Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74246
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Kogan, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.246, "Aguas Argentinas S.A. contra Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata -por mayoría- confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda entablada (v. fs. 129/133 y 192/201).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 205/218), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 220/221 y 231).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 243), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 249/261) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El juez de primera instancia desestimó la demanda contencioso administrativa promovida contra la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, a través de la cual la firma Aguas Argentinas S.A. pretende conseguir la anulación del acto que confirmó la intimación para que abone una determinada suma en concepto de tasa por inspección y control de calidad de los efluentes.
En sustento de su decisión, el magistrado recordó que, en materia ambiental, el Estado federal dicta leyes de presupuestos mínimos, pero sostuvo que dicha regulación puede ser ampliada o desarrollada por los regímenes provinciales, que pueden establecer otros estándares para obtener una mayor protección, en ejercicio de sus respectivas autonomías.
Tras citar lo dispuesto por los arts. 1, 2, 5 y 6 de la ley 11.723, concluyó que la Provincia de Buenos Aires tiene facultades de control y fiscalización ambiental que no han sido delegadas a la Nación, cuya omisión generaría responsabilidad.
A continuación, indicó que la potestad de la Autoridad del Agua para facturar y percibir la tasa en cuestión se desprendía con claridad de los arts. 10 de la ley 10.474 y 34 de la ley 13.402.
Por último, invocó jurisprudencia de la Corte nacional sobre las facultades tributarias locales. Destacó que, según aquella, los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por parte de estas últimas.
II. El Tribunal de Alzada, por mayoría, confirmó la decisión reseñada.
Para así resolver, sostuvo que más allá de que la actividad de la actora fuera de naturaleza interjurisdiccional, la Provincia de Buenos Aires ejercía potestades propias en lo concerniente a sus recursos originarios y a la protección del ambiente, con la posibilidad, en este último caso, de mejorar los estándares fijados como presupuestos mínimos por el Estado nacional. En tal sentido, citó, dentro del orden normativo nacional, la Ley General del Ambiente n° 25.675 y los arts. 1, 5, 41, 75 inc. 12 (sic), 121 y 124 de la Constitución; y dentro del orden provincial, el art. 28 de la carta fundamental y la ley 11.723.
Postuló además que la circunstancia de que el Estado nacional hubiera resuelto la concesión de un servicio público a favor de una empresa y establecido su marco regulatorio no importaba la derogación de los preceptos antedichos, sino que las potestades y valores en pugna debían armonizarse. Concretamente, manifestó que el control de la autoridad nacional -en el caso, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS)- no resultaba incompatible, exclusivo ni excluyente del que debiera y decidiera implementar la autoridad provincial en ejercicio de sus competencias, si bien éste no podía interferir indebidamente con el fin interjurisdiccional ni la prestación del servicio en cuestión. Con cita de decisiones adoptadas por la Corte nacional ("Línea 22", sent. de 27-IV-2010; "Edenor c/ Municipalidad de Pilar", sent. de 18-X-2011; e.o.), más adelante evaluó que en el caso no se vislumbraba una real obstaculización o interferencia.
Puntualizó que, en su visión, el hecho de que la Provincia participara en el marco del ETOSS no enervaba la potestad de aquella de regular, en ejercicio de sus facultades propias, reservadas o concurrentes, lo concerniente a la policía ambiental y a la imposición de una tasa como contraprestación de un servicio tendiente a controlar el vertido de efluentes potencialmente contaminantes. Añadió que, a su entender, tampoco obstaba a lo expuesto la cláusula comercial, contenida en el art. 75 inc. 13 de la Constitución nacional.
Por otra parte, advirtió que, más allá de los reproches esgrimidos, el servicio que justificaba la imposición mediante la tasa discutida se prestaba efectivamente. Señaló que el Máximo Tribunal nacional ha precisado que para que se configure la posibilidad de exigir el pago de la tasa debe existir una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio público referido a algo no menos individualizado del contribuyente, extremos que consideró acreditados en el caso. Añadió que, en su visión, tampoco resultaba irrazonable el cómputo ni la cuantía de la tasa en cuestión.
Asimismo, destacó que, a su juicio, ninguna cláusula del convenio aportado a fs. 8/13 excluía la posibilidad de cobro de dicho gravamen y que la derogación de impuestos establecida por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento tendía a suprimir aquellos que gravaban específicamente la actividad comercial del servicio sanitario, no así la gabela dispuesta en razón del control ambiental de efluentes vertidos en aguas provinciales.
III. Mediante el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, la actora se agravia de la supuesta falta de tratamiento del planteo de arbitrariedad realizado al apelar el fallo de grado; denuncia violación de las normas federales y constitucionales que regulan el servicio público por ella prestado; acusa quebrantamiento de las disposiciones contenidas en el Pacto Federal e impugna la imposición de costas.
Ante todo, afirma que en oportunidad de apelar la sentencia de primera instancia planteó su nulidad por arbitrariedad, en el entendimiento de que ninguna de las razones alegadas en la demanda había recibido la correspondiente y necesaria evaluación por parte del magistrado de grado. Critica que la Cámara interviniente no se haya expedido al respecto, lo que, a su entender, provoca una grave afectación de la garantía del debido proceso reconocida en el art. 18 de la Constitución nacional, tornando arbitrario el pronunciamiento atacado.
En otro orden, asegura que el régimen federal de la concesión (integrado por la ley 23.696 y los decs. 999/92 y 787/93) desplazaba a la autoridad local del control en materia ambiental y asignaba al ETOSS la función de inspección del vertido de los efluentes. Apunta que: a) el servicio público prestado y su concesionario estaban bajo el control y regulación del referido ente regulador (conf. cláusula 1.5, contrato de concesión); b) cada uno de los municipios involucrados y la Provincia de Buenos Aires delegaron al Estado nacional, en los términos de la ley 13.577, la regulación del servicio de agua potable y desagües cloacales (conf. cláusula 1.6, contrato de concesión); c) la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación era la autoridad ambiental de la concesión (conf. cláusula 1.8, contrato de concesión); d) el ETOSS tenía como finalidad ejercer el poder de policía y de regulación y control en materia de prestación del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales en el área regida, incluyendo la contaminación hídrica (conf. anexo I, cap. III, art. 17, dec. nac. 999/92); y e) tanto en el contrato de concesión como en el marco regulatorio se establecían normas que regulaban el vertido de los efluentes locales.
Concluye que el servicio de control de efluentes local y la tasa reclamada por dicha causa interfieren jurídicamente con el fin perseguido por el Estado nacional mediante la concesión del servicio público de agua potable y desagües cloacales, en los términos del art. 75 inc. 30 de la Constitución nacional y de lo resuelto por la Corte federal en las causas "BJ Service" (Fallos: 306:1883) y "Municipalidad de Quilmes c/ Edesur" (Fallos: 325:931). Indica que ello es así porque la normativa federal citada delegó el poder de policía ambiental -en general- y el control de la contaminación de la cuenca hídrica -en particular- en la Secretaría de Ambiente y en el ETOSS, respectivamente.
Añade que la Provincia de Buenos Aires es una de las partes integrantes del referido ente regulador; que Aguas Argentinas le abonó a éste, mientras duró la concesión, un porcentaje de su facturación por la prestación de los servicios a su cargo (conf. anexo I, cap. III, art. 25, dec. nac. 999/92); y que no son materia de controversia la efectiva prestación del servicio discutido ni el dominio originario del Estado provincial sobre sus recursos naturales.
A continuación, se agravia de la interpretación dada por la mayoría de la Cámara al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Entiende que éste deroga de manera inmediata todos los gravámenes específicos sobre servicios sanitarios, sin limitarse a los que recaigan sobre "la actividad comercial" ni admitir otras exclusiones.
Finalmente, impugna la imposición de costas. Expresa que, en el caso de confirmarse el criterio de los jueces ordinarios sobre el fondo de las cuestiones debatidas, aquellas deben distribuirse según el orden causado, en virtud de la complejidad jurídica del caso planteado. En subsidio, cuestiona la regulación de honorarios por altos. Plantea que el juez no debe apegarse a las escalas previstas legalmente al efecto, sino que ha de contemplar las tareas efectivamente cumplidas por los letrados intervinientes.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La denunciada falta de tratamiento del planteo de arbitrariedad de la sentencia de primera instancia en que, según la recurrente, habría incurrido el Tribunal de Alzada, no puede ser receptada por la vía intentada.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no resulta ser instrumento idóneo para canalizar reclamos por omisión de cuestiones esenciales, pues para ello se ha establecido el recurso extraordinario de nulidad (conf. causa A. 69.169, "Coto", sent. de 11-III-2009 y sus citas), camino procesal que difiere del transitado en la especie.
IV.2. Al dictar sus decisiones contrarias a la procedencia de la demanda entablada, tanto el juez de primera instancia como la mayoría de la Cámara interviniente encuadraron la actividad prestada por la Provincia de Buenos Aires, consistente en controlar la calidad de los efluentes vertidos por Aguas Argentinas S.A., en el art. 41 de la Constitución nacional. Sobre la base de lo dispuesto por dicha norma en torno a la concurrencia de facultades entre la Nación y las provincias en materia ambiental, entre otros argumentos, los jueces de las instancias anteriores convalidaron la prestación del servicio local que justifica el cobro de la tasa establecida por el art. 10 de la ley 10.474 a la firma actora, sin perjuicio de que ésta se encontrara sujeta asimismo al control de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, en su carácter de concesionaria de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales, competencia de la ex Obras Sanitarias de la Nación (conf. ley 23.696 y dec. 999/92). Tras lo expuesto, la sentencia atacada evaluó que las funciones de las autoridades nacionales no resultaban incompatibles ni excluyentes de las ejercidas por la Autoridad del Agua provincial y que tampoco éstas interferían indebidamente con el fin federal perseguido mediante la regulación de los servicios públicos mencionados.
En su recurso, la impugnante reprocha tales conclusiones, pero omite atacar los argumentos basados en el art. 41 de la Constitución nacional, que ni siquiera identifica al reseñar las razones de la decisión en crisis (v. fs. 211). En sustancia, se limita a reiterar, en sentido contrario a lo entendido por el a quo , que el marco regulatorio del servicio público concesionado por el Estado federal desplazaba la competencia del ente local y que la actividad de éste constituía una interferencia jurídica indebida en el cumplimiento del fin nacional perseguido, de acuerdo con lo previsto por el art. 75 inc. 30 de la Constitución nacional. A ese efecto invoca distintas normas, pero ninguna prohíbe de manera expresa el cobro de tributos provinciales ni reconoce en la materia discutida un poder exclusivo a la Nación o en su caso al ETOSS.
En las condiciones descriptas, la protesta planteada resulta insuficiente para conmover la decisión cuestionada, toda vez que no rebate los fundamentos esenciales esgrimidos en su apoyo ni desarrolla argumentos concretos que expliciten la alegada incompatibilidad entre el marco regulatorio federal invocado y el tributo provincial debatido, insistiendo con planteos genéricos ya efectuados sin éxito ante las instancias anteriores y traduciendo así una mera disconformidad con el contenido de lo resuelto.
Sobre el punto, este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (conf. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 72.075, "Maidana", sent. de 28-VI-2017 y A. 73.210, "Emar Salud", sent. de 18-IV-2018).
IV.3. En cuanto a lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, considero que no le asiste razón a la recurrente.
En el punto 2 de su acto declarativo primero, dicho instrumento establece como compromiso de las provincias que lo suscribieron "[d]erogar de modo inmediato los Impuestos provinciales específicos que graven [...] Servicios Sanitarios, excepto que se trate de transferencias destinadas a uso doméstico". Y en párrafo aparte, el citado pacto expresa: "Asimismo se promoverá la derogación de las Tasas Municipales que afecten los mismos hechos económicos que los Impuestos provinciales detallados en los párrafos anteriores, sea a través de la remisión del respectivo proyecto de ley a la Legislatura Provincial o a través de la recomendación a los Municipios que cuenten con competencia para la creación y derogación de tales gravámenes".
Tal como lo advierte el Tribunal de Alzada, las normas transcriptas no contemplan así la gabela discutida en autos, consistente en una tasa (y no un impuesto) provincial (y no municipal) por servicios técnicos especiales de inspección de funcionamiento y control de calidad de efluentes (conf. art. 10, ley 10.474).
Al respecto, esta Suprema Corte ha señalado que las leyes que rigen las relaciones del poder administrador con los individuos -aun las que implican el ejercicio del poder de imposición- constituyen leyes normales, generales y, como tales, están sometidas a las mismas reglas de interpretación que las otras, de modo que les resulta aplicable el principio que establece que toda interpretación legal debe comenzar por la letra de la ley misma y cuando su texto es claro y expreso debe aplicársela estrictamente y en el sentido que resulte de sus propios términos (doctr. causas B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008; B. 59.289, "Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería", sent. de 4-III-2015; A. 72.009, "Nuevo Ideal", sent. de 4-VII-2018; e.o.).
IV.4. Por último, en lo atinente a las críticas sobre las costas y los honorarios, he de advertir que los tribunales originarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución; ello por tratarse de cuestiones de hecho, que sólo son susceptibles de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irracional o burda ponderación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar la condición de vencido o exista iniquidad manifiesta en el criterio aplicado (conf. causas Ac. 73.489, "López, Ernesto contra Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 17-X-2001; C. 99.769, "Primavera", sent. de 29-XII-2008; C. 94.421, "Millara de Balbis", sent. de 6-X-2010 y sus citas), lo cual no se presenta en el caso.
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia