Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120828
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.828, "Ledesma, José Luis contra Asociart ART S.A. Accidente de Trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 153/165).
Se interpuso, por Asociart ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 170/183 vta. y presentación electrónica de fs. 184/194 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por José Luis Ledesma y condenó a Asociart ART S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice RIPTE -Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables–, (art. 17 apdo. 6) previsto en la ley 26.773.
Con respaldo en la prueba producida, tuvo por acreditado que el día 5 de febrero de 2010 mientras el actor cumplía con sus tareas habituales en el gimnasio INAREPS, al sacar un aparato del lugar para remodelar el espacio físico, sintió un tirón en el dedo pulgar izquierdo, por el cual la aseguradora le brindó prestaciones en el marco de la ley 24.557 y otorgó alta médica sin incapacidad laboral derivada de tal infortunio (v. vered., fs. 154 vta./156).
Luego, con sustento en la documental, informativa y pericial médica, juzgó que el trabajador presenta debilidad en la extensión del pulgar contra resistencia, lo que le genera una disminución del 20% de su fuerza, y del 30% en su flexión, incapacitándolo en un 15% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., fs. 156 y vta.).
Puesto a determinar el importe indemnizatorio establecido en el mentado art. 14 apartado 2 inc. "a", el sentenciante la cuantificó inicialmente en la suma de $47.908,68 (v. sent., fs. 158 vta.).
Empero, tras declarar aplicable al caso las pautas indemnizatorias previstas en la ley 26.773, entendió que correspondía revalorizar el importe por aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de febrero de 2010 (355,54) y diciembre de 2015 (1.806,09) arrojaba un coeficiente de 5,07, declaró procedente recomponer la prestación, estableciéndola en la suma de $242.897 ($47.908,68 x 5,07; v. sent., fs. 159/160 vta.).
Para ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14, por cuanto consideró que dicha norma, al excluir de la aplicación del RIPTE a situaciones que deben entenderse incluidas, alteró la sustancia de la ley 26.773, incurriendo en un exceso que la propia Constitución nacional no admite (art. 99 inc. 2).
Finalmente, el tribunal de trabajo dispuso implementar durante el período que especificó una tasa pura de interés que estimó en el 6% anual. Ello, con fundamento en la circunstancia de que al utilizarse en autos un índice de actualización (RIPTE), la virtual aplicación de una tasa de interés provocaría una doble actualización (v. sent., fs. 292 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento Asociart ART S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la apreciación de la prueba pericial y trasgresión del principio de congruencia; de las leyes 26.773 y 24.557, el decreto 659/96; y los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional (v. rec., fs. 170/183 vta.).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, sostiene que el pronunciamiento de grado conculca el principio de congruencia (v. rec., fs. 173/175 vta.), por dos razones, a saber:
II.1.a. Señala que la sentencia deviene contradictoria en tanto, por un lado, al rechazar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 21 y 22 de la ley 24.557, confirma la obligatoriedad del trámite ante las comisiones médicas, sin que la aseguradora pueda apartarse de sus dictámenes, mas luego condena a su parte por haber "incumplido" con las prestaciones dinerarias a su cargo.
II.1.b. Asimismo, en cuanto al aplicar la ley 26.773 la sentencia rebasó el marco de la demanda en términos cualitativos, en tanto su aplicación no fue pedida por el actor en ningún momento, afectándose el debido proceso, el derecho de defensa en juicio y el principio de bilateralidad.
II.2. Controvierte, también, la definición de grado que incrementó el importe de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al actor en la sentencia.
Sobre el tópico, argumenta que aplicar el mecanismo de ajuste contemplado en una normativa que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador (art. 17 apdo. 6, ley 26.773), no sólo transgrede el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil, sino además su derecho constitucional de propiedad.
Alega -además- que lo resuelto se aparta de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), donde el alto Tribunal declaró no aplicables las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 a una contingencia cuya primera manifestación invalidante ocurrió con anterioridad a su entrada en vigencia.
II.3. Por otro lado, argumenta que el señalado mecanismo de ajuste sólo puede ser aplicado a las compensaciones de pago único y a los "pisos" de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, pero no sobre el resultado de la fórmula de cálculo de las prestaciones, tal como lo hizo el a quo en su pronunciamiento.
II.4. Finalmente critica la decisión del tribunal de grado de fijarle al trabajador una incapacidad del 15% del índice de la total obrera.
Sostiene que el juzgador incurrió en una absurda valoración de la prueba porque -en su opinión- éste no puede valorar la pericia médica dejando de lado el dictamen de la Comisión Médica, el cual había determinado que el trabajador no poseía incapacidad alguna.
Refiere que el a quo violó las reglas de la sana crítica porque, además de hacerse una apreciación incompleta de la prueba rendida, se atribuyó al informe pericial una trascendencia mayor al emitido por la Comisión Médica.
Añade que el informe pericial no ajustó el porcentaje al baremo del decreto 659/96, limitándose a realizar una valoración subjetiva.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de tratamiento de los agravios por razones metodológicas he de señalar, en primer lugar, que la crítica afincada en la violación del principio de congruencia no resulta de recibo.
Ello así porque, evidenciando una deficiente técnica recursiva, la impugnante no ha denunciado la transgresión de las normas legales que receptan el indicado principio procesal ni de la doctrina legal de esta Corte al respecto. Tampoco ha invocado la absurda valoración, por parte del tribunal de grado, de los escritos constitutivos del proceso, falencias estas que -con arreglo a la jurisprudencia reiteradamente establecida por este Tribunal- evidencian la insuficiencia del agravio y sellan su suerte adversa.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de la demanda, pero no alega la existencia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, ni denuncia la violación de las normas procesales que se vinculan al principio que se estima vulnerado (causas L. 90.676, "Villalón", sent. de 31-VIII-2011; L. 118.109, "A., R. I.", sent. de 3-VI-2015 y L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016).
Semejantes deficiencias no pueden ser salvadas por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
A ello cabe agregar que en nada obsta a lo señalado la circunstancia de que la recurrente haya denunciado que el decisorio transgrede los derechos constitucionales del debido proceso y defensa en juicio (v. rec., fs. 174 vta./175), ya que -como también lo ha aclarado este Tribunal- resulta ineficaz la denuncia de violación de derechos consagrados en la Constitución nacional, que en todo caso sería la eventual consecuencia de haberse primero infringido preceptos legales de la materia de que se trata y que no se ha acreditado (causas L. 109.322, "Barrientos", sent. de 19-IX-2012 y L. 106.464, "Nuñez", sent. de 24-X-2012).
III.2. El agravio relativo al porcentaje de incapacidad que el tribunal atribuyó al trabajador también resulta improcedente.
III.2.a. Ha señalado reiteradamente esta Suprema Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un infortunio laboral constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 43.932, "Ruíz", sent. de 22-V-1990; L. 50.924, "Gimeno", sent. de 2-XI-1993; L. 60.152, "Pachko", sent. de 25-XI-1997 y L. 92.985, "Díaz", sent. de 7-IV-2010), extremo que no alcanza a ser evidenciado por la recurrente en la especie.
III.2.b. En efecto, reiterando los argumentos vertidos en la impugnación del informe pericial médico (v. fs. 111 y vta.), sostiene la quejosa que el tribunal se apartó del dictamen de la Comisión Médica, donde se determinó que el trabajador no poseía incapacidad alguna.
Considero que no le asiste razón, habida cuenta que -lejos de haber incurrido en el vicio que se le imputa- el tribunal fundamentó con precisión y claridad los argumentos que lo llevaron a hacer propio el grado de minusvalía (15% de la t.o.) establecido por el perito médico que intervino en autos, descartando el indicado por el organismo en cuestión.
Así, ponderó el tribunal de grado que, tal como se desprende de la pericia médica (v. fs. 105/106 y 116), y con apoyo en la prueba informativa (copia certificada de la historia clínica del actor) adjuntada a fs. 61/100, y la documental (certificados médicos y constancia del alta médica) agregada a fs. 126/135, la cual -señaló- no fue desconocida por el demandado, "el actor presenta una debilidad en la extensión del pulgar contra resistencia con una disminución del 20% de su fuerza. Y la flexión contra resistencia presenta una disminución del 30% con respecto al lado contralateral. Y que tiene una incapacidad del 15% de la t.o., parcial y permanente. Y que existe nexo causal entre el accidente sufrido y la incapacidad que afecta al actor" (el resaltado pertenece al original citado, vered., fs. 156 y vta.).
Resultando que tales afirmaciones del juzgador se corresponden fielmente con el contenido del informe médico agregado a fs. 105/106 y la explicación de fs. 116 a la impugnación formulada por la parte demandada a fs. 111 y vta., la decisión no puede ser reputada absurda por el solo hecho de que el tribunal se haya inclinado por el porcentaje de minusvalía establecido por el experto designado en autos, desechando el fijado en el dictamen de la Comisión Médica.
Cuadra aclarar que la regla de la sana crítica -invocada en el recurso- no resulta aplicable al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (conf. art. 44 inc. "d", ley 11.653), con arreglo al cual los magistrados de la instancia ordinaria tienen amplias facultades para seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 63.142, "Buron", sent. de 9-VI-1998; L. 77.981, "Fenestraz", sent. de 11-V-2005; L. 92.985, "Díaz", sent. de 7-IV-2010; L. 110.860, "Miranda", sent. de 11-IX-2013; e.o.), sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria si no se demuestra la existencia de absurdo, extremo que no se evidencia -como parece entenderlo la aquí recurrente- con la simple exposición de un criterio discordante respecto de la ponderación judicial efectuada, desde que no basta con invocar la existencia de aquel vicio, sino que es menester demostrar su configuración a través de una correcta y concreta fundamentación del agravio, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente demostración del error sentencial (causa L. 85.935, "Arturi", sent. de 11-IV-2007).
III.2.c. En virtud de lo expuesto, debe confirmarse el porcentaje atribuido por el juzgador a la incapacidad padecida por el actor.
III.3. Por otro lado, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el mentado precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2001 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 5 de febrero de 2010, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
Por derivación de lo decidido, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 en cuanto refiere a la aplicación del índice RIPTE.
III.4. En virtud de lo resuelto en el apartado anterior, no corresponde abordar la restante argumentación que porta el agravio, sustentada en la errónea aplicación del índice RIPTE (v. rec., fs. 178/180). Ello así, en tanto el tratamiento de cuestiones abstractas es impropio de la judicatura (causas L. 103.560, "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011; C. 98.851, "Macari", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.030, "López", sent. de 26-VIII-2015).
III.5. Finalmente, en cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.5.a. El tribunal de trabajo dispuso que "En tanto el capital sobre el cual se calcularán intereses ya ha sido actualizado tras haber sido sometido al mecanismo indexatorio de los arts. 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773..." tales accesorios debían ser calculados a la tasa pura de interés del 6% anual (v. fs. 160 vta./162 vta.).
III.5.b. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita (v. sent., fs. 160 vta.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador a través de una normativa que aquí se declara inaplicable y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de la ley 26.773, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dicho precepto.
En consecuencia, habida cuenta que los autos deberán volver al tribunal de origen -con diferente integración- por los motivos expuestos en el punto III.3., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
IV. En virtud de lo manifestado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada en cuanto determinó el importe de la prestación dineraria con arreglo a las prescripciones de la ley 26.773, cuya inaplicabilidad en el caso se declara.
Vuelvan los autos al tribunal de la instancia ordinaria para que, debidamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en los puntos III.3. y III.5. de este voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al modo en que se resuelve la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance expuesto, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero al voto del doctor Pettigiani.
I.2. Sólo he de agregar, en lo concerniente a la aplicación retroactiva de la ley 26.773, las siguientes aclaraciones.
En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, he dejado plasmada mi postura en torno a su vigencia temporal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
II. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, conforme se señala en el punto IV del
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.