Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120192
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.192, "Vásquez, Oscar Alberto contra Fiscalía de Estado - Pcia. de Bs. As. Accidente de trabajo - acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 518/527 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 533/540 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Oscar Alberto Vásquez contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, condenó a éste al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que el actor el día 16 de mayo de 2009 protagonizó un accidente de trabajo mientras se dirigía a prestar servicios como Oficial Inspector para la Policía (v. fs. 518 vta.). También que, como consecuencia del mencionado infortunio, padece "un cuadro de lumbalgia crónica con alteraciones anátomo funcionales y un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo", que le provoca una incapacidad del 43% del índice de la total obrera (v. fs. 519 y vta.).
Ya en la sentencia, por mayoría, el a quo declaró aplicable al caso la ley 26.773, señalando -como fundamento de la decisión- que, de acuerdo al art. 17 apartado 6, el índice RIPTE rige "también para aquellas prestaciones que aunque anteriores, aún se encontraren no canceladas", a la fecha de entrada en vigencia de la ley indicada (v. fs. 523 y vta.).
A partir de esa conclusión y puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante, juzgó también aplicable "el mínimo establecido por el art. 3 del DL 1694/09 ajustado según Resolución 28/2015" de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y en ese orden, tras multiplicar el importe de $8.418,56 por el porcentaje de incapacidad, arribó a la suma de $361.998,08 (v. fs. 524).
Luego, teniendo en cuenta que Vásquez -en el expediente administrativo tramitado ante la Comisión Médica- ya había percibido una indemnización correspondiente a la incapacidad -que allí se fijó- del 22,45%, redujo dicho monto a $181,419,96 considerando su incapacidad restante (v. fs. cit.).
Finalmente, dispuso que este capital, desde la fecha en que el dependiente tomó conocimiento de su minusvalía y hasta la de su efectivo pago, devengase intereses moratorios "a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a plazo fijo digital a treinta días, vigente en los distintos periodos de aplicación" (fs. 524 vta.). También que, "una vez firme e incumplida la sentencia", se aplique "como interés la tasa activa" que cobra la mencionada entidad en sus operaciones de descuento de documentos comerciales (v. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución provincial; 12 de la ley 24.557; 8 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653; 8 del decreto 472/14; de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15; las leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal que identifica.
En primer lugar, cuestiona las tasas de interés que ordenó aplicar el a quo al capital de condena. En ese orden señala que, al utilizar las tasas pasiva digital y activa, vulneró la doctrina sentada en los precedentes L. 90.768, "Vitkauskas"; L. 108.142, "Díaz" y L. 108.164, "Abraham" (sents. de 13-XI-2013), en las que se resolvió -por mayoría- ratificar el criterio sentado –entre otras- en los casos Ac. 43.448, "Cuadern" y Ac. 43.858, "Zgonc" (sents. de 31-V-1991); C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) -respecto a la aplicación de la tasa pasiva- y declarar la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 534 vta./537).
En segundo término, objeta la decisión del tribunal de grado en cuanto dispuso la aplicación al caso de las disposiciones de la ley 26.773; del decreto 1.694/09 y de la resolución 28/15 a pesar de que no se encontraban vigentes cuando aconteció el accidente del actor (v. fs. 537 vta.).
Alega que el juzgador también transgredió la doctrina que esta Corte estableció en los precedentes L. 93.389, "Sánchez" (sent. de 29-II-2012) y L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014) sobre la retroactividad de las leyes y la aplicación del decreto 1.694/09 (v. fs. cit.).
Explica que el apartado 5 del art. 17 es la única norma que define el ámbito temporal de aplicación de la ley indicada, y en ese sentido se proyecta solamente a aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del día 26 de octubre de 2012, es decir, la fecha de entrada en vigencia (v. fs. 538).
Afirma que la única actualización factible es la vigente al momento del evento dañoso y no al del pago, como erróneamente se declaró en la sentencia (v. fs. 538 vta.). En apoyo de su postulación, destaca que las leyes 23.928 y 25.561 prohíben expresamente toda forma de indexación de créditos (v. fs. 539 y vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello, corresponde señalar que, como lo admite la propia recurrente (v. fs. 533 vta.), en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe del capital que el tribunal ordenó pagar a la demandada (integrado por la indemnización prevista en el art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557 y la actualización establecida en el art. 17 apdo. 6, ley 26.773), más la diferencia que se verifica entre la suma proveniente del cálculo de los intereses que ordenó liquidar y la que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141; Ac. 3803/16), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.3. Desde esa perspectiva cabe la admisión –y, anticipo, la declaración de procedencia- de la crítica destinada a censurar la aplicación retroactiva de la ley 26.773 y el decreto 1.694/09.
En efecto, el referido cuestionamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte -si bien, como habré de señalar luego, no contribuí a su conformación- aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013), y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
En ese sentido, no puede dejar de señalarse que los argumentos desplegados en el medio extraordinario de impugnación para neutralizar lo juzgado por el tribunal de grado guardan sustancial analogía con aquellos que estructuran la mentada doctrina legal sobre la temática aquí debatida.
III.3.a. Siendo ello así, cabe recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
III.3.b. Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello, aunque, como he expresado reiteradamente (ver mis votos en las causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , ED, Tomo 93, pág. 891 o por Ibarlucía, Emilio A.; Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema , LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
III.3.c. En consecuencia, corresponde hacer lugar a este tramo del recurso y revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que dicte el pronunciamiento que corresponda, de conformidad con lo que aquí se decide.
III.4. En cambio, el agravio que exhibe el recurso en torno a la tasa de interés moratorio (pasiva digital), es inadmisible.
Dicho cuestionamiento merece una especial consideración a la luz de la actual doctrina legal de esta Corte, aunque, como habré de señalar luego, tampoco haya contribuido a su conformación.
Tanto en la causa L. 118.587, "Trofe", como en la causa C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), al igual que ya lo había hecho en la causa B. 62.488, "Ubertalli Carbonino" (sent. de 18-V-2016), expresé mi opinión respecto de cuál era la tasa a la que debían calcularse los intereses moratorios. En ambos casos, tal postura quedó en minoría, declarándose por esta Suprema Corte (y conformándose así su doctrina legal al respecto) que dicho cómputo debe llevarse a cabo, en principio, usándose la tasa pasiva más alta de las que ofrezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Ante ello, dejando a salvo mi opinión, como también lo hice en otras oportunidades (causas L. 107.329, "De Benedetti", sent. de 25-II-2015; L. 118.478, "Averza", sent. de 6-V-2015 y L. 118.357, "De Juana", sent. de 22-IV-2016; e.o.), he de plegarme a la doctrina mayoritaria a que vengo haciendo referencia (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 279 y 289, CPCC).
Agrego otra consideración: lo dicho no debe ser interpretado como una renuncia a mis convicciones sobre la forma en que debe ser tratado el tema o respecto de cuál es la tasa que debiera ser aplicada, sino como un acatamiento de principios esenciales previstos en materia recursiva en la codificación procesal local.
Como siempre, resalto que el recurso extraordinario previsto en la legislación local tiene características muy especiales, heredadas -según es tradición afirmar- de la casación francesa. Más allá de que se trate de una forma bastarda (como decía Morello) del modelo francés, o que resulte legítimo heredero de anteriores y autóctonos recursos españoles (cfr. Hitters, Juan Carlos; Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación ; 2da. Edición, pág. 42), lo cierto es que nuestro recurso de inaplicabilidad de ley presenta como nota particular no sólo la posibilidad de revisar la probable infracción a la ley o su errónea aplicación a un caso por parte de los jueces inferiores, sino que también faculta a este Tribunal a verificar y, en su caso, corregir la violación o incorrecta aplicación de la doctrina legal que él mismo ha establecido (art. 279, CPCC).
Dicha doctrina legal, según se ha expuesto inveteradamente, es aquella interpretación que la Suprema Corte hace de las disposiciones legales que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013 y A. 71.590, "Giusti", sent. de 27-XI-2013; e.o.), y no la que fluye de los votos en minoría de alguno de los magistrados que conforman el Tribunal (causas L. 44.643, "Kieffer", sent. de 20-XI-1990 y L. 116.824, "G., R. E.", sent. de 23-X-2013).
Tal definición, y en tanto se quiera reforzar la característica vinculante de la doctrina legal y alejar todo atisbo de fragilidad que pudiera afectar a nuestro clásico remedio impugnativo, no puede depender de la accidental constitución del Tribunal (por ejemplo, por ausencia temporal de uno de sus miembros). Por el contrario, a no dudarlo, debe ser entendida como la emanada del acuerdo logrado por los miembros ordinarios y naturales de la Suprema Corte, de manera tal que se eviten situaciones de desigualdad que podrían provenir de accidentales integraciones de la misma.
En función de lo dicho, y -reitero- dejando a salvo mi opinión personal, me atengo a la referida doctrina legal (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), sentada en las citadas causas, y propongo el consecuente rechazo de esta parcela de la impugnación.
III.5. También es inadmisible la impugnación a la tasa (activa) de interés punitorio.
En el caso, no se verifica la violación de la doctrina legal que cita la recurrente porque ésta se vincula a los intereses moratorios y la crítica formulada a la tasa activa concierne a los punitorios, establecidos para el caso de incumplimiento en término de la manda judicial en virtud de su naturaleza jurídica sancionatoria y no indemnizatoria (causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 114.958, "Bernier", sent. de 24-VIII-2011 y L. 118.612, "Almiranda", sent. de 25-II-2015; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto ordenó aplicar el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Costas de esta instancia por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El recurso debe prosperar parcialmente.
I.1. Comparto lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2., de su voto.
Como señala mi colega, el pronunciamiento sobre el agravio que gira en torno a la aplicación retroactiva de la ley 26.773 y el decreto 1.694/09 no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida, e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
Siendo ello así, habré de reproducir -en lo pertinente- los fundamentos expuestos por esta Corte al resolver en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que presté mi adhesión al voto de mi colega doctor Genoud.
I.1.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O., 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios inter
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