Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119605
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Genoud, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.605, "Gallardo, Estela M. contra CNA ART S.A. Indemnización por muerte".
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Isidro acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 477/485 vta.).
Se interpuso, por QBE Argentina ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 502/513).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente admitió la demanda promovida por la señora Estela Mari Gallardo contra CNA ART S.A. -hoy QBE Argentina ART S.A.-, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo- la reparación de los daños derivados del fallecimiento del señor Bernabé Gregorio Rivarola, acaecido el día 14 de septiembre de 2006 mientras desempeñaba tareas bajo dependencia de la empresa El Amanecer Argentino Sociedad de Hecho.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado a la causa, el a quo declaró acreditado que, en la fecha señalada, el causante falleció por un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por el accidente de trabajo que padeció (v. fs. 477 vta.). También, la existencia de un contrato de afiliación entre la empleadora y la aseguradora demandada (ahora QBE Argentina ART S.A.); así como el carácter de concubina y derechohabiente de la actora, en los términos de los arts. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo y 53 inc. "c" de la ley 24.241 (v. fs. cit.).
A su vez, tuvo por demostrado que el día 24 de noviembre de 2006 la accionada depositó la suma de $50.000 a favor de la señora Irene Antonia Ingignole (madre del occiso), en el marco de la causa "Rivarola, Bernabé Gregorio s/ sucesión ab-intestato " (expte. 46.414/06) tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (v. fs. cit.).
Sobre esa plataforma fáctica, con sustento en la doctrina legal de esta Corte sobre el art. 18 de la ley 24.557, juzgó que la accionante era la única acreedora de las prestaciones dinerarias establecidas en la ley especial indicada y, por lo tanto, el pago efectuado en sede civil carecía de validez y efecto cancelatorio (v. fs. 482 vta./483 vta.).
Luego, cuantificó la compensación adicional establecida en el art. 11 apartado 4, en el monto de $50.000, y la prestación del art. 15 apartado 2, en $83.538,59, de acuerdo a la formula allí prevista y a las circunstancias fácticas acreditadas en el veredicto (v. fs. 482 vta.).
Finalmente, dispuso que el capital de condena devengue intereses, desde la fecha del accidente (14 de septiembre de 2006) y hasta el 18 de agosto de 2008, con arreglo a la tasa activa que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y a partir de ese momento, conforme a la tasa pasiva que paga dicha entidad a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 484).
II. Contra dicho pronunciamiento QBE Argentina ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 10 de la Constitución provincial; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional, y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Señala que el tribunal de grado la condenó a pagar un resarcimiento -por el fallecimiento del señor Bernabé Gregorio Rivarola- "ya abonado en el Juicio Sucesorio [...] que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y comercial N° 4 de Lomas de Zamora" (fs. 504 vta.). Explica que, sujeto a un mandato judicial, depositó la suma de $50.000 a través del cheque n° 23579622, "en una cuenta a nombre de los autos 'Rivarola, Bernabé Gregorio s/sucesión AB intestato' Expte. 46414/06" (fs. cit.).
Destaca que el juez civil no ignoraba la existencia de la concubina del damnificado ya que ésta se había presentado en dicho proceso (v. fs. 505).
Afirma que, de acuerdo a lo normado por el art. 5 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 287/01, no puede ser compelida a indemnizar a un derechohabiente que acreditó su calidad de tal con posterioridad a que se hubiese efectivizado aquel pago (v. fs. 505 y vta.).
II.2. A su vez, indica que el juzgador incurrió en el vicio de absurdo porque estableció un monto de condena irrazonable y desproporcionado, sin respetar las pautas acreditadas en el expediente (v. fs. cit.). En ese sentido, le reprocha haber realizado una "mera enunciación de circunstancias comunes a todo caso", prescindiendo de demostrar "la incidencia de los elementos merituados en la fijación del valor indemnizatorio" (fs. cit.).
II.3. Por otro lado, cuestiona la sentencia en cuanto dispuso la aplicación de intereses moratorios alegando que "jamás estuvo en mora" (fs. 506 vta.). Asimismo, postula que, en caso de confirmarse dicha decisión, los intereses deberían devengarse "desde la fecha del pronunciamiento", para evitar el enriquecimiento sin causa de la actora y la afectación de su derecho de propiedad (v. fs. 507).
Además, objeta las tasas de interés activa y pasiva digital que ordenó aplicar el tribunal al capital de condena (v. fs. 507). Denuncia que, al utilizar esas tasas, el a quo se apartó del criterio que esta Corte estableció en los precedentes L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009); y ratificó luego en la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), declarando, conjuntamente, la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 507 vta./508 vta.). Del mismo modo, plantea su inaplicabilidad al presente caso (v. fs. 509/512).
II.4. Finalmente, impugna la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes "por altos y contrarios al derecho aplicable" (fs. 512 vta.). También "la condena en costas" por entender que deben recaer "en cabeza del actor" (fs. cit.).
III.1. El agravio inicial que exhibe la impugnación, reseñado en el apartado II.1., es insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.a. El órgano judicial de grado, en el veredicto, -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- analizó el material probatorio aportado al proceso y declaró que de la causa civil n° 46.414/06 caratulada "Bernabé G. Rivarola S/ sucesión Ab-intestato " surge:
"a) que a raíz de la muerte del Sr. Bernabé G. Rivarola (14/09/06), se presenta en calidad de heredera la Sra. Irene Antonia Ingignioli (noviembre de 2006); b) que en dicha causa se ordena a CNA ART SA, y MET AFJP, depositar los importes correspondientes a la ley 24.557 en el juicio sucesorio; c) que habiéndose presentado en diciembre de 2006 la Sra. Estela Mari Gallardo, en carácter de concubina acompañando la documental pertinente, se la excluye alegando el magistrado interviniente que la misma no revestía carácter de heredera; d) que CNA Art SA deposita en dicha causa la suma de $50.000, haciendo saber que, conforme el art. 18, 2) de la ley 24.557, la concubina Sra. Gallardo era derechohabiente del Sr. Rivarola; e) que el 23/02/07 se declara a la Sra. Irene Antonia Ingignioli, única y universal heredera, quien percibe la suma de $50.000; depositado..." (fs. 479 y vta.).
A su vez, el a quo tuvo por acreditado que la actora, al convivir con Rivarola desde el año 1988, "...se encuentra comprendida en los términos de los arts. 18 de la LRT y 53 inc. c) de la ley 24.241, teniendo preferencia de cobro de la indemnización por muerte [...] a la Sra. Irene Antonia Ingignioli, no obstante haber sido declarada, esta, sucesora universal (art. 375 CPCC y art. 63 ley 11.653)..." (fs. cit.).
En ese sentido, con sustento en la doctrina legal de esta Corte, declaró que "en el marco de la ley 24557, resulta menester tener en consideración que cuando la norma del art 18 prevé la indemnización para el caso de muerte del trabajador, regula un beneficio 'iure propio' en cabeza de sus derechohabientes, quedando vedada en consecuencia cualquier correspondencia con el esquema hereditario previsto en el Código Civil" (fs. 482). También que, de ese modo, "el concepto de derechohabiente se inserta en el de familia del trabajador, no identificable con el de pariente con vocación hereditaria" (fs. 482 vta.).
A partir de estos conceptos, juzgó que la accionante era la única acreedora de las prestaciones dinerarias establecidas en la ley especial indicada y aunque ya había resuelto el rechazo de la excepción opuesta por CNA ART S.A., hizo especial referencia al pago realizado por dicha aseguradora de riesgos del trabajo (también por MET AFJP) en el sentido que, además de no haber sido realizado a la acreedora instituida por la ley especial y por ende no tener efecto cancelatorio, los deudores no solicitaron medida cautelar idónea alguna que les hubiese permitido preservar el monto depositado, evitando de ese modo que su obligación no surtiera efectos jurídicos (v. fs. 482 vta./483 vta.).
III.1.b. Ante todo, es menester recordar que el reconocimiento de la suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 101.212, "López", sent. de 6-VI-2011; L. 110.285, "Roa", sent. de 30-V-2012; L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-XI-2012; L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; e.o.)
En el recurso bajo examen dicha carga ha quedado insatisfecha porque la interesada se limita a reiterar un argumento ya formulado en la instancia ordinaria, vinculado a la existencia de un pago efectuado a la madre del causante en el juicio sucesorio de éste (v. fs. 132), soslayando rebatir las conclusiones que estableció el tribunal -sobre la norma del art. 18 de la LRT y la doctrina legal de esta Corte- para declarar a la accionante como la única acreedora de las prestaciones dinerarias establecidas en dicha ley, y en ese orden, descartar la validez y efecto cancelatorio de los pagos realizados por la aseguradora de riesgos del trabajo y la AFJP a la madre del trabajador fallecido (v. fs. 482 vta./483 vta.).
La falta de impugnación a las referidas motivaciones de la decisión que se pretende cuestionar define la suerte adversa de la crítica intentada, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 34.646, "Bertolini", sent. de 21-V-1985; L. 95.983, "González", sent. de 16-IX-2009; L. 97.568, "Rodríguez", sent. de 10-II-2010; L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.748, "Castelluccio", sent. de 6-V-2015).
Además, cabe señalar, para resaltar la insuficiencia de la impugnación, que la interesada no ha denunciado explícitamente -como era su carga- la errónea aplicación o violación de la norma y doctrina legal citada por el tribunal de trabajo para fundamentar su pronunciamiento (v. fs. 482 y vta.), evidenciando así un insalvable déficit en los términos del citado precepto adjetivo (art. 161 apdo. 3 inc. "a", Const. prov.; causa L. 107.378, "Santoro", sent. de 13-VI-2012).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el cuestionamiento al monto del resarcimiento fijado en la sentencia.
Como fuera señalado, el juzgador declaró que la señora Gallardo era la única acreedora de las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11 apartado 4 y 15 apartado 2 de la ley 24.557. En ese orden, cuantificó la compensación adicional en la suma de $50.000, y la prestación establecida en esta última norma en $83.538,59, de acuerdo a la formula allí prevista y a las circunstancias fácticas acreditadas en el veredicto (v. fs. 482 vta.).
En el caso, si bien la agraviada denuncia la existencia de absurdo, no satisface la carga de su demostración (art. 279, CPCC). Ello, atento a que las genéricas consideraciones que expone en este tramo de la impugnación, no exteriorizan más que su disconformidad con la suma de las prestaciones dinerarias reconocidas por el tribunal de trabajo, sin aportar -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la forma en que éste determinó y cuantificó constituye el producto de algún error manifiesto.
Cuadra recordar, una vez más, que el absurdo sólo puede juzgarse configurado cuando media cabal demostración de su existencia, ya que no cualquier disentimiento autoriza a tenerlo por acreditado, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de grado. La aludida anomalía no queda configurada aun cuando la decisión del sentenciante pueda ser calificada de objetable, discutible o poco convincente; ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causa L. 111.639, "Tangorra", sent. de 29-V-2013).
Asimismo, es necesario destacar que tampoco en este tramo de la queja la recurrente ha denunciado la violación o errónea aplicación de las normas legales actuadas en el fallo portadoras de las fórmulas destinadas al cálculo de las prestaciones, y vinculadas al agravio bajo examen (arts. 11 apdo. 4 y 15 apdo. 2, ley 24.557); revelando de este modo su notoria insuficiencia conforme la doctrina citada en el apartado anterior (art. 279, CPCC).
Las señaladas deficiencias técnicas cobran insalvable relevancia en el caso y definen el rechazo de la queja en este aspecto, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurra la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; L. 117.922, "Díaz", sent. de 8-IV-2015; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; e.o.).
III.3. El cuestionamiento a la decisión de aplicar intereses moratorios (tercer agravio, expuesto a fs. 506 vta. y 507) debe ser rechazado atento su manifiesta insuficiencia por no abastecer, siquiera mínimamente, los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial que imponen la identificación de la norma y/o doctrina legal infringida.
III.4. En punto a las tasas de interés aplicadas por el a quo , la recurrente expone su crítica en dos tramos: el primero relativo al cálculo de intereses conforme la tasa activa para el período que corre entre el 14 de septiembre de 2006 y el 18 de agosto de 2008 y, el segundo, concerniente a la aplicación de la tasa pasiva denominada BIP para el lapso que existe entre el 19 de agosto de 2008 y el 31 de agosto de 2015. Denuncia la doctrina legal a su juicio violada y plantea -pese a que no fue esa la norma en que se fundó la aplicación de la tasa activa- la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de la ley 14.399.
Con relación a la primera parte del agravio debo decir que, como ya lo he expresado en reiteradas oportunidades, la ley 14.399 es constitucional y por ende aplicable a los litigios que tramitan ante el fuero laboral, ello así en la medida que dicha norma resulte aplicable desde el punto de vista temporal (v. mi voto en la causa L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013), lo que no sucedía en el tramo temporal que corre entre los años 2006 y 2008. Por otro lado, y referido a la denominada tasa pasiva BIP, el análisis relativo a si se ha verificado infracción de la doctrina legal identificada por la recurrente debe ser realizado considerando el modo como ha quedado resuelta la cuestión en la instancia anterior -consentido por la parte actora- y el principio que veda la reformatio in pejus.
En ese contexto no encuentro que tal transgresión se haya configurado en la especie habida cuenta que el tribunal de origen aplicó para ese período la tasa pasiva en una de sus variantes posibles, esto es, la que paga el Banco provincial en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", decisión que, además, se ajusta a lo resuelto por esta Suprema Corte -por mayoría en la que no participé- en la causa L. 118.157, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016) en cuanto precisó que corresponde la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Luego, igual tasa corresponde aplicar al período que corre entre septiembre de 2006 y agosto de 2008. Ello así en razón de que, por entonces y como ya se dijo, no se encontraba vigente la ley 14.399 ni se verifica en la especie acuerdo de partes relativo a los accesorios, quedando activada la facultad judicial para su determinación (art. 622, Cód. Civ.). En ese esquema, corresponde aplicar la doctrina legal actualmente vigente en la materia -citada en el párrafo precedente- que establece la aplicación de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos que no alcancen a señalar el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa.
III.5. En otro orden, corresponde señalar que no acierta la recurrente cuando objeta la fecha de inicio del cómputo de los intereses fijada en la sentencia.
El tribunal de trabajo dispuso que el capital de condena devengaría intereses moratorios desde la fecha del accidente, esto es, desde el 14 de septiembre de 2006 (v. fs. 484).
La crítica que formula la impugnante al postular que los accesorios se calculen "desde la fecha del pronunciamiento" (v. fs. 507) solo evidencia una opinión personal discrepante que no revela la existencia de un error in iudicando en la decisión atacada. Por el contrario, se asienta en el criterio consolidado en esta materia conforme el cual la fecha de exigibilidad del crédito es la que determina el comienzo del cómputo de los intereses (causas L. 108.784, "Marengo", sent. de 4-XII-2013; L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; e.o.).
III.6. Como consecuencia de lo anterior, deviene inoficioso abordar el planteo vinculado a la regulación de honorarios, toda vez que lo dispuesto en los puntos anteriores, habrá de gravitar en el monto de condena, base para la cuantificación de los estipendios profesionales.
III.7. Por último, destaco la insuficiencia manifiesta del agravio destinado a censurar el modo en que fueron impuestas las costas del proceso, toda vez que no fue acompañada de la denuncia de absurdo ni de la violación de las normas invocadas en la sentencia (v. fs. 512 vta.); lo que sella la suerte adversa del agravio (art. 279, CPCC).
IV. Por lo expuesto, propongo hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto y devolver las actuaciones a la instancia anterior a fin de que practique nueva liquidación de los intereses conforme lo resuelto en
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