Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121093
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.093, "Viera, Vanesa Karina contra Fiscalía de Estado. Accidente in itinere ".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 375/387 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 397/404).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente in itinere que sufrió el día 7 de octubre de 2010, mientras se trasladaba desde su domicilio hacia su trabajo, la señora Vanesa Karina Viera -guardiacárcel de la Unidad Penitenciaria Bonaerense n° 16 de Junín- padece una incapacidad laboral permanente parcial que la invalida en un 42% del índice de la total obrera. Asimismo, tuvo por reconocido que percibió, por parte de Provincia ART S.A., la suma de $22.778,34 en concepto de prestación por incapacidad permanente, parcial y definitiva, con fecha 8 de febrero de 2012 (v. vered., fs. 375/376).
En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, el juzgador de grado condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16- con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables –RIPTE- (art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
Al respecto, con apoyo en lo decidido por el tribunal en otras causas y a la luz del principio de aplicación inmediata de la ley consagrado en el art. 3 del Código Civil, expresó -con cita de doctrina- que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1.694/09 a aquellos "...infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17 de la C.N.), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador otorgándole una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad (arts. 75 inc. 22 y 23, C.N. y los tratados internacionales reconocidos en el inc. 22)..." (sent., fs. 381/382).
Determinó -en igual línea- que la ley 26.773 debía aplicarse en cuanto a los montos instituidos a las contingencias acaecidas antes de la fecha de entrada en vigor de dicho texto legal, que se encontraran incumplidas e impagas aunque fuera parcialmente y, en ese caso, conforme la ley vigente al momento del pago antes indicado. Agregó que sólo el pago total (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a la ley que rige en el momento de colocar las cosas en el lugar que se encontraban antes del daño, sin que haya retroactividad por la aplicación de la ley actual al hecho reparativo no consumado íntegramente (v. sent., fs. 382 vta.).
En definitiva, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (art. 7, Cód. Civ. y Com.). Adunó a lo expuesto que tal solución "...es la que se adapta con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad reconocido por la CSJN en el Caso 'Aquino' (entre otros) y recepcionado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su art. 26, no alterándose con la decisión que propicio el principio de congruencia, ya que se otorga la indemnización tarifada y no se incluyen como condena rubros no peticionados. Tampoco se lesiona el derecho a la defensa en juicio de la accionada, ni las reglas del debido proceso, ya que la aseguradora demandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa..." (sent., fs. 382 vta. y 383).
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante lo cuantificó inicialmente en la suma de $109.930,56 (v. sent., fs. 383 vta.).
Empero, tras declarar aplicable al caso el "piso" indemnizatorio establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, determinó que la prestación no podía ser inferior a $458.196,90. A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $91.639,38).
A continuación, a la suma resultante dispuso descontar lo ya abonado por la aseguradora ($22.778,34) y luego "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (octubre 2010) y el último publicado (enero 2017); arribando a un coeficiente de 5,54 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $2.919.900,98 (v. sent., últ. fs. cit.).
Finalmente, dispuso aplicar intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 44 de la ley 11.653; 17 y 18 de la Constitución nacional; decretos 1.694/09 y 472/14; leyes 23.928 y 25.561; y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773 -mientras era aplicable el decreto 1.694/09-, lo resuelto deviene absurdo al confundir los conceptos de "derecho adquirido" y "pago", transgrediendo -asimismo- la doctrina legal emergente de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y lo resuelto -en idéntico sentido- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito"
Critica también la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 (v. fs. 398/400).
II.2.a. Señala que aun cuando se aceptara la aplicación retroactiva de la ley 26.773, el a quo lo hizo erróneamente al utilizar el índice RIPTE sobre el piso establecido en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16.
II.2.b. Argumenta que la prestación adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 es inaplicable al caso, desde que la propia norma establece que para su procedencia el infortunio debió acaecer en el lugar de trabajo o encontrándose el dependiente a disposición de su principal; circunstancias no verificadas en la causa.
Dicho criterio -afirma- resulta corroborado en el citado precedente "Espósito" de la Corte federal, del que extrae que la indemnización de referencia no se aplica a los casos de accidentes in itinere .
Agrega -para más- que la citada prestación tampoco podría prosperar por cuanto, encontrándose destinada a compensar daños no reparados, se desprende de la prueba producida que, en el caso, la gerenciadora del autoseguro se hizo cargo de los gastos de traslado y atención médica de la reclamante (v. fs. 400 vta./402).
II.2.c. Objeta la aplicación al caso de la resolución general 387/16 por no encontrarse vigente al momento del infortunio (v. fs. 402 y vta.).
II.2.d. Finalmente, se agravia por cuanto el juzgador de grado no aplicó las pautas establecidas en el decreto 472/14, sin siquiera declarar su inconstitucionalidad.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. En principio, se impone señalar que el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte, en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), resolvió -por mayoría- declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 que consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, excepción que también resulta aplicable en los supuestos en que éste deduzca un recurso extraordinario en representación de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.390, "González" y L. 118.168, "Grismau", resoluciones de 26-III-2015; L. 118.403, "Bruch"; L. 118.045, "Chocobar" y L. 118.193, "Liporace", resoluciones de 1-IV-2015; entre otras, sin que se adviertan aportadas razones que justifiquen -en la especie- apartarse de la doctrina allí establecida por este Tribunal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Antes de adentrarme en el análisis de los agravios que porta el recurso, considero necesario poner de manifiesto que el veredicto de fs. 375/376 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 376 vta.), ni la sentencia (v. fs. 386 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.3. Aclarado lo que antecede, habré de señalar que merece favorable recepción la crítica que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.3.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
Sobre el particular, he de insistir en que en lo atingente al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la referida ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) -como ya lo dijo esta Corte- ha reiterado aquella regla general contenida en normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
En este marco, es dable recordar que si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, tal como lo sostuvo el a quo en su sentencia.
III.3.b. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773 esta Corte ha reiterado -como principio- el referido criterio adoptado en torno a las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia, lineamiento establecido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), a la que por razones de brevedad remito, en sentido concordante con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
III.3.c. A tenor de lo hasta aquí señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 7 de octubre de 2010, se encontraba vigente la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09, corresponde revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena, con apoyo de la ley 26.773, (B.O., 26-X-2012), norma cuya inaplicabilidad se declara.
III.4. En atención a lo resuelto en el apartado anterior, deviene abstracto el tratamiento de la crítica dirigida a impugnar el modo en que el a quo hubo de calcular la prestación adeudada a la actora con arreglo a las disposiciones de la ley 26.773 -y sus complementarias- y la aplicación al caso del art. 3 de este último dispositivo legal (punto II.2. de este voto; v. rec., fs. 401/402 vta.; causas L. 98.067, "Roldán", sent. de 9-XII-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014).
III.5. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.5.a. El tribunal de trabajo dispuso "...atento al particular modo de concluir..." que tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 383 vta.).
III.5.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento al particular modo de concluir [...] se le aditen los intereses a partir de la presente sentencia...", sent., fs. cit.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente a la trabajadora a través de una normativa que aquí se declara inaplicable y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde esta última fecha.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE, como así también la utilización de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16, y el art. 3 de la ley 26.773, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el a quo en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.6. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.2. de este voto, me veo compelido a exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de indicación de fecha y lugar en el veredicto, como también la omisión de la actuaria de rubricar el veredicto y la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los jueces del tribunal a quo a la doctrina legal actualmente vigente de esta Suprema Corte, cuyo acatamiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia de grado en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria que le corresponde abonar al Fisco de la Provincia de Buenos Aires con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, norma cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
II. En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Al respecto discrepo con el voto de mi distinguido colega doctor Pettigiani, por las consideraciones que a continuación habré de desarrollar.
II.1. Invirtiendo el orden de tratamiento de los agravios propuestos por cuestiones metodológicas, habré de señalar que, en mi opinión, no acierta el interesado al cuestionar la decisión con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso bajo examen de las prescripciones contenidas en la ley 26.773 conforme las pautas establecidas en la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 para calcular la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
II.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, en cuanto a que la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.