Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65149
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Kogan , Negri , Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 65.149, "Correo Argentino S.A. contra Municipalidad de la Costa. Demanda contencioso administrativa".
I. La empresa Correo Argentino S.A., por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de La Costa, a efectos de que se declare ilegítima la omisión de abonarle el precio del servicio de envíos postales que prestó a esa administración comunal entre los años 1999 y 2002.
Reclama se condene a la accionada al pago de $440.737,90 o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más los intereses compensatorios por el período transcurrido entre la fecha en que cada factura debió ser cancelada y hasta el efectivo pago.
Pide que el crédito pretendido sea repotenciado, para compensar la desvalorización monetaria producida como consecuencia de la inflación sufrida con posterioridad a la derogación del sistema legal de convertibilidad.
Por último, solicita expresamente que se impongan las costas a la demandada.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, se presenta a juicio la Municipalidad de La Costa. Solicita el rechazo de la demanda con costas.
III. Agregadas las constancias administrativas, rendida la prueba ofrecida y glosado el alegato de la parte actora, sin que la demandada haya hecho uso de ese derecho, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Relata la actora que por decreto del Poder Ejecutivo nacional 840/97 (B.O., 11-IX-1997) el Estado nacional le otorgó en concesión todos los servicios hasta entonces a cargo de ENCOTESA S.A. (titular originaria de un sistema de cuenta corriente con la municipalidad accionada), de conformidad con los términos establecidos en el pliego de bases y condiciones aprobado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 265/97 (B.O., 25-III-1997). De tal modo, refiere que se le transfirieron todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía además del carácter fedatario que le permitía despachar telegramas y cartas documento dejando noticia fehaciente de su contenido y recepción por el destinatario.
Manifiesta que desde el inicio de la concesión realizó su labor por delegación del poder estatal en idénticas condiciones que aquel, ya que solamente se produjo un cambio de prestador efectivo de un servicio público cuyo titular era el Estado nacional (arts. 4 y 75 inc. 14, Const. nac.).
Afirma que de acuerdo con el vínculo mantenido entre la comuna y ENCOTESA S.A., la operatoria continuó desarrollándose mediante un sistema semejante a una cuenta corriente, en base a la remisión de órdenes de provisión, a través de la simple presentación en ventanilla de empleados municipales portando la correspondencia a remitir e, incluso, apelando a la mera convocatoria telefónica de sus empleados que pasaban a retirar de la sede municipal los elementos a despachar a la red postal.
Destaca que el día 27 de agosto de 1998 celebró con la accionada el "Convenio de prestación de servicios" por el que se constituyó en agente de distribución postal de la comuna en los términos de la ley 20.216 -Ley de Correos-.
Explica que los pagos fueron cada vez más espaciados como consecuencia de la morosidad de los contribuyentes.
Agrega que el día 10 de mayo de 2000 suscribió con el municipio el instrumento denominado "Reconocimiento de deuda - Convenio de Plan de Pago", que le reconoció una deuda de $264.005,08 que sería cancelada de la siguiente forma: a) cuotas mensuales que abonaría la comuna y b) dación en pago del 50% de los montos que se recauden mediante la gestión del cobro de tasas municipales a vecinos morosos.
En tal marco, señala que el día 24 de mayo de 2000 celebró con la accionada el "Convenio de prestación de servicios postales y gestión de regularización de deudores morosos".
Advierte que dicho convenio se vio frustrado debido a que la comuna no cumplió con el pago de las veinticuatro cuotas acordadas, pese a lo cual continuó con la prestación de las obligaciones pautadas.
Resalta que el día 14 de mayo de 2001 se firmó un nuevo convenio de análogas características a los anteriores, cuya contraprestación estaba compuesta por: a) el precio de cada envío postal y b) el 10% de las sumas abonadas por los contribuyentes (conf. Anexo II).
Expresa que debido al reiterado incumplimiento del municipio impulsó diversas medidas tendientes a negociar la solución de la situación planteada, hasta que el día 31 de octubre de 2002 intimó por carta documento el pago de la deuda actualizada que ascendía al importe de $440.737,90. Afirma que nunca existió por parte de la comuna intención de pagar suma alguna.
Sostiene que la fuente de la obligación de pago a cargo de la demandada fue de origen contractual y se remonta al vínculo que ella mantuvo con ENCOTESA S.A. que le fue transmitido como parte integrante del activo de la empresa concesionaria.
Subsidiariamente, como fundamento de la obligación del municipio de pagar el precio del servicio recibido, invoca el principio que veda el enriquecimiento sin causa. Afirma que mientras la equidad, en la contratación estatal, impone a las empresas prestatarias de servicios públicos limitar sus utilidades a niveles razonables, proscribiendo las "ganancias sin límite objetivo alguno", también impide a la Administración obtener una ventaja patrimonial recibiendo un servicio sin pagarlo (arts. 16 y 17, Const. nac.).
Agrega que el enriquecimiento de la Municipalidad fue correlativamente acompañado por su empobrecimiento en la medida en que debió abonar sus gastos generales de funcionamiento empresario, el combustible de los vehículos que distribuyeron la correspondencia encomendada y el salario del personal que llevó a cabo la tarea.
Expresa que consentir que la comuna accionada deje de pagar los servicios postales que ha usufructuado implicaría consagrar la licitud del enriquecimiento sin causa cuya proscripción constituye un principio general del derecho, fundado en normas explícitas del Código Civil por entonces vigente (arts. 499, 728, 899, 907, 1.744, 2.297, 2.302, 2.306, 2.567/2.570, 2.582, 2.589 y 2.594).
Solicita se condene al pago de las sumas reclamadas con más el reajuste por desvalorización monetaria en atención a que el abandono intempestivo de la convertibilidad entre el dólar y el peso constituyó un hecho imprevisible.
Por último, pone de resalto que el proceder comunal, al requerir en forma continua la distribución de piezas postales mientras afirmaba que estaba analizando la forma de pago de la deuda acumulada, generó en ella la confianza de que su crédito iba a ser satisfecho.
Explica que la tolerancia que mantuvo como acreedora fue motivada por las constantes promesas de solución formuladas por la comuna, más tarde evidenciadas como maniobras dilatorias de esta última.
Agrega que, si esta actitud malsana y degradante del estado de derecho pretendiera reeditarse en esta instancia judicial oponiéndose a la procedencia de la demanda, la accionada caería en la conducta temeraria estigmatizada por el art. 17 del Código Contencioso Administrativo por entonces vigente -ley 2.961-, por lo que solicita se impongan las costas a la accionada.
Ofrece prueba.
II. A su turno, la Municipalidad de La Costa solicita el rechazo de la demanda en todas sus partes.
En primer término, señala que en virtud de la situación de emergencia económica por la que atravesaban al momento de los hechos las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, corresponde enmarcar el proceso incoado en las previsiones de la ley 13.137 de saneamiento financiero.
Aduce que tal como lo manifiesta la accionante, ha reconocido en sede administrativa la deuda reclamada mediante la suscripción de diversos instrumentos.
Admite expresamente la existencia de los convenios de pago firmados los días 10 de mayo de 2000 y 14 de mayo de 2001, como también que por este último "...ha reconocido y aceptado en concepto de servicios Postales y Telegráficos prestados por CORREO ARGENTINO la deuda de $ 402.193,90 [...] al 30/04/2001..." .
Alega que, en virtud de tal reconocimiento expreso, la accionante debió promover en sede administrativa el trámite de consolidación de deuda previsto en la citada ley 13.137, a la que adhirió la comuna mediante el dictado por parte del Concejo Deliberante de la ordenanza 2.676/04.
Considera que como la actora no cumplió con tal requisito y el procedimiento establecido legalmente fue la única vía para el cumplimiento de la obligación.
Denuncia pagos efectuados con relación a las facturas reclamadas por la suma de $120.302,92, por lo que concluye que el total de la deuda a consolidar es de $320.034,98.
Se opone a la actualización monetaria pretendida por la actora por estar prohibido legalmente cualquier método de indexación de deudas.
Finalmente, solicita la imposición de costas a la actora.
Cita jurisprudencia en apoyo de sus dichos y ofrece prueba.
III. Al contestar el traslado del escrito de responde, la accionante formalizó la presentación glosada a fs. 104, en la que cuestiona las afirmaciones de la comuna respecto a que no era necesario emprender la presente acción en tanto la deuda reconocida quedó alcanzada por la ley 13.137 de consolidación, a la cual considera inconstitucional.
Alega que la dilación del pago por parte de la comuna, con base en la aludida norma, conculca los derechos de igualdad y propiedad, así como el principio de legalidad consagrado en la Constitución provincial (arts. 16, 17 y 19).
IV. De las constancias administrativas agregadas a la causa y del resto de la prueba producida, se desprenden los siguientes datos útiles a los fines de resolver la cuestión:
IV.1. La actora acompaña a su demanda copia de los documentos que a continuación se detallan:
IV.1.a. "Convenio de Prestación de Servicios" suscripto entre las partes el día 27 de agosto de 1998 (v. fs. 7/9);
IV.1.b. "Reconocimiento de Deuda - Convenio de Pago" de fecha 10 de mayo de 2000, por el que la demandada "...reconoce, acepta y se allana..." al pago de la deuda de $264.005,08 a favor de la actora, en concepto de prestación de los servicios postales y telegráficos (cláusula primera) y se compromete a su cancelación conforme las pautas fijadas en la cláusula segunda (v. fs. 10/11);
IV.1.c. "Convenio de Prestación de Servicios Postales y Gestión de Regularización de Deudores Morosos", suscripto por el Intendente municipal y la empresa actora el día 24 de mayo de 2000 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2000 y análogo instrumento de fecha 14 de mayo de 2001 con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2001 (v. fs. 12/20);
IV.1.d. Listado de cuentas con deuda cuyo pago se intimó (v. fs. 21/41);
IV.1.e. Cartas documento por las que el Correo Argentino S.A. reclamó el pago de las facturas derivadas del servicio prestado, origen de estos actuados (v. fs. 42/49).
IV.2. La demandada acompaña a su escrito de responde copia de diversos documentos a efectos de acreditar la forma de operar con la accionante y los pagos a esta efectuados -resúmenes de la cuenta corriente correspondiente al proveedor 5673, Correo Argentino S.A.; extractos bancarios de las cuentas corrientes n° 10145/1 y 10158/1 abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Santa Teresita; nota del Tesorero municipal y órdenes de pago n° 4119/2001, 5293/2001, 1841/2002 y 5026/2002 emitidas por la Contaduría comunal- (v. fs. 78/88).
IV.3. La pericia contable practicada a fs. 170/198, detalla que las registraciones contables de la demandada se ajustan a derecho y en ellas se consigna "...el desarrollo en el tiempo de una cuenta corriente para el proveedor Correo Argentino S.A.". Agrega que del análisis de la mentada cuenta se desprende que "...desde agosto de 1999 y hasta agosto de 2001, la Municipalidad de la Costa no realizó pagos a favor de su proveedor" y que el mecanismo de provisión del servicio postal se asemeja a una cuenta corriente mercantil (v. fs. 193 vta. y 194).
El profesional actuante, luego de detallar el relevamiento realizado de los distintos registros contables, determinó el monto adeudado en la suma de $329.947 (v. fs. 195).
En aval de su informe acompaña impresión emitida por el sistema informático de la demandada correspondiente a la cuenta corriente del proveedor 5673 Correo Argentino S.A. años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y órdenes de pago libradas a favor de la mentada empresa entre agosto de 2001 y noviembre de 2002 (v. fs. 170/192 y 195).
V. La pretensión de Correo Argentino S.A. consiste en el reconocimiento y pago por parte de la Municipalidad de La Costa, de una serie de facturas correspondientes al servicio postal que dice haber prestado a dicha administración comunal entre los años 1999 y 2002.
V.1. Como se ha visto, para la actora, el Estado nacional, por medio del decreto 840/97 (B.O., 11-IX-1997), le otorgó la concesión de la totalidad de los servicios a cargo de ENCOTESA S.A. -titular originaria de un sistema de cuenta corriente con la demandada-, conforme lo establecido en el pliego de bases y condiciones aprobado por decreto nacional 265/97 (B.O., 25-III-1997). Ello importó continuar con una metodología similar para la ejecución de las prestaciones en base a la remisión de órdenes de provisión, a través de la sola presentación en ventanilla de empleados municipales portando la correspondencia a remitir e, incluso, apelando a la convocatoria telefónica de retiro en la sede municipal de las piezas a despachar.
Por su parte, el municipio demandado afirma haber suscripto con la empresa actora diversos convenios que establecieron la deuda pendiente a favor de aquella y la forma de su cancelación. Denuncia pagos realizados y sostiene la aplicación al caso de la consolidación de deuda de conformidad con lo previsto en la ley 13.137 a la que se adhirió mediante el dictado de la ordenanza 2.676/04.
Considera que, en tal marco, la cuestión deviene abstracta.
V.2. Liminarmente he de referir que en las causas B. 65.179, "Correo Argentino S.A. contra Municipalidad de General Alvarado", sentencia de 3-VI-2015 y B. 65.722, "Correo Argentino S.A. contra Municipalidad de Marcos Paz", sentencia de 19-XII-2018, seguidas ante las mismas partes y que guardan similitud con la presente, este Tribunal se ha pronunciado haciendo lugar parcialmente a las demandas interpuestas, ergo el criterio sostenido en tales precedentes resulta aplicable en la especie.
En efecto, de la manera en que ha sido trabada la litis, advierto que la Municipalidad de La Costa reconoce la prestación del servicio postal por parte de Correo Argentino S.A. en su carácter de concesionaria del Estado nacional (continuadora de ENCOTESA), como así también consiente la existencia de una deuda a favor de la prestataria en tanto, al contestar la demanda, afirma haber suscripto los días 10 de mayo de 2000 y 14 de mayo de 2001 convenios de pago. Manifiesta que por este último "...ha reconocido y aceptado en concepto de servicios Postales y Telegráficos prestados por CORREO ARGENTINO la deuda de $ 402.193,90 [...] al 30-04-2001" (v. escrito de responde, párr. 5 y 6, fs. 95 vta.). Por otra parte, expresa que los mentados convenios "...son la prueba concreta del reconocimiento expreso de la deuda reclamada..." y que, en consecuencia, la accionante debió promover en sede administrativa el trámite de consolidación de deuda previsto en la ley 13.137.
Corresponde también destacar el convenio de prestación de servicios postales y gestión de regularización de deudores morosos formalizado por las partes el día 24 de mayo de 2000 (v. fs. 12/13).
En tal marco observo que, conforme los instrumentos perfeccionados en fechas 24 de mayo de 2000 y 24 de mayo de 2001 denominados "Convenio de Prestación de Servicios Postales y Gestión de Regularización de Deudores Morosos", la accionante debía encargarse de brindar el servicio en cuestión y, como contraprestación, percibiría los importes detallados en los Anexos I y II que integraban los acuerdos en virtud de actuar como agente de distribución postal y gestor de regularización de deudores morosos -cláusulas primera, segunda y cuarta- (v. fs. 12/20). La cláusula octava de los citados contratos detalló las penalidades a aplicar en caso de incumplimiento de alguna de las partes (v. fs. 13 y 15).
Cabe agregar que no se han presentado en sede administrativa ni ante este Tribunal constancias que acrediten el cumplimiento por parte del municipio demandado de los mentados convenios, ni se ha cuestionado su existencia.
Siendo así, corresponde tener por acreditada una deuda a favor de la empresa actora por mediar un claro reconocimiento de la accionada y la formalización de los contratos detallados (conf. arts. 354 inc. 1 y concs., CPCC y 77 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; doctr. causas B. 49.817, sent. de 6-IX-1988, "Acuerdos y Sentencias", 1988-III-342 y B. 65.179, "Correo Argentino S.A.", sent. de 3-VI-2015); como también el incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio en su momento convenidas.
Consecuentemente, la falta de pago del servicio contratado y prestado por la empresa actora sin motivos válidos suficientes o que, de existir, no han sido debidamente expresados en sede administrativa ni ante esta Corte, trasunta un accionar ilegítimo del comitente pues revela una actitud intempestiva e injustificada que ha importado levantar, sin sustento jurídico, un valladar para la normal ejecución del contrato (conf. causas B. 63.881, "Liendo", sent. de 4-XI-2009; B. 64.343, "Vaccaro", sent. de 24-VIII-2011; B. 58.903, "Jotafi", sent. de 18-VI-2014; B. 63.860, "Medicine S.R.L.", sent. de 10-VI-2015; e.o.).
El accionar de la comuna, tal como resulta acreditado en autos, se encuentra reñido con el deber de buena fe al amparo del cual se deben interpretar y cumplir los contratos de la Administración (CSJN Fallos: 311:971 y 315:158; doctr. causas B. 63.881 y B. 63.860, cit.).
En consecuencia, juzgo que asiste derecho a la accionante al cobro de las facturas originadas en la prestación del servicio postal durante el período 1999/2002 con el alcance en relación al importe adeudado que a continuación expondré.
V.3. En tal aspecto he de precisar que las conclusiones del dictamen del perito contable producido a fs. 170/195 de autos, acreditan fehacientemente que el total de la deuda asciende a la suma de $329.947.
Ello así, en tanto el experto luego de compulsar la documentación agregada a la causa y los libros, registros y archivos informáticos de la Municipalidad, concluyó que al importe reclamado de $440.737,90 se le deben restar las sumas de $107.956 y $2.834,90 correspondientes, respectivamente, a facturas abonadas por la demandada y montos de servicios contabilizadas por esta (v. fs. 194 vta. y 195).
En este aspecto advierto, una vez más, que la accionada no aporta elemento alguno que desvirtúe la exactitud de los montos detallados en el aludido dictamen.
Concluyo, entonces, que, en virtud del juego interactivo y dinámico de las cargas en materia probatoria, propio del proceso contencioso administrativo (arg. art. 375, CPCC, remisión art. 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-), corresponde fijar en la suma de $329.947 antes referenciada el capital adeudado por la Municipalidad de La Costa a la empresa Correo Argentino S.A.
V.4. Con relación al planteo de aplicación de la ley 13.137, teniendo en cuenta el criterio al que adherí al votar en las causas C. 98.161, "Cabrera", sen
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