Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 28 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani , Negri , Soria , de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.827, "Giménez, Oscar Alfredo contra Servicios de Almacén Fiscal S.A. y ot. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 470/489 y aclaratoria de fs. 521/523).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 499/505 vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 598) -llamamiento que fuera suspendido (v. fs. 611) por pedido del letrado accionante y reanudado a fs. 620- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Oscar Alfredo Giménez contra Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. y Tigre Argentina S.A. condenándolos solidariamente a abonar las sumas que especificó en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario, salarios por vacaciones proporcionales e indemnizaciones por antigüedad, falta de preaviso y aquellas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744. Asimismo, condenó a Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. a entregar el certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent., fs. 488/489).
En cambio, rechazó las pretensiones deducidas que perseguían el cobro de indemnización por diferencias registrales (art. 1, ley 25.345), la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, el rubro daño moral y la declaración de temeridad y malicia de las demandadas. Por último, desestimó, en todos sus términos, la acción dirigida contra Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. (v. sent., fs. cit.).
En lo que es motivo de impugnación e interesa para la resolución de la litis, el a quo desestimó la pretensión del trabajador de percibir la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, por considerar -con sustento en las explicaciones brindadas por la perito contadora a fs. 365 vta.- que la demandada cumplió en depositar las sumas retenidas al actor en la Banca Nazionale del Lavoro (v. vered., punto II.12, fs. 472; y sent., punto 5, fs. 478 vta.).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación del art. 132 bis de la ley 20.744 y doctrina legal que cita (v. fs. 499/505 vta.).
En esencia, sostiene que a través de una absurda interpretación de la prueba el tribunal de grado rechazó la aplicación de la sanción conminatoria prevista en el citado cuerpo legal.
En tal sentido, en primer lugar, indica que cursó a su empleador la intimación prevista en el decreto 146/01, mediante TCL 53 798 129 - CD 455 187 629 de fecha 20 de mayo de 2002 reproducida en la demanda y acompañada como prueba documental (v. rec., fs. 500 vta.).
A continuación afirma, por un lado, que en su contestación de demanda Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. sólo realizó una negativa retórica y genérica, sin desconocer los dos hechos esenciales que se requieren para el progreso del rubro, es decir: 1) la retención de los aportes personales del actor para la seguridad social y el sindicato; y 2) su falta de depósito en los organismos respectivos (v. rec., fs. 501 vta.).
En este camino, alega que el demandado no ofreció prueba alguna tendiente a acreditar de modo fehaciente que los aportes concreta y específicamente retenidos al trabajador Giménez hubieran sido ingresados "con destino a los organismos de la seguridad social y las cuotas destinadas a las asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial", que incluyen las deducciones para el sistema jubilatorio, ley 19.032, obra social y cuota sindical (v. rec., fs. 501 vta./502 y 503 vta./504).
Por el otro, agrega que el a quo fundó su decisión de rechazar la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en las conclusiones de un peritaje contable efectuado sobre la documentación de la codemandada Tigre Argentina S.A. a quien la propia sentencia -más allá de la solidaridad asignada con fundamento en el art. 30 del citado cuerpo legal- no considera ni empleadora ni responsable del ingreso de los fondos del art. 132 bis (v. rec., fs. 500 vta./502). Especialmente señala que la información reseñada en el punto f) de la mentada pericia contable, versa sobre los aportes y contribuciones del personal registrado por Tigre Argentina S.A. y no sobre los del personal de Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A., dentro de los cuales se encuentra el actor (v. rec., fs. 502/503).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013 y L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015).
III.2. En este marco, asiste razón al recurrente en cuanto denuncia que al rechazar la procedencia de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado incurrió en absurdo, vulnerando el citado precepto y la doctrina legal de este Tribunal.
III.2.a. Ha declarado en forma reiterada esta Corte que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 107.254, "Alveira", sent. de 5-VI-2013, cuya doctrina se denuncia transgredida en el recurso, v. fs. 504/505; L. 110.591, "Argüello", sent. de 25-VI-2014 y L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015).
Asimismo, ha precisado este Tribunal que para la procedencia de dicha sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013 y L. 117.623, cit.).
III.2.b. En el caso, resultó acreditado -en conclusión que arriba firme a esta instancia-, que el actor prestó servicios para la demandada Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. en el depósito de Tigre Argentina S.A. (v. vered., puntos I.2 y I.3, fs. 470 vta.) y que se encontraba registrado en los libros laborales de la demandada Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. como operario "B" con fecha de ingreso 1 de septiembre de 1999 (v. vered., punto II.9, fs. 472). Asimismo, se encuentra firme el pronunciamiento respecto de la autenticidad de la documentación obrante a fs. 5/25 (v. vered., punto I.1, fs. 470 vta.).
III.2.c. En este esquema de análisis, es posible constatar la concurrencia de los requisitos necesarios para la procedencia de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la ley 20.744, tal como lo postula el quejoso.
En efecto:
(i) La retención de los aportes previsionales, de los aportes a la obra social y de la cuota sindical por parte de Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. -individualizadas bajo las siglas "SIJP; INSSJ y P; OSECAC; FAECYS" conf. fs. 10/25 y fs. 267/273- no sólo no resultó controvertida por los accionados (conf. contestes de fs. 68/73 vta. y 103/115 vta.); sino que surge acreditado con los recibos de sueldo agregados a fs. 10/25 que -tal como fuera indicado precedentemente- fueron expresamente tenidos por auténticos por el tribunal de origen y con los puntos 6 y 7 de la pericia contable (v. fs. 267/273) que en este aspecto no ha sido cuestionada.
(ii) Tal como lo destaca correctamente el quejoso, entiendo que el tribunal a quo ha realizado una absurda interpretación de las explicaciones brindadas por la perito contadora a fs. 365 vta.
En efecto, de las constancias de autos surge que la codemandada Tigre Argentina S.A. ofreció prueba pericial contable, requiriendo específicamente en el punto f) al experto que "indique, evaluando los libros de remuneraciones y la documentación previsional, si la empresa Tigre Argentina S.A. cumple respecto de su personal con la normativa laboral vigente" (v. conteste de fs. 73).
En consecuencia, una lectura integral de la pericia contable de fs. 264/299, el pedido de explicaciones de fs. 305/307 y las explicaciones de fs. 363/366 vta. permite constatar que, en respuesta al referido punto f) de pericia propuesto por Tigre Argentina S.A., las profesionales intervinientes evaluaron los formularios F.931 y declaraciones juradas de SUSS de la mentada empresa, detallaron los montos retenidos por la misma a su personal e informaron que los pagos fueron efectuados en la Banca Nazionale del Lavoro (v. específicamente pericia punto f) a fs. 292/293; pedido de explicaciones al mentado punto a fs. 306 vta. y explicaciones correspondientes a fs. 365 y vta.).
De lo expuesto se colige claramente que al señalar, con apoyo en las explicaciones brindadas por la perito contadora a fs. 365 vta., que la demandada había cumplido en depositar las sumas retenidas al actor (v. vered., punto II.12, fs. 472 y v. sent., punto 5, fs. 478 vta.), el tribunal de origen ponderó de manera claramente absurda dicha prueba, pues es doctrina de esta Corte que incurre en absurdo en la apreciación de la prueba pericial el fallo que la recoge parcialmente, tomando expresiones de la misma fuera de contexto que cambian el sentido de las afirmaciones del perito (causa L. 102.252, "Nervi", sent. de 11-III-2013).
Ante ese resultado, es relevante destacar que en sus réplicas las codemandadas se limitaron a negar en forma genérica la procedencia del rubro, sin que se desprenda de la lectura de la causa que la empresa Servicios de Almacén Fiscal Zona Franca y Mandatos S.A. haya dado cumplimiento con su carga de ingresar las deducciones realizadas en concepto de aportes previsionales, obra social y sindicales, o que dicha inobservancia no persistiera al momento de la extinción del vínculo.
Desde otroángulo, y si bien no es materia de controversia en autos, he de agregar que el a quo se expidió -en conclusión que arriba firme a esta instancia- respecto de la autenticidad de la documentación de fs. 7, mediante la cual el actor intimó (20 de mayo de 2002) a su empleadora para que en el plazo de treinta días ingrese los importes retenidos con destino a los organismos de la seguridad social (conf. art. 1, dec. 146/01).
En estas condiciones, debo recordar que en el marco de las normas antievasión en que fue dictada la ley 25.345 que incorporó el art. 132 bis al texto de la Ley de Contrato de Trabajo, la faena hermenéutica no puede concebirse con un criterio interpretativo restrictivo en beneficio del evasor, pues ello contraría la finalidad de la ley, cual es erradicar el incumplimiento al régimen de aportes y contribuciones a la seguridad social.
III.2.d. En definitiva, habiéndose demostrado el absurdo imputado al a quo y encontrándose acreditados los presupuestos que tornan viable la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto desestimó su procedencia.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la pretensión fundada en dicho precepto con los alcances previstos en el fallo de grado, toda vez que -considero- ningún reparo concluyente formuló la codemandada Tigre Argentina S.A. al respecto, pues se limitó a desconocer su eventual responsabilidad solidaria, aspecto del pronunciamiento que subsiste firme por ausencia de cuestionamiento.
IV. Por lo dicho, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, rubro cuya procedencia aquí se declara.
Los autos deben volver al tribunal de origen a fin de que practique la liquidación que corresponda con arreglo a lo que aquí se ha resuelto.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Adhiero al voto del colega que abre el acuerdo. Sólo agrego que el referido formulario F.931 de la AFIP no es idóneo a los fines de acreditar el efectivo ingreso de los importes retenidos al actor con destino a los diferentes organismos de la seguridad social toda vez que los datos allí consignados en carácter de declaración jurada son generales, indicativos de importes totales sobre la masa salarial del personal del empresario y/o empleador que los realiza. Es decir, no sirve para comprobar el cumplimiento total o parcial de la obligación de ingresar los fondos de la Seguridad Social (mucho menos de los sindicales a su cargo), prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de trabajo, con relación a un trabajador determinado.
En lo demás, reitero, adhiero al voto emitido en primer término.
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Soria y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en cuanto rechazó el reclamo por la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación que corresponda.
Costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia