Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74470
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto en el acuerdo que antecede, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008- texto según ley 13.101-, 68 y 289 in fine, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Negri , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.470, "Agco ARG. S.A. contra Prov. de Buenos Aires. Recurso Directo Tribunal de Apelación Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata admitió la demanda promovida por AGCO S.A. y en consecuencia revocó la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 276/285).
Disconforme con ese pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 299/305) el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 307 y vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 314) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por la parte actora a fs. 142/152 y en consecuencia declaró nula la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación que había confirmado la anterior determinativa 314/04 mediante la cual se determinaron obligaciones fiscales de la actora por el impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 2002, 2003 y 2004 (enero-abril) incluyendo un ajuste por la actividad “canje de cereales”, que se tradujo en diferencias dinerarias a favor del Fisco más intereses, recargos y una multa.
En lo que al recurso extraordinario interpuesto importa, señaló que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si la empresa actora debía tributar el impuesto sobre los ingresos brutos por la actividad denominada "canje de cereales" conforme la base imponible diferencial contemplada en el art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2014) o art. 191 inc. "c" del Código Fiscal (t.o. 2004). En tal contexto sostuvo que, de las constancias de autos, se desprendía que el canje de cereales constituía una actividad secundaria de la empresa actora, denunciada ante la autoridad tributaria como “venta al por mayor de materias primas agrícolas y de silvicultura”, que comprende el acopio de granos -conforme código NAIIB. n° 512.111- (v. fs. 288 vta.).
Tuvo así por acreditada la condición legal exigible al tiempo del período fiscal determinado (art. 165 inc. "d", t.o 2004, Código Fiscal) para obtener la base imponible diferencial que reclamó la firma demandante.
Sostuvo, así que la resolución determinativa resultaba infundada por cuanto en ella se consideró que la actividad de acopio supone necesariamente la de almacenamiento y acondicionamiento del grano sin un texto legal que así lo disponga. De esta forma concluyó que, de ser así, el canje de granos por herramienta agrícola no podría producirse (v. fs. 285 vta., sexto párr.).
Manifestó que resultaba irrelevante que el proceso de guarda y depósito lo realice directamente el acopiador o un tercero por cuenta suya siempre que la titularidad del grano almacenado sea de quien finalmente le de destino (v. fs. 284). En tal sentido agrego que el actual art. 191 amplía los supuestos, contemplando específicamente el caso de autos.
Añadió que, de modo concordante se expidió la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en el informe producido a fs. 4.232 del expediente administrativo n° 2.306-137.270/04, que con el fin de despejar dudas sobre los operadores que actúan en el comercio de granos alcanzados por el deber de brindar información, definió el carácter de acopiador de productos agrícolas como aquellos que efectúan su comercialización por cuenta propia, con la particularidad de no contar con instalaciones propias o arrendadas, dado que los mismos utilizan la modalidad de operaciones con entrega directa en puerto y/o fábrica, incluyendo a aquellos que han recibido el grano exclusivamente mediante la concertación de operaciones de canje por bienes y/o servicios.
Sostuvo que el argumento para rechazar el carácter de acopiador de la firma actora con el fin de excluirla de la aplicación de la base diferencial, no resultaba válido en la medida en que carecía de sostén normativo y era contrario a la mecánica de la operatoria de canje de cereal, que no hallaba otro espacio posible que el de acopio.
De tal modo tuvo por acreditada la actividad denunciada por el contribuyente, la que se encuadra en el nomenclador de acopio. Para ello analizó los hechos desde una asimilación de la mecánica de la actividad desarrollada, de la que surge que quien finalmente dispone del cereal almacenado a su cuenta por un tercero, es la actora y por ello estimó que el argumento de la resolución determinativa y del Tribunal Fiscal, sobre el que versa este proceso, resulta nula al predicar un concepto que no se aviene con el texto legal ni con la descripción de la actividad efectuada.
II. Contra la sentencia de Cámara, la Fiscalía interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 299/305 vta.). Denuncia que la Cámara violó el derecho aplicable al caso, que incurrió en arbitrariedad en la interpretación de los hechos y de la prueba recolectada en autos, y que desconoció la doctrina legal de esta Corte en la materia.
II.1. Esgrime que se violó el art. 165 inc. "d" del Código Fiscal -t.o. 2004-, (art. 191 inc. "c", t.o. 2011), al encuadrarse la actividad de la actora en la base imponible diferencial, porque sostiene que no se acreditó la realización de acopio. Para ello insiste en el argumento de que tal aseveración es producto de desconocerse que, en la mecánica operativa desplegada por la firma actora, interviene un consignatario y por ende aquella no realiza acopio alguno.
II.2. Entiende que la Cámara efectuó una valoración arbitraria de las circunstancias de la causa y de las pruebas aportadas, sobre la base de que la firma actora no puede revestir la calidad de acopiador en tanto su actividad se limita a indicar a quien deberá ser entregado el grano, y que es este último quien en definitiva realiza el acopio.
En tal contexto agrega que sólo la apreciación subjetiva de la mayoría del Tribunal de Alzada consideró que el canje de granos por maquinaria agrícola supone el acopio de aquel o que el mismo no pueda producirse sin acopio, lo que no refleja la operatoria real.
II.3. Denuncia que en el caso se violó la doctrina legal conforme a la cual en la interpretación de las normas lo prudente es estar a lo que más naturalmente surge de su letra, debiendo así analizarse el término "acopiar".
Según su parecer, se encuentra vulnerada la doctrina que impone un criterio restrictivo para casos como el de autos, en que la aplicación, de una alícuota diferencial, importa una excepción a la regla general de imposición para la actividad desarrollada.
Por último, considera que el informe emitido por la ONCCA al que hace referencia la sentencia recurrida contradice el art. 185 del Código Fiscal (t.o. 2011), que establece que para la determinación del hecho imponible se atenderá a la naturaleza específica de la actividad desarrollada con prescindencia, en caso de discrepancia, de la calificación que mereciere a los fines de su encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales ajenas a la finalidad de la ley.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1 Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que -al margen de su acierto o error- le dan sustento bastante a la sentencia (conf. causas A. 71.768, "Benet", sent. de 1-VII-2015; A. 72.124, "Cazzulo", sent. de 06-VIII-2014; A. 71.440, "Gador S.A.", sent. de 10-X-2018; e.o.).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva bajo análisis donde la interesada al denunciar la violación de la ley omite atacar los fundamentos sobre los que se estructuró la sentencia impugnada. En efecto limitó su embate a oponer la interpretación que entiende correspondería efectuarse respecto de la actividad "canje de cereal por maquinaria agrícola" en relación al régimen imponible para la liquidación de los ingresos brutos que regula el art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2004), para concluir que en el caso no se encontraría acreditada la realización de "acopio", pero sin hacerse cargo de las consideraciones que al respecto realizara el Tribunal de Alzada con base en lo informado por la ONCCA (v. fs. 301 vta. pto. 1).
Cabe advertir que la temática apuntada fue específicamente desarrollada y resuelta en un sentido contrario a los intereses del recurrente, sin que el ataque ahora perfilado aborde adecuadamente las razones argumentales desplegadas por la Cámara para invalidar la resolución determinativa que excluyó la actividad denunciada de la base diferencial, sin ningún sostén normativo para hacerlo.
De allí que esta crítica configura sólo una opinión divergente.
En ese mismo orden, desatiende la quejosa las observaciones realizadas por la a quo respecto de que, en el caso, resulta irrelevante para configurar el acopio que el proceso de guarda lo realice el mismo o un tercero por cuenta suya, siempre que quien revista esa condición sea quien finalmente le de destino final como así también la consideración de que a través del art. 191 del Código Fiscal (t.o. 2011), se ampliaron los supuestos de aplicación de la base diferencial a la comercialización de granos no destinados a la siembra y legumbres secas, efectuada por quienes hayan recibidoéstos de los productores agropecuarios, directamente o a través de sus mandatarios, como pago en especie por otros bienes o prestaciones realizadas a aquellos, contemplando expresamente el supuesto de autos (v. 283 vta.), los que no fueron debidamente atacados.
III.2. Por otro lado los agravios sobre la arbitrariedad en la sentencia tampoco son de recibo, en tanto es doctrina de esta Corte que tal denuncia resulta inadecuada en la instancia extraordinaria local, por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente.
En la jurisdicción local corresponde, para que la Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo (art. 279, CPCC; cfr. doctr. causas Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; C. 108.184, "Peralta", sent. de 22-XII-2010; A. 71.440, "Gador", 10-X-2018; e.o.).
Al respecto destaco que la valoración de la actividad desarrollada por la firma actora y su correspondencia con las previsiones legales del art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2004), a los fines de determinar la base imponible para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos, constituye una cuestión de hecho propia de los jueces de mérito y por regla, exentas del control por vía del recurso extraordinario, salvo que se invoque y se demuestre el absurdo, circunstancia que no ha acontecido en el presente. (conf. causa A. 72.121 "Maccarini", sent. de 29-VI-2016; A. 74.440, "Gador", sent. de 10-X-2018; A. 72.905, "Carnes Seleccionadas", sent. de 28-VI-2017; e.o.).
La Cámara ponderó que el canje de cereal constituía la actividad secundaria de la actora denunciada conforme el código NAIBB n° 512.111, que comprende el acopio de granos y tuvo por acreditada la condición legal exigida al tiempo del período fiscalizado. Consideraciones que no fueron debidamente atacadas mediante la debida invocación y acreditación del absurdo.
Este tribunal ha expresado que para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (conf. causa A. 71.095, sent. de 9-V-2012; e.o.). No basta con disentir, sino que es menester poner de relieve el error palmario y fundamental que autoriza la apertura de esta sede para el examen de tales cuestiones fáctico probatorias. Es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave y ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (conf. causas C. 96.946, sent. de 4-XI-2009 y A. 71.890, sent. de 28-XII-2016).
Pues bien, ninguna de las consideraciones vertidas con ese objeto en el recurso se muestra capaz de demostrar la concurrencia del vicio indicado, ante las razones expuestas por el Tribunal de Alzada para arribar a la conclusión cuestionada.
III.3. Finalmente la recurrente denuncia en forma genérica e imprecisa la violación de doctrina legal, incumpliendo de este modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada (doctr. causa Ac. 95.743, sent. 13-XII-2006 y A. 73.760, "Aros", sent. de 11-VII-2018).
En la especie el recurso obrante a fs. 299/305 omite desarrollar de qué manera los precedentes de esta Suprema Corte que cita han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta actuación indebida del Tribunal a quo, incumpliendo de tal modo con la carga impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En relación a la cita de fallos de la Corte de Nación que hace la recurrente (v. concretamente fs. 304 y vta.) en aval de su agravio relativo a la interpretación restrictiva de las normas que establecen excepciones tributarias, cabe señalar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por este Tribunal a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales, incluyendo la derivada de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, ni la que emana de la opinión de los autores (conf. causas A. 69.302, sent. de 26-X-2010; A. 69.243, sent. de 6-X-2010 y A. 70.553, sent. de 18-IV-2012), como la alegada a lo largo de su escrito recursivo (v. fs. 304/305).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso debe ser rechazado, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-, 68 y 289 in fine, CPCC).
Votó por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Al igual que el colega que inicia el acuerdo, entiendo que el recurso en tratamiento no puede prosperar, en tanto el impugnante no ha logrado demostrar las infracciones normativas que invoca, ni la configuración del vicio de absurdo como así tampoco la violación de la doctrina legal que aduce preterida (conf. art. 279, CPCC). En esas condiciones, presto mi adhesión a los fundamentos que brinda el ponente en el punto III.1., III.3., III.4., a los párrafos segundo a quinto –inclusive- del punto III.2. y al punto IV de su exposición.
Coincido también en que la denuncia de arbitrariedad del fallo que ensaya el recurrente carece de entidad, en tanto se basa en afirmaciones genéricas técnicamente insuficientes para lograr la revisión pretendida (conf. causa C. 108.184, "Peralta", sent. de 22-XII-2010 y A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017).
Con tal alcance, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008- texto según ley 13.101-, 68 y 289 in fine, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia