Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73723
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Genoud, Soria, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 73.723, "Cepas Argentinas S.A. contra Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Recurso Directo Tribunal de Apelación Fiscal. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó la demanda interpuesta por la actora contra la resolución definitiva del Tribunal Fiscal de Apelación que había confirmado la determinación de oficio respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Impuso las costas del proceso a la vencida (arts. 166, Const. prov. y 1, 12, 18 y 51, ley 12.008 -texto según leyes 13.101 y 14.437-; v. fs. 125/131).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 134/144 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 146.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 152) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó la demanda interpuesta contra la resolución definitiva del Tribunal Fiscal de Apelación y confirmó la determinación de oficio respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la actora, por no resultar alcanzada por la exención normada por las leyes 11.518 y 11.490, en tanto consideró que la venta del producto mediante franquicias no se identificaba con la venta mayorista exenta.
Para así decidir, consideró que la forma de negocio adoptada (implementada a través de franquicias) tornaba inconsistentes las críticas efectuadas contra el encuadre tributario que respondería a la realidad económica del emprendimiento empresario-comercial, desarrollado a través de un sistema que se basa en una marca, un diseño del local y otros aspectos que, como tales, trascienden la mera compraventa.
Remarcó que, en torno a la determinación de la actividad principal, no se trataba de evaluar la posibilidad de separar contablemente los ingresos de la actora, sino de reparar en su naturaleza, indisolublemente ligada al contrato de franquicia, dentro del cual el sistema y los productos representan un conjunto inseparable cuya integración lo define como un concepto autónomo de otros tipos contractuales.
Consideró que no resultaba procedente la exención del pago del gravamen para los ingresos obtenidos de la ejecución del contrato de franquicia, correspondiendo la tributación por el total del franquiciante como servicios empresariales, quedando de tal modo precisada la actividad principal en ese segmento, lo que se adecuaría a lo dispuesto por el Código Fiscal, que a los efectos del pago de ingresos brutos ordena estar, para los rubros complementarios de la actividad principal, a la alícuota contemplada para esta última por la ley impositiva (conf. arts. 219, 223 y concs., Cód. Fiscal -t.o. 2011-).
Respecto del informe técnico 162/01 señaló que por su carácter de opinión interna resultaba no vinculante y no normativo.
En relación con el dictamen pericial producido entendió que no se desprendían conclusiones que descalifiquen el encuadre impositivo del caso, en los términos de servicios empresariales, y valoró que nada aportaba a una situación en la que el objeto del contrato de franquicia era suficiente para delimitar una especie tributaria que resulta ajena al hecho susceptible a la exención con que contaba la firma demandante, pues se trata de una mecánica de colaboración de aristas múltiples en las que la distribución del producto es solo una etapa a cargo del franquiciado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la actora denuncia violación de los arts. 39 de la ley 11.490; 1 de la ley 11.518 y 7 de la ley 12.837. También acusa la vulneración del principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria y del derecho de propiedad (art. 17, Const. nac., reproducidos en los arts. 10 y 11, Const. prov.).
Señala que la sentencia recurrida introdujo una condición para la vigencia del beneficio tributario que no surge de la letra de la ley, en tanto consideró que, si el producto fabricado en forma industrial en un establecimiento radicado en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires es comercializado mediante franquicias, la exención emanada de la ley no es aplicable. Sostiene que el legislador quiso estimular la radicación de establecimientos industriales en la jurisdicción, acordándoles la referida exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sin hacer mención alguna que condicionara el beneficio según el modo de comercialización de los productos industriales.
Sostiene que Palerva S.A. (antecesora de la actora) realizaba actividad industrial en la Provincia, elaboración de empanadas en su planta fabril, que luego eran comercializadas bajo la denominación "El Noble Repulgue" y que por aplicación de la ley provincial 11.490 las ventas mayoristas de alimentos producidos industrialmente en dicha planta están exentas del impuesto, tal como fuera reconocido por el organismo fiscal mediante resolución 536/00 del 21 de febrero de 2000.
Agrega que el Tribunal de Alzada omitió pronunciarse sobre su defensa respecto a que el Fisco, previamente a determinar la deuda aquí impugnada, debió revocar la exención reconocida a Palerva S.A. otorgada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a solicitud de la empresa -quien denunció que solo comercializaba a través de franquicias- conforme lo normado por el art. 7 de la ley 12.837, y que en su caso los efectos de la eventual revocación no podrían retrotraerse más allá del día 1 de enero del año anterior al que se hubiera producido la revocación de la exención.
Indica que mediante la ley 11.490, art. 39, se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio de actividades industriales realizadas en establecimientos ubicados en jurisdicción de la Provincia y que el art. 1 de la ley 11.518 excluye de dicha exención solo a las ventas que los contribuyentes -alcanzados por la misma- efectúen a consumidores finales.
Sostiene que la ley condiciona la exención a dos requisitos: que el establecimiento industrial esté ubicado en la Provincia y que las ventas de los productos allí fabricados no fueran efectuadas a "consumidores finales". Agrega que, conforme sostuviera esta Corte, se trata de una exención de carácter objetivo, apuntada a la actividad.
Arguye que la Cámara yerra al sostener que la exención que beneficia a los sujetos industriales no alcanza a los ingresos derivados de la comercialización de los productos industrializados, cuando es realizada mediante franquicias. Sostiene que dicha forma de comercialización resulta una venta mayorista y niega que pueda interpretarse que el principal negocio de la empresa industrial sea la prestación de servicios afines del contrato de franquicias.
Aduce absurdo en tanto de los estados contables al día 30 de junio de 2003, surge que de los activos destinados en forma directa a la producción de empanadas representaba el 69% del total de los activos de la compañía. Agrega que los bienes de cambio alcanzaban casi el 9% del total del activo y que ambas ratios evidencian palmariamente que se trata de una empresa cuyo fundamento de negocios es la producción y venta de bienes (empanadas) y no la prestación de servicios.
Por otro lado, sostienen que el estado de resultados exterioriza que los rubros "ventas netas" y "costo ventas" son los que determinan la ecuación económica del negocio y ambos responden a las ventas de empanadas y a los costos de materia prima y gastos de su producción; representando los ingresos por otros conceptos solo el 6% de las ventas netas.
Agrega que el costo de ventas de las empanadas alcanza el 89% de las ventas netas de la compañía, de lo que surgiría que para que abarque también en forma encubierta la contraprestación por el servicio empresarial que prestarían, no existirían márgenes de ganancia.
Cita el informe 162/01 emitido por la Dirección de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas, del que surge que no puede afirmarse automáticamente que en todo contrato de franquicia resulte per se preponderante la prestación de servicio sobre las ventas de productos y que debe probarse en cada caso cuál es la prestación predominante bajo ese tipo de contratos.
Agrega que, apartándose de las constancias de la causa, se afirmó absurdamente que la actividad que genera los ingresos de la empresa es la prestación de servicios empresariales y no la venta mayorista de empanadas producidas en establecimientos industriales, con lo que se lo excluyó de la exención.
III. El recurso prospera.
El tema decidendum queda circunscripto a determinar si la exención normada en las leyes 11.490 y 11.518, que beneficia a los sujetos industriales, alcanza o no los ingresos derivados de la comercialización de los productos industrializados cuando esa comercialización es realizada mediante franquicias.
Al respecto el Tribunal de Alzada consideró que la actividad principal de la empresa resultaba la prestación de servicios empresariales en tanto son el resultado de un conjunto de prestaciones inescindibles que se definen por el contrato de franquicia y que atento la teoría de la unicidad, receptada por los arts. 219, 223 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2011), quedaban todas las restantes actividades (secundarias) alcanzadas por el tributo.
Contra tal consideración la recurrente se agravió aduciendo que la sentencia recurrida introdujo una condición para la vigencia del beneficio tributario que no surge de la letra de la ley, al entender que, si el producto fabricado en forma industrial en un establecimiento radicado en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires se comercializa mediante franquicias, la exención emanada de la ley no resulta aplicable.
Alega asimismo que surge de la prueba pericial que su actividad principal es la producción de empanadas y no la prestación de servicios empresariales.
III.1. Previo a adentrarme a decidir en qué calificación le corresponde encuadrar a la actividad desarrollada por la recurrente, corresponde efectuar una reseña de la normativa que denuncia aplicada erróneamente.
El art. 149 del Código Fiscal (numeración original; 167, t.o. 1994; art. 217, t.o. 2011) dispone que "Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en razón de vender sus productos a consumidor final, tributarán el impuesto que para estas actividades establece la Ley Impositiva...".
Asimismo, la ley fiscal otorga a la venta al consumidor final efectuada por los industriales igual tratamiento que el asignado a la venta minorista.
En efecto, la ley 11.490 (impositiva para el año 1994) fijó en su art. 9, de acuerdo a lo establecido en el art. 156 del Código Fiscal (numeración original; 223, t.o. 2011), distintas alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos diferenciando a tal fin -entre otras situaciones- las "actividades de comercialización minoristas" (inc. "A"), por una parte y las "actividades de comercialización mayorista" (inc. "B"), por otra.
El art. 40 sustituyó el art. 149 del Código Fiscal (numeración original; 167, t.o. 1994; art. 217, t.o. 2011) regulando allí el tema de las industrias con actividad minorista en los siguientes términos: "Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en razón de vender sus productos a consumidor final, tributarán el impuesto que para estas actividades establece la ley impositiva, sobre la base imponible que representen los ingresos respectivos, independientemente del que les correspondiere por su actividad específica".
A su turno, la ley 11.518, Boletín Oficial de 14-IV-1994, que introdujo modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva antes mencionada, dispuso en su art. 1 la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de determinadas actividades, estableciendo en su último párrafo la exclusión de dicho beneficio de "las ventas que los contribuyentes alcanzados por el mismo efectúen a consumidores finales, las que continuarán tributando, en lo pertinente, de acuerdo a lo previsto en el art. 149 del Código Fiscal".
El decreto 2.782 especificó que a los fines de lo dispuesto por los arts. 9 incs. "a" y "b" de la ley 11.490; 167 del Código Fiscal (t.o. 1994) y último párrafo del art. 1 de la ley 11.518, serán de aplicación las definiciones que establecen: a) operaciones de comercialización mayorista: con prescindencia de la cantidad de unidades comercializadas, cuando la adquisición se realice para enajenar los objetos, alquilar su uso o transformarlos en el desarrollo de una actividad industrial posterior; venta minorista: cuando no se verifiquen los supuestos precedentes; b) industrias que realizan ventas a consumidor final: cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior.
Sentado lo expuesto, cabe analizar el sentido y alcance de la exención tributaria acordada en el Pacto Federal para el Empleo, Producción y el Crecimiento que, entre otras cuestiones, modificó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos disponiendo la exención de ciertas actividades (cláusula primera, pto. 4). Así, en el inc. "e" se estableció que está exenta del pago del tributo la "producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista".
Es indudable que la exención se refiere a la producción en sí misma de bienes y a la venta de dichos productos en tanto no se efectúe a consumidores finales.
Surge claro de lo expuesto que solo se eximen las ventas de productos industriales a consumidor no final, no excluye por definición a las prestaciones que se efectúen en el marco de un contrato de franquicia, en tanto el franquiciado no resulta consumidor final si la adquisición se realiza para enajenar los objetos.
Tal el alcance que corresponde asignar a la exención sub examine de conformidad con el modo en que deben interpretarse las normas fiscales.
En efecto, el Pacto Fiscal tampoco establece que la venta incluida en un contrato de franquicia deba estar incluida en la condición de consumidor final. Ello importaría desnaturalizar -indebidamente- la exención tributaria, excluyendo supuestos previstos por el legislador, quien solo excluyó la venta efectuada a consumidor final, vulnerándose el principio de reserva de ley.
Cabe recordar al respecto que, en materia de exenciones tributarias, es constante el criterio conforme el cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (CSJN Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129 y 302:1599) y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (CSJN Fallos: 285:322; e.o.), ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador (CSJN Fallos: 330:2892).
Es innegable que el régimen tributario explicitado no excluye a la firma actora del ámbito aplicativo de la exención. No cabe, entonces, desnaturalizar, por vía interpretativa, los beneficios tributarios pretendidos por fuera del estricto marco normativo aplicable (doctr. causa B. 66.262, "Centro Integral del Computador S.R.L.", sent. de 9-V-2012).
III.2. Lo expuesto es confirmado por la prueba pericial rendida en autos, que denunciara la recurrente, de la que surge el supuesto de "venta al por mayor" que suscitaría la exención impositiva con relación a las franquicias que posee.
Al respecto vale efectuar la siguiente aclaración: el Tribunal de Alzada en punto a dicha prueba sostuvo que no se desprendían conclusiones que descalifiquen el encuadre impositivo del caso, en los términos de servicios empresariales y valoró que nada aportaba a una situación en la que el objeto del contrato de franquicia era suficiente para delimitar una especie tributaria que resulta ajena al hecho susceptible a la exención con que contaba la firma demandante, pues se trata de una mecánica de colaboración de aristas múltiples en las que la distribución del producto es solo una etapa a cargo del franquiciado.
Advierto que de la lectura de la pericia contable de fs. 100, surge que la venta de empanadas representa el 89,12% de los ingresos de Cepas Argentina S.A., calificando la perito a dicha venta como la actividad principal desarrollada por la actora.
No se advierte que la consideración y las conclusiones contenidas en la resolución administrativa y en las sentencias de grado se asienten en el principio de la realidad económica plasmado en el art. 7 del Código Fiscal (conf. mi voto, causa B. 62.283, "Dionisio Demattei S.A.", sent. de 23-X-2013). La Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ha sostenido que "para configurar la cabal intención del contribuyente se debe atribuir preeminencia a la situación económica real con prescindencia de las estructuras jurídicas utilizadas, que pueden ser inadecuadas o no responder a esa realidad económica" (CSJN Fallos: 318:637).
Asimismo, y en apoyo a lo aquí expuesto, la propia ARBA en su informe técnico 162/01 concluyó que: "En principio, entendemos que cuando existe una condición de complementariedad en actividades que implican en alguna medida subordinación, quedaría determinado el tratamiento del conjunto según lo aplicable a la actividad principal, perdiendo autonomía la o las secundarias que serán consideradas como una unidad con aquella . Así, se confunden las ventas y las prestaciones de servicios en el orden de importancia que corresponda, según el caso [...] En este orden de ideas, un buen criterio para definir la importancia que cada actividad tiene en el conjunto, resulta ser el análisis de cuál es la actividad que justifica el nacimiento del negocio, su desarrollo, la accesoriedad de los bienes y servicios, en definitiva, la importancia que cada uno tiene en el conjunto, la necesariedad de unas para el desarrollo de las otras y las intenciones de las partes.
Considerando que el franquiciante es una persona física o jurídica que en razón de poseer el conocimiento del negocio, asesora, instruye, acompaña, cede derechos y llegado el caso, aprovisiona de productos en forma directa o como intermediario, confluyendo de este modo distintas modalidades contractuales pero con preponderancia, prestaciones de servicio, concluimos que debe tratarse tributariamente a la figura como un servicio que el franquiciante presta a los franquiciados" (el destacado me pertenece).
En el caso analizado por la Dirección de Técnica Tributaria de ARBA, se sometía a análisis qué alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondía aplicar a la figura del franchising o franquicia, en tanto existían diferentes dependiendo de si se tratara de un servicio o de un bien, pero estando toda la actividad gravada (no mediaba una exención) y donde resultaba la actividad principal la prestación de servicios empresariales, a diferencia de lo que acontece en autos.
Bajo dicha premisa consideró que la base imponible del impuesto debería integrarse con la totalidad de los ingresos que percibiere el franquiciante, resultando el canon de ingreso y el royalty , c
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.