Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75641
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.641, "Ibarguren, Laura M. contra Municipalidad de San Cayetano sobre amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora (v. fs. 932/939) y, en consecuencia, confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Trabajo n° 1 de Necochea, en tanto desestimó la acción de amparo promovida por la señora Laura Ibarguren contra la Municipalidad de San Cayetano. Asimismo, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 942/944 y revocó la sentencia de grado en cuanto distribuyó las costas del proceso en el orden causado, las que impuso a la amparista en su objetiva condición de vencida, conforme lo normado por el art. 19 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192- (v. fs. 965/976 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 17 de septiembre de 2018), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 983/984.
Dictada la providencia de autos para resolver, vista la memoria presentada electrónicamente el 26 de febrero de 2019 por la parte demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 de Necochea rechazó la acción de amparo promovida por Laura Ibarguren contra la Municipalidad de San Cayetano, mediante la cual pretendió la nulidad del decreto 916/17, que dispuso su cesantía en el cargo por incompatibilidad, en los términos de los arts. 114 inc. "f" de la ordenanza 2.589/16; 5 inc. "f" de la ordenanza 2.677/16 y 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas del proceso en el orden causado, conforme los arts. 68 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y 14 inc. 4 de la ley 13.928 (v. fs. 908/923 vta.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de apelación articulado por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de grado, en tanto desestimó la acción de amparo promovida contra la Municipalidad de San Cayetano. Asimismo, hizo lugar al recurso de apelación deducido por la comuna demandada y revocó la sentencia de grado en cuanto distribuyó las costas del proceso en el orden causado, las que impuso a la amparista en su objetiva condición de vencida.
II.1. Recordó que la cuestión relativa a la incompatibilidad de empleos encuentra su quicio en el art. 53 de la Constitución provincial que -a contrario de lo sostenido por la amparista- se aplica a toda relación de empleo público sin distinción entre las jurisdicciones en las cuales aquellos se desarrollen.
Señaló que así lo ha reconocido esta Suprema Corte en reiterados precedentes, al entender que la Constitución provincial -tanto en el otrora art. 41 como en el actual art. 53- establece una incompatibilidad absoluta consistente en el ejercicio simultáneo de dos o más cargos públicos, directriz sostenida en oportunidad de los debates de la Convención Constituyente en los que definió que "los empleos que el pueblo paga no se deben acumular".
Destacó que, en forma invariable, este Tribunal ha entendido a la incompatibilidad como un principio en materia de empleo público que debe analizarse con un criterio amplio de interpretación en miras al interés público genérico que pesó en su incorporación al plexo constitucional (cfr. doctr. causa B. 59.103, "Corsi", sent. de 13-IV-2011).
Agregó que la ratio iuris de las incompatibilidades radica en la necesidad de evitar abusos en la provisión de cargos, en la exigencia de lograr que el agente público dedique su actividad con carácter exclusivo al desempeño del que fuera designado y a la necesidad de ordenar el mercado de trabajo de modo tal que el ejercicio de las funciones públicas esté distribuido entre el mayor número posible y conveniente de personas (cfr. doctr. causa B. 54.635, "Zanettini", sent. de 3-VII-2015).
Concluyó que el impedimento de acumular cargos públicos se vincula al deber de dedicación que recae sobre el agente y que la prohibición del ejercicio simultáneo de estos persigue la finalidad de garantizar su cumplimiento.
II.2. Luego señaló que, conforme lo normado en el art. 2 de la ley 13.644 (B.O. de 3-VII-2007) que modificó los arts. 2 y 3 del decreto ley 8.078/73 y la ley modificatoria 8.147, la excepción de incompatibilidad para los profesionales del arte de curar es posible cuando la necesidad de la especialidad o carencia de otro profesional lo hiciere indispensable, aun cuando un cargo esté sometido al régimen de la ley 10.471 y modificatorias y el otro sujeto a distinto régimen legal, siempre que no existiere incompatibilidad horaria.
Destacó que la señora Ibarguren alegó encontrarse comprendida en la referida norma afirmando que su labor resultaba indispensable -circunstancia que la apelante consideró demostrada con la sola lectura de los considerandos del decreto 990/17- y, además, que no incurrió en incompatibilidad horaria.
La Cámara advirtió que, al confrontarse los extremos exigidos por la mencionada ley con las circunstancias relevadas por el Tribunal de grado, existió superposición horaria entre ambos cargos (provincial y municipal) ejercidos por la amparista, toda vez que el pormenorizado análisis efectuado por el tribunal a fs. 903/905 vta. así lo reveló, acreditando una realidad diversa a la descripta por la actora en su presentación inicial, que no logró conmover el recurso de apelación.
Consideró que el argumento sostenido en el memorial por el cual pretendió revertir tal panorama -esto es que, de haber existido la superposición horaria denunciada, la Administración debió iniciar el correspondiente sumario- se advertía desatendido de las circunstancias acreditadas en las actuaciones y, por tanto, producto de una mera disconformidad con lo resuelto en la instancia de grado, inhábil como tal para fundar la apelación.
Observó que la apelante no había logrado acreditar que se encontraba incluida en el supuesto de excepción contemplado en la normativa aplicable al caso, por lo que ninguna incidencia poseía el hecho de que hubiera sido público y notorio en la localidad de San Cayetano su desempeño como médico legista de la Policía Científica, ni tampoco que la autoridad municipal hubiera tenido conocimiento del empleo provincial, no sólo porque la ponderación de tal antecedente en el procedimiento respectivo no significó en modo alguno una autorización para continuar en su desempeño una vez designado por las autoridades municipales, sino porque, advertidas de su permanencia, éstas actuaron en modo razonable, posibilitando su opción y disponiendo el cese sólo frente a su renuencia a formularla (cfr. doctr. causa B. 54.635, cit.).
II.3. En otro orden, el Tribunal de Alzada acogió el recurso de apelación deducido por la demandada a fs. 942, apartado II.A y revocó la sentencia del tribunal laboral en cuanto fuera materia de agravio, imponiendo -en consecuencia- las costas de la instancia de grado y las del Tribunal de Alzada a la amparista en su objetiva calidad de vencida (cfr. art. 19 y concs., ley 13.928 -texto según ley 14.192-).
Para así decidir, indicó que el hecho objetivo de la derrota es el fundamento en el que se apoya el principio general de imposición de costas en el amparo, circunstancia que supone contradicción o contienda, y asimismo, una decisión acerca de cuestiones controvertidas que necesariamente determinará las calidades de vencedor y de perdidoso en el pleito en proporción al éxito o fracaso de los respectivos planteos.
Destacó que, en contraste con el señalado esquema, el supuesto contemplado en el art. 19 segundo párrafo de la ley 13.928, se aplica en aquellos casos en los que debería declararse abstracto el tratamiento de la pretensión de fondo. Explica que, si al momento de contestar la demanda, el accionado demuestra la previa o concomitante cesación del acto u omisión que motivara la articulación del remedio constitucional, entonces, ningún "caso o controversia" perduraría en la especie y, con ello, no resultaría procedente la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional sobre el asunto de fondo, con lo cual no habría ni vencedor ni vencido en la contienda y ello justificaría sobradamente la condena en costas en el orden causado.
Entendió que, en el caso, del modo en que resultó dirimida la contienda, corresponde reputar vencida en el pleito a la parte actora, quien deberá cargar con las costas del proceso.
Por último, aclaró que el beneficio consagrado por la ley 12.200 no impide la imposición de costas al vencido, sin perjuicio de lo cual proyecta sus efectos de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna, puesto que la existencia del mentado beneficio únicamente impide la ejecutabilidad de aquellas, pero en modo alguno obsta a que las costas sean impuestas con sujeción al principio general que rige la materia.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (cfr. presentación electrónica de fecha 17 de septiembre de 2018) la parte actora denuncia la violación del derecho a la estabilidad del empleado público municipal (reconocido en los arts. 12, ley 11.757 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades -vigente al momento del dictado del acto de designación-; 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Carta provincial).
También acusa la vulneración del derecho a trabajar, a la protección contra el despido arbitrario, al salario digno, al derecho de defensa en juicio y propiedad; todos ellos consagrados en los arts. 14 bis, 17, 18, 33, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 15, 20 inc. 2, 31, 39, 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Protección del Salario (1949, revisado parcialmente en 1992), lesionándose el debido proceso adjetivo y sustantivo (arts. 13, CADH; 19, PIDCP y 19, DUDH); la violación de la excepción consagrada en los arts. 2 de la ley 13.644 (BO de 3-VII-2007); 81 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (ordenanza municipal 2.589/16); 51 de la ley 12.008 (texto según ley 14.437); 53 de la Constitución de la Provincia; 114 inc. "f" de la ordenanza 2.589/16 y 5 inc. "f" de la ordenanza 2.677/16.
