Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 62295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora doctor Daniel Jorge Héctor Bisio en la suma de … pesos -$...- y del letrado patrocinante doctor Roberto Santiago Amantia en la suma de … pesos -$...- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 62.295, "Mele, Miguel A. y otro c/Munic. de Gral. San Martín".
Miguel Ángel Mele y Gabriel Aníbal Gigena, por apoderado, promueven demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General San Martín, solicitando se declare la nulidad del decreto 282/00 dictado por el Intendente municipal con fecha 8-III-2000, por el que se dispusiera el cese en sus funciones.
Como consecuencia de la nulidad pretendida, reclaman su reincorporación en el cargo y el pago por los daños y perjuicios sufridos, con expresa imposición de costas.
Asimismo, solicitan como medida cautelar, la suspensión de la ejecución del acto administrativo cuestionado en virtud del perjuicio irreparable que tal ejecución les provoca (v. fs. 89/90).
Este Tribunal por resolución de fecha 28-II-2001 no hizo lugar a la tutela precautoria requerida en la demanda (v. fs. 95).
Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de General San Martín y al contestar la demanda por intermedio de apoderado solicita su rechazo.
Agregadas las actuaciones administrativas, producida la prueba ofrecida, no habiendo hecho uso las partes del derecho de alegar, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relatan los actores que el intendente dictó el decreto 282/00 y anuló designaciones de personal municipal del año 1998 que ya pertenecían a la planta permanente de la comuna.
Alegan la ilegitimidad de dicho acto, ya que transcurridos doce meses de dichos nombramientos adquirieron la estabilidad prevista en el art. 7 de la ley 11.757.
Sostienen también la arbitrariedad del acto cuestionado dado que, según entienden, el Intendente carece de facultades para anular actos administrativos que hayan generado derechos subjetivos según lo establece la ordenanza general 267/80 (art. 114).
Expresan que, si bien la ley permite a la Administración anular de oficio sus decisiones, debe hacer uso de esa potestad antes de su notificación al interesado.
Plantean que la insuficiencia presupuestaria alegada para disponer su cese resulta infundada y que la propia demandada ha tenido conciencia en el acto dictado, tercer párrafo, que los agentes gozaban de la estabilidad.
Fundan su derecho en la Constitución nacional (art. 14 bis) y la ley 11.757, que establece las causas y procedimientos por los cuales el agente con estabilidad puede perderla (arts. 7, 11 y 15).
Solicitan se declare la inconstitucionalidad del decreto 282/00 y se dicte medida cautelar suspendiendo sus efectos hasta tanto este Tribunal resuelva el caso.
Como consecuencia de la privación de sus trabajos, solicitan el pago de los daños y perjuicios sufridos desde el despido ilegítimo hasta su reincorporación. Pretenden también el cobro de una indemnización por el daño moral padecido.
II. Este Tribunal resolvió rechazar las medidas cautelares solicitadas por los actores por no encontrarse suficientemente acreditado el perjuicio irreparable ocasionado con la ejecución de la medida cuestionada en autos (v. fs. 95).
III. La apoderada de la Municipalidad de General San Martín al contestar el traslado solicita que se rechace la demanda, con costas.
Explica que conforme surge del legajo personal del señor Mele, la relación comenzó el 1 de abril de 1997 como personal temporario y a partir del 1 de mayo de 1998 se lo nombró en forma transitoria en la categoría obrero clase V. Luego, a partir del 30 de diciembre de 1998 es pasado a disponibilidad de la Dirección de Recursos Humanos y pasa a prestar servicios en comisión al Honorable Concejo Deliberante.
Indica que por expediente 2509-I-00 se dispuso la anulación del decreto de designación y el cese en sus funciones a partir del día 8 de marzo de 2000 y se autorizó a la Subdirección de Sueldos a liquidar los haberes que pudieran corresponderle.
Respecto de Gabriel Gigena, relata que surge del legajo que comenzó la relación laboral el 1 de mayo de 1993 como contratado de servicios y el 1 de mayo de 1998 fue designado en la categoría de profesional "A" con treinta y cinco horas semanales de labor por decreto 767/98, para cumplir funciones en la Dirección General de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.
El 10 de agosto de 1998 pasó a prestar servicios en la Dirección General de Proyectos y Control dependiente de la Dirección de Obras y Servicios Públicos. El 31 de mayo de 1999 pasó a la Dirección de Obras Particulares y Ordenamiento Urbano y Catastro Físico y se le dio de baja el 8 de marzo de 2000 mediante decreto 282/00.
