Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120267
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, Soria, de Lázzari , Pettigiani, Kogan se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.267, "Martinelli, José Ángel contra Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Diferencias salariales".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 335/354).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 375/382 vta.). Denegado en la instancia de grado (v. fs. 383/384), esta Corte, mediante resolución de fs. 498/499 vta., declaró procedente la queja interpuesta a fs. 485/490 vta. y lo concedió.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, por constituir materia de agravios, el tribunal de grado declaró procedente la demanda que el señor José Ángel Martinelli promovió contra la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), condenándola al pago de las sumas que determinó por las diferencias salariales adeudadas en concepto de "adicional art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75" y "reintegro de gastos".
Para así resolver juzgó acreditada en el veredicto la relación laboral habida entre las partes, la fecha de ingreso del trabajador (1 de diciembre de 1991) y la categoría de "agente cobrador" del dependiente (v. vered., fs. 335/336).
Luego, señaló que si bien el actor había reclamado el pago de los gastos de mantenimiento de su vehículo (impuesto de patente, seguro, estacionamientos, peajes, desgaste de neumáticos), la accionada había negado en el escrito de contestación de la demanda que fuera indispensable el uso de un automotor para la gestión de cobranza, que el promotor del pleito posea un automóvil de su propiedad y que lo utilizara en beneficio de la empleadora, que sea un requisito ineludible contar con un vehículo particular para acceder al puesto de cobrador y que las zonas a su cargo requieran medios de movilidad (v. vered., fs. 336).
Destacó que ante la intimación cursada por el trabajador mediante telegrama colacionado agregado en autos, la patronal en su respuesta había reconocido implícitamente la utilización de un automóvil para la realización de la tarea que le fuera encomendada al actor, ya que en dicha comunicación había negado adeudar suma alguna, haciendo saber que se le abonaban viáticos al valor unitario conforme lo dispone el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y negando que el uso del vehículo propio en su trabajo de cobrador le provocara erogaciones mayores a las que percibía (v. vered., fs. 336 in fine y vta.).
Agregó el tribunal que la cantidad de kilómetros existente entre las zonas a cargo del trabajador, llevaba a concluir que sería imposible el cumplimiento de su tarea si no hubiera contado con un vehículo para traslado; dando cuenta la pericia contable sobre la titularidad y los gastos que irroga su uso (v. vered., últ. fs. cit.).
En la sentencia, estableció que resultaba de aplicación al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, suscripto entre SADAIC y el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP) -hoy Unión de Trabajadores de Sociedades de Autores y Afines (UTSA)-, no habiéndose dictado a la fecha uno nuevo que rija la actividad de los cobradores, controles de boletería y taquilla y adicionistas; encontrándose vigente en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la ley 14.250 (v. fs. 344 in fine y vta.).
Tuvo en consideración que, si bien el ámbito de aplicación de la mencionada convención fue inicialmente limitado a la Capital Federal y Gran Buenos Aires, hasta un radio de sesenta kilómetros (art. 2.2), mediante resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 772, de fecha 21 de septiembre de 2005, se extendió la obligatoriedad de su aplicación a todo el país, conforme la facultad regulada en el art. 10 de la ley 14.250 (v. sent., fs. 344 vta./345).
Hizo referencia a los distintos acuerdos celebrados entre SADAIC y UTSA para establecer el importe representativo del adicional "reintegro de gastos". Toda vez que éstos remitían a los arts. 76 y 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, entendió indispensable determinar el alcance de tales normas; en lo relativo al primero de los preceptos expresó que se refiere exclusivamente al "reintegro de gastos", que debe diferenciarse de los "viáticos" que estatuye el segundo, y que son gastos que el empleado tiene que efectuar en ocasión de los traslados que le son ordenados por el principal; al respecto, agregó que la norma aclara que el viático es considerado como remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, salvo lo que en particular establezcan los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo (v. fs. 346).
Sobre dicha base analizó los rubros objeto de reclamo.
En lo que aquí tiene relevancia, respecto del adicional contemplado en el "art. 24 del CCT 83/75", reiteró que dicha convención es plenamente aplicable a los agentes cobradores del interior del país por imperio de la resolución ministerial 772 de fecha 21 de septiembre de 2005, no correspondiendo efectuar disquisición alguna entreéstos y los radicados en Capital Federal, pues sus cláusulas alcanzan a todos los trabajadores por igual en virtud de los claros preceptos constitucionales del art. 14 bis de la Constitución nacional (v. fs. 346).
Sostuvo que el mentado art. 24 establece los "salarios mínimos" que deben percibir los trabajadores, integrándose la remuneración con un sueldo fijo mensual y una comisión del 10% sobre el total de las recaudaciones que realice en forma directa e indirecta SADAIC, y también los denominados "complementos": la bonificación por antigüedad, viático y cien litros de nafta común o su precio equivalente en dinero para las zonas que exijan por su extensión un medio de movilidad (v. fs. 346 in fine y vta.).
Respecto de este último rubro, juzgó el a quo que no encontraba asidero jurídico válido alguno para eximir a la demandada de su pago, que vendría en el caso a paliar la diferencia de distancias a recorrer por los trabajadores del interior del país, en relación con los de Capital Federal (v. fs. 346 vta. in fine y 347).
Toda vez que ni de los recibos de haberes aportados a la causa, ni de la pericia contable, resultaba probado el pago de suma alguna por dicho concepto, consideró justo, razonable y equitativo, según informe suministrado a fs. 232 por el Automóvil Club Argentino, realizar un promedio del valor del litro de nafta súper y multiplicarlo por cien, y determinar así el importe representativo de tal crédito, desdoblándolo: un primer monto por el plazo de prescripción (dos años anteriores a la fecha de interposición de la demanda) y, un segundo importe, desde este último hito temporal hasta la fecha del pronunciamiento (v. fs. 347).
En relación con el reclamo por "mantenimiento de vehículo" y "gastos efectuados", entendieron los magistrados de origen que éstos tenían clara vinculación con el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, desprendiéndose también, en parte, su reconocimiento del acta suscripta el día 6 de octubre de 2004 (mediante la cual se acordó otorgar una suma no remunerativa en concepto de "Viáticos de Movilidad Cobradores del Interior" sin obligación de rendición por medio de comprobantes) y de la resolución de fecha 29 de noviembre de 2007 (v. fs. 350).
Partiendo nuevamente del análisis de las disposiciones contenidas en los arts. 76 y 106 de la Ley de Contrato de Trabajo, en correlación con lo prescripto por la normativa convencional aplicable (Acuerdo del mes de octubre de 2004, arts. 23 y 24 del CCT 83/75, resol. 772 y Acta del Ministerio de Trabajo del 14 de marzo de 2008) la que -explicó- resultaba confusa en este aspecto, determinó que los denominados "viáticos" son de naturaleza remunerativa -salvo en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes-, se calculan de forma sumarial mediante una fórmula específica, y conforme surge de los recibos de haberes eran percibidos por el trabajador por un monto fijo; encontrándose dicho importe desactualizado y notoriamente ínfimo respecto de los reales valores erogados por el actor, debiendo en todo caso ser objeto de discusión en el plano de la política salarial, lo cual devenía aquí ajeno a la judicatura (v. fs. 351).
En cambio, en lo concerniente al "reintegro de gastos", indicó que regía lo normado por el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo erogaciones suplidas por los empleados en el cumplimiento de su labor, se abonan con presentación de comprobantes y revisten el carácter no remunerativo (v. fs. 351 vta.).
Recordó que el promotor del pleito había reclamado como "gastos", en la diferencia con los efectivamente realizados para el desempeño de sus tareas para la demandada -descontando egresos propios, familiares y sociales en estos conceptos-, un importe relativo a peajes, ocasionales estacionamientos del vehículo, uso de papelería, patentes, servicios informáticos, de telefonía fija y móvil, con más el importe por consumo mensual de nafta estimado en un tanque de cuarenta litros por semana; pretendiendo luego diferenciarlos del reclamo vinculado al "mantenimiento de vehículo", en el que consideró que como el automotor que utilizaba tanto para cumplir con la prestación de servicios, como así también para el uso familiar, SADAIC debía compartir las erogaciones relativas a: impuesto de patente, seguro, estacionamiento, peajes, periódico y normal desgaste de neumáticos. En tales condiciones, entendió el sentenciante que ambos rubros se subsumían, eran "lo mismo", que lisa y llanamente debían ser considerados como "reintegro de gastos" (v. fs. 351 vta.).
