Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120908
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.908, "Bedoya, Luciano Marcelo contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la demanda promovida contra la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, imponiéndole las costas (v. fs. 367/382).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 389/397).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen admitió la demanda promovida por el señor Luciano Marcelo Bedoya contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a ésta a abonar la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- con más el índice RIPTE (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773 (v. sent., fs. 370/382).
Resolvió de ese modo porque juzgó probado en el veredicto que el día 25 de enero de 2010, a raíz del infortunio padecido mientras se dirigía a su hogar luego de la jornada de trabajo - in itinere -, el actor padece secuelas de traumatismo de hombro derecho con limitación de la movilidad, que lo incapacitan en un 6% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 368).
En la sentencia, tras declarar de oficio la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 374/377), se propuso determinar el importe indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, aplicando la fórmula allí prevista ($3.455,5 -IBM conforme recibos de haberes- x 53 x 6% x 2,09 -65/31-), por la que obtuvo la cifra de $22.965,94 (v. últ. fs. cit.).
Empero, tras declarar aplicable al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, fijó el quantum de la referida prestación sistémica en la cifra de $56.587,14 ($943.119 x 6%).
A dicho importe, adicionó -además- el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, que asciende a $11.317,42 (v. fs. 377 vta.).
Luego, consideró que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de enero de 2010 (344,73) y mayo de 2016 (2.062,33) arrojaba un coeficiente de 5,98, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $406.069,26 (v. sent., últ. fs. cit.).
Finalmente, atento el modo de resolver, dispuso que al monto de condena resultante se le aplicarán intereses desde la sentencia y hasta su efectivo pago conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., últ. fs. cit. in fine ).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la Fiscalía de Estado denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; de las leyes 23.928 y 25.561; de los decretos 1.694/09 y 472/14; de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 de la ley 11.653. Asimismo, invoca transgredida la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Considera arbitraria la actuación de una normativa dictada con posterioridad al acaecimiento del infortunio que motiva el reclamo de autos.
Manifiesta que incurre en absurdo el tribunal al diferenciar entre consumación del hecho reparativo y del hecho dañoso, desconociendo cualquier fundamento normativo o doctrinario.
Argumenta que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto es un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como la ultima ratio del orden jurídico, por lo que entiende que resulta contradictorio que la declare luego de plantear que no hay irretroactividad.
En este orden, con cita de fallos de esta Corte y del Superior Tribunal nacional, postula que lo resuelto no tiene asidero suficiente, dado que no fundamentó la insuficiencia del régimen de prestaciones vigente.
Por otro lado, con cita de los precedentes "Staroni" y "Espósito", alega que el art. 17 apartado 5 de la citada ley 26.773 fija el momento de su entrada en vigencia, resultando el apartado 6 complementario de esa disposición en cuanto determina el modo en que debe efectuarse el cálculo del RIPTE con relación a las prestaciones dinerarias.
II.2. Subsidiariamente, denuncia la errónea aplicación del decreto 472/14 -sin declarar su inconstitucionalidad-, por cuanto utilizó el piso de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, y a ello le aplicó nuevamente el índice RIPTE como coeficiente.
II.3. Desde otroángulo, se agravia de la aplicación, al caso, del art. 3 de la ley 26.773, en tanto, sostiene, no corresponde cuando se trata de accidentes in itinere .
Manifiesta que también así lo ha entendido la jurisprudencia, sosteniendo que no se puede hacer responsable al empleador por la inseguridad vial, la violencia o la falta de atención personal al caminar.
II.4. Retomando la cuestión relativa al modo de aplicación del RIPTE y del decreto 472/14, plantea que éste establece que se ajustarán los pisos mínimos y las prestaciones adicionales de pago único solamente.
Asimismo, alega que el modo utilizado por el tribunal de grado para ajustar las prestaciones contradice lo expuesto en las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación de los créditos.
II.5. Finalmente, objeta la aplicación de la citada resolución 1/16, en tanto aduce que no corresponde que la prestación se calcule conforme el mínimo que establece la vigente al momento del dictado de la sentencia, sino la de la fecha del evento dañoso.
Siguiendo ese razonamiento, entiende que debió aplicarse el piso del decreto 1.694/09, que lo fija en $180.000.
III. El recurso prospera.
III.1. De manera liminar, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, se impone destacar que el veredicto de fs. 367/368 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47, ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 368 vta.) ni la sentencia (v. fs. 382), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. últ. fs. cit.).
Al respecto, cabe precisar que, si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.3. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta el recurso, asiste razón a la impugnante en cuanto sostiene que el tribunal aplicó erróneamente al caso la ley 26.773.
III.3.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia, tal como lo señalé en el precedente L. 118.252, "Garro" (sent. de 12-IV-2017).
Al respecto, habré de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que cabe revocar la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.3.b. En lo que concierne al fondo del cuestionamiento, el agravio también debe prosperar conforme los fundamentos expuestos por este Tribunal, por mayoría, en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Allí se estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016 y L. 118.202, "B. T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
III.3.c. En consecuencia, teniendo en consideración que a la fecha de ocurrencia del accidente del trabajador, esto es, el 25 de enero de 2010, se encontraba vigente la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso, en cuanto cuestiona que en el fallo se dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), cuya inaplicabilidad se declara.
III.4. En función de lo resuelto precedentemente, donde se propuso revocar la aplicación al caso de la ley 26.773, han perdido virtualidad las críticas concernientes a si corresponde o no el adicional establecido en el art. 3 de dicha normativa a un accidente in itinere , así como el agravio relativo a los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión, y la denuncia en torno a la errónea aplicación del decreto 472/14 y de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16.
Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas Ac. 62.281, "Macchi", sent. de 4-VI-1996; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.252, cit.).
III.5. Finalmente, en cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, si bien no ha sido materia de agravio, cabe manifestar lo siguiente.
III.5.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 377 vta. y 380).
III.5.b. Ante ello, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia..." , sent. fs. 377 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha de la sentencia.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de esa norma, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dicho precepto.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen -con diferente integración- por los motivos expuestos en el punto III.3.c., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.6. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.2. de este voto, cabe exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado del veredicto y sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto y la omisión del actuario de rubricar el veredicto y la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los jueces de grado a la doctrina legal de esta Suprema Corte actualmente vigente, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia en garantía de la igualdad, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio allí sentado, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653; 15, Const. prov.).
Máxime, cuando -como acontece en el caso- esa falta de sometimiento a las directrices que este Superior Tribunal delineó con relación a la vigencia temporal de las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 por los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y la ley 26.773, implicó que tales magistrados arribaran a un resultado indemnizatorio que luce cuantitativamente exorbitante.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, y dispuso la aplicación del índice RIPTE allí previsto, cuya constitucionalidad e inaplicabilidad al caso se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de la instancia ordinaria para que nuevamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.3. y III.5. de este voto, atendiendo -además- a los planteos y defensas esgrimidas por las partes.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero al voto del distinguido colega doctor Pettigiani, y solo habré de agregar, respecto de la decisión de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (punto III.3.a. de su sufragio), que lo hago de conformidad con los argumentos vertidos por el doctor Soria en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a los que remito por razones de brevedad, puesto que una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (causa "Staroni", a la que luego me he de referir) como con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Esposito" a la que también aludiré más tarde.
I.2.a. En la mencionada causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.2.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II. Suscribo especialmente las manifestaciones vertidas en el punto III.6. por el señor ministro preopinante.
III. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con los alcances fijados en el punto IV del voto emitido en primer término.
Con costas (art. 289, CPCC).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me re
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.