Por último, denuncia el absurdo y la violación de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
III.1. La recurrente reitera el argumento expuesto en la apelación relativo a que si hubiera existido la superposición horaria que se le atribuyó, la Municipalidad de San Cayetano debió haber promovido el procedimiento sumarial correspondiente -de conformidad con el estatuto vigente- por las supuestas inasistencias que se habrían originado a causa de ello, lo que nunca acaeció, violándose así la garantía del debido proceso adjetivo de la agente.
Se agravia porque la Cámara, al responder el agravio formulado en este punto, lo consideró desatendido de las circunstancias acreditadas en las actuaciones y, por tanto, producto de una mera disconformidad con lo resuelto en la instancia de grado, inhábil como tal para fundar la apelación.
Aduce que el Tribunal de Alzada ha incurrido en un razonamiento viciado de absurdo, contrario a las reglas de la razón y la lógica, al desconocer las constancias objetivas de la causa. Sostiene que la Administración ha impuesto per se una sanción expulsiva sin haber instruido previamente el debido sumario administrativo, obviando la intervención obligatoria de la Junta de Disciplina, lo que fulmina de nulidad la medida dispuesta.
Arguye que, en el caso, la decisión de la Cámara al convalidar una cesantía dispuesta unilateralmente por simple decreto sin la instrucción del procedimiento sumarial reglado en la ordenanza municipal 2.589/16 y sin intervención de la Junta de Disciplina municipal, comporta un vicio procedimental, lesivo de los arts. 15 y 18 de las Constituciones provincial y nacional, respectivamente.
Concluye que de los elementos probatorios obrantes en autos resulta materialmente imposible que hubiera existido la alegada superposición horaria entre ambos empleos, que los jueces juzgan probada. Explica que la doctora Ibarguren cumplió siempre con sus días y horarios asignados en el municipio, por lo que no pudo la Administración municipal promoverle ningún sumario administrativo al respecto, y por ello decidió unilateralmente disponer su cesantía por decreto, violando la garantía de estabilidad del empleo público, sus derechos a trabajar, de defensa en juicio y propiedad y sus derechos adquiridos.
III.2. Por otra parte, cuestiona el argumento de la Cámara en cuanto consideró que la apelante no logró acreditar que se encontrara incluida en el supuesto de excepción contemplado en el art. 2 de la ley 13.644 (B.O. de 3-VII-2007) modificatorio de los arts. 2 y 3 del decreto ley 8.078/73 y la ley 8.147.
Sostiene que el tribunal también en esta parcela incurre en absurdo porque ha quedado demostrado -según aduce la recurrente- que ella desarrollaba un cargo considerado "indispensable" dentro del Hospital Municipal.
Arguye que el Tribunal de Alzada omitió referirse a la contratación posterior al cese que el municipio realizó -mediante el decreto 990 de fecha 28-VI-2017- para cubrir el servicio de guardia activa en el nosocomio local.
Refiere que en el decreto de cesantía la Municipalidad argumentó que la actividad que desarrollaba la agente Ibarguren no revestía el carácter de indispensable porque en la órbita de la Secretaría de Salud había profesionales idóneos para cumplir con ellas.
Sostiene que el fundamento que utilizó la comuna para justificar el mentado acto de cese no coincide con lo expresado en el decreto 990/17 referido a la nueva contratación. Se agravia porque la Cámara se desentendió de esta circunstancia argumentando dogmáticamente que la apelante no ha logrado acreditar que se encuentre incluida en el supuesto de excepción contemplado en la normativa aplicable al caso, argumento que -entiende la recurrente- es constitutivo del vicio de absurdo.
III.3. En otro orden, aduce que la Cámara ha aplicado erróneamente los arts. 114 inc. "f" de la ordenanza 2.589/16 y 5 inc. "f" de la ordenanza 2.677/16, en razón de que esas normas resultan de fecha posterior a la designación de la amparista, por lo que se trata de un supuesto de aplicación retroactiva de la ley con afectación de derechos amparados por garantías constitucionales (art. 7, Cód. Civ. y Com.). Entiende que la eficacia y validez del acto de designación (y sus eventuales incompatibilidades) ha de juzgarse por el Estatuto del Empleado Municipal vigente al momento del dictado de tal acto administrativo.
III.4. En el punto 4 de su escrito recursivo, la actora denuncia la vulneración de la doctrina legal de este Tribunal emergente de diversas causas que cita.
III.5. Por otra parte, sostiene que la Cámara se apartó deliberadamente de analizar la cuestión bajo examen a la luz de los principios protectorios del Derecho del Trabajo. Entiende que el propio texto constitucional exhorta a obrar con semejante grado de mensura al consagrar un conjunto de postulados en materia laboral y de seguridad social, encaminados a garantir la télesis más favorable al empleado (art. 39 inc. 4, Const. prov.).
Aduce que el Tribunal de Alzada ha violado la aplicación en la materia del principio pro homine consagrado positivamente en los arts. 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que impone acudir a la interpretación más amplia o extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes en el ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
Agrega que la Corte nacional en la causa "Madorrán" ha resuelto su aplicación en materia laboral. A la vez, que de igual manera resultó violentado el principio de progresividad (CSJN causa "Aquino") que impone que los Estados deben proceder de forma tal de alcanzar la plena efectividad de los derechos y procurar que todas las medidas de carácter deliberadamente regresivas requieran la consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente atento la fuerte presunción contraria a su compatibilidad con el principio en estudio.
También denuncia la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte respecto a la estabilidad del empleado público emergente de las causas que cita en el punto 5 de su escrito recursivo.
III.6. Por último, para el supuesto que no se hiciere lugar al recurso, peticiona que se la exima de las costas impuestas o se impongan por su orden las de todas las instancias. Ello, en mérito de que han existido verdaderas razones fundadas para litigar (art. 68 segunda parte, CPCC) en razón de las circunstancias comprobadas de la causa y sus particularidades. Aduce que, al imponer las costas de todas las instancias a la actora, la Cámara violó el art. 51 inc. 2 de la ley 12.008 (texto según ley 14.437).
IV. El recurso no prospera.
IV.1.a. La Cámara confrontó los extremos requeridos por el art. 2 de la ley 13.644 con las circunstancias probadas en la causa y consideró que existió superposición horaria entre los cargos que la señora Ibarguren desempeñaba en la Municipalidad y en la Provincia de Buenos Aires, así como también que la situación laboral de ésta no se encontraba incluida en el supuesto de excepción contemplado en la referida norma aplicable.
Destacó puntualmente que no incidía el hecho de que hubiera sido público y notorio en la localidad de San Cayetano el desempeño de la amparista como médica legista de la Policía Científica, ni tampoco que la autoridad municipal hubiera tenido conocimiento del empleo provincial en el momento en que la nombró en el cargo, no sólo porque la ponderación de tal antecedente en el procedimiento respectivo no significó una autorización para continuar en su desempeño una vez designada por las autoridades municipales, sino porque, advertidas de su permanencia, éstas actuaron en modo razonable, posibilitando su opción y disponiendo el cese sólo frente a su renuencia a formularla (v. cons. 2 punto 2, a fs. 970 vta./971 vta.).
IV.1.b. Observo que no surge debidamente impugnada la conclusión de la Cámara ya que la recurrente no ha logrado realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en esta parcela del fallo que demuestren inaplicación de la ley o vicio lógico de absurdo.
Los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no resultan conmovidos por las expresiones volcadas por la recurrente, quien en esta instancia reedita planteos idénticos a los ya efectuados en el recurso de apelación, que no logran patentizar los yerros que se le imputan. Más bien, se advierte que éstos se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el resultado obtenido y a esbozar un punto de vista subjetivo y discrepante, dando cuenta de su insuficiencia (doctr. causas A. 71.422, "Arenas", sent. de 9-IX-2015; A. 74.269, "Zamparolo", sent. de 10-VIII-2016; A. 70.865, "De Francesco", sent. de 3-V-2017; A. 74. 506, "Cornes", sent. de 18-X-20
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