Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120740
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.740, "Calcagno, Maximiliano Jesús contra QBE Argentina ART S.A. Accidente de trabajo. Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 238/256).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 312/329 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado, por mayoría, admitió la demanda deducida por el señor Maximiliano Jesús Calcagno contra QBE Argentina ART S.A. (actualmente Experta ART S.A., conf. fs. 279/312 vta.), y condenó a esta última a abonar el monto que especificó en concepto de diferencias por la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la ley 26.773 y de la resolución general de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16- y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas.
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, juzgó acreditado que el promotor del juicio padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 20% del índice de la total obrera (incluyendo los factores de ponderación) contraída en relación causal con el accidente de trabajo ocurrido el día 11 de septiembre de 2012, por el que le diagnosticaron neurodiscitis traumática del nervio cubital izquierdo. Agregó que QBE Argentina ART S.A., el día 15 de mayo de 2013, le abonó al aquí demandante la suma de $82.246,09 en concepto de la prestación dineraria de pago único en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por el 13% de incapacidad que le reconociera prima facie la Comisión Médica actuante (v. cuestión única del vered., fs. 238/239 vta.).
Sobre esa base, el voto mayoritario, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la nueva ley, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las sucesivas mejoras introducidas al sistema de riesgos del trabajo -en cuanto a los montos instituidos- debía aplicarse a las contingencias ocurridas aún con anterioridad a la fecha del decisorio que se encontraren incumplidas e impagas. En ese camino, remarcó que sólo el pago total quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, señalando que la mera aplicación de la ley actual a un hecho reparativo no consumado, no importaba retroactividad. Agregó que no puede castigarse al trabajador actor con el pago histórico reparatorio del infortunio laboral sufrido bajo la ley anterior, y que a la fecha de vigencia de la ley 26.773 se le hubiera abonado en forma mermada. Adunó que la decisión en modo alguno resultaba perjudicial para las aseguradoras, debido a la actualización permanente de las alícuotas que perciben en base al salario (v. sent., fs. 242/245 vta.).
Para sustentar dicha decisión, la opinión mayoritaria declaró de oficio la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, por encontrarlo en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de la aplicación inmediata de la nueva ley consagrado en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, ponderando, además, que tal modo de resolver era el que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, encontrándose en sintonía con el "principio de progresividad" reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Aquino" y en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. sent., fs. 245 vta. y 246).
Puntualizó que tal decisión no alteraba el principio de congruencia, ni lesionaba el derecho de defensa en juicio, ni las reglas del debido proceso, ya que la demandada pudo ejercer sin restricciones su derecho de defensa, articulando todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias (v. sent., fs. cit.).
En este contexto, puesto a determinar el importe de la prestación dineraria que le correspondería al trabajador con arreglo al sistema asistencial especial previsto en la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, lo cuantificó inicialmente en la suma de $132.373,43. Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias fijadas en la ley 26.773 (conf. resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16), fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $218.189 ($1.090.945 x 20%). A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $43.637,80). Seguidamente, procedió a descontar la suma efectivamente abonada por la aseguradora de riesgos del trabajo ($82.246,09), arrojando un saldo de $179.580,71, al que dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (septiembre 2012) y el último publicado (agosto 2016); arribando a un coeficiente de 2,92 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $524.375,67 por el que -por mayoría- declaró procedente la demanda (v. sent., fs. 246 vta.).
Sobre dicho importe adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital), en concordancia con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", sentencia de 11-III-2015 (v. sent., fs. 246 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la aseguradora de riesgos del trabajo denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil; 1, 11 apartado 4 inc. "c", 14 apartado 2 inc. "a" y 26 de la ley 24.557; 5, 6, 8 y 17 apartado 5 de la ley 26.773; 63 de la ley 11.653; del decreto 472/14; de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16 y de la doctrina legal que identifica (v. rec., fs. 312/329 vta.).
Expone los siguientes agravios:
II.1. Objeta el fallo, en tanto declaró de oficio y sin que hubiera mediado petición alguna de la parte actora en tal sentido, la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773. Alega que tal decisión vulnera el derecho al debido proceso, el de propiedad y el principio de congruencia, citando precedentes de la Cámara Nacional del Trabajo en apoyo de su postura. Denuncia que -para más- el juzgador declaró la inconstitucionalidad de la norma sin aportar argumentos que amparen sólidamente aquella definición (v. rec., fs. 317 vta./320 vta.).
II.2. Asimismo, se agravia de la aplicación al presente caso de las disposiciones de la ley 26.773 (v. rec., fs. 320 vta./325 vta.).
Afirma que el art. 17 apartado 5 de la ley citada es claro al establecer que la misma regirá para los infortunios laborales cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su publicación en el Boletín Oficial (26 de octubre de 2012). Señala que el art. 17 apartado 6 integra dicha regla general, haciendo referencia a la forma de actualizar los créditos emergentes de los infortunios cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la entrada en vigencia de la ley, y que -a su turno- el art. 8 de la referida normativa establece la posterior actualización semestral y automática de dichas prestaciones. Por último, refiere que el art. 8 del decreto 472/14 faculta a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a establecer los parámetros técnicos y metodologías de ajuste de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único y de los pisos mínimos que integran el régimen de reparación.
