Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120422
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Genoud, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.422, "Castillo, Alejandro Emilio contra Federación Patronal Seguros S.A. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 178/192).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 198/204 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa destacar -por mayoría-, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Alejandro Emilio Castillo y condenó a Federación Patronal Seguros S.A., a abonarle las diferencias indemnizatorias derivadas del pago de la prestación dineraria establecida en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, tuvo por no controvertido que como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 30 de diciembre de 2013, el actor padece una incapacidad que lo invalida en un 4,61% del índice de la total obrera. Asimismo, que con fecha 21 de agosto de 2014 percibió por parte de la aseguradora demandada la suma de $32.209,62 en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva, e indemnización de pago único prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered., fs. 178/179 vta.).
En la sentencia, sostuvo que del juego amónico de los arts. 17 apartados 7 y 8 de la ley 26.773, surgía la intención del legislador de limitar la actualización semestral a los que se refería el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) únicamente a aquellos importes de monto fijo, esto es, al piso indemnizatorio establecido en el decreto 1.694/09 y a las compensaciones de pago único fijadas en el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557 (v. fs. 188 vta.).
De igual modo, entendió que el decreto 472/14 -reglamentario de la ley 26.773-, sólo servía como una pauta interpretativa en el mismo sentido que el mencionado ut supra ; y por lo tanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor (v. fs. 189 y vta.).
En este contexto, luego de practicar el cálculo indemnizatorio conforme las pautas previstas por la ley 26.773 y cotejarlo con la suma ya percibida por el trabajador, concluyó que la diferencia a favor de aquél era de $1.442,59 (v. fs. 189).
II. Contra el pronunciamiento de grado se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia la violación de los arts. 17, 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 1 y 2 del Código Civil (ley 340); 1, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 103 del decreto 1.759/72; 4 del decreto 472/14; 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 198/204 vta.).
II.1. Cuestiona la aplicación al caso del decreto 472/14. En tal sentido denuncia violada la doctrina emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016 en tanto considera que, al momento del hecho, dicho reglamento no se encontraba vigente. Asimismo, afirma que vulnera el art. 103 del decreto 1.759/72, en cuanto fija el ámbito de validez temporal general de los actos administrativos.
Sostiene que el decreto 472/14 es inconstitucional, en tanto no solo trasgrede los arts. 17, 75 inc. 12 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional, sino que además realiza una discriminación arbitraria entre las prestaciones dinerarias que deben ajustarse conforme la variación del índice RIPTE desde enero de 2010 (compensaciones adicionales de pago único y mínimos establecidos en el decreto 1.694/09) y aquellas otras que deben ajustarse desde la fecha de entrada en vigencia de la ley 26.773, la cual -alega- reforma en perjuicio del trabajador la prestación establecida en su art. 17 apartado 6 (v. fs. 200 y vta.).
Alega que la sentencia viola los arts. 1, 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, fijando un alcance distinto al previsto por el legislador al aplicar el índice RIPTE de manera incorrecta, contrariando la letra y finalidad de tales preceptos (v. fs. 200 vta./204).
II.2. Finalmente cuestiona que el tribunal de grado no haya aplicado el indicado mecanismo de actualización a la totalidad de las prestaciones al juzgar que las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 prescriben que únicamente se ajustan los importes de suma fija. Postula que, al ser ambos actos administrativos de alcance general, existe una imposibilidad jurídica en relación a que prevean el resultado de cada indemnización, dejando fuera de regulación -por un impedimento apuntado- casos que corresponden al ámbito de aplicación.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, cabe precisar que -tal como expresamente lo indica el recurrente a fs. 198 vta. y el tribunal a quo a fs. 216 vta.- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016 y L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; e.o.).
Siendo así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012 y L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
III.2.a. En el caso, si bien el recurrente denuncia la transgresión de la doctrina emanada del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) para fundamentar el cuestionamiento tendiente a desvirtuar la conclusión de grado que aplicó el índice RIPTE sobre el piso indemnizatorio al que alude el decreto 1.694/09 y las compensaciones adicionales de pago único previstas por el art. 11 apartado 4 de la ley 24.557, es preciso aclarar que el razonamiento que define el contenido del agravio parte de una errónea aseveración, toda vez que el tribunal de grado no hubo de aplicar -tal como se indica en la crítica- el decreto 472/12 (reglamentario de la ley 26.773), sino que sólo hubo de puntualizar que sus prescripciones servían como pauta interpretativa al momento de definir el modo de aplicación del índice RIPTE (v. fs. 189).
La atenta lectura del pronunciamiento en crisis revela que éste se encuentra ajustado a la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), donde se señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 inc. 2 y 15 inc. 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 inc. 4 y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea- y dec. 472/14).
En tales condiciones, y toda vez que -reitero- el tribunal de la instancia ordinaria no hubo de aplicar al caso las disposiciones del decreto 472/14, deviene abstracto el planteo de inconstitucionalidad que -de sus disposiciones- formula el agraviado en su recurso, siendo impropio de la judicatura el tratamiento de este tipo de cuestiones (causas L. 98.067, "Roldán", sent. de 9-XII-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014).
III.2.b. Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí y sólo para satisfacción del recurrente, cabe recordar que en la causa L. 119.002, "Carabajal", sent. de 25-IV-2018 -en la cual adherí al voto inaugural del doctor Soria- este Tribunal resolvió que lo regulado por el decreto 472/14 no implica una transgresión al mandato constitucional del art. 99 de la Constitución nacional. Dicho reglamento recoge la exégesis de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 -derogados por la ley 27.348 (art. 21)- y de las resoluciones dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13, 3/14 y 6/15, en cuanto el índice RIPTE resulta aplicable sobre las compensaciones adicionales de pago único y sobre aquellos importes correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia