Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121188
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , de Lázzari , Genoud , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.188, "Keesler, Lucas Daniel contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Diferencia de indemnización".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda, con costas a cargo de la actora (v. fs. 162/175 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/187 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de trabajo interviniente -por mayoría- rechazó la acción iniciada por el señor Lucas Daniel Keesler contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual pretendía el cobro de diferencias de indemnización por incapacidad parcial, permanente y definitiva.
Para así decidir, señaló que no se hallaba controvertido en el caso que el actor sufrió un accidente de trabajo el día 25 de diciembre de 2012 mientras cumplía sus tareas habituales para la firma Vigilan S.A., como tampoco que por ese hecho la Comisión Médica le otorgó un 39% de incapacidad definitiva. Asimismo, que la aseguradora demandada le abonó la suma de $172.984,50 en concepto de prestación dineraria (art. 14 apdo. 2, ley 24.557) y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
En ese marco, sostuvo que a partir de la interpretación armónica de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 surgía que los importes de actualización semestral a los que refiere el primero de los preceptos citados no pueden ser otros que aquellos de monto fijo, esto es el piso indemnizatorio (dec. 1.694/09) y las compensaciones de pago único (art. 11 apdo. 4, ley 24.557).
Consideró asimismo que el decreto 472/14 -reglamentario de la ley 26.773-, sólo servía como una pauta interpretativa en el mismo sentido que el mencionado ut supra ; y por lo tanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor (v. fs. 173).
En este contexto, luego de practicar el cálculo indemnizatorio conforme las pautas previstas por la ley 26.773 y cotejarlo con la suma ya percibida por el trabajador, concluyó que la diferencia a favor de aquél era de $81,54 (v. fs. 173 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia que la sentencia impugnada viola la doctrina legal que surge de la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, así como los arts. 103 del decreto 1.759/72; 4 del decreto 472/4; 1 y 2 del Código Civil y 75 inc. 12, 17 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional (v. fs. 183/187 vta.).
Sostiene que el decreto 472/14 es inconstitucional, en tanto no sólo transgrede los arts. 17, 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional, sino que además realiza una discriminación arbitraria entre las prestaciones dinerarias que deben ajustarse conforme la variación del índice RIPTE desde enero de 2010 (compensaciones adicionales de pago único y mínimos establecidos en el dec. 1.694/09) y aquellas otras que deben ajustarse desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, la cual -afirma- reforma en perjuicio del trabajador el marco de cobertura de la ley especial (v. fs. 184 y vta.).
Alega que la sentencia viola los arts. 1, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, fijando un alcance distinto al previsto por el legislador al aplicar el índice RIPTE de manera incorrecta, contrariando la letra y finalidad de tales preceptos.
Señala que, para desentrañar el alcance de la norma, corresponde comparar el quantum indemnizatorio que debería percibir el actor según distintas fórmulas (original de la ley 24.557 con aplicación del piso del decreto 1.694/09, con la ley 26.773 y aplicación de RIPTE como propone, con fórmula "Méndez" y con formula "Vuoto"), concluyendo que su pretensión es la que se ajusta a la letra y finalidad de la ley (v. fs. 184 vta./186).
Finalmente cuestiona que el tribunal de grado no haya aplicado el indicado mecanismo de actualización a la totalidad de las prestaciones al juzgar que las resoluciones de la Secretaría de Trabajo 34/13 y 3/14 prescriben que únicamente se ajustan los importes de suma fija. Postula que, al ser ambos actos administrativos de alcance general, existe una imposibilidad jurídica en relación a que prevean el resultado de cada indemnización, dejando fuera de regulación -por un impedimento apuntado- casos que corresponden al ámbito de aplicación.
III. El recurso no prospera.
III.1. La decisión del a quo se ajusta a la doctrina legal elaborada por este Tribunal.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) -oportunidad en la que presté adhesión al voto del doctor Pettigiani-, esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea- y dec. 472/14).
III.2. Luego, y con relación al decreto reglamentario 472/14 cabe agregar que esta Corte declaró en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), que no se verifica que la regulación contenida en dicha norma, en cuanto a los importes sujetos a la aplicación del índice RIPTE, implique una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia