Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74278
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.278, "Bunzel, Elizabeth Alicia contra A.D.A. y ot. Proceso sumario de ilegitimidad. Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar, por mayoría, a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el tercero coadyuvante y revocó la sentencia de primera instancia, rechazando en consecuencia la pretensión anulatoria deducida (v. fs. 290/298).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 304/309 y 310/312), los que fueron concedidos por la Cámara actuante a fs. 314/315.
Oída la por entonces señora Procuradora General (v. fs. 324/325), dictada la providencia de autos (v. fs. 326) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La actora promovió demanda contenciosa administrativa contra la Autoridad del Agua (ADA) y la Provincia de Buenos Aires, solicitando la nulidad de la resolución 292/13 -cuya fecha ignora-, emitida por el Directorio del citado organismo, por la cual se dio por finalizada la atención y firma de despacho del Departamento Permisos y Concesiones para el Uso del Agua, dependiente de la Dirección de Usos y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación General, y se asignaron dichas funciones a la agente Andrea Cumba.
Peticionó asimismo la nulidad de la diligencia de notificación incluyendo el contenido de la cédula entregada con fecha 30 de julio de 2013 en el domicilio de calle 39 n° 640 de La Plata; y el restablecimiento de su derecho a ocupar el cargo y desarrollar las funciones que venía cumpliendo con anterioridad al dictado de la resolución cuestionada.
I.2. La jueza en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida y declaró la nulidad de la resolución 292/13 emanada del Directorio de la Autoridad del Agua, ordenando retrotraer la situación de hecho de la actora antes de su dictado.
Para así resolver consideró en primer lugar que, sin perjuicio de las deficiencias señaladas respecto al contenido y forma del acto de notificación, resultaba indudable el efectivo conocimiento de la resolución que se impugnaba, pues si bien la notificación de los actos requiere el cumplimiento de una serie de formalidades bajo pena de nulidad, el conocimiento personal de la accionante que se observaba de la nota presentada por la Comisión Interna de Delegados del Edificio Central de la Autoridad del Agua al Directorio de la Autoridad del Agua con motivo de su presentación personal, conllevaba a concluir que la notificación surtía sus efectos a partir de ese momento de conformidad a lo dispuesto por el art. 67 del decreto ley 7.647/70 (cfr. fs. 10).
Sostuvo entonces que las irregularidades señaladas no podían considerarse como conculcatorias de sus derechos, pues no se había perjudicado su adecuada defensa.
Respecto de los invocados vicios en la resolución 292/13 emitida por el Directorio de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, señaló que la simple lectura del acto evidenciaba su orfandad argumental, puesto que no hacía mención de las razones para "lograr una mejor distribución de las tareas que permita mejorar la producción de las mismas", que en el mismo se invocan, ni los motivos puntuales por los cuales se consideraba que la limitación de la accionante en sus funciones permitiría lograr ese cometido.
Agregó que, para decidir la limitación de funciones y la asignación a otra agente, no se reparó en que esta última se encontraba en disímiles condiciones que la accionante -detentar el cargo inmediatamente inferior al cargo a ocupar, contar con mayor antigüedad en el organismo entre otras consideraciones- y que, pese a las diferencias señaladas, se hallaba en mejores condiciones de idoneidad.
Observó también la ausencia de dictamen de la Junta Mixta Permanente establecido para supuestos como el de autos, contemplado en la última parte del art. 57 del estatuto, como asimismo de dictamen legal (art. 57, dec. ley 7.647/70).
En razón de lo expuesto declaró la nulidad de la resolución 292/13 emanada del Directorio de la Autoridad del Agua, ordenando retrotraer la situación de hecho de la actora antes de su dictado.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar, por mayoría, a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el tercero coadyuvante, y revocó la sentencia apelada, rechazando la pretensión anulatoria deducida.
Para así resolver consideró que en el caso se debatía la legitimidad del acto que limitó las funciones asignadas a la actora por la resolución 4/13 del Directorio de la Autoridad del Agua, a partir del 1 de enero de 2013, esto es: la atención y firma del despacho del Departamento de Permisos y Concesiones para el Uso del Agua de la Dirección de Usos y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación Regional.
Precisó que tales funciones se encontraban vacantes al cesar el Jefe de Departamento de Permisos y Concesiones para el Uso del Agua, para acogerse al beneficio de la jubilación ordinaria, a partir del 1 de enero de 2013.
Agregó que por resolución 292/13 del mismo organismo (art. 1) se dio por finalizada la asignación de tales funciones a la actora y se asignaron a la agente Andrea Cumba (art. 2), ello, según surge de los considerandos de tal acto, "...con el propósito de lograr una mejor distribución de las tareas, en función de un reordenamiento administrativo que permita mejorar la producción de las tareas que comprenden dicho Departamento...".
Explicó que, en ambos casos, tanto para la actora como para la agente Cumba, se ponderó que contaban "...con amplios conocimientos y preparación profesional para el cargo en cuestión...".
En ese contexto fáctico y jurídico, señaló que la solución de la contienda se definía por el alcance que habría de darse al Estatuto Escalafón para el Personal de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires, por el que se dispone el procedimiento que debe seguirse para cubrir las vacantes del plantel básico del organismo y los arts. 38 y 57 por remisión, pero no para cubrir un cargo de modo definitivo, sino para asignar determinadas funciones en los supuestos de vacancia.
En tal sentido afirmó que, si bien en el caso no se discutía la situación de vacancia de la jefatura en cuestión, el alcance de las funciones asignadas se circunscribía en ambos casos a la atención y firma del despacho de Permisos y Concesiones para el Uso del Agua.
Consideró que en ese contexto surgía claro que el organismo demandado, tanto en el caso de la asignación de la atención y firma a la actora (resol. 4/13), como en la oportunidad de limitar esas tareas y asignarlas a otra agente (resol. 293/13), priorizó resguardar la operatividad de la jefatura, más no sustanció el mecanismo de designación del sucesor en el cargo, el que debió haber implementado, conforme el procedimiento previsto en el citado art. 38 de la ley 10.384.
Agregó que tampoco optó la administración por designar un reemplazante en los términos del art. 57 del mismo cuerpo legal, sino que se limitó a asignar una mera tarea operativa, carente de las funciones y responsabilidades del cargo vacante.
Precisó que las tareas encomendadas (conf. resol. 4/13, v. fs. 46 y resol. 292/13, v. fs. 33), en uno u otro caso, resultaban ser una mera descarga material, que involucraba la atención y firma del despacho, sin que comprendiera las tareas de conducción de la jefatura vacante, para lo cual, sin duda alguna, el organismo estaba obligado a instar el procedimiento previsto en los arts. 38 y 57 de la citada ley 10.384.á
Concluyó entonces que, en ese especial contexto, no podía concluirse que la asignación de tareas implicara generar derecho alguno a favor de la actora, quien además continuaba ejerciendo las tareas que le eran propias, toda vez que se trataba de una empleada que no veía afectada su fuente laboral ni su situación de revista -agrupamiento y categoría- como personal de planta permanente, que mantuvo en iguales condiciones.
Consideró entonces que era razonable admitir que la asignación de la mera atención y firma del despacho pudiera ser limitada por razones de servicio, tal como aconteció con la resolución 292/13.
I.4. Contra tal pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad.
I.4.a. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interesa, denunció que la Cámara no aplicó el art. 108 del decreto ley 7.647/80 que impone a las autoridades motivar sus decisiones, prescindiendo asimismo de aplicar los arts. 38, 40 y 57 de la ley 10.384 y 19 incs. "a" y "f" de la ley 10.430.
Señaló que la sola lectura de la resolución 4/13 demuestra que la designación de la actora fue para el reemplazo del ingeniero Prosperio (Jefe del Departamento de Permisos y Concesiones) sin limitación de ninguna especie. Por esa razón ejerció su capacidad de mando y asumió en plenitud su responsabilidad como titular interina de dicha jefatura.
Consideró absurda la sentencia recurrida, en tanto vulneró sin razón atendible (ni explicitada) la estabilidad de la resolución 4/13, afectando el derecho adquirido a permanecer en el cargo (art. 19 incs. "a" y "f", ley 10.430) violando el derecho constitucional a la carrera (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.).
Denunció asimismo la inaplicabilidad de lo previsto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70. Planteó que la falta de motivación de la resolución n° 292/13 constituyó una cuestión esencial propuesta por la actora y recogida por la jueza de primera instancia, mientras que la mayoría de la Cámara actuante ignoró el tema pasando por alto lo que dispone la norma.
Consideró que el vicio de motivación surge evidente desde el momento en que no fue explicado cómo y de qué manera resultaba útil a la mejor marcha de la Administración asignar a la señora Cumba la jefatura antes que a una profesional de la ingeniería, que posee título universitario acorde a la función, mayor antigüedad y más alto nivel escalafonario.
I.4.b. Continuó el embate fundando el recurso extraordinario de nulidad.
Sostuvo que la Cámara omitió resolver cuestiones esenciales que fueron planteadas en la demanda y que no fueron reiteradas ante el Tribunal de Alzada debido a que la demanda había prosperado. Señala que, al haberse revocado la decisión originaria, por aplicación de la denominada apelación adhesiva, debió pronunciarse al respecto.
Denunció como cuestiones esenciales no tratadas por el Tribunal de Alzada, las siguientes: falta de motivación de la resolución 292/13; la falta de intervención de la Junta Mixta Permanente de manera previa al desplazamiento de la ingeniera Bunzel para designar en su cargo a la señora Cumba; y la violación del procedimiento administrativo previo al dictado del acto motivo de juicio.
Consideró que tales falencias afectaron la garantía del debido proceso y descalifican a la sentencia impugnada como acto jurisdiccional válido, vulnerando el derecho de defensa previsto en el art. 18 de la Constitución nacional.
II. Comenzaré por abordar el recurso extraordinario de nulidad.
Esta Corte, reiteradamente, ha resuelto que esta vía sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. doctr. Ac. 99.055, resol. de 10-VI-2009; Ac. 102.956, resol. de 17-V-2009; C. 110.656, resol. de 2-II-2011 y Ac. 71.192, sent. de 11-IX-2013; e.o.).
La actora sostiene que el Tribunal de Alzada omitió resolver cuestiones esenciales que fueron planteadas en la demanda -y que no fueron reiteradas ante la Cámara debido a que la demanda había prosperado-, tales como: la falta de motivación de la resolución 292/13; la no intervención de la Junta Mixta Permanente de manera previa al desplazamiento de la ingeniera Bunzel para designar en su cargo a la señora Cumba; y la violación del procedimiento administrativo previo al dictado del acto impugnado.
Expresa que, en virtud del principio de apelación adhesiva, la Cámara debió tratar dichos agravios al revocar la sentencia de primera instancia.
Al respecto cabe destacar que si bien el postulado de la adhesión -implícita- a la apelación (conf. causas Ac. 81.521, sent. de 3-III-2004; C. 91.546, sent. de 29-XI-2006 y C. 98.059, sent. de 7-V-2008), según el cual las alegaciones o defensas propuestas en primera instancia por la parte vencedora que no ha apelado por haberle sido favorable el resultado del pleito, quedan sometidas al Tribunal de Alzada en el supuesto de que en esa instancia sea revocado el pronunciamiento (conf. doctr. causas C. 99.214, sent. de 2-III-2011; C. 100.117, sent. de 7-IX-2011; C. 86.749, sent. de 5-IX-2012; C. 114.178, sent. de 9-X-2013; e.o.) y su omisión autoriza la declaración de nulidad requerida por el impugnante, en el caso, el embate articulado no puede prosperar.
Es que no cualquier tipo de omisión da lugar a la procedencia del recurso extraordinario de nulidad. Tiene dicho este Tribunal que los argumentos de derecho o de hecho en los que los litigantes sustentan sus pretensiones no revisten el carácter de cuestión esencial en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, por lo que su eventual falta de consideración no genera la nulidad del pronunciamiento, ya que la obligación de tratar todas las cuestiones esenciales no conlleva la de seguir a las partes en la totalidad de sus argumentaciones (conf. doctr. C. 92.521, sent. de 15-VII-2009; C. 107.929, resol. de 25-VIII-2010; C. 109.170, resol. de 1-VI-2011 y C. 115.515, resol del 15-II-2012).
En la especie, la Cámara sostuvo que el organismo demandado no había instado el mecanismo previsto en el Estatuto Escalafón para el Personal de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (arts. 38 y 57) y en tal sentido la decisión adoptada se encuadraba dentro del margen de razonabilidad en el cambio de la asignación de la atención y firma del despacho, para una mejor distribución de tareas. Concluyó que era razonable admitir que la misma pudiera ser limitada por razones de servicio, tal como aconteció con la resolución 292/13.
De ese modo, la omisión de cuestiones a las que se refiere el art. 168 de la Constitución provincial ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando la materia aparece desplazada por el sentido de la sentencia o por el razonamiento expuesto en la misma (conf. causas Ac. 76.895 y Ac. 79.230, sents. de 19-II-2002; L. 90.233, sent. de 13-XII-2006; e.o.), como aquí acontece.
Vale recordar que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales, con capacidad para generar la nulidad del pronunciamiento, es aquella en la que el tribunal incurre por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción, acertada o no, exteriorizada o implícita en el fallo, de que una o más de tales cuestiones no deben o no pueden ser consideradas (conf. causas L. 80.150, sent. de 25-II-2004; L. 81.300, sent. de 7-III-2007; e.o.).
Tampoco incurre en infracción el fallo que aborda dichas cuestiones sea cual fuere el acierto jurídico con que lo hiciera, siendo ajeno al ámbito del recurso tanto el acierto con que se haya analizado el asunto, como la forma con que fuera encarado (causas Ac. 90.624, sent. de 30-VIII-2006; L. 90.233, sent. de 13-XII-2006 y C. 93.775, sent. de 3-X-2007).
III. Por las consideraciones vertidas y, de conformidad con lo dictaminado por la por entonces señora Procuradora General, el recurso extraordinario de nulidad interpuesto debe ser rechazado (arts. 168 y 171, Const. prov. y 298, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 298 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Negri y Soria y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. En lo que al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecta, la actora inicia su desarrollo denunciando la aplicación errónea al caso de lo previsto en el art. 108 del decreto ley 7.647/70, considerando que el vicio de motivación surgía evidente al no ser explicadas las razones por las que se consideraba útil a la mejor marcha de la Administración, el cambio en la asignación de tareas.
Sostuvo también que la sola lectura de la resolución 4/13 demostraba que la designación de la actora fue para el reemplazo del ingeniero Prosperio (Jefe del Departamento de Permisos y Concesiones) sin limitación de ninguna especie, considerando absurda la sentencia recurrida por vulnerar sin razón atendible (ni explicitada) la estabilidad adquirida (art. 19 incs. "a" y "f", ley 10.430), violando asimismo el derecho constitucional a la carrera (arts. 14 bis, Const. nac. y 39, Const. prov.).
I.2. El recurso no prospera.
Para resolver el rechazo de la pretensión, la Cámara sostuvo que en el caso se debatía la legitimidad del acto que limitó las funciones asignadas a la actora por la resolución 4/13 del Directorio de la Autoridad del Agua, a partir del 1 de enero del mismo año, esto es: la atención y firma del despacho del Departamento de Permisos y Concesiones para el Uso del Agua de la Dirección de Usos y Aprovechamiento del Recurso Hídrico y Coordinación Regional.
Al respecto precisó que el organismo demandado, tanto en el caso de la asignación de dichas funciones a la actora (resol. 4/13), como en la oportunidad de limitarlas y asignarlas a otra agente (resol. 293/13), priorizó resguardar la operatividad de la jefatura, más no sustanció el mecanismo de designación del sucesor en el cargo, mecanismo que debió haber implementado, conforme el procedimiento previsto en el art. 38 de la ley 10.384. Agregó que tampoco optó la administración por designar un reemplazante en los términos del art. 57 de dicha ley, sino que se limitó a asignar una mera tarea operativa, carente de las funciones y responsabilidades del cargo vacante.
Concluyó entonces que la decisión cuestionada se encuadraba dentro del margen de razonabilidad en el cambio de la asignación de la atención y firma del despacho, que podía ser limitada por razones de servicio, tal como aconteció con la resolución 292/13.
I.3. Frente ello, la recurrente insiste en exponer la ausencia de motivación del acto impugnado, basándose para ello en lo que prevén las normas que a su entender debieron aplicarse para la correcta solución del caso, argumento que fue descartado por el Tribunal de Alzada en cuanto sostuvo que el organismo demandado no siguió el procedimiento previsto en los arts. 38 y 57 -según el caso- de la ley 10.834, por tratarse sólo de asignación de funciones y no de un reemplazo o cobertura de vacante.
Esta Suprema Corte tiene dicho que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o
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