En ese contexto, resalta que el accidente del trabajador ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 y de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 y que la aplicación retroactiva de la norma afecta seriamente el patrimonio de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada a consecuencia directa de la ruptura de la ecuación económica financiera del contrato de afiliación. En apoyo de su argumentación, transcribe diferentes precedentes jurisprudenciales.
II.3. Desde otroángulo, cuestiona la forma en la que el tribunal de grado aplicó el índice RIPTE establecido en la ley 26.773 (v. rec., fs. 325 vta./328 vta.).
Argumenta que el piso prestacional establecido en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 (previsto para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 28 de febrero de 2017) ya se encuentra actualizado con arreglo al citado índice RIPTE, conforme lo establecido en el art. 8 del decreto 472/14. Luego -prosigue- resulta absolutamente confiscatoria y arbitraria la decisión del juzgador por la que actualizó nuevamente el piso prestacional a través del RIPTE contemplando los índices de septiembre de 2012 y agosto de 2016; generando un enriquecimiento sin causa y vulnerando su derecho constitucional de propiedad. En este sentido, denuncia violación de los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) de este Tribunal y CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (v. fs. 325 vta./328 vta.).
II.4. Por último, critica la parcela del fallo por la que se la condena a abonar intereses conforme la tasa pasiva denominada digital. Afirma que lo resuelto no se ajusta a la doctrina legal que emerge de los precedentes L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014); entre otras (v. rec., fs. 328 vta. y 329).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 238/239 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la Secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 239 vta.) ni la sentencia (v. fs. 256), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 256 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar que la crítica vinculada al hecho que el tribunal emprendió de oficio el control constitucional del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 no puede tener favorable recepción.
Es sabido que los jueces se encuentran habilitados para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las normas, sin que los argumentos que introduce la quejosa resulten idóneos para rebatir esa conclusión (conf. opinión del doctor Soria a la que el suscripto adhiriera en la causa C. 92.262, "Zarantonello", sent. de 10-VI-2009 y causas L. 92.297, "Ferreyra", sent. de 23-III-2010; C. 85.355, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-III-2013; e.o.; y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Mill de Pereyra, Rita Aurora c/ Provincia de Corrientes", sent. de 27-IX-2001, publicado en La Ley de 5-XII-2001; "Banco Comercial de Finanzas S.A. (en liquidación Banco Central de la República Argentina) s/ Quiebra", sent. de 19-VIII-2004; V.281.XLV, "Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ recurso de casación", sent. de 31-VIII-2010, Fallos: 333:519; R.401.XLIII, "Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios", sent. de 27-XI-2012; e.o.).
Es que, por un lado, la impugnante ha tenido la oportunidad de defenderse (invocando todos los argumentos que a su juicio demuestren la validez constitucional de la normas impugnadas por el tribunal de grado) al deducir el recurso extraordinario (lo que resulta compatible con la postura asumida por la Corte federal a partir del caso "Mill de Pereyra" antes citado) y, por el otro, el principio de congruencia no puede reputarse violado cuando el órgano judicial, sin alterar la estructura de la relación procesal, se limita a declarar las normas aplicables (o inaplicables) al caso, típica atribución jurisdiccional amparada por el principio iura novit curia .
En ese sentido, ha declarado esta Corte que no existe violación del principio de congruencia ni de la garantía de defensa por el hecho de que el tribunal haya declarado de oficio la inconstitucionalidad de una norma (causas C. 94.663, "I., M. L.", sent. de 18-II-2009 y L. 116.859, "Mudryk", sent. de 1-VII-2015).
III.3. Aclarado ello, considero que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia ordinaria.
Sobre el particular, he de insistir -tal como lo hiciera en el precedente L. 118.252, "Garro", sentencia de 12-IV-2017- que la ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.4. Sentado lo anterior, y siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el citado precedente L. 118.695, al que por razones de brevedad remito, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa, esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es, el 11 de septiembre de 2012, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe casar la sentencia en este aspecto. En virtud de ello, siendo que el caso bajo examen cae dentro de la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones efectuadas por los decretos 1.278/00 y 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que -con otra integración- dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.5. A tenor de lo decidido en los apartados anteriores, se torna inoficioso abordar las críticas vinculadas al modo de aplicación del índice RIPTE al capital de condena.
III.6. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.6.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 246 vta.).
III.6.b. Ante ello, la impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada de la causa L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013 (v. rec., fs. 328 vta./329 vta.).
III.6.c. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen intereses a partir de la presente sentencia..."; sent., fs. 246 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 (conf. resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16) al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de tal norma, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen -con diferente integración- por los motivos expuestos en el punto III.4., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.7. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, cabe exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni pue
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