Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120741
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, Soria, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.741, "Nahuel, José Alfredo contra Clínica Privada Villafañe S.R.L. Despido".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada por resultar vencida (v. fs. 210/229).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 278/300).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción que el señor José Alfredo Nahuel promovió contra Clínica Privada Villafañe S.R.L., por la que pretendía el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, así como la prevista en el art. 52 cuarto párrafo de la ley 23.551 (v. fs. 210/229).
Para así decidir, tras valorar el material probatorio aportado a la causa, el a quo juzgó acreditado que el actor ingresó a trabajar como enfermero para la accionada el día 4 de abril de 2007, habiendo culminado la relación laboral el 26 de mayo de 2015 por decisión del trabajador (v. fs. 210/213).
También tuvo por probado que el 19 de marzo de 2015 el promotor del pleito había sido electo delegado gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), extendiéndose su mandato hasta el 19 de marzo de 2017; siendo además elegido congresal suplente de dicha entidad sindical el día 12 de agosto de 2014, con mandato vigente hasta el 12 de agosto de 2018 (v. fs. 211 y vta.).
Luego, analizó el intercambio postal cursado entre las partes y los hechos que rodearon la extinción del vínculo y concluyó que el 19 de mayo de 2015 la empleadora había remitido una carta documento en la que daba cuenta de que el día anterior (18 de mayo de 2015) el señor Nahuel se había negado a notificarse de la medida cautelar de suspensión por el término de treinta días que la empleadora había dispuesto por haber tomado conocimiento de actos de agresión, intimidatorios y maltratos a pacientes del nosocomio; informándole también en dicha misiva acerca del inicio de un sumario administrativo interno, el cual le sería puesto a disposición para ejercer su derecho de defensa y la comunicación de tal medida al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dentro de las 48 horas (v. fs. 212 vta. y 213).
Señaló además que en respuesta a tal decisión, el trabajador envió un telegrama colacionado, que luce agregado a fs. 10, mediante el cual hizo saber que no habiendo sido impuesta por un juez competente la suspensión notificada, hacía uso de la opción legal y se consideraba gravemente injuriado y despedido sin justa causa, ello, por encontrarse amparado por la garantía sindical, intimando a que en el plazo de 48 horas se le abone la indemnización del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, así como la emergente del art. 52 cuarto párrafo de la ley 23.551 (v. fs. 213).
Indicó que posteriormente la patronal anunció al dependiente que se encontraba a su disposición el sumario administrativo por cinco días para realizar el descargo, respondiendo este último que dicho trámite era extemporáneo y carente de efecto jurídico alguno, dado que ya había iniciado la acción legal en la que se daba por despedido, y que, a todo evento, la instrucción de un sumario interno con posterioridad a la toma de la medida sancionatoria como la suspensión legitimaba el agravio y el despido indirecto configurado (v. últ. fs. cit.).
De lo expuesto -sostuvo el juzgador- surgía sin duda que la relación laboral se había extinguido el día 26 de mayo 2015 por haberse colocado el trabajador en situación de despido indirecto, en razón de considerar antijurídica la suspensión de tareas dispuesta por su empleador cuando se hallaba amparado por la tutela sindical (v. fs. 213 in fine y vta.).
Finalmente, con la prueba documental y las constancias obrantes en los autos caratulados "Clínica Privada Villafañe S.R.L. c/ Nahuel, José Alfredo s/ Exclusión de tutela sindical", expediente 32.569, que tramitó por ante ese mismo órgano jurisdiccional y fuera iniciado en fecha 4 de junio de 2015 (v. cargo de fs. 24), el órgano a quo halló comprobado que la empleadora solicitó, por un lado, la exclusión de la tutela sindical a efectos de proceder al despido con causa del trabajador y, por el otro, peticionó se ordenara en forma urgente su inmediata suspensión en la prestación de tareas habituales con base en lo dispuesto por el art. 30 del decreto 467/88, reglamentario de la ley 23.551. Destacó que tales actuaciones culminaron el día 3 de agosto de 2015 (v. fs. 53/54) al ponderar que el trabajador ya se había considerado despedido el día 26 de mayo de 2015 conforme surgía del expediente 32.609, aquí en resolución (v. fs. 213 vta.).
Puntualizó que ninguna duda cabía en cuanto a que la parte demandada había iniciado el procedimiento de exclusión de tutela sindical y petición de medida cautelar urgente de suspensión el día 4 de junio de 2015, esto es, cuando ya había procedido unilateralmente a suspenderlo (el día 18 de mayo de 2015) y la relación laboral se encontraba finiquitada (v. últ. fs. cit.).
Evaluó -asimismo- las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa, de las cuales extrajo que el señor Nahuel había cometido maltrato y violencia física en perjuicio de pacientes internados en la clínica, sin que pudiera ello validarse de ningún modo, pues la agresión de la cual dieron testimonio los testigos Cottini y Córdido revestía un hecho de entidad gravísima (v. fs. 213 vta. in fine /216).
No obstante lo cual, indicó, no podía dejar de meritarse que el trabajador se encontraba amparado por la tutela sindical, y que según los dichos vertidos por la testigo Sonia del Valle Suárez -supervisora de enfermería-, ésta había comenzado una investigación poniendo en su conocimiento el inicio de un sumario administrativo e informándole verbalmente que lo suspendían y que debía retirarse del establecimiento sanitario hasta que culminara dicho trámite (v. fs. 216).
Sobre ese escenario, en la sentencia declaró que al revestir el actor la doble calidad de delegado gremial y congresal suplente con finalización de su mandato el día 12 de agosto de 2018, resultaba de aplicación al caso lo preceptuado por el art. 52 de la ley 23.551, en cuanto dispone que los representantes gremiales no pueden ser despedidos, suspendidos, ni modificarse sus condiciones de trabajo, sin que medie resolución judicial previa que los excluya de dicha garantía (v. fs. 222).
Manifestó que dicho precepto estatuye un procedimiento específico que el empleador "debe" seguir a los fines de introducir cambios en la prestación laboral, o para proceder a suspender o despedir al trabajador amparado por garantía gremial, sin que la patronal pierda las potestades de organización, dirección y disciplinarias a las que hacen alusión los arts. 64 a 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que solamente se subordina su ejercicio al cumplimiento de los procedimientos legales para realizar los actos lícitos en que tales potestades se concretan (v. últ. fs. cit.).
En consecuencia, juzgó que la Clínica Privada Villafañe S.R.L. había incumplido la manda del citado art. 52 de la ley 23.551, toda vez que procedió a suspender verbalmente a un empleado amparado por la tutela sindical sin haber iniciado el procedimiento para excluirlo de tal garantía (v. fs. 222 vta.).
Es decir, añadió, al tomar conocimiento la patronal de las presuntas agresiones que habría proferido el enfermero Nahuel a pacientes de la clínica, lo primero que resolvió fue suspenderlo verbalmente, para luego notificarle mediante carta documento dicha medida. Acto seguido, anotició al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires incompetente y, habiéndose producido ya la extinción de la relación laboral el día 26 de mayo de 2015 por decisión del trabajador, ocurrió a los estrados de ese tribunal a iniciar el procedimiento de exclusión de tutela sindical y a peticionar como medida cautelar urgente la suspensión del trabajador. Destacó que ese no era el procedimiento legal a seguir para suspender en forma preventiva a un empleado amparado por las garantías previstas por los arts. 40, 48 y 50 de la ley 23.551 (v. fs. 223).
Para mayor ilustración, explicó el sentenciante, la Ley de Asociaciones Sindicales ha previsto el juicio por exclusión de tutela sindical para recién después de obtenida sentencia favorable, si por derecho correspondiera, proceder al despido, procedimiento dentro del cual el empleador bajo determinadas circunstancias -de grave entidad- y una vez demostradas las mismas, puede pedir a la judicatura la suspensión preventiva como medida cautelar (v. fs. 223 in fine ).
El acto del empleador, prosiguió, que dispone la suspensión del contrato de trabajo de un representante gremial sin que hubiera mediado resolución judicial previa de exclusión de la garantía es nulo. El requisito formal de promoción del juicio sumarísimo que a tal efecto debe promoverse es exigido ineludiblemente por la ley. Esta última -enfatizó- autoriza además a la reparación mediante la reposición de las cosas a su estado anterior, dando derecho al afectado a demandar judicialmente la reinstalación a su puesto de trabajo, con más los salarios caídos durante la tramitación judicial (art. 52 segundo párr., ley 23.551), salvo que optare -como aconteció en la especie- por considerar extinguido el vínculo laboral colocándose en situación de despido indirecto (cuarto párr., art. y ley cit.; v. fs. 223 in fine y vta.).
En cuanto a la gravedad de los hechos invocados por el empleador para suspender a su dependiente, dejó aclarado el tribunal que la testimonial había sido acorde para su demostración, en tanto los actos de agresión de un enfermero a los pacientes de una clínica en la cual prestaba tareas no pueden validarse bajo ningún concepto (v. fs. 224).
Sin perjuicio de ello, reiteró que las facultades del principal no se encuentran abolidas por el régimen de la ley 23.551, sino que se supeditan a un procedimiento específico. Así, afirmó, bajo la órbita del mentado art. 52 el juez podrá disponer a pedido de aquel, dentro del plazo de cinco días, la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar, cuando la permanencia del cuestionado a su puesto pudieran ocasionar peligro a la seguridad de las personas o bienes de la empresa (v. últ. fs. cit.).
Esa suspensión cautelar, explicó, es de excepción y debe analizarse y aplicarse con criterio restrictivo, porque se encuentra en juego el superior interés de proteger el derecho sindical, por lo que juzgó que el Poder Ejecutivo al reglamentar en el art. 30 del decreto 467/88 el art. 52 de la ley 23.551 extendió las facultades del empleador en claro perjuicio del trabajador tutelado, excediendo las facultades reglamentarias otorgadas por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. fs. 224).
En tales condiciones, y toda vez que dicha norma reglamentaria se encuentra en pugna con los arts. 52 de la ley 23.551 y 14 bis de la Constitución nacional, declaró "de ofició" su invalidez constitucional, ya que -indicó- la ampliación irrestricta de derechos a favor del empleador contraría todo el espíritu de la Ley de Asociaciones Sindicales, que busca amparar al trabajador para que pueda ejercer libremente la representación gremial para la cual fue elegido (v. fs. 224 vta.).
Con todo, hizo lugar a la demanda deducida, declarando que al señor José Alfredo Nahuel le asistía el derecho de colocarse en situación de despido indirecto al habérselo suspendido en su prestación de tareas mientras se encontraba amparado por las garantías sindicales indicadas, condenando a la Clínica Privada Villafañe S.R.L. al pago de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo y la emergente del art. 52 cuarto párrafo de la ley 23.551 (v. fs. 225 vta.).
Finalmente, dispuso aplicar intereses sobre el capital de condena, desde la fecha del distracto (26 de mayo de 2015) y hasta su efectivo pago, a la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 227 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 18 y 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 10 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 incs. 4 y 5 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 44, 47 y 63 de la ley 11.653; 30 del decreto 467/88 y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, sostiene que no puede condenarse a su parte al pago de indemnización alguna porque el procedimiento adoptado para suspender preventivamente al trabajador y liberarlo de prestar tareas se ajustó, atento la gravedad de los hechos cometidos, a las disposiciones del art. 30 del decreto 467/88, reglamentario de la ley 23.551.
Sostiene que la sentencia en crisis es autocontradictoria, pues, por un lado, tuvo por probados los maltratos físicos llevados a cabo por el señor Nahuel en perjuicio de pacientes internados en la Clínica Privada Villafañe S.R.L. y, por el otro, expresó que al suspender verbalmente la supervisora de enfermería (quien no pertenece más al plantel de empleados del nosocomio y no tenía autoridad para tomar esa decisión) el procedimiento adoptado por la patronal no fue el adecuado y declaró de oficio la inconstitucionalidad del art. 30 del decreto 467/88.
En este último aspecto, indica que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia, toda vez que se avocó al análisis de constitucionalidad de la norma reglamentaria sin que ninguna de las partes formulara petición alguna al respecto.
Siendo ello así, continúa, el órgano de la instancia de origen falló extra petita , lesionando los derechos al debido proceso y propiedad, así como el principio de congruencia que debe garantizarse en todo juicio.
Cita a precedentes emanados de distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de esta Suprema Corte que avalan su postura de que en el caso el tribunal interviniente cercenó de manera directa derechos y principios fundamentales del debido proceso, por cuanto declaró la inconstitucionalidad de una norma sin argumentos que amparen sólidamente tal decisión; resultando la sentencia incongruente con lo requerido en la demanda y en el posterior desarrollo del proceso, extendiéndose sobre cuestiones no debatidas en el pleito y por las cuales su parte se ha visto impedida de ejercer una debida defensa.
