Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120599
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.599, "Pelle, Emmanuel Jonatan contra Maxiconsumo S.A. Salarios por suspensión".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar al planteo formulado por la parte demandada a fs. 101/103 vta., con costas a la actora (v. fs. 158/161 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 165/185 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, tras evaluar las manifestaciones expuestas por la accionada al denunciar el hecho nuevo y las de la actora al contestar el traslado conferido al respecto, el tribunal de grado consideró que en el caso estaban dados los presupuestos procesales requeridos para encuadrar aquel supuesto en los términos del art. 363 del Código Procesal Civil y Comercial. Juzgó que la evocada circunstancia guardaba relación con la presente litis y con el objeto a dilucidar en ella (v. fs. 158/160 vta.).
Ello así, pues, conforme la documentación de fs. 96/99 y 140/152, se trataba nada menos que de un acuerdo conciliatorio ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) rubricado por la actora el 22 de octubre de 2015, es decir, con posterioridad a la promoción de la demanda aquí instaurada (22 de junio de 2015; v. fs. 20) en cuyo marco el accionante sostuvo que: "'...nada más tendrá que reclamar de MAXICONSUMO S.A., como consecuencia del reclamo de autos ni proveniente de su extinción, desistiendo, asimismo de cualquier otras acción derivada del contrato laboral habido entre las partes...'". Destacó el a quo la implicancia del mencionado acuerdo y su contenido en el presente proceso dado que alteraba el objeto de la controversia de autos (v. fs. 160 vta.).
En este sentido, afirmó el a quo que si el actor nada más tenía que reclamar por la relación laboral en virtud de la cual iniciara estos actuados, cabía preguntarse cuál era el sentido de que pretendiera continuar con el trámite entablado que, por las afirmaciones efectuadas, quedaba extinguido; ello, más allá de la excepción expresamente realizada en relación a la restante pretensión por accidente deducida contra la misma demandada (en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), por cuanto el objeto allí debatido no tenía vinculación con las afirmaciones volcadas en el acuerdo conciliatorio de referencia (v. fs. cit.).
Luego, puntualizó que todo lo referente al objeto de estas actuaciones había quedado extinguido con la manifestación del accionante en el sentido de que la firma del acuerdo enervaba toda pretensión contra la aquí demandada, derivada de la relación laboral que las uniera. Juzgó que lo anteriormente dicho llevaba a concluir que el contenido y cualidades de las constancias probatorias aportadas, en cuanto a las circunstancias fácticas esgrimidas -elementos dignos de valoración al momento de expedirse el órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia-, permitían atribuirle el carácter pretendido por la accionada y, en consecuencia, correspondía admitir el "hecho nuevo" denunciado a fs. 101/103 (arts. 363, CPCC y 63 de la ley 11.653; v. fs. 160 vta. y 161).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 304, 305 y 306 del Código Procesal Civil y Comercial; 7, 9, 12 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.061, 1.064 y 1.065 del Código Civil y Comercial; 14 bis de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 165/185 vta.).
Cuestiona la decisión de grado en cuanto tuvo por extinguida la acción interpuesta en el presente juicio. Expresa que en el caso el a quo no observó la normativa relativa al instituto del desistimiento ni tampoco tuvo por verificados los requisitos que se exigen para que dicho acto sea considerado válido. Alega que el desistimiento (del derecho o del proceso) debe ser formulado por escrito ante el juez de la causa, quien deberá decidir su progreso de acuerdo a la naturaleza del derecho en litigio.
Aduce que su parte nunca desistió de la presente acción ni en este juicio ni ante el SECLO y que aun cuando lo hubiera hecho en el expediente tramitado en el aludido organismo (que además corresponde a otra jurisdicción), ello no tiene validez en el presente juicio. Agrega que además nos hallamos ante un reclamo de carácter alimentario (salarios por suspensión) que, por su naturaleza, se encuentra amparado por el principio laboral de irrenunciabilidad.
Luego, postula que en todo caso y a efectos de dilucidar si efectivamente quisieron acordar o no en el SECLO sobre los "salarios por suspensión", el tribunal debió interpretar la voluntad de las partes según lo dispuesto en los arts. 63 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1.061, 1.064 y 1.065 del Código Civil y Comercial.
En este sentido, sostiene que el sentenciante debió tener en cuenta las circunstancias anteriores a dicho acto, las conductas posteriores y la naturaleza y finalidad del contrato, tales: 1) que objetivamente el acuerdo fue celebrado con posterioridad al inicio del presente juicio; 2) que como se alegara en su momento, en ocasión de la audiencia ante el SECLO se acordó verbalmente con el abogado de la demandada que se presentaría un acuerdo en la sede del tribunal de trabajo relativo a los salarios por suspensión (extremos que, aduce, se corrobora con el intercambio de correos electrónicos que transcribe entre los letrados de ambas partes); y finalmente que 3) de los propios términos del convenio surge que su finalidad era el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y no incluía los referidos salarios por suspensión.
Desarrolla luego extensos argumentos por los que considera que el fallo de grado vulnera el principio de irrenunciabilidad, el in dubio pro operario y el orden público laboral, a la vez que proviene de una absurda valoración de los hechos y las pruebas, pues los salarios por suspensión no han sido objeto de conciliación alguna; por el contrario, la voluntad real de las partes siempre fue la de dejarlo al margen de lo convenido en el evocado acuerdo, tal como -aduce- surge del propio documento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe poner de resalto que el remedio procesal en examen fue concedido por vía de la excepción contenida en el art. 55 de la ley 11.653, habida cuenta que -como el propio recurrente advierte (v. fs. 166)- el importe de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el umbral previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para su admisibilidad (v. fs. 187/188).
Luego, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.2. Bajo el contexto de análisis expuesto, se avizora la improcedencia de la impugnación deducida.
En primer lugar, por cuanto el impugnante, dirigido a cuestionar lo decidido por el tribunal a quo , trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho y prueba, ajenas al estrecho ámbito de cognición en el que fue concedido el recurso (causas L. 96.699, "Grisette", sent. de 11-VII-2012; L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013 y L. 110.732, "Bustos", sent. de 1-VII-2015; e.o.). Tal como lo son, por ejemplo, las vinculadas con la supuesta existencia de absurdo en que habrían incurrido los magistrados de la instancia de grado al tiempo de valorar las constancias de la causa o la prueba adquirida durante el trámite del proceso, como también las referidas a la interpretación de las cláusulas de un acuerdo conciliatorio celebrado en sede administrativa.
Por otro lado, desde que se advierte que las doctrinas que denuncia como transgredidas no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 91.650, "Cobran", sent. de 22-X-2008; L. 106.066, "Lombardo", sent. de 23-XI-2011; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.378, "Sarmiento", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
III.3. Por consiguiente, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley adjetiva laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. Por lo antes expuesto, debe rechazarse, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad traído. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, de Lázzari y Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia