Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120561
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri , Soria , de Lázzari , Kogan , Pettigiani , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.561, "B. de C., M. A. y otros contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y otros. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Lanús hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 355/400).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 418/422 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 449/450 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora M. A. B. -por sí y en representación de sus hijos menores de edad: M. E. C., M. G. C. y S. M. C.- contra Provincia ART S.A. y la Provincia de Buenos Aires, condenando sólo a esta última al pago de las indemnizaciones por daños y perjuicios por reparación integral derivadas del fallecimiento del señor D. O. C. -personal policial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires- quien en vida fuera esposo y padre, respectivamente, de los accionantes.
Para así resolver, juzgó acreditado en el veredicto que el deceso ocurrió el día 16 de octubre de 2006, como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de su función policial, a causa de un enfrentamiento armado con delincuentes que ingresaron a robar a un comercio (v. vered., fs. 358 vta./360).
En este contexto, sostuvo que la propia actividad laboral desempeñada por C. en cumplimiento de su deber policial, conllevaba un riesgo y peligro propios de aquella, en el que era inequívocamente subsumible el perjuicio que padeciera. Es por eso que -afirmó- los agentes ofensores no pueden ser considerados terceros por los que el Estado provincial no deba responder (v. fs. 363 y vta.).
A partir de ello, consideró que las indemnizaciones tarifadas previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo -realizadas mediante pagos parcializados- no lograban alcanzar una reparación justa y plena de los daños causados, por lo cual declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y encontró configurados los presupuestos de responsabilidad objetiva del Estado provincial, en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Juzgó que la percepción de las indemnizaciones de la ley 24.557 no era incompatible con las derivadas del derecho común, toda vez que, tal como lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar en la causa "Llosco, Raúl c/ Irmi S.A.", los trabajadores pueden reclamar por infortunios sufridos a través de la denominada "doble vía", es decir ante las aseguradoras de riesgos del trabajo y también ante los tribunales de justicia en busca de la reparación integral (v. fs. 389).
Luego, determinó el importe indemnizatorio en la suma de $1.365.351 (v. fs. 396), resultante de deducir los montos ya percibidos por los accionantes en sede administrativa.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse intereses de la siguiente manera: a) desde el día 16 de octubre de 2006 hasta el día 18 de agosto de 2008 inclusive, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y b) a partir del día 19 de agosto de 2008 y hasta su efectivo pago, según la tasa pasiva digital que abona dicha entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días; esto último teniendo en consideración la doctrina que esta Suprema Corte estableciera en el precedente L. 118.615, "Zocaro", sentencia de 11-III-2015.
Por otro lado, para el caso de incumplimiento -pasados los diez días de notificado el decisorio- dispuso el cálculo de un interés punitorio del 4% mensual, a contar desde el momento que la sentencia haya quedado firme (v. sent., fs. 399).
II. Contra el fallo de mérito, se alza la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 418/422 vta.).
Tres agravios estructuran su crítica:
II.1. En primer lugar, sostiene que la sentencia de grado vulnera la ley y la doctrina legal que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esta Suprema Corte tienen establecida en cuanto a la incompatibilidad entre la reparación integral otorgada en sede judicial y los llamados subsidios que otorga la ley especial de policía.
Aduce que "...los actores percibieron oportunamente las becas y el subsidio por fallecimiento que otorgara el derogado decreto 797/99, así como las prestaciones fijadas por la LRT...", por lo que -a su criterio- teniendo idéntica causa y naturaleza, luce manifiesta la incompatibilidad entre la reparación integral otorgada en sede judicial y los señalados subsidios (v. fs. 420 vta.).
II.2. Por otro lado, manifiesta que el a quo incurrió en absurdo toda vez que otorgó una indemnización por incapacidad psicológica, al tiempo que reconoció una cifra importante para el tratamiento profesional de dicha afección.
Entiende que, si la incapacidad llegó a ser definitiva, no existe tratamiento que permita superarla. Alega que en caso contrario se estaría ante una doble indemnización por idéntico rubro, lo cual resulta violatorio de su derecho de propiedad, causándole un perjuicio económico a su parte.
II.3. Por último, se agravia del interés punitorio del 4% "diario" impuesto en el fallo, en tanto -expresa- el mismo viola la doctrina legal que esta Corte ha fijado en las causas L. 40.481, "Metralle", sentencia de 25-X-1988 y L. 118.587, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016; entre otras.
III. En mi opinión, a diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no debe prosperar.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que esgrimí al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
En razón de lo expuesto habré de ingresar al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
III.2. El primer agravio traído, en el que la impugnante sostiene la incompatibilidad entre la reparación integral otorgada por el tribunal de origen -conforme normas del derecho común- y los subsidios especiales establecidos en las leyes de policía, no puede prosperar.
III.2.a. El a quo tuvo por acreditado que los derechohabientes de C. percibieron de parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, las sumas correspondientes a: $1.846,16, en concepto de becas para sus hijos (conf. dec. 3.326/04) y $8.493,40 (conf. liquidación dec. 797/99) y de Provincia ART S.A. las siguientes sumas: $2.126,57 en concepto de indemnización por anticipo de renta vitalicia, abonada en cuotas; $132.183.54, mediante el sistema de renta vitalicia transferido a Nación Seguros de Retiro S.A., correspondiente a la indemnización por fallecimiento (conf. art. 18, ley 24.557) y $50.000, por prestación adicional de pago único por fallecimiento (previsto en el art. 11 apdo. 4 inc. "c", ley 24.557; v. vered., quinta cuestión, fs. 365 vta. y 366).
Asimismo, consideró no probado que los actores hubieren percibido dos subsidios de $10.000 -contrariamente a lo alegado por la demandada a fs. 84- estipulados en el art. 112 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80 (v. vered., fs. 366 vta.).
Sin perjuicio de ello, sostuvo que la percepción de aquellos importes, en modo alguno implica no admitir la acumulación con otras indemnizaciones, puesto que el beneficio de dicho decreto es un subsidio de carácter previsional, lo que queda evidenciado por sus beneficiarios, su pago por única vez y su monto fijo; no resultando por ende incompatible con el resarcimiento contemplado en la ley nacional 9.688, ni el derecho común (v. sent., fs. 388 y vta.).
De esta forma, juzgó que las sumas abonadas en concepto de "becas", y aquellas fijadas al amparo del decreto 797/99, consistían en una mera asistencia a los familiares de los policías fallecidos en actos de servicio, la cual -entendió- distaba mucho de ser una reparación plena, y por lo tanto no privaba a sus deudos a reclamar conforme lo estipulan las normas del derecho común. A su vez, indicó que las mismas fueron oportunamente descontadas al fijar los montos definitivos (v. sent., fs. 389 y 396).
III.2.b. En su presentación, la impugnante centra su crítica en la supuesta incompatibilidad entre el reclamo de un resarcimiento pleno del daño sufrido -con fundamento en normas del derecho común- y los beneficios que establecen las leyes especiales de policía para el caso de fallecimiento, a saber, los fijados en los arts. 47 de la ley 13.982 (equivalente a veinte sueldos de Comisario General del Subescalafón Comando); 1, 7, 9 (el sueldo de Teniente Primero del Subescalafón General de la ley 13.982, que percibirán mensualmente los sucesores durante toda su vida, con derecho pensionario) y 3 (becas de estudio para los hijos del fallecido), estos últimos de la ley 13.985 (v. fs. 419 vta.).
Considera que este complejo de beneficios logra restablecer la integridad económica de las víctimas de estos hechos. Alega que "admitir lo contrario, implicaría tanto como pretender la coexistencia de dos sistemas de reparación superpuestos -uno regulado en normas de derecho público y otro por preceptos de derecho común- orientados a indemnizar idénticas lesiones patrimoniales o físicas" (v. fs. 420).
III.2.c. Las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por carriles que ignoran el razonamiento seguido por el órgano de grado, sin concretar una réplica eficaz que descalifique sus esenciales motivaciones.
En efecto, la atenta lectura del escrito recursivo revela que el interesado no se encarga de rebatir la conclusión del a quo mediante la cual juzgó no probada la percepción de los mencionados subsidios, la cual no fue desvirtuada por la recurrente, por lo que deviene abstracto el agravio sustentado en la invocada incompatibilidad.
III.2.d. A mayor abundamiento, cabe destacar que es doctrina legal de esta Corte que los beneficios que contempla el decreto ley provincial 9.550 en su art 112 inc. "e" apartado 3, no son incompatibles con otras indemnizaciones previstas en el derecho común, pues la primera está destinada a subvenir inmediatamente necesidades o desgracias especiales con un condicionamiento propio, como es que el infortunio sea consecuencia del ejercicio de la función de policía de seguridad (causas B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots.", sent. de 15-X-2014; e.o.).
III.2.e. Por último, cabe destacar que las leyes 13.982 y 13.985 (B.O., 27-IV-2009) citadas por la recurrente, no son aplicables al caso de autos, en tanto a la época del fallecimiento de C. -esto es, el día 16 de octubre de 2006- no se encontraban vigentes, rigiendo en ese momento las disposiciones establecidas en el decreto 797/99.
III.3. Igual suerte ha de correr el agravio dirigido a objetar la condena al pago por daño psicológico.
III.3.a. En lo que resulta relevante, el juzgador de grado tras valorar las pericias obrantes a fs. 197/203 y 336/339 -esta última realizada por un experto de la Asesoría Pericial-, tuvo por acreditado el daño psicológico que afecta a la viuda y a sus hijos, así como también la necesidad de que cada uno de ellos realice un tratamiento terapéutico correspondiente. Para así decidir, juzgó que los informes de ambos peritos daban cuenta de las consecuencias psíquicas que la trágica y repentina pérdida de C. generó a la estructura de personalidad de todo el grupo familiar.
Precisó además, que en la audiencia de vista de la causa se presentó una testigo que confirmó que "vio muy mal a todos ellos producto de la muerte..." y que hasta incluso los ayudaban económicamente, dado que no tenían otro ingreso mientras esperaban que les otorgaran la pensión.
Finalmente, cuantificó la suma que debía abonarse por este rubro en la de $300.000, comprensiva de $50.000 para cada uno de los deudos, correspondiente al daño psicológico y $100.000, para el costo del tratamiento terapéutico que todos debían realizar (v. sent., fs. 395 vta. y 396).
III.3.b. En función de lo dicho, esta Corte reiteradamente ha establecido que en la tarea de valorar la prueba pericial psicológica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016; e.o.).
En tal sentido, resulta necesario señalar que dicha anomalía sólo puede juzgarse configurada cuando media acabada demostración de su existencia; es evidente, en consecuencia, que no basta con invocarla, sino que es menester evidenciarla cabalmente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error; de allí que resulta insuficiente el agravio que sólo traduce un intento de disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y valoración de la prueba (causas L. 113.555, "Cortés", resol. de 23-II-2011 y L. 119.001, "Amarilla", resol. de 21-X-2015).
En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar el error, ya que la réplica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar las experticias psicológicas.
De esta manera, su impugnación resulta ineficaz para rebatir la motivación esencial del fallo atacado en punto a la superposición de indemnizaciones por idéntico rubro al otorgar incapacidad psicológica y la consecuente necesidad de que los accionantes realicen un tratamiento profesional para dicha afección -la cual se encuentra acabadamente acreditada en autos a través de los informes periciales realizados por ambos expertos-, sin aportar argumentos convincentes y útiles a dicho fin.
Por último, ha de recordarse a la recurrente que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 93.721, "Martín", sent. de 29-IV-2009; L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; e.o.).
III.4. En cuanto a los intereses punitorios, en primer lugar, cabe destacar que no se verifica configurada la violación de la doctrina legal que se denuncia en la réplica -único supuesto en que se sustenta el agravio-, desde que los presupuestos fácticos y jurídicos sobre las que aquélla ha sido elaborada difieren de la situación vinculada a la fijación de ese tipo de accesorios.
En efecto, reiteradamente ha dicho este Tribunal que los intereses punitorios no comparten la naturaleza jurídica de los moratorios, puesto que aquellos son fijados para el supuesto de incumplimiento de una manda judicial y tienen una esencia sancionatoria y no indemnizatoria (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 114.958, "Bernier", resol. de 24-VIII-2011 y L. 115.162, "Reyes", resol. de 26-X-2011)
Por otro lado, también deviene ineficaz la denuncia de violación de la doctrina de esta Suprema Corte cuando ésta fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 91.414, "Fulco", sent. de 19-X-2011 y L. 99.694, "Nogueira", sent. de 30-XI-2011). En particular, en el precedente L. 40.481, "Metralle" (sent. de 25-X-1988) citado por la recurrente, se trató de un caso de capital actualizado, situación que difiere de la ventilada en autos.
IV. En virtud de todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014).
I.2. Efectuada tal aclaración, comparto con el colega ponente que el primer agravio traído debe ser desestimado.
Sostiene la quejosa que la reparación económica que contiene la condena "tiene igual causa y naturaleza" que los importes otorgados a los accionantes de parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la aseguradora de riesgos del trabajo, resultando "incompatible" la percepción de ambos conceptos.
Sin embargo, y no obstante anunciar que en el caso se verifica dicha transgresión, omite a lo largo de su crítica individualizar la doctrina legal que a su criterio se hallaría vulnerada, no observándose allí ninguna otra denuncia apta para abastecer los recaudos que contempla el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. Es que, soslayando rebatir idóneamente las consideraciones brindadas por el tribunal de grado en la sentencia (v. fs. 388/389 vta.), los argumentos de la interesada se estructuran sobre precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que como es sabido no constituyen la doctrina legal a la que alude la norma procesal citada (causa L. 119.987, "Espinola", sent. de 4-VII-2018; e.o.), verificándose que -para más- han sido elaborados bajo plataforma jurídicas y fácticas disímiles a las de autos.
I.3. En otro orden, adhiero a lo expuesto por el colega doctor Negri en los puntos III.3. y III.4. de su sufragio.
II. En virtud de lo expuesto, comparto la solución plasmada en el apartado final del voto inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor de Lázzari , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia