Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120588
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.588, "Sosa, Norma Isabel contra Berkley International ART S.A. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 71/85 vta.).
Se dedujo, por Berkley International ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 92/96 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la "demanda de medida autosatisfactiva" (v. fs. 12/17 vta.) iniciada por la señora Norma Isabel Sosa -en su carácter de cónyuge del señor Leonardo Fabio Zubiri- y condenó a Berkley International ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestaciones por fallecimiento (conf. leyes 24.557 y 26.773).
Para así decidir, con sustento en la prueba producida en la causa, el a quo consideró acreditado que el trabajador padecía una enfermedad profesional (silicosis y neumoconiosis fibrogénica), por la cual -en el año 2012- la Comisión Médica correspondiente le fijó una incapacidad del 64,75% del índice de la total obrera; y que el día 13 de septiembre de 2014, a raíz de una insuficiencia respiratoria, se produjo su fallecimiento (v. fs. 71 vta. y 72).
Seguidamente, juzgó probado que, a las 48 hs. de ocurrido el deceso, la propia aseguradora envió una carta documento dirigida a los familiares del señor Zubiri (v. fs. 7) en la cual reconoció el carácter laboral del siniestro denunciado y requirió -conforme el art. 53 de la ley 24.241- que acreditaran la calidad de derechohabientes, ajustando su conducta explícitamente a lo establecido en la ley 26.773 (v. fs. 72 y vta.). Asimismo, que el día 8 de abril de 2015, aquella depositó la suma de $300.000 en los autos "Zubiri, Leonardo Fabio contra Galvamar S.R.L. y otros s/ Enfermedad profesional" n° 24.686 (que se encontraban tramitando ante el mismo tribunal), la que imputó como "...pago de la indemnización por muerte que prevé la ley 24.557..." (v. vered., fs. 73).
En este marco, y con arraigo en el texto de las comunicaciones remitidas por la aseguradora (v. fs. 7 y 59) concluyó que la aseguradora demandada no sólo había asumido el deceso como siniestro resarcible a su cargo, sino que también había ajustado su conducta en forma explícita a lo normado por la ley 26.773, al punto de conminar a la viuda a que se pronuncie si habría de optar por el régimen de riesgos del trabajo o la acción indemnizatoria del derecho común.
Bajo esos lindes mensuró la cuantía de las prestaciones dinerarias de los arts. 11 apartado 4 y 15 apartado 2 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (conf. resol. del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15), arribando a un importe total de $1.324.244, sin debitar los $300.000 depositados en el expediente 26.686 "Zubiri, Leonardo Fabio c/ Galvamar S.R.L. s/ Enfermedad profesional" (en trámite ante el mismo órgano jurisdiccional) por no haber sido dados en pago.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia errónea aplicación de los arts. 2 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 y violación de los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 92/96 vta.).
En concreto, plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, objeta la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Afirma que el a quo debió tomar la fecha de la primera manifestación invalidante, es decir el día 11 de octubre de 2011, y no la del fallecimiento del trabajador (13 de septiembre de 2014). De modo que -manifiesta- la ley 26.773 no se encontraba vigente, por lo que correspondía aplicar el decreto 1.694/09.
Sostiene que lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
En otro tramo del recurso, reitera su disconformidad con la fecha utilizada por el juzgador de grado para fundamentar el marco normativo aplicable en autos.
Alega que la primera manifestación invalidante se produce el día 11 de octubre de 2011, dato que -afirma- surge claramente del expediente "Zubiri, Leonardo Fabio contra Galvamar S.R.L. y otros s/ Enfermedad profesional" n° 24.686, en trámite ante el mismo órgano judicial.
II.2. Finalmente, cuestiona la valoración que realizó el sentenciante de la carta documento enviada a los familiares del señor Zubiri.
Señala que si bien es cierto que su parte asumió el "carácter laboral" del siniestro, no lo es -en cambio- que a partir del envío postal haya ajustado explícitamente su conducta a lo normado por la ley 26.773. Al respecto, manifiesta que en el mismo sólo hacía referencia a la "opción" contemplada en sus arts. 2 y 3.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Por razones de método habré de alterar el orden de tratamiento de los cuestionamientos que porta el recurso.
Ello pues emerge sin cavilaciones que el tribunal de origen justificó la aplicación de la ley 26.773 por conducto del análisis y evaluación de la postura asumida por la aseguradora demandada en las misivas cursadas a los familiares del causante, y de los actos cumplidos en consecuencia. De allí la importancia de examinar prioritariamente tales extremos y los agravios deducidos a su respecto.
III.1.a. La parte actora inició demanda autosatisfactiva reclamando se condene a Berkley International ART S.A. a pagar las prestaciones dinerarias de pago único por el fallecimiento del señor Leonardo Fabio Zubiri (marido de la accionante), conforme lo previsto en las leyes 24.557 y 26.773 (v. fs. 12/17 vta.).
Fundó su reclamo a partir de la carta documento que le envió la aseguradora con fecha 15 de septiembre de 2014, donde -sostuvo- la misma aceptó el carácter laboral del siniestro y le solicitó que presentara la documentación detallada que acreditara su calidad de derechohabiente (conf. art. 53, ley 24.241) para luego proceder al pago de la correspondiente prestación.
III.1.b. Corrido el traslado, la demandada adujo que el objeto de la pretensión deducida guardaba identidad con el planteado en los citados autos "Zubiri, Leonardo Fabio c/Galvamar S.R.L. y otros s/ enfermedad profesional" n° 24.686.
Por otro lado, sostuvo que en el caso no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para hacer lugar al reclamo por no mediar certeza sobre el derecho de la reclamante o de su estado de necesidad. Señaló también la orfandad probatoria acerca de la existencia de relación directa entre la muerte y la enfermedad laboral que aquejó al causante.
III.1.c. El tribunal de grado tuvo por acreditado: a) que la señora Sosa había contraído nupcias con el señor Leonardo Fabio Zubiri; b) que los días 1 de febrero y 28 de noviembre de 2012 la Comisión Médica dictaminó que el trabajador padecía una enfermedad profesional (silicosis y neumoconiosis fibrógenica), la cual lo incapacitaba provisoriamente en un 64,75% del índice de la total obrera; c) que entre julio de 2012 y febrero de 2013, la aseguradora le liquidó periódicamente al trabajador haberes por enfermedad; d) que el día 13 de septiembre de 2014 el señor Zubiri falleció a causa de una insuficiencia respiratoria; e) que dos días después la aseguradora se dirigió a los familiares del causante a través de una carta documento -que tuvo por cierta y transcribió-; f) que con fecha 30 de septiembre de 2014 la aseguradora recibió la documentación solicitada en su anterior misiva; g) que el día 22 de octubre de 2014 la señora Sosa reclamó a la demandada el pago de las prestaciones conforme lo previsto en la ley 26.773, sin obtener respuesta alguna; h) que el día 4 de noviembre de 2014 la actora inició "demanda autosatisfactiva", la cual es notificada a la accionada el día 18 de diciembre del mismo año; i) y que la aseguradora, con fecha 8 de abril de 2015, depositó en el expediente n° 24.686 la suma de $300.000 en concepto de "...pago de la indemnización por muerte que prevé la ley 24.557..." (v. fs. 73).
A partir de tales premisas y, en especial, del análisis de la señalada carta documento (v. fs. 7 y 59), afirmó que la propia aseguradora asumió el fallecimiento del señor Zubiri como siniestro resarcible a su cargo y ajustó su conducta explícitamente a lo normado por la ley 26.773, colocando a disposición de la señora Sosa las reparaciones tarifarias correspondientes, más allá de intimarla a que se pronuncie si optaba o no por la acción indemnizatoria del derecho común.
Asimismo, sostuvo que fue la propia aseguradora la que admitió su carácter de deudora, al hacer un depósito de $300.000 en el expediente n° 24.686 en concepto de indemnización por muerte, meses más tarde de trabada la presente litis y sin que se le hubiera ordenado (v. fs. 77 vta. y 78).
Finalmente, manifestó que los argumentos opuestos por la demandada resultaban inadmisibles por resultar "...abiertamente contradictorios con sus propios y relevantes actos cumplidos..." antes y después de contestar la demanda (v. fs. 78 vta.).
III.1.d. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias del caso, la valoración del material probatorio (fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia) y la evaluación de los comportamientos asumidos por las partes en sostén de sus posturas a fin de establecer la concurrencia de los presupuestos que den lugar a la procedencia de la pretensión instaurada, constituyen potestades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 92.723, "Richieri", sent. de 13-V-2009; L. 97.673, "Escobar", sent. de 7-X-2009; L. 99.083, "De Tellería", sent. de 28-V-2010; L. 94.424, "Correa Perdomo", sent. de 6-X-2010 y L. 111.983, "Avila", sent. de 29-V-2013; e.o.).
En la especie, sin esgrimir la existencia del mencionado vicio, afirma el interesado que la interpretación efectuada por el tribunal de origen resulta criticable (v. fs. 95), señalando que en ningún momento la aseguradora se sometió a las prescripciones de la ley 26.773.
Así planteada, la crítica alude tan sólo parcialmente a los fundamentos que llevaron al a quo a la decisión impugnada, a la vez que traduce la mera discrepancia del recurrente sobre algunos de los aspectos que la estructuran.
En tales condiciones, es de aplicación al caso la doctrina que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias (causas L. 95.030, "G., F.", sent. de 18-XI-2008 y L. 94.975, "Sassani", sent. de 24-VI-2009).
Para más, dable es recordar que reiteradamente esta Corte ha señalado que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
III.2. Entonces, permaneciendo firme la conclusión del tribunal relativa a que la aseguradora asumió "libre, espontánea y oportunamente" el régimen legal (ley 26.773) y las cuantías resarcitorias reclamadas, pierde virtualidad el planteo por el que se pretende que se revoque la aplicación de dicha normativa que, para más, fue introducido recién en el recurso, resultando por ello novedoso e improcedente (causas L. 103.001, "Cantero", sent. de 16-II-2011; L. 104.919, "Roncayoli", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.099, "Schlotthaver", sent. de 8-IV-2015).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia