Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120116
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Pettigiani, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.116, "Pogonza, Oscar Alberto contra Ingeniero Horacio Ciarrapico Aerotécnica S.A. y otro/a. Despido".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 930/949).
Se interpuso, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 988/994 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por el señor Oscar Alberto Pogonza y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, y de la indemnización adicional establecida en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en esta última.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado al proceso, el a quo tuvo por acreditado que el actor protagonizó dos accidentes de trabajo, uno en agosto de 2007 y otro en marzo de 2009, que le provocaron un síndrome méniscal en ambas rodillas (v. fs. 931 vta./932 vta.). También que, como consecuencia de esta dolencia, padece una incapacidad del 16,28% del índice de la total obrera (v. fs. cit.).
Luego, con sustento en la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa L. 72.336, "Iommi" (sent. de 14-IV-2004), juzgó que "...las tareas desempeñadas por Pogonza constituyeron una actividad caracterizable como cosa riesgosa" (fs. 934). Asimismo, que tanto la empresa empleadora como la aseguradora mencionada no cumplieron con las obligaciones legales y contractuales a su cargo en materia de higiene y seguridad (v. fs. 935/936).
En ese orden, declaró que en la especie se encontraban configurados los presupuestos necesarios para atribuirles a las demandadas responsabilidad objetiva y subjetiva en los términos de los arts. 1.113 y 1.109 del Código Civil (v. fs. cit.).
Seguidamente, puesto a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado en el escrito inicial, determinó la necesidad de comparar -a ese fin- las cuantías resarcitorias a las que accedería el accionante según se atienda a su reclamo conforme a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) o en el marco del régimen de responsabilidad civil (v. fs. 943 y vta.).
En ese trance, tras cuantificar la indemnización que le correspondía percibir al demandante de acuerdo a las pautas indicadas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (modif. por el dec. 1.694/09), declaró que, "...al tratarse de prestaciones dinerarias pendientes de cumplimiento", debían aplicarse al caso los arts. 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y, en consecuencia, ordenó ajustar dicho resarcimiento conforme al índice RIPTE y, a su vez, sumar otra indemnización adicional equivalente al 20% (v. fs. 940 y vta.). Arribó así a la suma total de $164.464,98 (v. fs. 941).
Por otro lado, calculó la cuantía que de conformidad con el derecho común obtendría el actor en concepto de daño material en el monto de $95.812,44, al que agregó luego el importe de $19.162,48 relativo al "daño moral" (v. fs. 943 vta.). Con esa determinación, concerniente a la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil y su cotejo con la suma del resarcimiento brindado por la Ley de Riesgos del Trabajo, el a quo declaró la validez constitucional del art. 39 de la citada ley (v. fs. 944).
Finalmente, por mayoría, dispuso que el capital de condena, desde que cada rubro es debido, devengase intereses a la tasa activa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días (v. fs. 946).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 2 y 3 del Código Civil; 15 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando acontecieron los infortunios del actor- transgredió el principio de irretroactividad consagrado en el art. 3 del Código Civil, y lo dispuesto por esta Corte en el precedente L. 94.119, "F., C. V." (sent. de 4-XI-2009), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 (v. fs. 989 vta./990 vta.).
En ese sentido, afirma que "...aplicar dicha norma a accidentes ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia no solo modifica la intención tenida en miras por el legislador [...] sino que también afecta la seguridad jurídica y el derecho constitucional de propiedad" (fs. 991).
II.2. Por otro lado, cuestiona la tasa de interés activa que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. Aduce que, al utilizar esa alícuota, el sentenciante se apartó del criterio que esta Corte estableció -entre otras que cita- en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009; v. fs. 991/992 vta.).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. La crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773 es procedente.
Anticipo que, el referido cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De este modo, la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.1.a. En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.1.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14- IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; "Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", ED, tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; "Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema", LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del Máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.1.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la sentencia en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE previsto en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.1.d. Por las mismas consideraciones expuestas en los puntos precedentes debe revocarse también el fallo en orden a la procedencia de la indemnización adicional de pago único prevista en el art. 3 de la ley indicada.
III.1.e. Dadas las particularidades que exhibe el presente caso, cabe señalar que, en tanto la decisión del tribunal de grado -que aquí se modifica- lo condujo a desestimar la pretensión indemnizatoria promovida contra la empresa empleadora con fundamento en las disposiciones del derecho civil, devueltos los autos a la instancia ordinaria, y a partir de lo juzgado anteriormente, dicho órgano jurisdiccional -nuevamente integrado- deberá resolver respecto de la procedencia de dicha acción.
En ese contexto, deberá efectuar el control de constitucionalidad requerido respecto del art. 39 de la ley 24.557, cuyo tratamiento hubo de llevar a cabo oportunamente si bien teniendo en consideración las pautas y elementos de juicio establecidos en ese momento.
Para tal cometido, y según se desprende de las directrices plasmadas por esta Suprema Corte a partir de las causas L. 75.708, "Abaca" (sent. de 30-III-2005); L. 81.826, "Yamán" y L. 87.394, "V. d. C., M. C." (sents. de 11-V-2005), resulta necesario verificar si las prestaciones previstas en la ley 24.557 -sin las modificaciones introducidas por la ley 26.773- reparan adecuadamente el daño padecido por el trabajador, deviniendo indispensable, a tales efectos, efectuar una comparación entre la reparación en ella contemplada y el resarcimiento al que la víctima accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
III.2. Asimismo, cabe admitir la impugnación a la tasa de interés que ordenó aplicar el a quo al capital de condena.
Dicho cuestionamiento también merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, aunque, como habré de señalar luego, tampoco haya contribuido a su conformación.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", resol. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", resol. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Agrego otra consideración: lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál tasa debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
Como siempre, pongo de resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (cfr. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación , 2da. Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013 y A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), sentada en las citadas causas, y propongo hacer lugar también a esta parcela de la impugnación.
IV. Por todo lo dicho, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar el pronunciamiento en cuanto ordenó aplicar la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara, y calcular a la tasa activa los intereses, los que deberán liquidarse con arreglo a la más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días, vigentes al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Los autos deben remitirse al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo resuelto.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
I.1. En mi opinión, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación de la ley 26.773.
I.1.a. En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones la ley indicada ha reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016) en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
I.1.b. Sin embargo, ese acierto inicial de la recurrente no alcanza para acoger la totalidad de su planteo pues, en mi opinión, la solución de grado debe ser confirmada aunque por distintos fundamentos.
Considero que las prestaciones calculadas como pretende la recurrente, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -aún insatisfechas-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09 en relación a aquella norma reglamentaria que: "...dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio..." .
En la misma línea, el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a d
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.