta suficiente para dar respuesta al sub lite , habré de reproducir la parte pertinente del voto que emitiera la doctora Kogan en la causa L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016), al que presté mi adhesión, por resultar sus consideraciones concordantes con las que expuse al sufragar en primer término en el precedente L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
III.3.a. Conforme se desprende de lo reseñado, en el pronunciamiento atacado se dispuso la aplicación de la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia", esto es, la tasa pasiva en la variante denominada "digital" (v. fs. 370/371).
III.3.b. En la citada causa L. 118.587, esta Suprema Corte por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Por otro lado, por los fundamentos vertidos en el voto mayoritario, a los que me remito en honor a la brevedad, estableció las razones por las cuales no es dable afirmar que los créditos laborales constituyen alimentos stricto sensu , en consideración de posturas asentadas en la naturaleza alimentaria de dichas acreencias (v. voto del colega doctor de Lázzari en los precedentes citados, y ésta contrapuesta a su vez a la opinión del doctor Pettigiani en las mismas causas), descartando la aplicación del art. 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III.3.c. Se sigue de ello, que la decisión adoptada en el presente caso por el tribunal de grado encuentra respaldo en la doctrina legal de este Tribunal, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Finalmente, no corresponde pronunciarse sobre el tópico traído a revisión con fundamento en lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
Ello, toda vez que lo resuelto al abordarse la primera cuestión, en cuanto hubo de revocarse la parcela del fallo de grado que determinó el importe indemnizatorio con base en la ley 26.773, indudablemente ha de gravitar -modificando sus cuantías- tanto en orden al monto de condena como al de los honorarios de los profesionales, los últimos, cuya regulación encuentra su base en aquél.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde acoger parcialmente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos han de volver al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia por su orden, atento a la procedencia parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. En torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, entiendo que el agravio debe ser desestimado.
En la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otros.
Ahora bien, ante la consolidación de la doctrina legal recién reseñada debido a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 118.587 y C. 119.176, cits.; L. 118.453, "Dardengo" y L. 118.361, "Valentín", sents. de 28-IX-2016), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modif., acompaño -dejando a salvo mi opinión- la postura en ella sostenida por la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia.
I.3. En relación al restante agravio, comparto lo expuesto en el punto III.4. del sufragio que abre el acuerdo.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, conforme lo establecido en el punto IV del voto emitido en primer término.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el colega doctor Soria en los puntos III.1. y III.2. de su voto; este último con las siguientes consideraciones.
I.1. En lo que respecta a la aplicación retroactiva de la ley 26.773, en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a su vigencia temporal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
I.2. Por otro lado, en lo vinculado a la tasa de interés (pasiva digital) aplicada por el tribunal de grado, también adhiero -por las razones que seguidamente expondré- al sufragio inaugural.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016 (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (v. causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
En función de lo dicho, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), y adhiero, por estas otras razones, al voto del doctor Soria y a su propuesta de rechazar este aspecto del recurso deducido.
I.3. Finalmente, coincido con lo manifestado en el punto III.4. del voto del colega ponente.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido conforme lo dispuesto en el apartado final del sufragio inaugural.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero al voto del doctor Soria en cuanto sostiene que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Sentado ello, la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
II.1. Ahora bien, con relación al agravio relacionado con la aplicación temporal de la ley 26.773, advierto que le asiste razón a la impugnante al denunciar la transgresión de la doctrina legal emanada de este Tribunal (v. rec., fs. 386 vta. y 387).
II.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones de la ley 26.773 he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008, y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir, además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente-ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.