En otro orden, manifiesta que debió analizarse en forma conjunta la totalidad de las actuaciones, pruebas producidas y hechos acreditados, y no, tal como hubo de llevarlo a cabo el tribunal de trabajo, resolver la contienda valorando aisladamente el testimonio de un único testigo, al cual le otorgó suficiente convicción para emitir el pronunciamiento.
Reitera que la empleadora adoptó el procedimiento normado por el art. 30 del decreto reglamentario 467/88 y siguió "al pie de la letra" todos y cada uno de los pasos allí indicados para suspender al actor en sus funciones ante la gravedad de los hechos que se habían comprobado mediante la sustanciación de un sumario interno.
Aduce que la señora Sonia del Valle Suárez -por entonces supervisora de enfermería- no tenía facultades disciplinarias ni de dirección, conforme lo normado por el art. 67 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que mal podía comunicar suspensión alguna a un empleado.
Indica que del testimonio brindado por esta última en la audiencia de vista de la causa no surge que hubiera suspendido verbalmente al señor Nahuel. En este aspecto, sostiene que los escritos constitutivos del proceso evidencian que el señor Gustavo Adolfo Villafañe fue quien, en su calidad de socio gerente de la Clínica Privada Villafañe S.R.L., anunció verbalmente el día 18 de mayo de 2015 la sanción aplicada, y ante la negativa del trabajador a firmar la notificación escrita de la suspensión, procedió a comunicársela mediante carta documento recibida el día 25 de mayo de 2015.
Expresa que luego del aviso verbal de la suspensión emitida, la Dirección de la Clínica Privada Villafañe S.R.L. dispuso no sólo remitir la correspondiente notificación fehaciente, sino también articular el procedimiento legal sancionatorio que estatuye el art. 30 del decreto 467/88, es decir: notificó antes de las 48 horas al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, y dentro del plazo de quince días inició el pedido de exclusión de tutela sindical por ante el tribunal de trabajo pertinente.
Cita una vez más a distintos precedentes de esta Suprema Corte donde -según afirma- se acogió la validez del procedimiento establecido por la referida normativa reglamentaria.
Denuncia la comisión del vicio de absurdo en la valoración de las pruebas que condujo al tribunal a resolver la controversia, ya que -aduce- acogió la demanda interpuesta con el único testimonio de la exsupervisora de enfermería, dejando de lado el sumario interno agregado a estas actuaciones, el expediente de inicio del procedimiento de exclusión de tutela sindical, la carta documento remitida, los oficios enviados al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires donde se anotició la medida adoptada y las declaraciones testimoniales de todos los testigos que fueron contestes en afirmar que el trabajador maltrató a los pacientes internados en el sanatorio.
Para más, refiere que el actor en su demanda tampoco manifestó haber sido anoticiado verbalmente de la sanción de suspensión por la supervisora de enfermería, no resultando tampoco acreditada dicha circunstancia con ninguna de las constancias incorporadas a la causa.
En suma, concluye, no existe prueba que convalide la definición del a quo mediante la cual adujo que, ante la suspensión verbal comunicada por la supervisora de enfermería, el procedimiento de la patronal para apartar al actor de su puesto de trabajo, ante la gravedad de los hechos consumados, no fue el adecuado.
Entiende que al haber tomado como fundamento de su decisión a un único testimonio, haciendo caso omiso a la totalidad de las constancias obrantes en la causa y declarando de oficio la inconstitucionalidad del art. 30 del decreto 467/88 sin que mediara planteo previo por parte del actor, el tribunal de mérito actuó con exceso ritual manifiesto, por haber renunciado en forma consciente a la verdad jurídica objetiva, apegándose al texto literal de las normas procesales, derivando así en un menoscabo de justicia.
Por último, controvierte la tasa de interés aplicada al capital de condena, y ello por considerar que tal definición se aparta de la doctrina sentada por este Tribunal en la causa L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013, en la que se dispuso que tales accesorios deben liquidarse a la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
III. El recurso prospera con los siguientes alcances.
III.1. Ante todo, cabe precisar que en los precedentes L. 51.220, "Lorenzi" (sent. de 10-VIII-1993); L. 51.550, "Vivas" (sent. de 22-II-1994); L. 53.740, "Schmidt" (sent. de 27-II-1996); L. 67.598, "Blanco" (sent. de 2-X-2002); L. 72.258, "Asmit de Mottino" (sent. de 28-V-2003); L. 77.727, "Vall
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