Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121087
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.087, "López Espínola, Rita Elena y otros contra Prevención ART S.A. y otro. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 457/476 vta.).
Se interpuso, por la codemandada Prevención ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 489/496 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que Rita Elena López Espínola, Romina Emilce Góngora y Cristian Javier Góngora promovieron contra Rasic Hnos. S.A. y Prevención ART S.A., en procura del resarcimiento de los daños derivados del fallecimiento del señor Saúl Oscar Góngora -de López Espínola esposo y padre de los restantes accionantes-, ocurrido a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como encargado de mantenimiento en una de las granjas avícolas de propiedad de su empleadora (v. fs. 457/476).
Por no haber sido controvertido en autos, el sentenciante tuvo por acreditado que el referido siniestro se produjo el día 27 de febrero de 2010 cuando encontrándose el señor Góngora reparando un tablero eléctrico, recibió una descarga de alto voltaje que lo electrocutó hasta provocarle la muerte (v. fs. 457 y vta.).
Juzgó configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de Rasic Hnos S.A. en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); también la responsabilidad de Prevención ART S.A. conforme el art. 1.074 del mismo digesto, por haber incumplido con lo ordenado en los arts. 1, 4 apartado 2, 31 apartado 1 de la ley 24.557, el decreto 170/96 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97, en atención a sus deberes de prevención y control (v. fs. 465/466 vta.).
Abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, y en esa labor, efectuó el cotejo del resarcimiento al que se accedería conforme las previsiones de la ley de infortunios laborales ($335.623,64) y aquél fijado según el régimen de responsabilidad civil ($3.432.983,42). Luego, verificada la insuficiencia del primero, descalificó la validez constitucional de la citada norma.
A su vez, el sentenciante analizó aquí el planteo formulado por Prevención ART S.A. en el que afirmó haber efectuado el pago de las prestaciones de la ley 24.557. Expresó que en el veredicto resultó acreditado que aquélla había abonado distintos montos a Rita Elena López Espínola y Cristian Javier Góngora y depositado además la suma de $216.252,97 en concepto de prestación dineraria por fallecimiento a favor de Unidos Seguros de Retiro S.A.; no obstante ello, sostuvo que también se probó que en fecha 16 de septiembre de 2014 se decretó judicialmente la liquidación forzosa de la mencionada sociedad, y que por tal motivo los actores dejaron de cobrar la renta vitalicia mensual que generaba aquella suma (v. fs. 470 vta.).
Consideró que la aseguradora debía responder por el saldo no percibido, sin que obste a ello la circunstancia de haber depositado en la compañía de seguros el importe de la prestación, ni que los promotores del pleito percibieran parte de las cuotas de la renta periódica (v. últ. fs. cit.). Afirmó que nadie puede pretender liberarse de una obligación al amparo de una norma inconstitucional, porque más allá de que era falso lo argumentado en orden a que no se podía cumplir de manera diferente (dijo: nada le impedía consignar el importe judicialmente), al proceder de esa manera, no acató nada menos que la Constitución nacional y los Tratados de Derechos Humanos a ella incorporados, que impiden reconocerle validez al aludido mecanismo de pago -renta- en un caso como éste (v. fs. 470 vta.).
Destacó que al momento en que Prevención ART S.A. procedió a depositar el importe de la prestación, llevaba muchos años vigente la jurisprudencia constitucional que declaró inválido el pago fraccionado de la indemnización por muerte prevista en la ley 24.557, no pudiendo entonces desconocer el riesgo que asumió al proceder del modo descripto (v. fs. 470 vta. in fine /471).
Con todo, e incluyendo también como acreedora -por las razones que expuso- a la hija del trabajador fallecido: Romina Emilce Góngora, condenó a dicha entidad a pagar el monto que determinó por la tarifa prevista en el régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo y, conjuntamente con Rasic Hnos. S.A. por resultar ambos civilmente responsables la diferencia hasta totalizar la reparación integral de los daños materiales y morales sufridos por los actores como consecuencia del accidente (v. fs. 471).
II. La codemandada Prevención ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 6 apartado 1, 11 apartado 4 inc. "c", 12, 15 apartado 2, 18 apartado 1 y 39 de la ley 24.557; 163 inc. 6, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; del decreto 1.694/09 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona la condena al pago de la prestación dineraria por muerte prevista por la ley 24.557.
II.1.a. Sostiene que el a quo transgredió el principio de congruencia, porque dicha prestación no fue peticionada por la parte actora en el escrito de demanda, cuyo objeto -afirma- estuvo definido por el reclamo al pago de la indemnización integral de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de un trabajador, habiendo solicitado incluso, que sea descontado del importe de la condena civil la suma abonada en el marco del régimen especial.
II.1.b. Añade que el tribunal de trabajo no sólo evaluó cuestiones que no formaron parte de la estructura de la litis, sino que, arbitrariamente, desconoció el pago de las prestaciones dinerarias efectuado oportunamente.
Detalla que la aseguradora abonó un anticipo de renta vitalicia, así como la compensación adicional de pago único, para finalmente depositar el importe representativo de la prestación dineraria del art. 18 de la ley 24.557 en la cuenta de Unidos Seguros de Retiro S.A., conforme la opción realizada por los actores.
Relata que la señora López Espínola y el señor Cristian Góngora obtuvieron la totalidad de las prestaciones dinerarias emergentes del contrato de afiliación que ligaba a Prevención ART S.A. con Rasic Hnos. S.A., en consonancia con la legislación vigente; siendo tales pagos reconocidos en el escrito de la demanda y acreditados en la causa.
Refiere que el juzgador de grado interpretó y aplicó erróneamente la ley y la doctrina legal al condenar a su parte a pagar nuevamente la prestación por muerte prevista en la ley 24.557 argumentando que a la fecha en que se realizaron las erogaciones ya se había pronunciado la jurisprudencia en contra de la validez del pago fraccionado del resarcimiento. Al decidir de tal manera se arrogó facultades legislativas, y arribó a la absurda conclusión que indica que nadie puede pretender liberarse de una obligación al amparo de una norma inconstitucional.
II.2. Por otra parte, controvierte el monto reconocido en la sentencia en concepto de indemnización por daño moral.
Argumenta que, si bien es cierto que su cuantificación no tiene reglas precisas ni preestablecidas, su determinación debe llevarse a cabo con arreglo al criterio de razonabilidad, ya que su valoración depende de parámetros subjetivos y, por ende, debe extremarse la prudencia al otorgar una indemnización por dicho rubro, pues de lo contrario se puede incurrir -como aconteció en autos- en un enriquecimiento incausado.
Aduce que el importe establecido en autos resulta desmesurado, desproporcionado y exorbitante. Indica que en la gran mayoría de los precedentes jurisprudenciales se estima un porcentaje menor al del daño material, siendo ese el criterio adoptado por la ley 26.773.
Expone que no caben dudas que la pérdida traumática de un familiar genera un enorme sufrimiento, pero que afortunadamente, como se determinó en la pericia psicológica, los actores transitaron el duelo y en ninguno de ellos se evidenció patología psíquica como consecuencia del hecho motivo de autos.
Argumenta que el a quo no valoró la prueba con la coherencia que le es requerida, ni analizó en su conjunto los distintos elementos incorporados a la causa. Así, sostuvo que incurrió en un error grave y manifiesto configurativo de absurdo al fijar un quantum indemnizatorio por daño moral absolutamente infundado y arbitrario.
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo el liminar cuestionamiento que contiene el recurso.
III.1.a. Como fuera relatado, el tribunal de origen, además de condenar a ambos demandados a resarcir con fundamento en el derecho civil los daños materiales y morales sufridos por los accionantes a consecuencia del fallecimiento del señor Saúl Oscar Góngora, juzgó que Prevención ART S.A. debía afrontar -deduciéndose lo percibido por la viuda del trabajador y su hijo- el pago de las prestaciones contempladas en la ley 24.557 (v. sent., fs. 465/473 vta.).
III.1.b. A pesar de estructurarse sobre la alegada transgresión al postulado de la congruencia a partir de la lectura que propone el quejoso del escrito de demanda, el agravio inaugural carece de toda denuncia orientada a evidenciar una hipótesis de absurdidad, no sólo en la valoración por el a quo de dicha pieza procesal sino también del resto de los escritos presentados en la etapa introductoria -así, incluso, de la propia defensa ensayada por la firma aseguradora- y a partir de los cuales hubo de delimitarse el contenido del tema a juzgar (causas L. 109.938, "F., C.", sent. de 12-VII-2017; L. 119.989, "Agnone", sent. de 6-IX-2017 y L. 118.992, "Machado", sent. de 4-VII-2018). Luce así evidente la insuficiencia de la impugnación.
Por otro lado, parece soslayar el impugnante que en la parcela en estudio, la definición de grado se encuentra fundada en la doctrina legal elaborada a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente A.2652.XXXVIII, Recurso de hecho, "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004). Al respecto, debe recordarse que este Tribunal ha señalado que el daño sufrido por el trabajador o sus derechohabientes debe ser atendido por quien resulte obligado a su pago, sea la compañía aseguradora de riesgos del trabajo, el empleador o ambos según el modo en que hayan quedado acreditadas las bases de sus respectivas responsabilidades (causa L. 87.394, "V. d. C., M. C.", sent. de 11-V-2005), y que en su caso -como lo expresó el tribunal del trabajo en su sentencia (v. fs. 470 in fine y vta.)- las aseguradoras no han de quedar relevadas de satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo, posibilitando que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011; L. 117.195, "Villalba", sent. de 9-IV-2014 y L. 107.272, "López", sent. de 17-XII-2014, esta última citada en la sentencia).
Esto último, nuevamente lleva a concluir que no logra evidenciar el impugnante la transgresión que le endilga al pronunciamiento.
III.1.c. Tampoco acierta el recurrente cuando alega que el órgano jurisdiccional de grado desconoció el pago de las prestaciones dinerarias efectuadas en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.
III.1.c.i. El a quo juzgó acreditado en el veredicto que Prevención ART S.A. abonó a Rita Elena López y a Javier Góngora distintas sumas en concepto de prestaciones dinerarias por fallecimiento previstas en la ley 24.557 y que también depositó determinado monto a favor de Unidos Seguros de Retiro S.A., que -precisó- generó una renta mensual (v. fs. 461). Agregó que la renta fue percibida desde el año 2010 por los mencionados derechohabientes y que se dejó de abonar a partir de que fuera decretada judicialmente la liquidación forzosa de la mencionada firma de seguro de retiros (el día en fecha 16 de septiembre de 2014). En cuanto a la restante accionante: Romina Emilce Góngora, se indicó que no recibió dinero alguno por el deceso de su padre (v. fs. 461 y vta.).
Ya en la sentencia, el tribunal se abocó a computar los montos que habrían de considerarse en el marco de la ley de infortunios laborales. Refiriéndose a la renta periódica y a las sumas resultantes de ella, sostuvo que debía fijarse en una indemnización de pago único, porque aquel sistema fraccionado resultaba palmariamente inconstitucional. Luego de establecer el pertinente importe, adicionó las sumas que correspondían a tenor de lo dispuesto en los arts. 1 del decreto 1.694/09 y 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557 (v. fs. 469 vta./470).
En lo que reviste aquí primordial interés, juzgó que la aseguradora de riesgos debía responder por el saldo correspondiente a la renta periódica no percibido por los actores en razón de la liquidación forzosa de la compañía de seguro de retiros, sin que obste a ello la circunstancia de haberse depositado el importe de la prestación, ni que los promotores del pleito percibieran parte de la renta periódica (v. fs. 470 vta.). Argumentó que nadie puede pretender liberarse de una obligación al amparo de una norma inconstitucional, en ese sentido destacó que cuando se depositó la suma respectiva en Unidos Seguros de Retiro S.A., ya llevaba muchos años vigente la jurisprudencia constitucional que declaró inválido el pago fraccionado de la indemnización por muerte prevista en la ley 24.557, no pudiendo entonces la aseguradora desconocer el riesgo que asumió al actuar de tal manera (v. fs. 470 vta. in fine /471).
Después de declarar la inconstitucionalidad del art. 18 de la ley 24.557 en cuanto excluye de la reparación contemplada en el régimen a los hijos mayores de 21 años y considerando que -por las razones que esgrimió- debía incorporarse como acreedora de las prestaciones a Romina Emilce Góngora, fijó los importes que debía abonar Prevención ART S.A., descontando lo ya percibido por la viuda del trabajador y su hijo (v. fs. 471 vta. in fine /472).
III.1.c.ii. Resulta claro de la síntesis que antecede que el tribunal no "desconoció" el pago de las prestaciones dinerarias efectuado por la aseguradora ni tampoco incurrió en un absurdo en la apreciación de las pruebas, como terminantemente sostiene el quejoso, pues dedujo de las sumas que integrarían la condena los importes abonados oportunamente por aquélla, como también los que fueron pagados mensualmente por Unidos Seguros de Retiro S.A. hasta que se decretó judicialmente su liquidación forzosa.
Y sin perjuicio que ordenó incluir en la condena aquellas sumas que los actores no percibieron a partir de la referida liquidación judicial, las motivaciones que llevaron al tribunal a tal definición no logran ser conmovidas, pues al respecto, el interesado prescinde desarrollar una crítica frontal y eficaz (causas L. 97.914, "Iturralde", sent. de 7-III-2012 y L. 113.346, "Ochoa", sent. de 4-VI-2014).
III.2. Cabe analizar la objeción planteada en torno al importe reconocido en la sentencia en concepto de indemnización por daño moral.
III.2.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del monto de dicho resarcimiento constituye una cuestión de hecho propia de los jueces de grado y detraída, por ende, del ámbito de la casación, excepto que se demuestre la configuración del absurdo (causas L. 96.692, "Bao Pacino", sent. de 10-III-2010; L. 101.544, "Szewcruk", sent. de 28-XII-2011 y L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018).
III.2.b. Sobre el tema, el tribunal de origen expresó que la estimación del rubro no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, porque no se trata de un perjuicio accesorio a éste (v. fs. 468 in fine y vta.).
Destacó que el agravio moral se caracteriza por la lesión cierta sufrida en los sentimientos íntimos de una persona, que impone la obligación de indemnizar sin necesidad de prueba directa de su existencia, que se tiene por comprobada " in re ipsa " por la sola producción del evento dañoso (v. fs. 468 vta.).
Con sustento en la doctrina autoral que identificó, señaló que en la actualidad se encuentra superado el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba el "precio del dolor" para aceptarse que lo resarcible es el "precio del consuelo" que procura la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias; tratando de proporcionarle recursos aptos para menguar el detrimento causado, de permitirle acceder a gratificaciones variables, alegría, gozo, alivio y descanso de la pena (v. últ. fs. cit.).
También aludió a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su correlato con el art. 1.471 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto establece que el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas, y concluyó que la entidad del horroroso accidente sufrido por el trabajador, por medio del cual la descarga eléctrica de alta tensión que recibió fue tal que se encontró envuelto en llamas, falleciendo inmediatamente después, alejaban toda duda sobre la existencia del dolor o sufrimiento que padecieron y padecerán durante toda la vida su compañera y sus hijos frente a la trágica razón de su ausencia (v. fs. 468 vta. in fine /469).
Con sustento en tales premisas fijó el importe que resulta materia de agravio (v. fs. 469).
III.2.c. El interesado considera que la suma fijada para el aludido rubro provoca un enriquecimiento incausado, resultando desmesurada, desproporcionada y exorbitante; en gran medida, coteja aquel monto con el cuantificado para resarcir el daño material.
Sin embargo, las razones que esgrime no rebaten adecuadamente este segmento del fallo, sin que se observen argumentos aptos para acreditar el vicio de absurdo que invoca.
Es sabido que no cualquier error, ni la apreciaciónáopinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues ésteáhace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017). Luego, pueda o no compartirse lo resuelto por el órgano jurisdiccional de grado, tan excepcional yerro no es acreditado por el interesado.
Sellada la suerte adversa de la impugnación, todavía puede señalarse que el daño moral no es un rubro accesorio del daño material (desde que ambos tienen naturaleza jurídica independiente, al ser distintos los bienes jurídicos tutelados). Por ende, las indemnizaciones establecidas por dichos conceptos no sólo merecen un tratamiento diferenciado, sino que la determinación del perjuicio moral no necesariamente debe guardar proporción con el material (causas L. 83.200, "V., A.", sent. de 24-V-2006; L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011 y L. 108.686, "González", sent. de 24-X-2012).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.