Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74331
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.331, "Fábrica de Carrocerías los Cuatro Ases S.A. y otros contra Tribunal Fiscal de la Provincia. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación de la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria deducida contra las resoluciones dictadas por la ex Dirección de Rentas -809/04- y por el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 3 de junio de 2010. Impuso las costas de ambas instancias a la accionante en su calidad de vencida (conf. arts. 12, 51, 55, 56, 58, 59, 77 y concs., ley 12.008, texto según leyes 13.101 y 14.437; 274 y concs., CPCC) -ver fs. 287/292-.
Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 296/315 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 317/318.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 323), agregado el memorial de la demandada a fs. 329/338 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación de la demandada y revocó la sentencia de primera instancia que había admitido la pretensión anulatoria deducida contra las resoluciones dictadas por la ex Dirección de Rentas -809/04- y por el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 3 de junio de 2010. Admitió así las diferencias a favor del Fisco por la omisión del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, correspondientes a los períodos comprendidos entre noviembre de 1998 y diciembre de 2001.
I.1. Para así decidir señaló, en primer lugar, que resultaban de aplicación al caso los arts. 178 del Código Fiscal -texto ordenado 1996- y correlativos anteriores; 39 de la ley 11.490 y los decretos 3.354/95 y 2.782/96.
Indicó que si bien la autoridad de aplicación había declarado exenta de pago del Impuesto sobre Ingresos Brutos a la entidad actora por la actividad de fabricación de carrocerías a partir del 1 de enero de 1994 (con los alcances establecidos por la ley 11.490, sus modif. y concs., conf. resol. 1.132 de 1-III-1995, fs. 192, exp. adm. 2306-1151707/01); ello no obstaba la verificación realizada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA -ex Dirección Provincial de Rentas-) por la que se objetó el otorgamiento del beneficio para el caso de ventas a empresas prestadoras de servicios, por entender que calificaban como ventas realizadas a "consumidor final", y que les correspondía tributar a la alícuota del 3%, respecto de los períodos fiscales 11/98 a 12/00, y en el año fiscal 2001, a un 1,5% (art. 11 inc. "d", ley 12.596).
Consideró, el Tribunal de Alzada, que el carácter de exenta de la firma demandante no la sustraía jurídicamente de las normas aplicables al tributo, en tanto dicho beneficio responde a la actividad desarrollada y no al sujeto exento (conf. doctr. SCBA causa I. 2.039, "Simens S.A.", sent. de 11-V-1999), y se mantiene mientras se den los supuestos reglamentados, toda vez que, exención tributaria no es equivalente a exclusión tributaria.
I.2. A ese fin consideró que la reglamentación establecida por los decretos 3.354/95 y 2.782/96, no contemplaba, dentro de los lindes de la exención prevista en el art. 39 de la ley 11.490, al supuesto de venta a empresas del sector servicios.
Indicó que la normativa aplicable no permitía arribar al resultado pretendido por la actora, pues ello importaba forzar la letra de sus términos, restringiendo lo que por ella se calificaba como venta a consumidor final. Para ello señaló que ese supuesto se configuraba cuando la venta de bienes industriales fueran adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior (art. 1, dec. 3.354/95, texto según dec. 2.782/96); de lo que infirió que no podía efectuarse una interpretación que contempla la actividad de la accionante, la que por tanto debía calificarse como venta a consumidor final.
Agregó que tal interpretación de la ley resultó confirmada con el cambio introducido por el decreto 4.002/00, que amplió el campo de aplicación de la exención, reemplazando la enumeración de actividades efectuada por los decretos anteriores por "actividad económica privada posterior", puntualizando que por su considerando 4° se indicó que tal modificación respondía a la necesidad de "reconsiderar" el tratamiento fiscal a dispensar a las industrias en general cuando efectúan ventas a sujetos particulares.
A ese respecto sostuvo que, si bien tal precepto agregó nuevos supuestos de exenciones tributarias antes no incluidos, sólo resultaba aplicable a partir de su entrada en vigencia (2 de enero de 2001) y por tanto, en el particular, sólo respecto de los períodos fiscales 1/2001 a 12/2001.
Concluyó que, siendo clara la letra de la norma, correspondía catalogar las ventas de carrocerías al sector servicios como efectuadas "a consumidores finales", porque las personas adquirentes -destinatarios de las ventas- realizaban una actividad que no estaba incluida en la normativa citada (decs. 3.354/95 y 2.782/96), como un supuesto de exención tributaria.
Indicó al efecto que se trataba de empresas de servicios cuyo objeto no se vinculaba con etapas de comercialización o modificación del producto terminado que adquiría de la actora (decs. 3.354 y 2.782, cits.), y que sólo a partir de la modificación del decreto reglamentario (4.002/00) esa situación podría ser contemplada en la exención.
I.3. Manifestó que los argumentos desarrollados daban respuesta suficiente al planteo de inconstitucionalidad del decreto 3.354/95 (y su ampl. y modif. 2.782/96) y del posterior 4.002/00 (conf. doctr. SCBA causa I. 2.039, "Simens S.A.", sent. de 11-V-1999), rechazándolo.
I.4. Por último, en referencia a la extensión solidaria de responsabilidad, sostuvo su constitucionalidad, al considerar armónica la disposición local (art. 21, Cód. Fiscal) respecto del régimen federal de fondo (ley 19.550), bajo cuya vigencia se suscitara y consumara la situación de autos.
Indicó que la norma local prevé como causal de exclusión una situación de imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva, que la parte demandante no demostró y que se concilia, sin contradicciones, con las disposiciones societarias (conf. arts. 274, 275 y concs., ley 19.550, texto según ley 26.994).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia errónea interpretación y aplicación del art. 217 del Código Fiscal -texto ordenado 2011-; de las leyes 11.490 y 11.518; de los decretos 3.354/95, 2.782/96 y 4.002/00. Acusa violación de la doctrina legal de esta Corte y la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal.
II.1. En primer lugar se queja de que, si bien puede entenderse que el decreto 4.002/00 por su art. 1 amplió el universo de sujetos exentos, esto no modificó lo que ya había incluido el decreto 2.782/96, en tanto siempre estuvieron beneficiadas las ventas realizadas a sujetos adquirentes que luego afectaran los bienes comprados a una actividad económica posterior.
Indica que, la fiscalización que se impugna, fue efectuada con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva reglamentación (el 1 de enero de 2001), por lo que considera que su actividad debió ser calificada como exenta.
Sostiene que, conforme la doctrina de esta Suprema Corte, resulta de aplicación inmediata la nueva norma, interpretación que señala hoy consagrada por el art. 7 del Código Civil y Comercial y previamente por el art. 3 del Código Civil (cita causas Ac. 60.659; Ac. 63.120; Ac. 69.238 y Ac. 86.454), debiendo aplicarse inmediatamente el decreto 4.002/00 para los tramos de su desarrollo aun no cumplido (causa Ac. 50.610).
Agrega que por el decreto 3.354/95, luego modificado y ampliado por el decreto 2.782/96, se estableció qué debía entenderse por ventas a consumidores finales y por ventas mayoristas; conceptos que fueron nuevamente modificados por el decreto 4.002/00; y que estas normas daban sólo una pauta orientativa de lo que debe considerarse incluido en una y otra categoría, y que no deben ser consideradas como taxativas o número clausus, ya que en la realidad económica, las ventas mayoristas que realiza (y que considera exentas por ley) no cambian porque se las contemple en forma expresa o no en el decreto reglamentario.
II.2. Seguidamente alega que, con el dictado del decreto 4.002/00 (vigente desde el 1 de enero de 2001), se consideró expresamente exenta la actividad por ella desarrollada.
Con ello sostiene que, si hipotéticamente hubiera incurrido en un incumplimiento (conf. el criterio del Fisco, que interpreta erróneamente los decs. 3.354 y 2.782 y pretende así gravar las ventas industriales realizadas a prestadores de servicio), no podía reclamársele un ajuste sobre la base de esas normas que ya no estaban vigentes al momento de la fiscalización, ni dictarse un acto administrativo en el año 2004 pretendiendo un ajuste sobre lo que el propio poder reglamentario considera ahora exento (conf. dec. 4.002/00), máxime cuando la ley siempre fue la misma y su actividad -por tanto- siempre estuvo exenta.
