Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74555
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri , Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.555, "Banco Patagonia S.A. contra Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada, y confirmó la sentencia del juez de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Banco Patagonia S.A., dejando sin efecto los ajustes en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos -período fiscal enero a diciembre de 2002- respecto del "Bono Compensatorio" percibido por aplicación del decreto 905/02. Impuso las costas a la demandada vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA; v. fs. 455/460).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 464/473 vta.), el que fuera concedido por la Cámara interviniente a fs. 475/476.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 481), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El juez de primera instancia resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por Banco Patagonia S.A., dejando sin efecto los ajustes efectuados en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos -período fiscal enero a diciembre de 2002- respecto del "Bono Compensatorio" percibido por aplicación del decreto 905/02 y desestimó la demanda en sus restantes partes (v. fs. 412/421).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto por la demandada, y confirmó la sentencia del juez de primera instancia.
Para así decidir, consideró que los cuestionamientos formulados por la recurrente no lograban desvirtuar la decisión recaída en primera instancia, la que no exhibía error de juzgamiento, ni el recurso tampoco lo acreditaba.
II.1. Indicó que dos eran los lineamientos básicos sobre los que descansaba la sentencia de grado.
El primero atinente a la exención objetiva contemplada en el art. 207 inc. "c" del Código Fiscal (t.o. 2011) que exime a las operaciones sobre títulos públicos y valores bursátiles.
Y el segundo, vinculado a la conformación de la base imponible del impuesto en atención a que el art. 188 inc. "d" del Código Fiscal, considera que los subsidios o subvenciones, que otorgue el Estado nacional, no deben incluirse a los efectos de la tributación.
II.2.a. Respecto de la exención contemplada en el art. 207 inc. "c" del Código Fiscal, indicó que la norma dispone "Están exentos del pago de este gravamen: [...] c) Toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, como así también las rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nº 23.576 y Nº 23.962, y sus modificatorias, la percepción de intereses y actualización devengados y el valor de venta en caso de transferencia, mientras le sea de aplicación la exención respecto del Impuesto a las Ganancias. Aclárase que las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención".
Frente al claro texto del artículo transcripto, advirtió que la entrega por parte del Estado nacional a la firma accionante del "Bono Compensador" -en los términos del decreto 905/02-, debía ser considerada como una operación sobre bonos -emitidos por dicho Estado- que se encontraba expresamente incluida en la citada norma, y, por ende, alcanzada por la exención.
Sostuvo que la interpretación efectuada por el recurrente (v. esp. fs. 430), en tanto pretende limitar la exención a los "ingresos obtenidos" por los bonos, títulos, letras, obligaciones y demás papeles emitidos por el Estado, no encontraba sustento en la redacción brindada por el legislador a la norma fiscal, que especialmente considera exenta a "toda operación" sobre los aludidos bonos, y no solamente a los ingresos obtenidos por ellos.
Por otra parte, consideró que el propio artículo distingue y exime tanto a las operaciones sobre bonos, títulos y letras (art. 207 inc. "c" primer párrafo, primera parte, Cód. Fiscal), como a las rentas producidas por ellos (art. 207 inc. "c" primer párrafo, segunda parte, Cód. Fiscal).
Recordó que la Corte nacional expresó que no es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal (Fallos: 300:558 y 687; 301:595 y 958; e.o.), desde que la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra (Fallos: 299:167, entre muchos otros); y que la inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos: 296:372; 297:142 y 300:1080), en tanto que cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador (Fallos: 299:167) y, en tal sentido, debe siempre preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma (Fallos: 298:180).
Estimó así que el legislador, a través de la redacción otorgada al art. 207 inc. "c" del Código Fiscal, exime a todas las operaciones vinculadas a bonos o títulos públicos, dentro de las que corresponde incluir a la entrega del "Bono Compensador", en el marco del decreto 905/02.
Sobre la base de lo expuesto, evaluó que la recepción por el actor del "Bono Compensatorio" en virtud del decreto del Poder Ejecutivo nacional 905/02, se encuentra exenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
II.2.b. Sin perjuicio de ello, y en atención a los restantes fundamentos brindados por el iudex , cuestionados por el recurrente en su escrito, advirtió que debía definirse si la recepción de los "Bonos Compensatorios" podía encuadrar en el concepto de "subsidio" o "subvención", contemplados en el art. 188 inc. "d" del Código Fiscal, según fue considerado por el magistrado de grado.
En efecto, atendiendo especialmente a la naturaleza de los bonos entregados por el Estado nacional a la empresa accionante, así como el contexto político y social en el que fueron emitidos -en virtud del decreto 905/02-, advirtió que su creación constituyó un instrumento de política económica adoptado por el Estado para mitigar los efectos de la pesificación asimétrica, frente a la necesidad de realizar un salvataje de las entidades financieras, en un contexto general de colapso del sistema bancario y financiero (según lo refiere el decreto 905/02 en sus considerandos).
Por otra parte, y a diferencia de lo argumentado por el recurrente, apreció que los bonos en cuestión fueron entregados por el Estado nacional sin contraprestación alguna, con el solo objetivo de resarcir de manera total, única y definitiva, a las entidades financieras, de los efectos patrimoniales negativos generados por la transformación a pesos de los diferentes tipos de cambio de créditos y obligaciones denominados en moneda extranjera (v. art. 28 y sigs., dec. 905/02).
Frente a ello, teniendo en miras la estructura, naturaleza y finalidad de los "Bonos Compensatorios" entregados a la actora, consideró que pueden calificarse válidamente como un "subsidio" o "subvención" otorgado por el Estado nacional y, en esos términos, no integrantes de la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (conf. art. 188 inc. "d", Cód. Fiscal).
Agregó que no era obstáculo que la norma que los regula nada diga al respecto (ref. dec. 905/02), pues habiendo determinado su carácter de "subsidio" o "subvención", el Código Fiscal no exige otro recaudo para excluir de la base imponible a dicho concepto.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación de lo normado por los arts. 162 inc. "d", 180 inc. "c" del Código Fiscal –texto ordenado 2004- y vulneración de la doctrina legal en materia de interpretación de las normas que regulan exenciones impositivas.
III.1. En primer lugar, denuncia errónea aplicación del art. 207 inc. "c" del Código Fiscal, puesto que la Cámara consideró que el bono emitido por el Estado nacional a favor de las entidades bancarias, en los términos del dec. 905/02, se encontraba incluido en la exención regulada por dicha disposición, cuando no corresponde dicha extensión aplicativa de la norma.
Señala que surge de la letra de la ley que lo que está exento son los ingresos por operaciones sobre los títulos públicos que refiere. Es decir que abarca a cualquier tipo y modalidad de operación, en la que el activo negociado esté constituido precisamente por un instrumento de tales características.
Alega que el beneficio alcanza a los ingresos obtenidos de la venta de títulos públicos, del canje, del préstamo o del depósito de dichos instrumentos, a las operaciones de pases o "repo" de títulos y a los instrumentos derivados, cuyo activo subyacente es un título público.
Agrega que la disposición legal también considera exentas a las "rentas producidas por los mismos y/o los ajustes de estabilización o corrección monetaria".
Aduce que lo que está exento es el interés devengado por dichos títulos y las actualizaciones que se efectúen sobre los mismos, por aplicación de índices diversos para mantener o adecuar su valor real frente a la depreciación de la moneda o la inflación.
Indica que ninguna de esas situaciones excepcionales que permite encuadrar al "Bono Compensador" como ingreso exento, se presenta en el caso de marras.
Señala que el ingreso gravado está conformado precisamente por los propios importes reconocidos por el Estado nacional a favor de la entidad bancaria actora, que, si bien fueron instrumentados mediante un bono, podrían haber sido efectivizados a través de cualquier otro medio de pago; y que la finalidad del mismos fue revertir los efectos patrimoniales negativos generados como consecuencia de la pesificación asimétrica.
Con ello denuncia que el importe económico del bono que se pretende gravar no proviene de ninguna operación comercial realizada sobre el mismo, sino que se vincula estrechamente con la actividad habitual de las entidades financieras; es decir que el monto del bono se corresponde con los ingresos de aquel banco debió obtener oportunamente por el ejercicio de su actividad habitual de intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, sustituyendo los mismos, que se hubieran encontrado alcanzados por el impuesto.
Alega que los bonos son negociables, y que el saldo de capital amortizable es ajustado con aplicación del CER y tienen previsto el devengamiento de intereses sobre saldo (conf. arts. 11 y 29, dec. 905/02).
Se queja de que la sentencia en crisis, al considerar que la mera entrega de los bonos -que instrumentaron la compensación a favor de los bancos- resulta una operación sobre los mismos en los términos requeridos por la ley, constituye una interpretación extensiva de la norma que desnaturaliza sus propios términos, lo que justifica su revocación por el Alto Tribunal provincial.
III.2. Denuncia violación al art. 188 inc. "d" del Código Fiscal al haberse considerado como un "subsidio" o "subvención" los bonos compensatorios entregados a la actora, y como tales no integrantes de la base imponible del impuesto en los términos del citado artículo.
Sostiene que el ingreso originado por la percepción del bono no puede ser encuadrado como un subsidio excluido de la imposición local, y agrega que el decreto 905/02 -en su art. 28- al disponer la entrega de los bonos del Gobierno nacional omitió hacer toda alusión a la naturaleza que revisten dichas sumas.
Acusa que no surge de ninguna norma (ni de la ley 25.561, ni de los decs. 214/02 y 905/02) que se trate de un subsidio, y afirma que frente a la ausencia de una disposición concreta no puede desprenderse implícitamente esa calificación, en tanto no cabe presumir la imprevisión del Legislador o del Ejecutivo, máxime si se considera que cuando se ha querido dar ese carácter se lo ha dispuesto con toda claridad (v.gr. arts. 48, ley 24.076; 24, ley 24.037; dec. 2.635/92 y resol. ME 154/94; e.o.).
Agrega que el gobierno nacional tampoco previó que el bono se encuentre fuera del alcance de la tributación local y que, cuando específicamente quiso darse un incentivo económico, se indicó su no gravabilidad por los estados provinciales.
III.3. Alega que los bonos en cuestión tampoco pueden ser categorizados como subsidios en los términos del art. 188 inc. "d" del Código Fiscal (art. 162 inc. "d", t.o. 2004), dado que no reúnen los recaudos para ser considerados de tal modo, porque no representan una liberalidad para quien los otorga ni es, para quienes los perciben, un ingreso que no constituya una retribución de su actividad ni sirva para apreciar su capacidad contributiva (cita doctrina especializada).
III.4. Solicita se tenga presente el criterio restrictivo sobre el otorgamiento de exenciones impositivas, en tanto las normas sobre estos beneficios son taxativas y deben ser interpretadas en forma estricta, no admitiéndose una interpretación extensiva ni tampoco la integración analógica.
Señala que esta Suprema Corte ha establecido que la interpretación del sistema de exenciones impositivas, en tanto importa una limitación a los principios de generalidad e igualdad en la tributación, debe ser restrictiva y surgir de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador.
Con ello denuncia que, en tanto en autos se debate el carácter de exento de los bonos o bien la procedencia de su exclusión de la base imponible del impuesto, importa una excepción a la regla general de imposición que, como tal, debe ser interpretada con carácter restricto, y admitirse solo en aquellos especiales supuestos en que se encuentre suficientemente acreditado el cumplimiento de todos los requisitos impuestos para la aplicación de los beneficios excepcionales. Indica que igual criterio aplica la Corte Suprema.
Con lo expuesto manifiesta que, la interpretación flexible y extensiva de las normas efectuada por el Tribunal de Alzada, viola la doctrina legal reseñada.
Por último, acusa violación al derecho de defensa y de propiedad, al verse privada de ingresos tributarios genuinamente determinados (conf. arts. 17 y 18, Const. nac.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que si bien puede entenderse que este conflicto debió haberse planteado ante la justicia federal por razón de la materia en debate (art. 116, Const. nac. y doctr. causa A. 73.285, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 21-XII-2016), considero que una declaración en tal sentido a esta altura del trámite judicial, donde las partes consintieron la intervención de la justicia provincial, solo redundaría en desmedro del servicio de justicia al que esta Suprema Corte no puede permanecer insensible (Preámbulo, Const. nac. y art. 15, Const. prov.); tampoco resultaría el momento oportuno desde el punto de vista de una mayor economía procesal y celeridad (arts. 8, CADH y 15, Const. prov.), sino que importaría un mero ritualismo que retrogradará el proceso a etapas ya regularmente cumplidas y a estadios procesales ya superados, en clara mengua al derecho de todo justiciable de obtener un rápido pronunciamiento -dentro de un plazo razonable-.
Para más, a esa misma solución arribó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de dirimir un conflicto de competencia entre la justicia de primera instancia local y la federal, donde sostuvo que conforme las previsiones de los arts. 4, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, debía desestimarse la declaración oficiosa de incompetencia efectuada por un tribunal local cuando se desprendía de las constancias de la causa que las partes interesadas no plantearon la cuestión, habiendo concluido entonces la posibilidad de hacerlo en lo sucesivo, y porque, además, también la oportunidad de los magistrados para desprenderse de las actuaciones había fenecido, ya que ello solo podía verificarse al inicio de la acción o al tiempo de resolver una excepción de tal naturaleza, antecedentes que no se configuran en autos.
El Máximo Tribunal nacional también advirtió en ese precedente que la declaración de incompetencia de oficio sobreviniente al tiempo del dictado de la correspondiente sentencia definitiva del proceso (luego de dos años de trámite), evidenciaba la ausencia de oportunidad del acto y la consecuente afectación de los principios de seguridad jurídica, debido proceso, celeridad y economía procesal, que tienden a evitar la privación de justicia. Y agregó, por último, que nada obsta a que los jueces de todas las instancias y jurisdicciones apliquen e interpreten normas federales, cuya decisión finalmente puede obtener debido control ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del recurso extraordinario federal (Fallos: 329:4184).
IV.2. Sentado ello, me dispongo entonces a fundar la respuesta que anticipé.
El Tribunal de Alzada consideró que la entrega por parte del Estado nacional del "Bono Compensador" -en los términos del decreto 905/02- debía ser considerada como una operación expresamente incluida en el art. 207 inc. "c" del Código Fiscal y, por ende, alcanzada por la exención. Sostuvo que la interpretación efectuada por el recurrente (v. esp. fs. 430) por la que pretende limitar la exención a los "ingresos obtenidos" por los bonos emitidos por el Estado, no encontraba sustento en la redacción brindada por el legislador que especialmente consideró exenta a "toda operación" sobre los aludidos bonos, máxime cuando el supuesto al que pretende limitar la exención el fisco está específicamente incluido como un caso más alcanzado por el beneficio en la segunda parte del primer párrafo del inc. "c".
Agregó que la recepción de los "Bonos Compensatorios" podía encuadrar también en el concepto de "subsidio" o "subvención", contemplados en el art. 188 inc. "d" del Código Fiscal, en función de su naturaleza. Indicó para ello que fueron entregados por el Estado nacional sin contraprestación alguna, con el solo objetivo de resarcir de manera total, única y definitiva, a las entidades financieras de los efectos patrimoniales negativos generados por la transformación a pesos de los diferentes tipos de cambio de créditos y obligaciones denominados en moneda extranjera (v. art. 28 y sigs., dec. 905/02) y por ello consideró que tampoco pueden integrar la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (conf. art. 188 inc. "d", Cód. Fiscal).
Por su parte el recurrente se limita a reproducir los argumentos que ya expusiera en la apelación y que fueran objeto de concreto tratamiento por el Tribunal de Alzada.
Específicamente discrepa con lo resuelto e insiste con que el art. 207 del Código Fiscal solo exime los ingresos por operaciones sobre los títulos públicos, es decir cuando es ese el activo negociado, estando por tanto solo exentos los intereses devengados por dichos títulos y las actualizaciones que se efectúen sobre los mismos.
Co
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.