Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119347
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Kogan, Pettigiani, Negri, Soria, de Lázzari, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.347, "Bernardi, Rubén Alberto contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 425/436 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 457/504).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por el señor Rubén Alberto Bernardi y condenó a La Segunda ART S.A. a abonarle la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 558/582 vta.).
Para así resolver, juzgó acreditado que el accionante trabajaba a las órdenes de Sergio Osvaldo Soulé en el comercio de su propiedad desde el día 1 de abril de 2004; se lo encuadró en la categoría Ayudante del Convenio Colectivo de Trabajo 231/94; sus tareas consistían en la cocción de productos de panadería; que el día 11 de septiembre de 2007, cuando se dirigía desde el lugar de trabajo a su domicilio sufrió un accidente que le provocó la rotura del tendón de Aquiles del miembro inferior izquierdo, como consecuencia de tal infortunio el demandante presenta una lesión que lo incapacita en un 16,56% del índice de la total obrera y se le otorgó el alta médica el día 10 de marzo de 2008.
En este sentido, con relación al tipo de labores sobre los que se proyecta la minusvalía, el a quo señaló que el actor no aportó prueba que permitiera determinar una capacitación para la realización de su "profesión habitual", y, en consecuencia, consideró la disminución laboral en relación a la total obrera (v. vered., fs. 426 vta. y 427).
Indicó, además, que el demandante fundamentó su reclamo en la ley 24.557, que es un sistema diferente a la reparación integral prevista en las normas civiles, que abarca los daños a la capacidad laborativa y avanza respecto a la rehabilitación y recalificación del trabajador sin referirse a otros tipos de daños consecuencia del infortunio como el moral o psíquico, y el perito tuvo en cuenta ello a los fines de establecer el porcentaje de incapacidad que aqueja al actor y, desde esa óptica -concluyó- no era posible ponderar el daño con los fundamentos que indica la perito psicóloga (v. vered., fs. 427).
Luego, tras cuantificar en la suma de $21.619,22 el importe de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. sent., fs. 430 vta.), se dispuso a evaluar la aplicación en el caso de las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773 peticionada por el actor.
En efecto, con apoyo en la doctrina legal de esta Corte que identificó (causa L. 78.551, "Ruiz", sent. de 20-XII-2006; e.o.), explicó que el art. 3 del Código Civil no consagra la retroactividad de la nueva ley, sino su aplicación inmediata aún a las consecuencias de las relaciones jurídicas existentes, razón por la cual, para las consecuencias de los hechos pasados, juega la noción de consumo jurídico. Sobre esa base, cuantificó la indemnización con apego a la normativa vigente al momento en que se determinó la incapacidad y la eventual indemnización y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 430 vta. y 431).
Con todo, el tribunal declaró aplicable al caso el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 y ordenó actualizar, con arreglo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el importe de la prestación dineraria reclamada.
Explicó que si bien el art. 17 apartado 5 de dicho texto legal dispone que sus preceptos serán aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera a partir de su entrada en vigencia, el art. 17 apartado 6 consagra una regla especial que se aparta de aquella directriz general. Ello así, no sólo porque este último precepto hace referencia a las prestaciones por incapacidad permanente "previstas en la ley 24.557 y su actualización por medio del decreto 1694/09", sino también porque, de haber querido el legislador declarar aplicable el mecanismo de ajuste sólo a las contingencias futuras, no hubiese redactado el apartado sexto, máxime cuando dicha interpretación resulta coherente con los considerandos del mensaje de elevación del proyecto de ley, en los cuales se alude a la "imperfección estructural del sistema legal vigente como instrumento de protección social" (v. sent., fs. 431/432).
En consecuencia, ordenó ajustar el importe de la indemnización por aplicación del índice RIPTE desde el 1 de enero de 2010 y hasta febrero de 2015 (último índice publicado), con más una tasa de interés del 6% anual por ese lapso (v. fs. 432).
Sin perjuicio de ello, con relación a los intereses adicionados al capital de condena, declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653 (texto según ley 14.399) y aplicó desde la fecha de exigibilidad del crédito (10 de marzo de 2008) hasta el día 18 de agosto de 2008, intereses moratorios liquidados con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 a la tasa pasiva "digital" de esa entidad y, luego, a partir del 1 de marzo de 2015 hasta el efectivo pago a igual tasa (v. sent., fs. 434 vta. y 435).
Por su parte, en lo relativo al pedido de actualización de los importes de condena, el sentenciante dispuso su rechazo por acatamiento de lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 85.591, "Fernández" (sent. de 18-VII-2007), en la cual se declaró la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, texto según el art. 4 de la ley 25.561 y 617, 619 y 623 del Código Civil, según art. 5 de esta última ley. En consecuencia, desestimó el planteo de inconstitucionalidad que contra dichas normas introdujo la legitimada activa (v. sent., fs. 432 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 457/504).
II.1. En primer lugar, controvierte el porcentaje de incapacidad determinado en la sentencia desde dos aspectos.