Expresa que la motivación de la decisión se evidencia con la transcripción del decreto 282/00 que fue debidamente notificado a los actores.
Indica que la plantilla de personal se encontraba sobredimensionada en su número. Explica que durante los años 1998 y 1999 la comuna tuvo el mismo presupuesto que para el año 1997, donde se había previsto una planta permanente de 2.885 agentes y ese número se vio sobrepasado excediendo las previsiones presupuestarias, tornándolas ilegítimas, antijurídicas y los actos administrativos de designaciones anulables conforme lo prescribe el art. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Indica que el art. 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: "La formulación y aprobación del presupuesto deberá ajustarse a un estricto equilibrio fiscal, no autorizándose gastos sin la fijación de los recursos para su financiamiento. La ejecución del presupuesto deberá adecuarse al objetivo del equilibrio fiscal, conforme la programación que tenga en cuenta la necesaria correspondencia entre la generación de los recursos respectivos".
Argumenta que el Concejo Deliberante debe sancionar el presupuesto de gastos y cálculo de los recursos según lo establecido en el art. 34 del mencionado cuerpo legal. Sin embargo, teniendo en cuenta que en los años 1998 y 1999 el presupuesto no fue sancionado, por imperio del art. 37 último párrafo de la citada ley, el Intendente de turno debió haberse remitido al presupuesto del año 1997, manteniendo la planilla de personal de planta permanente inalterable y no efectuar nuevas designaciones, pues las mismas se tornarían ilegítimas, tal como ocurrió, señala, en los supuestos de autos.
Concluye que los nombramientos así dispuestos resultan irregulares.
Agrega a ello que las designaciones no se efectuaron de acuerdo a las pautas estatutarias, no se respetó lo prescripto por el art. 4 de la ley 11.757, ya que el ingreso a la función pública debe efectuarse en la categoría correspondiente al grado inferior de la clase inicial de cada agrupamiento, mediante concurso o procedimiento especial de selección, debiendo acreditarse el cumplimiento de los requisitos que para el desempeño del cargo se establezca legal y reglamentariamente.
Indica que, de la lectura de los actos de designación de los accionantes, decretos 643/98 y 767/98, surge que el citado concurso o procedimiento especial de selección no se llevó a cabo en el caso de los demandantes, por lo que el acto administrativo de designación ostenta el carácter de irregular, y como tal puede ser anulado de oficio por la Administración Pública.
Como también que tales nombramientos carecieron de motivación, basando el nombramiento en la necesidad de contar con personal de planta permanente, de lo que se deriva, a su juicio, la irregularidad del acto, por no ajustarse a las normas estatutarias del personal municipal, violando lo dispuesto en los arts. 4, 25, 26 y concordantes de la ley 11.757.
Con tales argumentos concluye que las designaciones, no solo de los actores sino de la totalidad de los agentes cesanteados por el decreto 282/00, tenían el carácter de irregulares, resultando legítimo el acto administrativo posterior que dispuso el cese de los agentes.
Por otra parte, pone de relieve que las autoridades entrantes deben subsanar las irregularidades cometidas por administraciones anteriores, al margen de la responsabilidad que a aquellos les quepa, aduciendo ser pasibles de sanciones si no proceden en consecuencia.
Acompaña los informes emitidos por la Subdirección de Sueldos en el que se detalla la dotación de personal de planta permanente correspondiente a los años 1998, diciembre de 1999, enero, febrero y marzo del año 2000 de los que surge que el número de agentes permitidos por la ordenanza presupuestaria de 1997 se encuentra excedido.
Respecto del pago de una indemnización por los daños y perjuicios solicitados por los actores contesta que no corresponde ningún tipo de indemnización dado que no hubo una separación injustificada e ilegítima del empleo, sino que la medida dispuesta es plenamente legítima y motivada.
Con relación al pedido de pago por el daño moral sufrido, entiende que tampoco puede prosperar en tanto no basta mencionarlo o alegarlo sino probarlo.
Cita jurisprudencia de este Tribunal en apoyo de sus argumentos para rechazar la demanda.
IV. De las actuaciones administrativas y las constancias de la causa, surgen las siguientes circunstancias útiles para resolver la cuestión:
IV.1. A fs. 1/4 obra el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio interpuesto contra el decreto municipal 282/00 por varios de los empleados declarados cesantes, entre ellos el señor Mele.
IV.2. A fs. 7/8 consta informe de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de General San Martín del que se desprende que el señor Mele ingresó a la Municipalidad el 1 de abril de 1997 y el 1 de mayo de 1998 fue designado como Obrero clase V, con cuarenta y cuatro horas semanales de labor en comisión en el Honorable Concejo Deliberante. Consta como baja el 8 de marzo de 2000 disponiendo la anulación de los decretos de designación y el cese de sus funciones.
IV.3. A fs. 13 luce copia de la carta documento enviada el 15 de marzo de 2000 al señor Mele por la que se le notificó el dictado del decreto 282/00 con la transcripción de dicho acto.
IV.4. A fs. 15 obra copia del decreto 282/00 y anexo (v. fs. 17/18 constan alcanzados por la decisión los agentes Gabriel Aníbal Gigena y Miguel Ángel Mele).
IV.5. A fs. 50/57 se agrega una copia del legajo del señor Mele.
IV.6. A fs. 70 luce copia de solicitud de pronto despacho presentada por, entre otros recurrentes, el señor Mele.
IV.7. A fs. 112 se encuentra agregado copia fiel del legajo del señor Gabriel Aníbal Gigena. De su foja de servicios surge que ingresó a la comuna mediante un contrato de servicios del 1 de mayo de 1993, y en lo que al caso interesa, se registra el 21 de mayo de 1998 su designación transitoria en la categoría profesional "A", con treinta y cinco horas semanales (dec. 767/98), cumpliendo funciones para distintas dependencias de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos hasta el 8 de marzo de 2000 que se dispuse la anulación de su designación y cese mediante decreto 282/00 (v. fs. 114 vta.). Se registra que el 17 de marzo de 2000 interpuso recurso de revocatoria (v. fs. 116).
IV.8. De fs. 124/152 obra copia de memorándum realizado por la Subdirección de Sueldos de la comuna en el que informa el total de personal de planta permanente existente en el año 1998, diciembre de 1999, enero, febrero y marzo de 2000 (en todos los casos superan los tres mil agentes).
IV.9. De fs. 153/174 se agrega ordenanza presupuestaria de 1997 en la que se prevé como personal una cantidad de 2.885 agentes (v. fs. 174).
IV.10. A fs. 175/176 constan las designaciones en planta permanente de los demandantes, copia del decreto 767/98 del agente Gigena y el decreto 643/98 del agente Mele.
V. La cuestión litigiosa se circunscribe a determinar si la Administración se encontraba habilitada para anular, oficiosamente, los decretos de designación de los actores.
La Municipalidad sostiene que al dictar el decreto 282/00 ha restablecido la juridicidad, en tanto las designaciones fueron realizadas superando las previsiones presupuestarias, además de no respetarse las normas estatutarias. Por su parte los accionantes sostienen la falta de veracidad de la causal esgrimida en el quiebre del derecho a la estabilidad.
Es necesario de este modo determinar si la potestad anulatoria ex officio ha sido ejercida legítimamente, para luego analizar si tal obrar ha vulnerado el derecho a la estabilidad en el empleo público.
VI. Adelanto mi postura adversa al progreso de la demanda, destacando que la presente cuestión ya ha sido abordada por esta Suprema Corte en las causas B. 63.148, "Escobar", sentencia de 5-V-2010; B. 62.091, "Arauz" y sus acumuladas B. 62.075, "Labandeira"; B. 62.736, "Alonso" y B. 62.737, "Ñajari", sentencia de 20-III-2013; B. 61.844, "Martínez", sentencia de 14-V-2014, en las que se puso en tela de juicio la legitimidad del decreto 282/00 que aquí se impugna.
Este Tribunal ha dicho que la potestad anulatoria de la Administración se halla necesariamente vinculada a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo objeto de la misma (conf. doctr. arts. 5, CCA; 113, 114 y 117, dec. ley 7.647/70; causas B. 49.638, "Freindenberg", sent. de 30-X-1990 y sus citas; B. 51.447, "Pari", sent. de 9-V-1995; B. 54.310, "Martínez", sent. de 21-IV-1998; e.o.), habiendo entendido que el vicio que torna al acto en irregular, sometiéndolo a la anulación oficiosa, radica en la afectación grave de todos o algunos de sus elementos esenciales (conf. doctr. causas B. 49.516, "Aguerrebehere", sent. de 12-VI-1986; B. 49.638, cit.; B. 52.002, "Reynoso", sent. de 14-IV-2002; B. 53.339, "R., A. F.", sent. de 9-V-1995; e.o.). Esa atribución de revisar el actuar propio es un reflejo del poder de autotutela, que capacita a la Administración para proteger por sí misma, sin necesidad de recabar la tutela judicial, ciertas situaciones jurídicas en defensa de la legalidad (conf. Giannini, M. S.; La giustizia ammnistrativa , Roma, 1959, pág. 21 y sigs.; Garrido Falla, Fernando; Tratado de Derecho Administrativo , 9na. Edición, Madrid, 1985, Vol. I, pág. 707; Montserrat Cuchillo Foix; La revisión de oficio y la revocación en la L.R.J.P.A.C. , en V.A., Administración Pública y Procedimiento Administrativo , Tornos Mas, J. -Coordinador- Barcelona, 1994, págs. 347/348; Bocanera Sierra, R.; La revisión de oficio de los actos administrativos , Madrid, 1977, pág. 217 y sigs.), permitiéndole retirar del ordenamiento el acto gravemente inválido. Ahora bien, en su ejercicio la atribución referida no está exenta de limitaciones que la misma legalidad impone en salvaguarda de bienes jurídicos (B. 59.953, "Taberner de Ávila", sent. de 16-VI-2004; e.o.).
Como se adelantara, el ejercicio de la potestad anulatoria por la Administración Pública se encuentra necesariamente vinculado a la dilucidación de la regularidad del acto administrativo (arts. 5, CCA, 113, 114 y 117, dec. ley 7.647; DJBA, Tomo 120, pág. 85; Tomo 122, pág. 397; entre muchos), cuya tipificación se concentra en el carácter y particularidades del vicio en que se sustenta la invalidez invocada al efecto. El vicio que torna al acto irregular, sometiéndolo a la anulación oficiosa, debe consistir en la afectación grave de todos o alguno de los elementos esenciales del acto, entre los que se destaca el "vicio grave" en el objeto o en la causa del acto (Marienhoff, Miguel Santiago; Tratado de Derecho Administrativo , Tomo II, pág. 487; CSJN Fallos: 255:236; 258:300; 265:349; SCBA, causas B. 49.904, sent. de 17-XII-1985; B. 49.965, sent. de 4-VIII-1992; e.o.). Conforme señala Fiorini, el problema se torna claro cuando la irregularidad o vicio es tan patente que no presenta ninguna duda, es decir, cuando la irregularidad del acto se destaca en forma certera e indiscutible ( Teoría Jurídica del Acto Administrativo , pág. 250), siendo un hecho notorio que surge de la mera confrontación del acto con el orden jurídico positivo y su dictado es contra legen , superando la interpretación meramente opinable de la norma que se aplica (DJBA, Tomo 120, pág. 334; Tomo 126, pág. 435).
En el presente caso, al igual que en los antecedentes citados, la autoridad administrativa procedió a la anulación de oficio de los decretos de designación de los actores -entre otros agentes-, con fundamento en el sobredimensionamiento de la plantilla del personal dependiente de la Administración municipal, destacando que el número de agentes nombrados superaba las previsiones presupuestarias aprobadas oportunamente.
Quedaron acreditadas en las presentes actuaciones las causas invocadas, el sobredimensionamiento real de la planta de personal (ver planillas con el total de personal de planta permanente existente en el año 1998, diciembre de 1999, enero, febrero y marzo de 2000, a fs. 124 y 428 del cuaderno de la demandada; presupuesto de gastos previsto para el ejercicio 1997, fs. 143/174 y 349/425 del cuaderno de prueba demandada), sin que los actores hayan cuestionado los aludidos informes o bien producido prueba que los desvirtúe.
Lo hasta aquí expresado sella la suerte adversa de la demanda y es suficiente para determinar la legitimidad en la actuación de la Municipalidad demandada al ejercer la potestad anulatoria de oficio (arts. 113 y 114, ord. gral. 267).
En consecuencia, voto por la negativa.
Costas por su orden (art. 78 inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101).
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Por los fundamentos que expusiera al emitir mi opinión en la causa B. 63.148, "Escobar" (sent. de 5-V-2010) adhiero al voto del doctor de Lázzari.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios del letrado apoderado de la parte actora doctor Daniel Jorge Héctor Bisio en la suma de … pesos -$...- y del letrado patrocinante doctor Roberto Santiago Amantia en la suma de … pesos -$...- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modificatorias) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia