Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120910
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Pettigiani , Soria, Genoud, Kogan , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.910, "Barrera, Julio Alberto contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 136/144).
Se interpusieron, por la aseguradora de riesgos del trabajo y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 162/173 vta. y 153/159, respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido a fs. 162/173 vta.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de fs. 153/159?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen, luego de declarar la cuestión como de puro derecho, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Julio Alberto Barrera contra Provincia ART S.A., condenando a esta última a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias vinculadas con las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16-, y la contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en la última de las leyes citadas (v. sent., fs. 136/144).
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, y tras declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, efectuó el cálculo de la prestación reclamada, puntualizando que -por aplicación del "piso" indemnizatorio establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- aquella no podía ser inferior a $472.691,24. A dicho valor, adicionó el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $94.538,24) y luego procedió a descontar la suma ya percibida por la aseguradora, arribando a la cifra de $541.746,10 (v. sent., fs. 137 vta./140).
Seguidamente, sobre dicho monto dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (noviembre 2007) y el último publicado (mayo 2016), arrojando un coeficiente de 8,93 por el que se multiplicó el importe antes señalado, obteniendo un total de $4.837.792,67 (v. sent., fs. 140 in fine y vta.).
A continuación, cuantificó la prestación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 -cfr. resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- en la suma de $419.164 (v. fs. 140 vta.).
Finalmente, "atento la particular forma de concluir...", adicionó intereses desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., últ. fs. cit.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 3, 21, 622, 656, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 14 de la ley 24.557; 8 y 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 2 de la resolución 414/99; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 162/173 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), en tanto el infortunio que originó la incapacidad del trabajador acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773.
Critica la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley citada.
II.2. Por otro lado, señala que aun cuando se aceptara la aplicación retroactiva de la ley 26.773, el tribunal la empleó erróneamente al utilizar el índice RIPTE sobre el piso mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16, pues esta última define -con arreglo a lo dispuesto por el art. 8 de la referida ley- el importe de la prestación actualizada. De este modo -afirma-, el sentenciante incurrió en una doble actualización.
II.3. Seguidamente, critica la aplicación de intereses a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal elaborada en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); entre otras (v. rec., fs. 170/173).
II.4. Por último, controvierte que le hayan impuesto las costas, en tanto -sostiene- su parte cumplió con el pago de la indemnización correspondiente conforme la normativa aplicable al momento del infortunio laboral.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.1.a. En primer lugar, debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.1.a.i. En el pronunciamiento de grado, so pretexto de contradecir ciertos preceptos de la Constitución nacional, se margina del caso la operatividad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, declarándose su invalidez material. Ello pretende encontrar fundamento en que la nueva ley es aplicable de conformidad con lo previsto en el art. 3 del Código Civil y el art. 7 del Código Civil y Comercial vigente, por sobre las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
Al respecto, es doctrina de esta Corte que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.).
De allí que la atribución de pronunciarse en tales términos sobre un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
La fundamentación intentada en la sentencia no cumple con tales previsiones, ni se evidencia que, para la determinación de su entrada en vigencia, la ley haya escogido un criterio falto de razonabilidad (todo ello más allá de mi personal opinión respecto de la extensión del ámbito de aplicación del precepto).
III.1.a.ii. Por otro lado, tampoco la genérica alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa -por conducto del art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional- en los tratados internacionales allí mencionados, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
III.1.a.iii. Para más, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
III.1.b. Sentado lo anterior, en la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III.1.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso en cuanto en el fallo se dispuso ajustar el capital de condena conforme las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.1.d. Casado ese aspecto de la decisión, considero que corresponde actuar en el caso el instituto de la apelación adhesiva, que impone que en la resolución del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se tenga en cuenta lo alegado por la contraparte en su oportunidad y que no tuvo ocasión de renovar atento el resultado favorable obtenido en la instancia de grado (causas L. 103.874, "Guinea", sent. de 10-VIII-2011; L. 110.524, "Díaz", sent. de 18-XII-2013; L. 103.748, "Caniglia", sent. de 18-VI-2014 y L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; e.o.).
Es por ello que merece respuesta el planteo de invalidez constitucional del art. 16 del decreto 1.694/09 articulado por la parte actora en su escrito de inicio (v. fs. 40/47 vta.).
La demandante procura, en sustancia, que la norma de referencia se aplique al caso, teniendo en cuenta que se trata de un crédito no satisfecho -por no haber sido extinguido a la fecha de su entrada en vigencia-, señalando que una decisión contraria vulnera el principio de progresividad, derivado del protectorio reconocido en la Constitución nacional.
Para dar respuesta al planteo, me remito a lo dicho en cuanto resulte concordante y, en lo pertinente, a los fundamentos brindados en el precedente L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018).
Específicamente, con relación a la denunciada vulneración del principio de progresividad, he de señalar que la misma no justifica poner en jaque la validez constitucional de la disposición cuestionada, máxime cuando ningún argumento porta el reclamo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Por lo tanto, es mi convicción que no cabe la descalificación del precepto impugnado, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional, como pretende el actor, lo que sella la suerte adversa del planteo.
III.2. En atención a lo resuelto en el apartado anterior, deviene abstracto el tratamiento de la crítica dirigida a impugnar los items sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión (apartado II.2. de este voto; v. rec., fs. 166/170; causas L. 98.067, "Roldán", sent. de 9-XII-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014).
III.3. Por otro lado, debe desestimarse la objeción planteada en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena.
En la causa L. 118.587, "Trofe", sent. de 15-VI-2016, esta Suprema Corte -por mayoría-, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos; y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.), criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini", sent. de 26-X-2016; L. 119.905, "Galván", resol. de 26-X-2016 y L. 119.422, "Clemente", sent. de 31-X-2016; entre otros.
Si bien en las citadas causas (al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino", sent. de 18-V-2016) expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios, tal postura quedó en minoría.
Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015; L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; L. 118.604, "Gómez" y L. 118.366, "Del Negro", sents. de 26-X-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a la que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Siendo así, en el contexto de las circunstancias reseñadas, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en la materia por el tribunal de grado, encuentra respaldo en la doctrina legal de esta Corte.
III.4. En relación a la queja referida a las costas, cabe recordar que su imposición y distribución constituye una típica cuestión de hecho, cuya resolución es facultad privativa de los jueces de grado y, como tal, irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013), vicio que no ha sido denunciado por la impugnante en esta parcela del recurso.
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria que le corresponde abonar a Provincia ART S.A. con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide y atendiendo a los planteos y defensas de las partes.
Las costas se imponen por su orden, en atención a la recepción parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I.1. Por las consideraciones que habré de exponer, discrepo en el tratamiento de la crítica por conducto de la cual se impugna la aplicación al caso de la ley 26.773.
En mi opinión, esa decisión no ha de modificarse, aunque los fundamentos para mantenerla difieren de los expuestos por el tribunal de origen.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016 en cuanto a que la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
I.1.b. Sin embargo, lo expuesto no alcanza para acompañar la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la decisión de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sent. de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sent. de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sent. de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que la indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva, calculada conforme la norma vigente al momento de la primera manifestación invalidante, importa una insuficiencia reparatoria que la torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tal prestación aun no satisfecha fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió av
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