Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120193
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.193, "M., J. B. contra Cooperativa de Trabajo Lourdes Ltda. y otro. Accidente de Trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 584/619 vta.).
Se dedujo, por Asociart ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 625/635 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés- hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor J. B. M. contra Cooperativa de Trabajo Lourdes Ltda. y Asociart ART S.A., por la que pretendía -con sustento en las disposiciones del derecho civil- una indemnización integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó mientras prestaba tareas para su empleador (v. fs. 584/619 vta.).
Para así decidir, tuvo por probado que el día 24 de junio de 2005 mientras el actor laboraba subido a una escalera en la bodega de un buque amarrado en el puerto de Mar del Plata, cumpliendo sus tareas de estibador para la cooperativa demandada, se le cayó una caja de pescado encima de su cuerpo, golpeándolo fuertemente en el miembro superior izquierdo y en la cara. Tuvo, además, por acreditado que el trabajador, como consecuencia del siniestro referido, sufrió graves traumatismos en su cara, cadera y rodilla izquierda, con fractura de maxilares, pérdida de cinco piezas dentales, fractura de los huesos de la nariz, fractura de codo izquierdo, de costilla del hemitórax derecho, de cadera izquierda, traumatismo de rodilla izquierda con lesión en los ligamentos y meniscos, traumatismo de hombro y muñeca izquierda. Agregó que a la fecha del accidente el accionante contaba con 56 años de edad y que la Comisión Médica Central graduó su déficit laborativo en el 74,5% del índice de la total obrera (v. vered. y sent., fs. 116/130 y segunda cuestión vered., fs. 586/590 vta.).
Tras apreciar en conciencia la prueba rendida, el sentenciante de origen consideró probado que la codemandada Cooperativa de Trabajo Lourdes S.A. no entregaba a los trabajadores -ni en este caso concreto al actor- los elementos de seguridad (casco, guantes, botas y ropa de frío) necesarios para desarrollar la tarea de estiba. Adunó que la compañía aseguradora Asociart ART S.A. recién a partir de febrero de 2006 -es decir, siete meses después de ocurrido el accidente de marras- comenzó a visitar a la empresa empleadora y a realizar las pertinentes recomendaciones detalladas por el perito ingeniero en su dictamen pericial, quien oportunamente se expidió sobre la existencia de medidas para evitar la caída de las cajas por pérdida de estabilidad, como -por ejemplo- la colocación de "redes alrededor de cada pallet, de forma tal que si las cajas se cayeran las mismas quedaran atrapadas en la red y evitar así, su rotura o que se pueda golpear a los operarios que se encuentran debajo a la espera de su descarga" (v. segunda cuestión vered., fs. 587 vta./590).
En dicho contexto, concluyó que el accidente de trabajo padecido por el actor fue causado por la caída de cajas de pescado sin la protección de la red que contuviera las cajas, es decir, por la inexistencia en el lugar de trabajo de los elementos de seguridad necesarios para evitar o aminorar los efectos de un accidente y así evitar dañar al trabajador (v. segunda cuestión vered., fs. 590).
Sobre dicha plataforma fáctica, en la sentencia, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 6, 8, 12 apartado 1, 15 apartado 2 párrafo segundo, 18, 19, 21, 22, 44 y 46 inc. 1 de la ley 24.557 (v. primera cuestión, fs. 593/601).
Luego, teniendo en cuenta que el actor había impetrado su demanda con sustento en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (actuales 1.721, 1.722, 1.724, 1.751, 1.757 y 1.758, Cód. Civ. y Com.) en procura de quedar íntegramente resarcido e indemne de los daños y perjuicios padecidos, el a quo efectuó el "test comparativo" entre el monto correspondiente a las prestaciones previstas en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo ($238.188,68) y aquel otro que le correspondería al amparo de la ley civil ($849.303,98 compuesta por la suma de $635.310,98 en concepto de daño material por aplicación de la fórmula establecida en la causa "Méndez" por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la de $195.993 por daño moral). Luego, tras considerar que la indemnización derivada de la ley 24.557 resultaba insuficiente para reparar integralmente el daño sufrido por el actor, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 39 apartado 1 de la mentada ley y 75 de la ley 20.744 (v. segunda cuestión sent., fs. 601 vta./604).
A continuación, el tribunal de grado juzgó configurados los presupuestos de responsabilidad objetiva previstos en los arts. 1.721, 1.722 y 1.723 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que condenó a la Cooperativa de Trabajo Lourdes Ltda. en su carácter de dueño o guardián y a Asociart ART S.A. como consecuencia del incumplimiento o deficiente cumplimiento -por acción u omisión- de los deberes de prevención, seguridad y control de los riesgos del trabajo que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo (v. sent., fs. 604/606 vta.).
Por lo dicho, hizo lugar a la reparación integral del daño sufrido por el actor por la suma de $628.169,01. Para arribar a dicho importe, al monto de la indemnización por el derecho común ($849.303,98) le descontó la suma de $221.134,97 percibida por el trabajador a tenor del pronunciamiento de fs. 118/131, para ser imputado $180.000 a prestación por incapacidad laboral permanente total (art. 15 inc. 2 , ley 24.557), $40.000 a prestación adicional de pago único (art. 11 inc. 4 "b")y $1.134,97 al anticipo de prestación de incapacidad permanente parcial (v. fs. 118/131; primera y cuarta cuestión del vered., fs. 586 vta., 591 y vta.; sent., fs. 605 vta. y 606).
Por último, dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la fecha en que entró a regir a tasa CAT, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; y a partir de la vigencia de la "tasa pasiva CAT (tasa digital, opción: plazo fijo tradicional)", la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días (v. tercera cuestión sent., fs. 606 vta./615 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia transgresión de los arts. 1, 14, 15, 21, 22 y 46 de la ley 24.557; decreto 559/97; 622 del Código Civil; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. rec., fs. 625/635 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, sostiene que el pronunciamiento de grado conculca el principio de congruencia (v. rec., fs. 629/631).
Refiere que el a quo -en diciembre de 2009- hizo lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por el accionante con el objeto de que Asociart ART S.A. le abonara, en un único pago, la indemnización que le correspondía conforme la ley 24.557, puntualizando que -en dicha oportunidad- su mandante cumplió en tiempo y forma con el pago total de la misma. En ese camino, arguye que de percibir el trabajador la indemnización ordenada en la sentencia "estaría cobrando dos indemnizaciones distintas por el mismo hecho, habría una duplicación en la reparación de los daños sufridos".
Agrega que la sentencia rebasó el marco de la demanda en términos cualitativos, en tanto la aplicación del fallo "Mendez" no fue pedido por el actor en ningún momento, afectándose el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el principio de bilateralidad.
II.2. En segundo término, alega que la sentencia atacada se aparta deliberadamente y sin justificativo de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, cuando "sin explicar los motivos" calcula la indemnización del señor M. por el siniestro sufrido, según el fallo "Mendez", apartándose de los parámetros de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Apunta que la mentada ley establece las obligaciones y los límites de la actuación de las compañías aseguradoras, habiéndose los sentenciantes apartado arbitrariamente de ella al decidir dogmáticamente elevar la cuantía del resarcimiento -ya abonado- mediante la sola invocación de una doctrina proveniente de un fallo jurisprudencial que no puede ser considerado como sustento válido del pronunciamiento de grado (v. rec., fs. 631/632).
II.3. Por último cuestiona los intereses aplicados al capital de condena.
Por un lado, afirma que no existe mora de la compañía aseguradora demandada que amerite la aplicación de intereses desde la fecha fijada por el tribunal. Al respecto, alega que los mismos deberían devengarse desde el vencimiento del plazo otorgado a su mandante para el cumplimiento de la sentencia (v. fs. 632/634 vta.).
Desde otroángulo y "para el hipotético caso" que se confirmara la aplicación de intereses, controvierte la utilización de la tasa pasiva CAT, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina legal emergente de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991); Ac. 49.987, "Magnan" (sent. de 16-VI-1992); Ac. 38.680, "Reyes" (sent. de 28-IX-1993); C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); entre otras que individualiza (v. rec., fs. 633/635).
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica fincada en la violación del principio de congruencia no resulta de recibo.
Ello así porque, evidenciando una deficiente técnica recursiva, la impugnante no ha denunciado la transgresión de las normas legales que receptan el indicado principio procesal ni de la doctrina legal de esta Corte al respecto. Tampoco ha invocado la absurda valoración, por parte del tribunal de grado (quien expresamente señaló que el actor impetró su demanda con sustento en las normas del Cód. Civ.; v. vered., fs. 584 vta. y sent., fs. 601 vta.) de los escritos constitutivos del proceso, falencias estas que -con arreglo a la jurisprudencia reiteradamente establecida por este Tribunal- evidencian la insuficiencia del agravio y sellan su suerte adversa.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, ni denuncia la violación de las normas procesales que se vinculan al principio que se estima vulnerado (causas L. 90.676, "Villalón", sent. de 31-VIII-2011; L. 118.109, "A., R. I.", sent. de 3-VI-2015 y L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016).
Semejantes deficiencias no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por el recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015 y L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
A ello cabe agregar, que en nada obsta a lo señalado la circunstancia de que la impugnante haya denunciado que el decisorio transgrede los derechos constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (v. rec., fs. 626 vta. y 630 vta.) ya que -como también lo ha aclarado este cuerpo- resulta ineficaz la denuncia de violación de derechos consagrados en la Constitución nacional, que en todo caso sería la eventual consecuencia de haberse primero infringido preceptos legales de la materia de que se trata y que no se ha acreditado (causas L. 109.322, "Barrientos", sent. de 19-IX-2012 y L. 106.464, "Nuñez", sent. de 24-X-2012).
III.2. Tampoco merece favorable recepción el agravio vinculado a la aplicación de la "fórmula Méndez" para calcular el quantum indemnizatorio que le fuera reconocido al trabajador en la sentencia en concepto de reparación integral del daño sufrido.
III.2.a. En primer lugar, corresponde puntualizar que es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión de hecho, y como tal, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014; L. 118.223, "Cáceres", sent. de 26-X-2016 y L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017; e.o.).
Bajo tales lineamientos, también se ha señalado que es facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 86.975, "Videla", sent. de 6-VI-2005 y L. 86.744, "Rodríguez", sent. de 23-IV-2008).
III.2.b. Tal como fuera reseñado, tras remarcar que el actor había impetrado su reclamo con sustento en las normas del Código Civil y con el objeto de calcular la indemnización debida al actor, el tribunal de trabajo recurrió -en primer lugar- a la fórmula propuesta por la ley 24.557 ($238.188,68; v. sent., fs. 601 vta. y 602).
A continuación, utilizó la "fórmula financiera o sistema de capital amortizable en el período de vida útil" establecido en el fallo emitido por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la causa "Méndez, Alejandro D. c/ Mylba S.A. y otro" para calcular la indemnización en concepto de daño material. En ese camino, individualizó cada uno de los componentes de la mentada fórmula y expuso los datos que consideraba pertinentes, señalando que el resultado de la misma ($653.310,98) era una suma justa y razonable para resarcir el daño material (v. sent., fs. 602 vta. y 603). A su vez, en atención al carácter de la lesión sufrida por el trabajador y las consecuencias que ellas le ocasionan para desarrollar todo tipo de actividades, no sólo laborales sino además de toda su vida, consideró procedente el reclamo en concepto de daño moral ($195.993; conf. art. 1.741, Cód. Civ. y Com., v. sent. fs. 603/604).
Luego de cotejar ambos montos, consideró que la suma proveniente de la ley 24.557 resultaba insuficiente para reparar integralmente el daño sufrido por el actor (v. sent., fs. 604), por lo que se atuvo a los montos precedentemente indicados en concepto de daño material y moral, por los que consideró que debía prosperar la reparación integral del daño sufrido por el trabajador (v. sent., fs. 602 vta./603 vta. y 605 vta.).
III.2.c. Lo expuesto indica que más allá de que pueda o no compartirse el método del que se valió el a quo para computar el quantum, lejos se encuentra de poder ser considerado irrazonable o ilógico, toda vez que fue elaborado a partir de los hechos principales acreditados en autos y conforme a parámetros explicitados.
En definitiva, no evidencia el recurrente que el tribunal de grado se haya apartado de las constancias objetivas de la causa ni que haya incurrido en un error grave y manifiesto configurativo de absurdo.
Corresponde reiterar que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditada tal anomalía extrema, ni tampoco puede esta Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito. El mentado vicio invalidante no queda configurado aun cuando el argumento del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, se requiere algo más: el error grave y manifiesto, que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 100.504, "Aredes", sent. de 28-XII-2011 y L. 101.011, "Nolasco", sent. de 6-III-2013; e.o.).
III.3. Lo expuesto en los apartados anteriores, resulta, asimismo suficiente para desechar los agravios traídos vinculados a la existencia de una "doble indemnización" o a la violación de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557.
III.4. Igual suerte adversa debe correr el cuestionamiento por medio del cual el impugnante pretende que se calculen los intereses desde el vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia, pues resulta manifiesta la carencia de suficiencia técnica en su formulación.
III.4.a. Reiteradamente ha sostenido el Tribunal que integro que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que carece de la indispensable denuncia de infracción de la norma vinculada al agravio que expone, exigencia ésta de insoslayable cumplimiento de conformidad con las prescripciones establecidas por la norma del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la parte interesada (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004; L. 92.220, "Dupleich Villegas", sent. de 19-X-2011 y L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011).
En el caso, la réplica traída no abastece la carga impuesta por el precepto procesal mencionado, en cuanto el recurrente omite denunciar el o los preceptos y, en su caso, la doctrina legal que considera quebrantados en el marco de la crítica ensayada (art. 279, CPCC).
III.4.b. Por lo demás, la omisa invocación de absurdo contribuye a evidenciar el inadecuado sustento de este segmento de la queja, desde que el agravio remite a la evaluación de las constancias y elementos probatorios obrantes en la causa, facultad privativa de los jueces de grado (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
Sobre el particular, cabe recordar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no cumple con la inexcusable carga de alegar el vicio de absurdo respecto de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 105.054, "Céccoli", sent. de 24-VIII-2011 y L. 97.914, "Iturralde", sent. de 7-III-2012).
III.4.c. Asimismo, cabe recordar al recurrente que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también los de otros tribunales, no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010 y L. 116.827, "Richino", sent. de 25-II-2015).
III.5. Por último, la crítica orientada a controvertir la tasa de interés cuya aplicación se determinó en el fallo en crisis, tampoco es de recibo.
El juzgador de origen dispuso que los intereses se liquidarían conforme la tasa de interés "pasiva digital o BIP" por el lapso que especificó (v. sent., fs. 615 vta./619 vta.). Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991); Ac. 49.987, "Magnan" (sent. de 16-VI-1992); Ac. 38.680, "Reyes" (sent. de 28-IX-1993); L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); entre otras que individualiza (v. rec., fs. 633/635).
III.5.a. Sobre la presente cuestión, esta Suprema Corte sostuvo -bajo la norma del art. 622 del Código Civil, cuando ni las partes ni la legislación especial han previsto una alícuota determinada- la "tasa pasiva de interés plazo fijo a 30 días", tal como surge de numerosos precedentes como en las causas Ac. 43.448, "Cuadern" (sent. de 21-V-1991) y A
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