Explicitó que si bien de los recibos de haberes adjuntados a la causa y de la pericia contable se evidenciaba nítidamente que el señor Martinelli percibía una suma -ínfima- en concepto de viáticos, no surgía en cambio demostrado que se le abonara el "reintegro de gastos", cuya existencia la accionada había reconocido implícitamente al contestar la intimación que le fuera cursada mediante carta documento (v. fs. 352).
En consecuencia, destacó que correspondía aplicar el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y no existiendo discusión alguna relativa a que para trasladarse por toda la zona a su cargo el trabajador debía disponer de un automóvil, quedando además probado con la pericia contable un estimativo de los gastos irrogados en concepto de patentes, seguro, nafta, estacionamientos, peajes, declaró procedente la pretensión identificada como "mantenimiento de vehículo" y "gastos", comprendiendo ambos rubros al "reintegro de gastos" al que dicha norma hace alusión (v. fs. 352 in fine y vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la transgresión de los derechos constitucionales de propiedad y defensa en juicio, el principio de congruencia consagrado en los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró procedente la condena al pago del adicional previsto por el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75.
Argumenta que dicho órgano jurisdiccional omitió expedirse sobre cuestiones oportunamente planteadas por su parte y que resultaban conducentes para la correcta resolución del pleito.
Afirma que en el escrito de responde se expuso que la pretensión del actor era manifiestamente improcedente porque si bien la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 772 había extendido la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75 a todo el territorio del país, la entidad gremial que agrupa a los cobradores (UTSA) y SADAIC habían suscripto otros dos convenios: uno anterior al dictado de la mentada resolución de fecha 6 de octubre de 2004 y otro posterior, que data del 5 de diciembre de 2005, los cuales determinan los alcances de esa extensión.
Explica que mediante el primero se establecieron escalas salariales y se determinó la forma de abonar viáticos a los agentes cobradores del interior del país, consignándose además nuevos porcentajes de comisiones en atención a una serie de variables; asimismo el otorgamiento del carácter remunerativo a la asignación fija estipulada en los decretos 392/03 y 1.347/03.
Este acuerdo, continúa, fue ratificado por otro el día 5 de diciembre de 2005, implementándose en este último nuevas condiciones salariales. De allí que, concluye, al encontrarse ambos convenios agregados en autos, reconocidos por las partes y plenamente vigentes, debió el tribunal -y no lo hizo- evaluar la defensa que la demandada articuló sobre la base de tales instrumentos.
Aduce que no se encuentra en discusión la extensión del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75 a todo el territorio del país, pero éste sólo puede aplicarse en relación con aquellas cláusulas que no fueron modificadas por acuerdos convencionales posteriores.
En suma, alega, el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75, como surge de su texto primigenio, fue redactado e instrumentado sólo para los cobradores de sede central (Capital Federal) y para aquellos que cumplían funciones en un radio de sesenta kilómetros, otorgándosele a los del interior -entre ellos, el actor- un régimen propio que surge de los acuerdos celebrados en el mes de octubre de 2004 y diciembre de 2005.
Asimismo, sostiene que tampoco es atendible el argumento expuesto por el a quo en lo tocante al "art. 5 de la ley 14.250" (v. fs. 379) para otorgar ultraactividad a la cláusula de la mentada norma convencional, ya que ésta fue modificada por acuerdos posteriores.
II.2. Por otra parte, objeta el monto determinado en el pronunciamiento en concepto de "reintegro de gastos".
Refiere que, si bien no existe discrepancia en cuanto a la obligación que pesa sobre el empleador de reintegrar los gastos en que incurrió su dependiente para realizar sus tareas, ello es así, siempre y cuando éste cumpla con acompañar los comprobantes respectivos.
Tachando de arbitrario y absurdo el fallo en crisis, indica que era el trabajador a quien le correspondía acreditar, mediante tales documentos y de modo fehaciente, cuáles fueron las erogaciones efectuadas para poder reclamar su reintegro, no existiendo en autos prueba alguna al respecto.
En su criterio, los montos "diferidos a condena" por tales conceptos no tienen el debido respaldo instrumental en las constancias de la causa, pues la actividad probatoria del accionante fue absolutamente nula, no pudiendo ser suplida por la voluntad del tribunal.
Agrega que el pronunciamiento es arbitrario porque en él, además, se condenó a abonar los importes en concepto de reintegro de gastos retroactivamente por el período no prescripto, como si se hubiesen mantenido intangibles. Explica que, si al momento de la sentencia definitiva, se determinó que los gastos a reintegrar en conjunto ascendían a cuatro mil pesos, no pudo luego el juzgador sostener que ese mismo importe era el que el señor Martinelli había erogado cuatro años antes como si no hubieran sufrido deflación, generándose así un enriquecimiento indebido en su beneficio y un notorio perjuicio patrimonial para la empleadora; a tales fines, efectúa -según lo denomina- un "calculo actuarial deflacionario".
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente cabe destacar que el veredicto obrante a fs. 335/337 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653; además puede observarse que la secretaria del Tribunal no lo ha rubricado, falencia que nuevamente se verifica en la sentencia (v. fs. 339/354), limitándose a suscribir la liquidación que practicó (v. fs. 355).
En virtud de ello, no se sabe quien redactó las actas de los respectivos acuerdos, ni hay quien dé fe de los votos que allí se volcaron.
Al respecto, ha de precisarse que, aunque los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Sentado lo anterior, ingresando en el análisis del medio de impugnación deducido debe señalarse que no luce conducente la crítica estructurada en torno a la declarada procedencia del adicional previsto en el art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 83/75.
III.2.a. Se afirma en el recurso que el tribunal de grado soslayó abordar cuestiones introducidas por la parte demandada en el litigio que resultaban conducentes para su resolución.
Surge evidente que la impugnante ha equivocado el carril recursivo.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que resultan ajenas al ámbito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley las cuestiones relativas a la omisión de tratamiento de planteos oportunamente introducidos por las partes (causas L. 96.124, "L., N. A.", sent. de 15-VII-2009; L. 110.861, "Roth", sent. de 19-XII-2012; L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.025, "Q., J. A.", sent. de 4-III-2015).
III.2.b. Luego, carecen de toda entidad las manifestaciones que hace la recurrente en la parte final del agravio en análisis con sustento en los acuerdos que -en su opinión- habrían integrado la defensa supuestamente ignorada por el tribunal de la instancia, más aun cuando dejan entrever la equívoca referencia al "art. 5 de la ley 14.250", que aunque pueda interpretarse conectada en verdad con el régimen legal que regula a las convenciones colectivas de trabajo (ley 14.250), no se observa ajustada -aún bajo esa lectura- a las normas que debieron ser objeto de impugnación a tenor de lo resuelto en el pronunciamiento en crisis.
III.3. En cambio, asiste razón a la recurrente en cuanto objeta la procedencia del pago de las diferencias salariales vinculadas con el rubro "reintegro de gastos".
III.3.a. Conforme fuera relatado, al responder al interrogante planteado en la segunda cuestión del veredicto, el tribunal de origen juzgó acreditado que dada la cantidad de kilómetros que debía recorrer en el cumplimiento de su tarea, el trabajador contaba con un vehículo propio para traslado; dando cuenta la pericia contable sobre la titularidad y los gastos que irrogaba su uso (v. fs. 336 vta.).
Sostuvo además, que con dicho informe pericial y los recibos de haberes adjuntados se hallaba comprobado que el señor Martinelli percibía un importe fijo ínfimo en concepto de "viáticos", no surgiendo -en cambio- demostrado que se le abonara suma alguna por el "reintegro de gastos" que la accionada había implícitamente reconocido al contestar la intimación que aquél le cursara mediante carta documento (v. sent., fs. 352).
Sobre esa plataforma argumentativa juzgó aplicable al caso el art. 76 de la Ley de Contrato de Trabajo y determinó que correspondía reintegrar al actor los gastos suplidos para el adecuado cumplimiento de su labor, pues -entendió- no existía discusión alguna que para trasladarse por toda la zona a su cargo dispuso de un automóvil, quedando probado los gastos de patente, seguro y un estimativo de las demás erogaciones: nafta, estacionamientos, pe
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