Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120421
En la ciudad de La Plata, a 11 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.421, "Roldan, Guillermo Gustavo contra Provincia ART S.A. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 466/481 vta.).
Se interpuso, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 493/500 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Guillermo Gustavo Roldan, y condenó a Provincia ART S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15- y la prevista en el art. 3 de la ley 26.773, con más el índice RIPTE dispuesto en esta última.
Para así decidir, en el veredicto, declaró acreditado que el día 31 de octubre de 2005 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad laboral del 41% del índice de la total obrera (v. fs. 466/467 vta.).
Sobre ese escenario, en la sentencia, con sustento en un precedente del mismo tribunal y en la doctrina autoral, estableció que la ley 26.773 debía aplicarse a las contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia. Señaló que esta conclusión no importaba aplicarla en forma retroactiva, puesto que se trataba de una reparación no consumada, en cuanto al momento de dictarse el fallo la prestación dineraria no se encontraba cumplida. A partir de esas conclusiones declaró la invalidez constitucional del art. 17 apartado 5 de la mencionada ley, "por encontrarse en pugna con los arts. 14, 14 bis y 17 de la C.N. y con el principio de aplicación inmediata de la nueva ley (arts. 5 y 7 C.C.C.)", ponderando, además, que dicha solución luce "en sintonía con el principio de progresividad" (fs. 476/478).
Luego, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir a Roldan, declaró aplicable al caso el decreto 472/14, la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 28/15, y el art. 3 de la ley 26.773. En ese orden, multiplicó el importe de $841.856 por el porcentaje de incapacidad, a dicho resultado le sumó una indemnización equivalente al 20% y, a su vez, lo ajustó conforme al índice RIPTE, arribando así al monto total de $4.431.866,70 (v. fs. 478 y vta.).
Finalmente, dispuso que a dicho capital "deberá adicionarse intereses, desde la fecha de ocurrencia del evento dañoso (31/10/2005) hasta su total y efectivo pago, conforme a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema Banca Internet Provincia" (fs. 479). Y al período anterior al 19 de agosto de 2008, aplicó intereses a la tasa pasiva que paga el mismo Banco a treinta días (v. fs. 480/481).
II. Contra dicho pronunciamiento Provincia ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 18 y 19 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente sufrido por el actor- transgredió el principio de irretroactividad de las leyes y el derecho de propiedad (v. fs. 495).
En ese sentido, invoca los precedentes "Escudero", "Lucca de Hoz" y "Aguilar" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto se declaró que "la compensación económica debe determinarse conforme la ley vigente cuando ese derecho se concreta" (fs. 495 y vta.).
Afirma que la mentada ley no puede ser aplicada al caso porque "así lo ha dispuesto el legislador en el inciso 5° del artículo 17" (fs. 496). Añade que el juzgador, al declarar su inconstitucionalidad, incurrió en "un yerro de gravedad institucional" (fs. 497 vta.).
Alega que el criterio indicado sintetiza el contenido de la doctrina establecida por esta Suprema Corte en causas L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008); L. 94.456, "Vecchi" (sent. de 2-VII-2010) y L. 107.414, "S., A. R." (sent. de 26-IX-2012; v. fs. 499 y vta.).
Por último, solicita que, una vez revocada la sentencia en relación al capital adeudado, "se proceda a rectificar la imputación de los respectivos intereses" (fs. 500).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653 (v. fs. 466). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó dicho pronunciamiento (v. fs. 468 y 480 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 481 vta.).
Al respecto, cabe precisar que, aun cuando los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, es dable anticipar la procedencia de la crítica destinada a cuestionar lo resuelto por el tribunal de grado respecto a la aplicación de las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, debe ser revocada la descalificación constitucional del art. 17 apartado 5 de dicha ley, pronunciada en la instancia ordinaria.
Sobre el particular, he de insistir en que las mejoras que esta normativa introdujo a la ley 24.557 sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia.
Este es el criterio interpretativo que esta Suprema Corte plasmó al expedirse tanto con relación al decreto 1.278/00 (causas L. 94.904, "Bertino"; L. 94.456, "Vecchi" y L. 107.414, "S., A. R.", citadas por la recurrente), como respecto del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015); arribando a idéntica solución en oportunidad de dirimir la vigencia temporal de la ley 26.773 (causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016).
En este marco, es dable recordar que, si bien el principio de no retroactividad de la ley carece de jerarquía constitucional, tiene un límite claro, configurado por la interdicción de todo menoscabo sustancial a situaciones subjetivas consolidadas al amparo de un régimen jurídico válido anterior (art. 17, Const. nac.; causa L. 96.278, "Mussio", sent. de 11-III-2013), como sucede en la especie.
Desde este enfoque, es mi convicción que no cabe la descalificación de dicho precepto, toda vez que no lo advierto, en el caso, en pugna con derechos y garantías de jerarquía constitucional.
III.2.b. Luego, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria, que participé- en el mentado precedente L. 118.695, y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de grado juzgó el caso, considero que la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la ley 26.773 resulta procedente.
En efecto, en la citada causa esta Suprema Corte -por mayoría y tal como señalara en el apartado anterior- estableció que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la misma ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que -salvo excepción consagrada- las mejoras introducidas en ese cuerpo normativo sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia. Dicho criterio, asimismo, se condice con el adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 7-VI-2016).
En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es el 31 de octubre de 2005, en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), asiste razón a la recurrente en cuanto postula que sus disposiciones no resultan aplicables al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa norma, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de condena.
III.3. Por otra parte, cabe señalar que no puede adjudicarse entidad de agravio al lacónico planteo final que contiene el recurso relativo a los intereses moratorios aplicables al capital de condena (v. fs. 500), toda vez que carece de todo desarrollo idóneo, así como de la indispensable denuncia de infracción de normas o doctrinas legales vinculadas al tópico (causas L. 102.343, "Laguzzi", sent. de 8-IX-2010 y L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012).
III.4. Por último, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Precisamente, la falta en el veredicto de fecha y lugar, así como la omisión del Actuario de rubricar la sentencia, constituyen evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia: a) revocar la sentencia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, y determinó el importe de las prestaciones dinerarias a cargo de Provincia ART S.A. con arreglo a las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por la ley indicada, como asimismo cuando ordenó el pago de la indemnización adicional prevista en el art. 3 de esa misma ley, normas cuya inaplicabilidad se declara; y b) devolver los autos a la instancia de grado para que el tribunal, nuevamente integrado, obre de conformidad con lo resuelto en el punto III.2.b.
Las costas de esta instancia se imponen a la parte actora vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, también concuerdo con el ponente en que cabe revocar lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y cuantificó la indemnización debida al trabajador con arreglo a las pautas previstas en dicha ley.
Arribo a tal definición, a tenor de la opinión que brindé en las causas L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-II-2018; L. 118.144, "Duarte", sent. de 19-IX-2018 y L. 119.640, "Gallina", sent. de 19-XII-2018, sustancialmente análogas a la presente y a las que por razones de celeridad remito, ello en lo estrictamente referido a la mentada ley 26.773.
I.3. Finalmente, comparto lo señalado por el doctor Pettigiani en el punto III.4. de su voto.
II. El recurso progresa conforme se resuelve en el apartado final de la opinión inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por el doctor Pettigiani en el punto III.1., de su voto.
I.2. Asimismo, acompaño la propuesta del colega de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 que efectuara el tribunal de grado, por los fundamentos que ya anticipara al sufragar en la causa L 120.062, "Guzmán", sentencia de 30-V-2018.
Una solución diferente sería incompatible tanto con la doctrina de esta Corte (v. causa "Staroni", a la que luego me referiré) como a la que surge de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa "Espósito", a la que también aludiré más adelante).
I.3. Luego, con las siguientes consideraciones, también comparto la opinión del ponente respecto a la inaplicabilidad al caso del índice RIPTE previsto en la ley indicada.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley indicada, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7-VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta la fecha de la primera manifestación invalidante (31 de octubre de 2005), corresponde rechazar la postulación de la recurrente respecto a la aplicación de la ley 26.773.
II. Por todo lo expuesto y compartiendo también lo expresado en el punto III.4.; corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado en el punto IV del sufragio inaugural.
Las costas de esta instancia se imponen a la parte actora vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero al señalamiento formulado por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, corresponde confirmar la sentencia de grado en cuanto dispuso la aplicación de la ley 26.773 (expresamente solicitada por la actora a fs. 460 vta. y objetada por la demanda a fs. 463/464 vta.).
En lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, he de volcar aquí lo expresado al votar en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en cuanto a que dicha ley ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
Sobre este punto debo decir además, que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
Sin embargo, en mi criterio, pese a ese acierto inicial de la recurrente, la decisión de grado debe ser confirmada por las consideraciones que a continuación habré de precisar.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sentencia de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sentencia de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sentencia de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sentencia de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones por incapacidad laboral permanente parcial reguladas por la ley 24.557, calculadas conforme a la normativa vigente al momento del infortunio, importan una insuficiencia reparatoria que las torna una indemnización inadecuada y, por ende, pese a que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional, una clara vulneración del derecho -también constitucional- a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones fue reconocida por el Poder Ejecutivo Nacional al expresar en el mensaje remitido al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema" , concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el señor Roldan sufrió un accidente de trabajo -conforme fuera expuesto en e
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