Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120802
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Genoud, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.802, "Mandagaran, Juan Ramón contra Sealy Argentina S.R.L. y otro. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas a las vencidas (v. fs. 813/831 vta.).
Se interpuso, por la coaccionada Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 886/904).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor Juan Ramón Mandagaran y condenó solidariamente a Sealy Argentina S.R.L. y Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización integral por daños y perjuicios derivados de la incapacidad atribuida al accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas para su empleadora.
Para así decidir, con apoyo en las pruebas producidas (testimonial, pericial psiquiátrica y médica), tuvo por demostrada la existencia del infortunio, ocurrido el día 26 de febrero de 2009, oportunidad en la que encontrándose el actor trasladando tres placas de espuma de poliuretano tropezó y cayó de rodillas, impactando tales elementos en su cabeza y cuello (v. vered., segunda cuestión, fs. 814 vta.).
También juzgó comprobado que a consecuencia del evento el accionante padece luxación recidivante de articulación gleno humeral, cervicalgia crónica, bursitis o tendinitis del hombro crónica y rebelde al tratamiento y trastorno por estrés post traumático, que le provoca una incapacidad laboral permanente del 42,5% del índice de la total obrera (v. vered., tercera cuestión, fs. 816 y vta.).
En la sentencia, el a quo halló verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva y objetiva de la empleadora en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código de Vélez Sarsfield; comparó el importe garantizado por la ley 24.557 con aquel otro al que la víctima accedería con sustento en el régimen común y se pronunció por la invalidez constitucional del art. 39 de la citada ley (v. fs. 820 vta./826 vta.).
Luego, habida cuenta que resultó acreditado el obrar omisivo en cuanto a los deberes de prevención que la ley impone (vinculados a la falta de capacitación del personal de Sealy Argentina S.R.L. en materia de riesgos del trabajo, a la ausencia de verificación relativa a que su afiliada entregara al actor elementos de seguridad y ropa adecuada para el cumplimiento de sus tareas y a la omisión de denunciar tales incumplimientos a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo), el sentenciante de origen concluyó que Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- resultaba solidariamente responsable con el principal por el pago del monto establecido en concepto de reparación integral, conforme el art. 1.074 del Código Civil -ley 340-, vigente en la fecha en que sucedieron los hechos ventilados en la causa (v. sent., fs. 827/829).
II. El letrado apoderado de Galeno ART S.A. -continuadora de Mapfre ART S.A.- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 505, 699, 701, 730, 1.074 y 1.109 del Código Civil (ley 340); 1, 4, 26 y 31 de la ley 24.557; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 y 63 de la ley 11.653; decreto 170/96 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 905/922 vta.).
En el inicio de la crítica desarrolla argumentos por los cuales entiende que no pudo el a quo imponerle el pago de una condena solidaria en los términos del art. 1.074 del Código Civil (ley 340), pues, en todo caso, las obligaciones que podrían generar la responsabilidad de ambas demandadas son concurrentes.
Explica que en el supuesto de una condena extrasistémica, como acontece en la especie, tanto el empleador como la aseguradora de riesgos del trabajo son deudores ante el trabajador damnificado o sus derechohabientes, pero sus respectivas "deudas" reconocen distintas fuentes jurídicas, a saber: el principal, en función del acto ilícito normado en el art. 1.072 del Código Civil (ley 340); y la aseguradora, en virtud de las disposiciones de la ley 24.557 y del contrato de afiliación suscripto. Por ende, y toda vez que el art. 26 apartados 1 y 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo establece una cláusula limitativa de responsabilidad, Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- solo debe responder en los términos de la norma que le da origen a su obligación.
Alega que su parte no asumió un deber específico de previsión ni de provisión de prestaciones destinadas al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad según las disposiciones de la ley 19.587, tampoco de aquellas relacionadas con el éxito de los planes de mejoramiento a los que alude el art. 4 de la Ley de Riesgos del Trabajo, ni al programa de seguridad, ni -menos aún- que sean garantes de su cumplimiento.
En tales condiciones, aduce, no puede válidamente concluirse -tal como hubo de determinarlo el tribunal de grado- que la actividad de Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.-, o la eventual omisión de su deber de vigilancia y seguridad, haya sido la causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso sufrido por el trabajador.
En suma, manifiesta que su responsabilidad queda limitada a lo establecido por la ley 24.557 y el contrato de afiliación, pudiendo resultar obligada únicamente a responder por las prestaciones contempladas en dicho régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Por otra parte, expresa que no pudo el juzgador arribar a la conclusión de que existió un adecuado nexo de causalidad entre la conducta que se denunció omitida y la producción del daño cuando de la prueba producida en autos surge manifiesto que Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.-realizó controles, efectuó visitas, recomendaciones y observaciones pertinentes con anterioridad a la fecha del accidente de trabajo.
Destaca que la falta de denuncia respecto de las infracciones cometidas por el empleador en materia de seguridad e higiene ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo no puede ser fuente de imputación de responsabilidad, por cuanto dicha circunstancia no fue planteada por el actor en su demanda y, por ende, no tuvo la oportunidad de ejercer durante el pleito su derecho de defensa. Al respecto, invoca vulnerado el principio de congruencia.
Asimismo alega que la rescisión del contrato de afiliación no resulta ser una vía -tal como lo dejó entrever el a quo en el pronunciamiento- por la cual pueda la aseguradora de riesgos liberarse de responsabilidad, ya que tal facultad resolutoria corresponde únicamente al empleador, salvo supuesto de falta de pago de las alícuotas, cese de la actividad del principal o inexistencia de trabajadores en relación de dependencia, supuestos estos que no se han configurado en autos.
Es por ello que, insiste, no existió una acción que Mapfre ART S.A. -hoy Galeno ART S.A.- pudo o debió llevar a cabo y cuya omisión tuvo relación directa con el perjuicio sufrido por el trabajador. En tal sentido, dice, luce evidente el absurdo en el que incurrió el sentenciante al atribuirle responsabilidad civil con sustento en una supuesta inobservancia de sus deberes en materia de prevención y control.
Es que, asevera, el juzgador no esgrimió explicación lógica alguna de los motivos por los que consideró que tales incumplimientos fueron la causa jurídicamente relevante en la producción del infortunio, pues, no se advierte de qué manera la realización de visitas, la formulación de una denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o la rescisión del contrato de afiliación podrían haber evitado el daño.
Reitera que la decisión de grado transgrede el principio de congruencia porque, en concreto, no determinó cual fue la omisión en que incurrió la aseguradora de riesgos del trabajo, resultando acreditado a través de la prueba pericial técnica y de la documental agregada la inexistencia de incumplimiento alguno que se aprecie como causa eficiente en la producción del accidente por cuyas secuelas incapacitantes el actor reclama.
Por último, critica la regulación de los honorarios profesionales practicada en la instancia ordinaria. Y ello, por considerar que la estimación de tales estipendios excede el límite establecido por los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, transgrediendo la doctrina legal de la Suprema Corte emanada del precedente Ac. 75.597, "Ghibaudi" (sent. de 22-X-2003).
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Inicialmente, corresponde señalar que las normas civiles actuadas por el órgano judicial de grado consolidaron sus efectos bajo la vigencia de la anterior codificación; en consecuencia, la eventual revisión de los criterios plasmados en el pronunciamiento que se impugna ha de ajustarse al entramado normativo vigente -como quedó dicho- en la fecha en que sucedieron los hechos que se ventilan en la causa (art. 7, Cód. Civ. y Com.; cfr. Kemelmajer de Carlucci, Aída; "La aplicación del Código Civil, y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", págs. 33 y 158, Rubinzal Culzoni, 2015).
III.1.b. Establecido lo que antecede, cabe precisar que no logra la recurrente desvirtuar la sentencia en cuanto juzgó configurada la responsabilidad civil de la aseguradora de riesgos del trabajo y la condenó a pagar al actor -solidariamente con el empleador codemandado- la suma que específicamente determinó en concepto de reparación integral del daño.
La argumentación estructurada en torno a que las obligaciones de las aseguradoras de riesgos del trabajo se circunscriben únicamente al otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, en los términos del contrato de afiliación celebrado con los empleadores, luce manifiestamente improcedente.
Sobre el tópico, habré de puntualizar que no existe obstáculo jurídico alguno para que, verificados los presupuestos legalmente establecidos en el Código Civil (ley 340), tales entidades puedan ser responsabilizadas civilmente por los daños sufridos por los trabajadores como consecuencia del deficiente cumplimiento por parte de aquellas de los deberes de prevención, seguridad y control de los riesgos del trabajo que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo, debiendo en tal hipótesis reparar integralmente -por fuera de la responsabilidad sistémica que les corresponde por las prestaciones dinerarias previstas en dicha ley especial- los perjuicios originados. Ello ha sido reiteradamente admitido por la doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 92.370, "Dodds", sent. de 18-II-2009; L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009; L. 95.988, "Mereles", sent. de 6-X-2010 y L. 96.238, "M., B. L.", sent. de 9-XI-2011), también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas S.1478.XXXIX "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES S.A. y otro", sent. de 10-IV-2007 y T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro", sent. de 31-III-2009).
Tal como lo precisó este Tribunal en los precedentes indicados, no resulta aceptable entender que las aseguradoras de riesgos del trabajo son meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo de la ley 24.557 se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos preventivos allí previstos.
En consecuencia, cuando dichas entidades incumplen o cumplen deficientemente -por acción u omisión- los deberes de seguridad, prevención y control que la Ley de Riesgos del Trabajo pone a su cargo, y siempre que esos incumplimientos se vinculen causalmente con los daños sufridos por los trabajadores, no hay obstáculo alguno para responsabilizarlas en los términos del derecho común.
En el contexto de análisis descripto, concluyo que no se presenta como eficaz propuesta de impugnación lo expresado por la recurrente al manifestar que las aseguradoras tienen como único objeto el otorgamiento de las prestaciones establecidas en la ley 24.557, ya que -en el criterio del tribunal interviniente- el fundamento de la condena resultó extraño al sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Esta Corte ha sostenido que, situados en el marco de la responsabilidad civil extracontractual en que se consideró incursa a la aseguradora de riesgos por omisión de los deberes a su cargo, el resarcimiento debido queda ligado y determinado por los parámetros de integralidad previstos por la normativa de derecho común y ajeno, por ende, a las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, marco reparador extraño al fundamento y naturaleza de la condena aplicada en autos (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011 y L. 111.176, "Gómez", sent. de 21-VIII-2013).
III.2. Despejados los supuestos (y, en rigor, inexistentes) obstáculos jurídicos para responsabilizar civilmente a la aseguradora en los términos solicitados por el actor, corresponde abordar ahora los agravios dirigidos a cuestionar lo fallado por el tribunal de grado en cuanto hubo de juzgar que aquella no cumplió con las obligaciones de prevención a su cargo y que ello se constituyó en factor causal del daño.
III.2.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido -o no- con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 105.679, "Lazarte", sent. de 12-XII-2012; L. 115.585, "Valdés", sent. de 5-XI-2014; L. 118.512, "Romano", sent. de 6-IV-2016; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016; L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017 y L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017).
III.2.b. La crítica ensayada por la recurrente se encuentra lejos de evidenciar la apuntada anomalía. Veamos:
En la sexta cuestión del veredicto, el tribunal de grado hubo de preguntarse si se hallaba probado en la causa el dictado de cursos de capacitación por parte de la demandada o de la aseguradora de riesgos del trabajo, si esta última había efectuado recomendaciones al empleador en materia de seguridad y, en su caso, si había formulado denuncias ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por incumplimiento de tales recomendaciones (v. fs. 813 vta.).
Al responder al interrogante así planteado, el tribunal puso de resalto que de conformidad con lo manifestado por el perito ingeniero en su informe, todas las constancias exhibidas en relación al dictado de cursos de capacitación eran posteriores a la fecha del accidente sufrido por el actor. Destacó además, que si bien existían constancias de haberse efectuado recomendaciones, no surgían en cambio denuncias realizadas ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo por incumplimientos de la demandada Sealy Argentina S.R.L. (v. fs. 817 vta.).
En la sentencia, juzgó que la compañía aseguradora no había brindado al personal dependiente de su afiliada capacitación alguna en materia de riesgos del trabajo; soslayando además verificar si esta última otorgaba al trabajador elementos de seguridad necesarios y ropa adecuada para prestar las tareas asignadas (v. fs. 827 vta.).
Indicó que con el mencionado peritaje técnico había quedado acreditado en la causa que en el establecimiento comercial de la empleadora la carga, descarga, manipulación y transporte de placas de espuma de poliuretano, cuyo peso oscilaba entre los cincuenta y sesenta kilogramos se realizaba manual e inadecuadamente. Asimismo, que "...el principal diagnóstico de lesiones fue la manipulación y transporte de cargas...", y que durante el año 2009 (en el que el actor sufrió el accidente de trabajo) el número de infortunios alcanzó la cifra de 120 casos sobre 400 trabajadores, esto es, una tasa del 30% (v. fs. 827 vta. y 828).
Destacó asimismo que resultaba razonable concluir que la implementación de un adecuado plan de prevención en materia de seguridad industrial, adoptando las medidas de seguridad a fin de minimizar el riesgo de la tarea desarrollada por el actor, proveyendo ropas y elementos de protección adecuados y brindando asesoramiento al trabajador en relación al resguardo de su integridad física, hubieran constituido factores que podrían haber evitado el acaecimiento del evento dañoso (v. fs. 828).
Concluyó que las circunstancias descriptas, unidas al marco legal reseñado y a las obligaciones que éste impone, conducían a sostener que Mapfre ART S.A. incurrió en una clara conducta culposa tipificada por el art. 512 del Código de Vélez, y que en el caso regía lo dispuesto por el art. 1.074 de ese mismo ordenamiento, porque la omisión "ocasionó" el daño (v. fs. 828 vta. y 829).
Tales fundamentos han sido por completo ignorados por la recurrente, limitándose a exponer un criterio meramente discrepante al plasmado en el pronunciamiento que impugna, sin lograr concretar una crítica frontal y eficaz de lo decidido.
En definitiva, sus argumentaciones transitan por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, resultando de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 88.158, "Bejarano", sent. de 17-XII-2008 y L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012).
III.2.c. Tampoco logra derribar la conclusión relativa a que medió nexo causal entre sus incumplimientos y el daño padecido por el actor.
Una vez más, la recurrente exhibe su propia y subjetiva opinión sobre una cuestión de índole fáctica sin encargarse de rebatir adecuadamente las contundentes conclusiones del juzgador relativas a la existencia de una relación de causalidad adecuada y suficiente entre el obrar omisivo de "Mapfre ART S.A." y el siniestro que menoscabó la integridad psicofísica del actor, toda vez que -a criterio del tribunal- como consecuencia de no haber cumplido con los deberes de prevención se produjo el infortunio, resultando por lo tanto imputables a ella las consecuencias derivadas de su conducta culposa, en los términos de los arts. 512, 902 y 1.074 del Código velezano (v. sent., fs. 827/829).
En definitiva, no aporta ningún elemento convincente con aptitud para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 88.730, "Álvarez", sent. de 20-VI-2007; L. 97.816, "Greco", sent. de 21-XII-2011 y L. 116.645, "C., C. C.", sent. de 1-VII-2015).
Cabe recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia en el fallo recurrido de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una groser
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.