II.1.a. Por un lado, denuncia absurdo en el razonamiento del juzgador al no haber computado para el cálculo del porcentaje de incapacidad que porta el actor la determinada por la perito psicóloga interviniente en cuanto dictaminó que el trastorno distímico que padece guarda relación de causalidad con el accidente de trabajo.
Propone, en ese sentido, que se tome en consideración el porcentaje de incapacidad psicofísica del actor con motivo del infortunio laboral y se recalcule la prestación contemplada en el art. 14 de la ley 24.557 y se condene al accionado a brindar tratamiento psicológico al trabajador.
Además, en apoyo de su petición, reitera el planteo de inconstitucionalidad del baremo aprobado por decreto 659/96, que denuncia omitido por el juzgador.
II.1.b. Desde otroángulo, manifiesta que el tribunal de grado al momento de cuantificar la incapacidad lo hizo en orden al índice de la total obrera sin atender a la que porta el actor para el desarrollo de sus "tareas habituales" demostradas en la causa y que -explica- representa un porcentaje mayor que el otorgado.
Agrega que la definición del a quo referida a la "profesión habitual" es un concepto que su parte no utilizó al interponer el reclamo, sino que manifestó que el actor se encontraba incapacitado en no menos del 60% para sus "tareas habituales", es decir -apunta- las de ayudante dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 231/94, que se encuadran en un oficio y no en una profesión.
Añade, entre otras consideraciones, que "...si sólo debe ponderarse la incapacidad en el marco de un accidente laboral cuando el accidentado posee capacidades especiales por su profesión habitual, toda aquella categoría de personas que realizan sólo labores de esfuerzo y habilidades físicas [...] quedarían sólo relegados a una incapacidad genérica, menguada o depreciada solamente por carecer de aquella 'capacidad calificada por su profesión habitual'..." (fs. 471).
Alega, en ese orden, que la doctrina legal citada por el sentenciante a fs. 427 no es aplicable al caso porque conllevaínsito un criterio discriminatorio e inconstitucional que arroja como resultado un decisorio irrazonable e inequitativo además de atentar contra el principio de igualdad ante la ley (v. fs. 472).
Se agravia, asimismo, de la omisión de tratamiento del cuestionamiento constitucional del decreto 659/96 destacando que -a su juicio- resultó absurdo a la luz del planteo impetrado.
II.2. Luego, cuestiona que el ingreso base establecido en el art. 12 de la ley 24.557 que el tribunal tomó como pauta para cuantificar la indemnización prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la citada ley, se hubiera calculado en función de salarios que no se encontraban actualizados, sin contemplar la grave depreciación de las remuneraciones del trabajador ocurrida hasta el momento del dictado de la sentencia.
En ese mismo sentido, también objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561 y de la ley 23.928 y la consecuente desestimación del pedido de actualización de los importes de condena.
En concreto, sostiene que, de mantenerse lo resuelto por el tribunal de grado, se condenaría al actor a recibir "migajas" de su crédito original, ya que se vio privado durante ocho años de aprovechar la actualización salarial que se produjo en ese período (v. fs. 496).
Agrega que la solución adoptada en la instancia ordinaria, aun cuando pueda sustentarse en el acatamiento de la doctrina legal, resulta inequitativa e injusta, lo que demuestra que el tribunal analizó erróneamente la cuestión constitucional en abstracto, sin reparar en las especiales circunstancias del caso (v. fs. 496 vta. y 497). Sobre esa base, insiste en que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas.
II.3. En línea con lo anterior, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773. Expresa, en esencia, que dicho precepto resulta discriminatorio al otorgar los beneficios establecidos en la ley sólo para aquellos casos de trabajadores accidentados que caen bajo la órbita de su vigencia.
Entiende que la decisión del tribunal de grado en el punto no resulta justa, equitativa, razonable ni prudente y transgrede los arts. 3, 953 y 954 del Código Civil; 1 de la ley 23.592; 14 bis, 16 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; I, II, XI, XIV y XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 1 del Pacto de San José de Costa Rica.
Sin perjuicio de ello, sostiene que el sentenciante aplicó en forma deficiente las prescripciones de la ley al emplear sólo el índice RIPTE para el incremento de la indemnización reclamada, omitiendo la liquidación de las demás prestaciones contempladas en la ley.
II.4. Finalmente, cuestiona el cálculo de los intereses efectuado en la sentencia. En ese orden, solicita que se adicione la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires al monto de condena desde la fecha de su exigibilidad, sin diferenciar períodos -como lo hizo el juzgador- en los cuales aplicó la tasa pasiva plazo fijo a treinta días y el 6% anual.
III. El recurso no prospera.
III.1. El reproche vinculado a la determinación de la minusvalía que porta el trabajador no es de recibo.
III.1.a. Ello así pues, el interesado no hace más que exponer sus propias conclusiones en base a una subjetiva lectura de los elementos de juicio que considera definitorios para modificar la suerte de la litis, especialmente en lo relativo al análisis efectuado por los magistrados del informe pericial de fs. 303/304, sin aportar -como es menester- una explicación o fundamento que compruebe la existencia de una desinterpretación palmaria o grosera de las constancias de la causa con entidad suficiente para configurar el absurdo denunciado.
En efecto, no es apta para revelar el vicio que se imputa al fallo la exposición de una divergencia de criterio en torno a la manera en que el a quo ponderó, en ejercicio de facultades que le resultan privativas, las constancias de la causa, sin aportar argumentos con entidad para descalificar el esquema de razonamiento plasmado en el fallo con arreglo al cual el juzgador -en el marco de un reclamo con sustento en las disposiciones de la ley 24.557- determinó la incapacidad del actor provocada por la rotura del tendón de Aquiles del miembro inferior izquierdo (16,56% t.o.) y descartó evaluar el daño con los fundamentos desarrollados por la perito psicóloga (v. fs. 427).
En este punto, conviene recordar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado tal yerro, ni tampoco puede este Tribunal sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. En efecto, dicho vicio invalidante no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 111.639, "Tangorra", sent. de 29-V-2013 y L. 117.922, "Díaz", sent. de 8-IV-2015).
Por lo demás, he de añadir que la alegación relativa a la omisión de tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del decreto 659/96 constituye materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causa L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010; e.o.).
III.1.b. Tampoco prospera el agravio dirigido a cuestionar la incapacidad fijada en orden al índice de la total obrera.
Como surge de la lectura de los antecedentes, el juzgador de origen concluyó que el accionante no había aportado prueba suficiente para determinar una capacitación especial para la realización de su "profesión habitual" y estableció la disminución laboral que padece el trabajador en relación a aquel índice (v. sent., fs. 426 vta.).
Frente a tales conclusiones, el cuestionamiento que contiene el recurso sólo evidencia la intención del impugnante de reemplazar el método escogido por el tribunal para determinar el porcentaje de incapacidad, por el que valora más conveniente a sus intereses, exhibiendo únicamente su disconformidad con la solución adoptada y soslayando aportar argumentos convincentes e idóneos para descalificar las motivaciones esenciales de la decisión.
Así, luce ineficaz para modificar lo resuelto la tesis expuesta en el recurso en cuanto a que el actor reclamó la reparación con relación a las "tareas habituales" y no a la "profesión habitual" como estableció el a quo .
Tal argumento contiene, en definitiva, un reproche a la interpretación que efectuó el sentenciante de los términos del reclamo contenido en la demanda con sustento en las disposiciones de la ley 24.557, -tarea que, en principio, le compete en forma privativa y sólo excepcionalmente podría ser revisada por esta Corte- y, a esos fines, debió haber denunciado y demostrado la absurda valoración de dicho escrito constitutivo del proceso y la violación del principio de congruencia y de las normas que lo receptan, carga que no satisfizo.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sustentado -en rigor- en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión del referido postulado y de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014 y L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016).
Finalmente, cabe recordar que, por las mismas razones expuestas en el punto anterior, la omisión de tratamiento del planteo acerca de la validez constitucional del decreto 659/96 efectuado por el demandante, resulta ajena a esta vía.
Sin embargo, y a mayor abundamiento, es dable destacar que, la forma en que el juzgador resolvió la controversia -reitero- fundando la solución adoptada en la ausencia de prueba aportada por el actor para demostrar su capacitación para el ejercicio de su "profesión habitual", tornó innecesario el tratamiento de aquella postulación.
III.2. Tampoco progresa el planteo referido a la actualización del importe de condena.
En primer lugar, el cuestionamiento vinculado al monto de la remuneración utilizada para la determinación del ingreso base establecido en el art. 12 de la ley 24.557 debe ser desestimado. Ello, en la medida que la fundamentación desplegada en el remedio bajo examen constituye el fruto de una reflexión tardía e ineficaz -por ende- para habilitar la apertura de la instancia extraordinaria (causas L. 87.670, "Sindicato Trabajadores Municipales", sent. de 28-VII-2004 y L. 88.051, "Olmedo", sent. de 11-XI-2009), pues no corresponde que la Suprema Corte considere temas que no han sido sometidos a conocimiento del tribunal de trabajo con el alcance que se les da en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 71.537, "Acuña", sent. de 8-XI-2000 y L. 96.120, "Jara", sent. de 26-VIII-2009).
Luego, la crítica fundada en el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las normas que consagran la prohibición de actualizar los créditos tampoco merece favorable recepción.
En casos sustancialmente análogos al presente, esta Corte ha desestimado agravios como el aquí examinado, convalidando la validez constitucional de las leyes 23.928 y 25.561, ratificando la derogación, a partir del 1 de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establezcan o autoricen la indexación de precios, por actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, impuestos, precios o tarifas, de los bienes, obras y servicios (causas B. 49.193 bis, "Fabiano", resol. de 2-X-2002; Ac. 86.304, "Alba", sent. de 27-X-2004; L. 86.189, "Correa", sent. de 29-VIII-2007; L. 92.958, "Da Silva", sent. de 3-VI-2009; L. 99.604, "Hoffstetter", sent. de 14-VII-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-XI-2011; L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012 y L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014), lo que resulta suficiente a los fines de dar respuesta al sub lite (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3. Con relación al agravio vinculado a la aplicación de la ley 26.773 en el caso, corresponde efectuar una consideración especial.
Esta Corte a partir del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) resolvió que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio.
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