Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120698
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Genoud , Negri, de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.698, "Moyano, Sergio Gustavo contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 143/155 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 161/165 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó, por mayoría, la demanda que el señor Sergio Gustavo Moyano promovió contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que pretendía el cobro de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y la indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
En lo que interesa, el a quo juzgó acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 21 de julio de 2014, el actor padece una incapacidad laboral que lo invalida en un 10% del índice de la total obrera; asimismo, que con fecha 27 de noviembre de 2014 percibió por parte de la aseguradora la suma de $132.164 en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, e indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered., fs. 143/144 vta.).
Con sustento en lo normado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, el juzgador de grado afirmó que la intención del legislador fue limitar expresamente la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a los adicionales de pago único previstos en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557 y a los montos mínimos establecidos en el decreto 1.694/09; agregó que el art. 17 del decreto 472/14 -dijo, posterior al accidente- servía como pauta interpretativa en el mismo sentido (v. fs. 153 y vta.).
Indicó que dicho criterio también fue plasmado en las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 y 3/14 y por la Corte federal al fallar en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, donde el Alto Tribunal sostuvo que "En síntesis, la ley 26.773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los 'importes' a los que aludían los arts. 1°, 3° y 4° del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que esas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras..." (fs. 153 vta.).
En este contexto, luego de practicar el cálculo indemnizatorio y cotejarlo con la suma percibida por el trabajador, concluyó que no existía diferencia alguna en favor de aquel, por lo que correspondía desestimar la demanda interpuesta (v. sent., fs. 154).
II. La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17, 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 1 y 2 del Código Civil (ley 340); 1, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 4 del decreto 472/14; 103 del decreto 1.759/72; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. fs. 161/165 vta.).
Plantea la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 por cuanto -en transgresión a los arts. 17, 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional- modifica de modo arbitrario el incremento indemnizatorio fijado por la ley 26.773, al incorporar una distinción entre las prestaciones dinerarias que deben ajustarse conforme la variación del índice RIPTE desde enero de 2010 (compensaciones adicionales de pago único y mínimos establecidos en el dec. 1.694/09) y aquellas otras que deben hacerlo desde la fecha de entrada en vigencia de ese mismo régimen especial (v. fs. 162 in fine y vta.).
A su criterio, de la lectura integral del texto de la ley 26.773 surge que la verdadera intención del legislador fue lograr un sistema de reparaciones de daños laborales que incluyera a la totalidad de la normativa citada, sin realizar exclusión alguna (v. rec., fs. 162 vta./165).
III. El recurso no prospera.
III.1. En las presentes actuaciones el tribunal de grado juzgó -en su opinión mayoritaria- que a tenor de la fecha en que había acontecido el accidente de trabajo, el decreto 472/14, en tanto posterior a aquel suceso, sólo servía como una "pauta interpretativa" (v. fs. 153 vta.).
Si bien cabe aclarar que tal aseveración -como lo insinúa el recurrente a fs. 162 in fine- no luce acertada si se tiene en consideración que el a quo juzgó acreditado que el infortunio ocurrió el día 21 de julio de 2014, resultando entonces aplicable en autos -en orden a su vigencia temporal- el mentado decreto, lo resuelto en definitiva en el pronunciamiento ha de permanecer incólume toda vez que la tesis del recurrente colisiona con las directrices que hube de plasmar al emitir mi sufragio en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-VI-2018), donde efectué una lectura de las normas en juego que se avizora reflejada en la sentencia en crisis.
En el marco del régimen de riesgos de trabajo vigente al momento del dictado del fallo de grado, sostuve allí que el art. 8 de la ley 26.773 (conf. su texto original) establecía que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Iponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su parte, expresé que el art. 17 apartado 6 de la misma ley (siempre según su primitivo texto) prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE, publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
Y que en línea con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo), que fuera citada en el pronunciamiento de grado (v. fs. 153 vta.), una interpretación sistemática de las normas, lleva a afirmar que el "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" trajo un mecanismo de ajuste general y periódico, que como tal, actúa sobre los importes que en abstracto y genéricamente prevé el sistema, así, sobre los relativos a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que se refiere el art. 1 del decreto 1.694/09 y sobre aquellos correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del mismo instrumento.
Tal como surge de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), es esa la exégesis que recoge no sólo el decreto 472/14, sino también las resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, 3/14 y 6/15 -no obstante referirse asimismo al mínimo valor de la indemnización del art. 3 de la ley 26.773 en determinados supuestos-, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le encomendó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8 citado de la ley 26.773 y, además, la ley 27.348).
III.2. Luego, y a tenor de las consideraciones que anteceden, no se verifica que lo regulado en el decreto reglamentario implique una trasgresión a las normas constitucionales que se invocan en el recurso.
Dable es recordar que el Alto Tribunal tiene dicho que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema, causa O.158.XXXVI "Oharriz, Martín Javier c/ M J. y DD. HH. - ley 24.411", sent. de 26-VIII-2003, Fallos: 326:3032). También, que sólo en el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones que le son encomendadas por la Constitución (CSJN causa C.90.XXXI "Chaco, Provincia del c/ Estado nacional s/ acción declarativa", sent. de 16-IX-2003, Fallos: 326:3521).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia