Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120441
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud , Negri , de Lázzari, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.441, "López, Marco Antonio contra Laboratorios Phoenix S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la accionada (v. fs. 321/330 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 355/370 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Marco Antonio López contra Laboratorios Phoenix S.A. en concepto de vacaciones, sueldo anual complementario, indemnizaciones derivadas del despido y salarios por estabilidad (art. 48, ley 23.551; v. fs. 321/330 vta.).
Para así resolver, señaló que en el caso no existía controversia respecto a la relación laboral que uniera a las partes, ni tampoco en torno a que el actor fue electo congresal n° 216 al Congreso de ATSA (Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina), con mandato desde el día 22 de noviembre de 2012 hasta el día 21 de noviembre de 2016. Asimismo, juzgó acreditado que la demandada había sido notificada de su postulación, elección y designación en el cargo (v. vered., fs. 321 vta. y 322 y sent., fs. 325 vta.).
Ponderó que el señor López laboraba en el turno noche (desde las 21:30 hs. hasta las 6:00 hs.) junto con otros treinta trabajadores y que en septiembre del año 2013 la empresa decidió cerrar ese horario alegando razones de producción. Con apoyo en las declaraciones testimoniales y la prueba pericial contable, consideró que no resultó probado que hubiera existido una merma en aquélla, a la vez que tuvo por corroborado que tres dependientes continuaron trabajando en el turno noche, por lo que no hubo un cierre total del horario, el que fue reabierto en el año 2015 y cancelado a principios de 2016 (v. vered., fs. 322 y sent., fs. cit.).
Refirió que tampoco se debatió en autos que al demandante y al resto de los trabajadores de esa franja horaria se les ofreció laborar en el turno diurno -de mañana al señor López- pero que no aceptaron porque dejarían de percibir el adicional por horas nocturnas (consistente en el 40% del básico). Destacó que, luego de negociaciones con la empresa para que se conservaran las condiciones laborales, los trabajadores que no consintieron el cambio horario fueron despedidos; y en el caso del accionante se le comunicó la decisión por acta notarial de fecha 2 de septiembre de 2013, a la que éste respondió el día 3 de septiembre de 2013 rechazando el distracto por violar la ley 23.551 y solicitando la reinstalación en su puesto (v. vered., fs. 322/323 y sent., fs. 325 vta./326 vta.).
Expresó que habida cuenta que el vínculo laboral se extingue una sola vez y por una única causa, la relación había quedado disuelta el día 2 de septiembre de 2013 por el despido directo de la empleadora. Tuvo además por constatado que no se llevó a cabo el procedimiento de exclusión de tutela sindical, hecho expresamente reconocido por la accionada, quien sostuvo en el responde que "el cargo gremial se encuentra sujeto a que existan trabajadores para representar y ante el cierre del turno no puede subsistir un derecho a la estabilidad" y que "la estabilidad no puede ser invocada ante supuestos de cierre de establecimiento" (v. vered., fs. 323 y sent., fs. 326 vta.).
Sobre esa base, consideró que en autos existió el cierre de un turno de trabajo, el que no fue total, ya que tres dependientes permanecieron trabajando en ese horario, ni definitivo, en tanto fue reabierto posteriormente, y que dicha circunstancia no implicó el cierre del establecimiento, ya que la empresa continuó con su actividad habitual (v. sent., fs. 327).
Concluyó entonces que habida cuenta que el señor López estaba amparado por su condición sindical para poder despedirlo -o modificar sus condiciones de trabajo- la demandada debió peticionar judicialmente la exclusión de su tutela y no lo hizo, en tanto dispuso su distracto en forma directa. Por ello, juzgó que el dependiente fue despedido en violación a la ley 23.551, correspondiéndole el cobro de la indemnización por antigüedad con más la reparación del art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, debiendo descontarse del importe resultante lo ya percibido (v. sent., fs. 327 y vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de los arts. 47, 48, 49, 50, 51 y 52 de la ley 23.551; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 355/370 vta.).
Invoca la existencia en el caso de una cuestión federal. Postula que ninguna animosidad o conducta antisindical tuvo su parte contra el accionante, sino que adoptó una medida de carácter general -cierre completo de un turno de trabajo-, e incluso, le ofreció a aquél quedarse trabajando en otro horario.
Sostiene que resulta absurdo exigirle a la empresa el inicio de un trámite de exclusión de tutela sindical cuando ésta no tenía tareas para darle al actor (por el cierre de su turno de trabajo y por la negativa de éste al cambio de horario), como así también pretender que se mantenga al dependiente en su puesto durante el aludido proceso, lo que hubiera llevado a su parte al incumplimiento del deber de ocupación efectiva (art. 78, LCT).
Aduce que el tribunal malinterpretó las declaraciones testimoniales al apoyarse en ellas para juzgar probado que no existió merma en la producción de la empresa, circunstancia que -refiere- los testigos no podían conocer por carecer de acceso al volumen de fabricación del establecimiento. Agrega que no advirtió el a quo que los declarantes dijeron que los tres trabajadores que continuaron laborando en el horario de la noche lo hicieron a partir del año 2014 (es decir un año después del cierre de ese turno) y que lo informado al respecto en el punto 11 de la pericia contable remite a un año antes del referido cierre.
Insiste en señalar que no hubo conducta antisindical de parte de la empresa, quien acreditó que cerró el turno de trabajo y le ofreció al accionante un cambio de horario, al que éste se negó. A su vez, reitera que no es posible pretender que se inicie una exclusión de tutela sin tareas para otorgar y ante la negativa del trabajador a cambiar de turno. Argumenta luego que resulta arbitraria la decisión que consideró que el cese de un turno de trabajo no es equiparable al cierre del establecimiento al que refiere el art. 51 de la ley 23.551.
III. El recurso no puede prosperar.
III. 1. Cabe recordar que interpretar la locución "cierre del establecimiento" que contiene el art. 51 de la ley 23.551, así como valorar la prueba a los fines de determinar si se ha configurado o no la situación prevista en dicha norma, constituye una labor privativa del tribunal de origen y su conclusión no es revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 79.675, "Oñativia", sent. de 29-XII-2003; L. 86.290, "González", sent. de 8-XI-2006; L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 105.061, "Díaz", sent. de 9-XI-2011 y L. 110.508, "Menéndez", sent. de 8-V-2013).
III.2. La impugnación resulta insuficiente para revisar las conclusiones sentadas en el pronunciamiento.
En efecto, luego de examinar la prueba producida en la causa, el tribunal juzgó que la situación de autos (cancelación de un turno de trabajo que, además, señaló, no fue total ni definitiva) no podía equipararse con el "cierre de establecimiento" previsto en el art. 51 de la ley 23.551. En ese marco, descartó la postura de la demandada en cuanto pretendió justificar el despido del accionante y la ausencia de tramitación de la exclusión de su tutela sindical en la configuración del supuesto contemplado en dicho precepto.
Tal definición en modo alguno es descalificada por la recurrente.
Ello así pues, la crítica basada en su sola divergencia acerca de la idoneidad y aptitud probatoria de las declaraciones testimoniales consideradas por el a quo , sumada a la personal interpretación sobre el alcance que debió asignarse a lo informado por el experto en uno de los puntos de la pericia contable, deviene inhábil para demostrar la existencia del vicio de absurdo.
En rigor, la queja no se abastece de argumentos conducentes a desvirtuar el contenido lógico jurídico de la sentencia pues, alejándose de la línea reflexiva expuesta por el tribunal, sólo expresa la disconformidad del recurrente con la solución arribada, a través de la manifestación de su personal criterio acerca del modo en que debieron ser interpretadas las circunstancias de la causa y las pruebas aportadas, manteniendo incólumes las conclusiones del fallo (causas L. 106.203, "Piñonez", sent. de 29-II-2012; L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013 y L. 119.369, "Moreno", sent. de 27-XII-2017).
En este orden, cabe precisar, que la valoración de la prueba testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces del trabajo, que gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.169, "Giovini", sent. de 25-VI-2014; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016 y L. 119.608, "Arévalo", sent. de 29-XI-2017; e.o.), máxime si -como sucede en el caso- el interesado omitió hacer uso, en la etapa correspondiente, de la facultad contemplada en la última parte del art. 46 de la ley 11.653 (causa L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016; e.o.).
Por otro lado, debiendo permanecer firme la conclusión de grado que tuvo por no demostrada la invocada cesación de las actividades del establecimiento receptada en el art. 51 de la ley 23.551 y, por lo tanto, no verificándose en autos uno de los supuestos legalmente previstos para eximir al empleador de iniciar la acción de exclusión de tutela sindical (causas L. 94.910, "Alonso", sent. de 1-IX-2010 y L. 105.061, "Díaz", sent. de 9-XI-2011), las alegaciones que el recurrente introduce ahora para justificar la ausencia de tramitación de dicho procedimiento, se exhiben, además de novedosas, manifiestamente ineficaces.
Dable es reiterar que el absurdo no queda configurado frente a cualquier disentimiento, ni es suficiente que la apreciación efectuada por el juez aparezca como discutible, opinable o poco convincente, requiere algo más: la demostración del vicio lógico del razonamiento o una grosera desinterpretación material de alguna prueba, al punto de haber llevado al tribunal de grado a establecer conclusiones claramente insostenibles, contradictorias entre sí o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 94.696, "Machado", sent. de 25-VIII-2010; L. 108.536, "Gómez", sent. de 3-V-2012; L. 116.866, "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I.", sent. de 4-VI-2014 y L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; e.o.).
Con todo, conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 119.645, "Parolo", sent. de 17-V-2017; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, de Lázzari y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia