Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120236
En la ciudad de La Plata, a 4 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.236, "C., D. G. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 310/317).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 331/339 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 e hizo lugar a la demanda que la señora D. G. C. promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado -con sustento en las normas del derecho común- el cobro de una indemnización por la incapacidad derivada de las afecciones que contrajera a consecuencia del hecho traumático que sufrió mientras prestaba tareas como agente de policía en la Comisaría de Berisso, Seccional Segunda, de Los Talas.
Para así resolver, tuvo por acreditado en el veredicto que el día 22 de septiembre de 2008, aproximadamente a la 1:30 hs., la actora fue tomada como rehén -junto a otros compañeros de trabajo- por siete detenidos que le propinaron golpes en todo el cuerpo, la maniataron, se propasaron con ella y la amenazaron de muerte; situación en la que permaneció por el lapso de una hora (v. fs. 310).
Con sustento en el informe pericial médico obrante a fs. 273/275 vta., y las respuestas a las impugnaciones que el experto formuló a fs. 284 y vta. y 285 y vta., halló probado que la señora C. padece secuela post traumática de hombro izquierdo y reacción vivencial anormal neurótica grado III, que le provocan -incluyendo los factores de ponderación- una incapacidad laboral parcial y permanente del 50,9% del índice de la total obrera (v. fs. 310 vta.).
Sostuvo además que, de los expedientes administrativos agregados por cuerda, y, especialmente, de los testimonios brindados en el sumario cuya reseña obra en la resolución 9.583/09 (v. fs. 12/24 del expte. 21100-725568/2013), juzgó demostrado que al momento de producirse los hechos la actora prestaba servicios de imaginaria en una comisaría que alojaba a 16 detenidos, en donde la falta de personal y la superpoblación eran una realidad constante, vivenciándose además una crónica situación de ausencia de preparación adecuada y de directivas claras ante contingencias relacionadas con el alojamiento de tales personas (v. últ. fs. cit.).
Indicó asimismo que no se había logrado probar en la causa un obrar negligente de la promotora del pleito que hubiera contribuido a causar el daño en su salud (v. fs. 310 vta. in fine /311).
En la sentencia, y en lo que resulta especialmente relevante para esta litis, el tribunal a quo se detuvo a definir la eventual responsabilidad de la accionada -Provincia de Buenos Aires- frente al perjuicio sufrido, y en ese trance juzgó que esta última debía responder integralmente al haberse configurado en el caso los factores de atribución contemplados por los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil -vigente al momento de los hechos aquí debatidos- (v. fs. 313 y vta.).
En lo que respecta a la primera de las normas citadas, señaló el juzgador que a la luz de los hechos ocurridos resultaba evidente la responsabilidad del Estado provincial por haber cumplido irregularmente el deber de seguridad que le es impuesto constitucionalmente (art. 18, Const. nac.), estando obligado además a garantizar medidas de prevención para las personas sujetas a su jurisdicción en materia carcelaria (v. fs. 313).
También resolvió que cabía asignarle a la accionada responsabilidad en el marco del art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil (ley 340), toda vez que -explicó- las particulares características de la labor desarrollada por la promotora del pleito custodiando a detenidos alojados en una comisaría, constituye una actividad generadora de riesgo (v. fs. 313 vta.).
Señaló además que, si bien la accionada había planteado en su defensa que en la causación del daño intervino la culpa de la propia víctima, dicha eximente de responsabilidad no se había logrado probar en autos (v. últ. fs. cit.).
Configurada la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires en los términos de los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil, el tribunal de trabajo abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería la actora según se atienda a su reclamo conforme las previsiones de la ley 24.557 o en el marco del régimen común de responsabilidad civil. A tal fin, para esta última hipótesis presupuestó la suma de $677.535,38 ($527.535,38 por daño material, $50.000 por integridad psicofísica y $100.000 por daño moral), y en $188.942,44 efectuado el cálculo de conformidad con la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 314 vta./315).
Verificada entonces la insuficiencia de la ley especial, descalificó la validez constitucional de aquella norma (art. 39, ley 24.557) por resultar violatoria de las garantías consagradas en los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional (v. últ. fs. cit.).
Sobre la base de estas premisas, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar a la señora D. G. C. la suma de $677.535,38 por la reparación integral del daño padecido (v. fs. 316 vta.).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 499, 784, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083, 1.112, 1.113, 2.306 y 2.309 del Código Civil (ley 340); 165 tercer párrafo, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26 incs. "c", "d" y "f", 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, controvierte la definición de grado que le atribuyó responsabilidad con sustento en los arts. 1.112 y 1.113 del Código Civil.
Señala que el razonamiento que condujo al tribunal de origen a imputar responsabilidad al Fisco provincial por una supuesta "falta de servicio" resulta absurdo, por cuanto no tuvo en consideración las constancias obrantes en el sumario administrativo iniciado a consecuencia del evento, donde se determinó el accionar negligente de la propia víctima y de sus compañeros de trabajo, quienes no advirtieron en ningún momento las maniobras llevadas a cabo por los evadidos, que demandaron aproximadamente entre una y dos horas de trabajo continuo, como así tampoco que en los días previos se habían realizado inspecciones a los calabozos que arrojaron resultado negativo.
En lo que respecta a la responsabilidad que le fuera endilgada con sustento en el art. 1.113 del Código velezano, indica que el sentenciante determinó la obligación de reparar a cargo de la Provincia de Buenos Aires sólo por entender que la actividad desarrollada resultaría riesgosa por su propia naturaleza, relevando de tal forma a la accionante de acreditar los extremos necesarios para que prospere su pretensión indemnizatoria.
Alega que esta última tampoco logró probar -como era su carga- la relación de causalidad que debe mediar entre la conducta estatal y el daño cuya reparación persigue.
II.2. Por otra parte, cuestiona el quantum determinado en la instancia ordinaria.
En este tramo de la crítica refiere que mal pudo el tribunal condenar a su parte al pago del resarcimiento por lucro cesante y pérdida de chance, cuando la actora no aportó pruebas que acrediten disminución alguna en sus ingresos. Señala que dicha circunstancia se verifica en la especie a poco de constatar que por resolución 319, de fecha 22 de marzo de 2012, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispuso su retiro obligatorio por incapacidad, percibiendo desde entonces una suma mensual cuyo importe es superior al 100% del sueldo nominal que cobraba en actividad.
También se agravia porque el juzgador aplicó mecánicamente una fórmula matemática para determinar la cuantía de la indemnización, prescindiendo por completo de las particularidades de la causa.
Insiste en sostener que la señora C. se encuentra gozando del retiro por invalidez, y que dicha circunstancia torna absurdo al fallo de grado que fijó la edad de setenta y cinco años como finalización del lapso de vida económicamente útil. Desde esa óptica, denuncia la transgresión de la doctrina legal que emana de la causa L. 78.500, "Buceta", sentencia de 21-V-2002.
III. El recurso no prospera.
III.1. Previamente he de advertir que las disposiciones del Código Civil (ley 340) son las aplicables al caso, por estar vigentes al momento en que se produjo el infortunio que ocasionó los daños cuya reparación se reclama (art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994).
III.2. Aclarado ello, juzgo que resulta improcedente el embate por el que se controvierte la responsabilidad atribuida a la Provincia de Buenos Aires con base en los arts. 1.112 y 1.113 del mencionado digesto.
III.2.a. En lo que concierne a las condiciones de aplicación de la primera de las normas mencionadas, he tenido oportunidad de manifestar (v. mi voto en la causa L. 111.321, "F., P. E.", sent. de 26-X-2016; ratificando la postura asumida en la causa L. 81.874, "K., J. L.", sent. de 8-VII-2008, citada por el tribunal de trabajo en su pronunciamiento a fs. 313 in fine ) que, como en el caso, se encontraban reunidos los presupuestos propios de la responsabilidad civil y exhibida la falta en el servicio, en tanto existe la obligación estatal de minimizar los peligros inherentes al trabajo del personal policial, frente a las condiciones en que desempeñan sus funciones (arts. 1.074 y 1.112, Cód. Civ.; 14 bis, Const. nac. -al consagrar que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes y éstas asegurarán al trabajador condiciones de trabajo dignas-; 12, PIDESC, por remisión dispuesta por el art. 75 incs. 19 y 22, Const. nac.). Por otra parte, no hay más que ver que el hecho dañoso ocurrió con motivo y en ejercicio de las funciones propias del agente, para corroborar aquella conclusión (causa L. 83.200, "V., A. A.", sent. de 24-V-2006).
No debe olvidarse que la demandada sabía, o debía saber, que entre la población alojada en una comisaría podrían ocurrir motines incluso con toma de rehenes, y ante esa eventualidad, estaba constreñida a delinear medidas orientadas no sólo a prevenir el hecho del motín sino también a enfrentar la posibilidad de la toma como rehenes del personal a cargo de dicha repartición.
Al contestar la acción la demandada no articuló argumento defensivo alguno sobre cuáles habían sido las obligaciones de custodia que efectivizó en resguardo de la vida e integridad de los internos y agentes, a los fines de prevenir fugas y toma de rehenes (v. fs. 121/144).
A mi juicio, la actuación del Estado, si pretende eximirse de responsabilidad, no se reduce a la alegación de no ser autor del hecho dañoso, sino que -en casos como el presente- también debe aportar lo necesario para demostrar que hizo todo lo posible para disminuir o evitar los niveles de violencia evidenciados en la relación entre los propios reclusos y entreéstos y el personal de custodia. Ello desde que ha asumido una postura de garante del control total de las personas privadas de libertad.
Bajo este contexto, considero que la idea objetiva de la falta de servicio se encuentra presente, a raíz de exhibirse condiciones inadecuadas para llegar al fin para el que ha sido establecido, respondiendo de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución (art. 1.112, Cód. Civ., ley 340).
III.2.b. Para más, la invocación de la exclusiva culpa de la víctima en la producción del evento, luce inconducente, pues se erige en una mera reiteración de los fundamentos expuestos al contestar la demanda, omitiendo rebatir -como es menester-, frontal y eficazmente, las concretas razones que condujeron al tribunal a quo a desechar la defensa planteada en tales términos.
En efecto, declaró dicho órgano jurisdiccional que, si bien de la resolución 9.583/09 (obrante a fs. 12/24 del expte. 21100-725568/2013) se desprendía que la actora fue sancionada con veinticinco días de suspensión por su participación en el hecho, que derivó en la fuga de siete detenidos, los elementos de esa decisión daban cuenta de una imputación realizada con base eminentemente objetiva, que impedía tener por acreditada su negligencia. Es que, sostuvo el a quo , la medida disciplinaria fue aplicada por no haber advertido C. -junto con el subcomisario Reyes y la subteniente Pereyra- las maniobras efectuadas por los evadidos, las que demandaron aproximadamente entre una y dos horas de trabajo continuo, afirmación que, aunque correcta desde el punto de vista administrativo, no alcanza para dar cuenta de una falta a la debida diligencia en términos civiles. Sobre todo -continuó- cuando el mismo acto administrativo transcribe ocho declaraciones testimoniales coincidentes en las que se explicita que la situación era extremadamente difícil por la superpoblación de detenidos, la escasa cantidad de personal y la falta de preparación adecuada para realizar requisas (en el caso, indicó el juzgador, se trata de personal policial y no penitenciario). Finalmente, adunó que de los elementos aportados no surgía demostrado que la actora hubiera incurrido en alguna acción u omisión negligente que contribuyera a causar su incapacidad, y que más allá de que el ámbito público donde se desempeñaba posee sus propias características, tener por configurada la culpa de la víctima por la suspensión aplicada por el propio empleador implicaría otorgarle la posibilidad a este último de una permanente eximición de responsabilidad con el simple recurso de sancionar preventivamente al trabajador por el hecho que lo dañó (v. fs. 310 vta. in fine /311).
Estas esenciales definiciones, reitero, han sido marginadas de todo agravio en el recurso que se analiza, resultando por ende de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se aparta de la línea reflexiva de los jueces de grado y efectúa un nuevo análisis de los hechos y de las constancias probatorias según su propio y personal criterio valorativo (causas L. 100.991, "Orazi", sent. de 25-VIII-2010 y L. 105.336, "Santilli", sent. de 12-X-2011).
III.2.c. La confirmación de lo decidido en la instancia de grado respecto de la acreditación en la especie de los presupuestos condicionantes de la responsabilidad civil de la accionada en los términos del art. 1.112 del Código de Vélez Sarsfield, torna innecesario pronunciarse sobre el agravio dirigido a poner en tela de juicio la responsabilidad objetiva que el tribunal de grado juzgó configurada en cabeza de esta última con base en el art. 1.113 del mencionado digesto.
III.2.d. Sin embargo, y solo para satisfacción del recurrente, habré de señalar que la decisión de rechazar el recurso y, por su conducto, de confirmar la sentencia de grado, también encuentra amparo en lo dispuesto en la segunda parte del segundo párrafo de dicho precepto, ya que las tareas llevadas a cabo por la señora C., en su condición de agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires cumpliendo funciones de custodia de dieciséis detenidos en una comisaría, constituyen una actividad generadora de riesgo que -concretado el daño- origina la responsabilidad del Estado (causa L. 71.070, "Giménez", sent. de 23-XII-2003).
III.3. No mejor suerte han de correr los cuestionamientos relativos a los importes reconocidos en concepto de reparación integral del daño.
III.3.a. Como es sabido, la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 91.608, "Saravia", sent. de 6-VI-2011; L. 110.784, "Cicconi", sent. de 13-VI-2012; L. 103.783, "P., J. H.", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.774, "Lavandera", sent. de 6-IX-2017). También lo es la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, en cuyo caso la configuración del absurdo debe apreciarse estrictamente (causas L. 116.645, "C., C. C.", sent. de 1-VII-2015; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017).
III.3.a.i. Sostuvo el juzgador que al no existir en la causa prueba directa sobre la magnitud económica del perjuicio causado a la actora, se encontraba obligado a estimarlo en los términos del último párrafo del art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial. Por tal razón, consideró justo cuantificar el daño material en una suma de dinero que, puesta a un interés del 6% anual le permita a la trabajadora -si lo desea- un retiro periódico y similar al que la incapacidad le impide presuntivamente percibir, y se amortice en el lapso estimado de su vida (v. fs. 314).
III.3.a.ii. El recurrente alega inicialmente que al no haber logrado la actora demostrar la existencia de los daños vinculados al lucro cesante y a la pérdida de chance, el a quo quedó inhabilitado para fijar el importe para resarcir tales perjuicios, vulnerando así la regla que emana del art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
III.3.a.iii. No encuentro acertada esa afirmación.
Desde antiguo tiene dicho esta Corte que en materia de hechos ilícitos cabe la "reparación integral" del perjuicio experimentado por la víctima, por lo que la indemnización debe cubrir tanto el daño derivado de la minusvalía ocasionada por el accidente como el de índole moral (causa L. 38.931, "Juárez", sent. de 10-V-1988).
Vale decir que la prueba del daño es indispensable para que prospere la demanda por indemnización, pero no así la de la determinación de su cuantía, la que puede -como en el caso- ser suplida por la prudente estimación judicial conforme con el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial.
En autos, la existencia del déficit físico padecido por la víctima -daño resarcible-, derivado del hecho ilícito, ha quedado demostrado, pues inequívocamente el tribunal de origen concluyó que la señora C. presenta una minusvalía laboral del 50,9% del índice de la total obrera, derivada de una secuela post traumática de hombro izquierdo y de una reacción vivencial anormal neurótica grado III (v. fs. 310 vta.). A partir de ello, corresponde declarar la procedencia de la indemnización por el daño patrimonial requerido en la demanda pues, como reiteradamente tiene dicho esta Suprema Corte, para que un acto ilícito sea punible y dé lugar a una indemnización, según los arts. 1.067 y 1.068 del Código Civil (ley 340), basta que cause un perjuicio; siendo función del juez determinar su cuantía (causa L. 65.577, "López D' Amore", sent. de 25-XI-1997).
III.3.b. En lo que respecta al restante planteo, dirigido a cuestionar la aplicación -según dijo, mecánica- de una fórmula de matemática financiera para estimar el monto indemnizable, habré de señalar que tal reproche se inscribe en un contexto definido por la ausencia de cabal demostración del vicio de absurdo, toda vez que sólo exhibe la intención de disputarle al órgano de grado el ejercicio de una facultad
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