II.3. A continuación trascribe parte del fallo de primera instancia, donde se analizan las normas aplicables, y se recuerda que las leyes tributarias son de interpretación restrictiva y no pueden extenderse a casos o cosas no comprendidas en su letra y en los propósitos manifiestos del legislador (cita fallos CSJN).
Agrega que deben revisarse mediante una razonable y discreta interpretación de todos los preceptos que conforman el régimen impositivo, computándose la totalidad de normas que lo integran, para que el propósito de la ley se cumpla, y que no cabe extender el tributo por vía analógica (cita fallos CSJN), sin vulnerar el principio de reserva de ley.
Aduce que el decreto hoy vigente atenuó la aplicación de un criterio que no resultaba reflejo de la realidad económica subyacente (conf. art. 7, Cód. Fiscal) ni de la adecuada valoración del supuesto legal.
Insiste con que el fin del art. 217 del Código Fiscal (t.o. 2011) y del último párrafo del art. 1 de la ley 11.518, resulta gravar a las industrias que realizan ventas a consumidor final, cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad económica privada posterior (como efectivamente definió el dec. 4.002/00).
II.4. Sostiene que, conforme lo estableciera la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Constitución provincial (art. 103 inc. 1), ninguna carga tributaria puede ser exigida sin la preexistencia de disposición legal que se encuadre dentro de los preceptos y recaudos constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones, de conformidad con los arts. 4, 17, 44 y 67 de la Constitución nacional.
Con ello aduce que, no es compatible con el régimen constitucional los mentados decretos, en tanto modificaron la cuantía de la obligación fiscal, respecto de la cual rige el principio de reserva de ley o legalidad.
II.5. Indica que el decreto 2.782/96 establecía que: "se entiende que las industrias realizan ventas a consumidores finales cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior". Y que, si bien el decreto 4.002/00 usó las voces "actividad privada", en rigor de verdad su actividad de venta de carrocerías ya estaba incluida en el beneficio fiscal antes de la modificación señalada, en tanto los bienes por ella producidos son incorporados a una ulterior etapa de comercialización, al ser adquiridos por los camioneros para utilizarlos en su trabajo (incorporan a su actividad) y generan así sus ganancias.
Denuncia que lo cuestionable es la interpretación dada por el organismo fiscal y por el Tribunal de Alzada a la reglamentación, cuando debió equipararse "actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior" con "actividad económica privada posterior" debiendo, de tal forma, considerarse que estuvo exenta también bajo la vigencia de la reglamentación anterior.
Insiste así con que su actividad siempre fue encarrozar camiones y acoplados, los que son incorporados a una actividad de comercialización; estando probado que las carrocerías son compradas para ser colocadas en una cadena productiva posterior.
Agrega que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no efectuó ajuste del Impuesto al Valor Agregado (IVA), justamente porque las ventas no se realizaron a consumidores finales, y que las facturas "A" fueron correctamente emitidas; indica también que el perito contador informó que la ARBA no objetó tampoco esa facturación, y que eso obstaba a la procedencia del ajuste.
Con ello sostienen la nulidad del acto administrativo impugnado.
II.6. Por último se queja de la responsabilidad solidaria y denuncia que la sentencia recurrida se aparta del precedente de esta Suprema Corte de autos C. 110.369, "Raso", sentencia de 2-VII-2014, por la que se habría declarado la inconstitucionalidad del art. 21 del Código Fiscal.
III. El recurso prospera.
El tema decidendum queda circunscripto a determinar si la exención normada en la ley 11.490 y la 11.518, que beneficia a los sujetos industriales, alcanza o no los ingresos derivados de la comercialización de los productos fabricados, cuando esa venta sea realizada a empresas prestadoras de servicios.
Al respecto el Tribunal de Alzada consideró que, conforme la normativa vigente durante los periodos objeto de ajuste (es decir de noviembre de 1998 a diciembre de 2000), regía el decreto 3.354/95 y su modificatorio 2.782/96, los que no incluían en el beneficio fiscal ese tipo de ventas, las que sí fueron agregadas luego por el decreto 4.002/00, el que será aplicable, en el particular, sólo para los periodos fiscales de 1/2001 a 12/2001.
Contra tal consideración la recurrente se agravió aduciendo que la actividad por ella desplegada siempre fue la misma, y que la modificación efectuada por el último decreto es el reconocimiento de los alcances que debió darse a la exención otorgada por el art. 39 de la ley 11.490, la que se aplica a todos los períodos objeto de fiscalización, conforme lo normado por el art. 7 del Código Civil y Comercial y la doctrina de esta Corte.
Alega asimismo que el criterio de la sentencia recurrida viola el principio de legalidad y reserva de ley, en tanto restringe la excepción otorgada por el legislador, gravando supuesto no contemplado por la norma.
III.1. Previo a adentrarme a decidir cómo debe ser encuadrada la actividad desarrollada por la recurrente, efectuaré una reseña de la normativa que denuncia aplicada erróneamente.
El art. 149 del Código Fiscal (numeración original; 167, t.o. 1994; art. 217, t.o. 2011) dispone que "Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en razón de vender sus productos a consumidor final, tributarán el impuesto que para estas actividades establece la Ley Impositiva...".
Asimismo, la ley fiscal otorga a la venta al consumidor final efectuada por los industriales, igual tratamiento que el asignado a la venta minorista.
En efecto, la ley 11.490 (impositiva para el año 1994) fijó en su art. 9 y de acuerdo a lo establecido en el art. 156 del Código Fiscal (numeración original; 223, t.o. 2011) distintas alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, diferenciando a tal fin -entre otras situaciones- las "actividades de comercialización minoristas" (inc. "a") por una parte, y las "actividades de comercialización mayorista" (inc. "b"), por otra.
Por el art. 40 se sustituyó el art. 149 del Código Fiscal (numeración original; 167, t.o. 1994; art. 217, t.o. 2011) regulando allí el tema de las industrias con actividad minorista en los siguientes términos: "Las industrias cuando ejerzan actividades minoristas, en razón de vender sus productos a consumidor final, tributarán el impuesto que para estas actividades establece la ley impositiva, sobre la base imponible que representen los ingresos respectivos, independientemente del que les correspondiere por su actividad específica".
A su turno, la ley 11.518 (B.O., 14-IV-1994) introdujo modificaciones al Código Fiscal y a la ley impositiva antes mencionada (11.490), disponiendo en su art. 1 la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de determinadas actividades, pero estableció en su último párrafo la exclusión de dicho beneficio para "las ventas que los contribuyentes alcanzados por el mismo efectúen a consumidores finales, las que continuarán tributando, en lo pertinente, de acuerdo a lo previsto en el art. 149 del Código Fiscal".
Ahora bien, el decreto 2.782/96 especificó que a los fines de lo dispuesto por los arts. 9 incs. "a" y "b" de la ley 11.490; 167 del Código Fiscal (t.o. 1994) y último párrafo del art. 1 de la ley 11.518, serán de aplicación las definiciones que establecen: a) operaciones de comercialización mayorista: con prescindencia de la cantidad de unidades comercializadas, cuando la adquisición se realice para enajenar los objetos, alquilar su uso o transformarlos en el desarrollo de una actividad industrial posterior; venta minorista: cuando no se verifiquen los supuestos precedentes; b) industrias que realizan ventas a consumidor final: cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad primaria, industrial o de comercialización -mayorista o minorista- posterior.
Sentado lo expuesto, cabe analizar el sentido y alcance de la exención tributaria acordada en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, que entre otras cuestiones, modificó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos disponiendo la exención de ciertas actividades (cláusula primera, punto 4). Así, en el inc. "e" se estableció que está exenta del pago del tributo la "producción de bienes (industria manufacturera), excepto los ingresos por ventas a consumidores finales que tendrán el mismo tratamiento que el sector minorista".
Es indudable que la exención se refiere a la producción en sí misma de bienes y a la venta de dichos productos en tanto no se efectúe a consumidores finales.
Si el industrial vende los bienes producidos a consumidores finales, el Pacto Fiscal otorga a esa actividad igual tratamiento que el asignado al "sector minorista", poniendo de manifiesto la diferencia conceptual entre "venta minorista" y "consumidor final".
Ningún sentido hubiera tenido esa aclaración si, cuando el Pacto Fiscal admite gravar a los consumidores finales no involucra dentro de esta categoría a ciertos casos de ventas mayoristas de productos elaborados por el propio industrial.
La finalidad de dicho precepto ha sido excluir de la exención impositiva las ventas que los industriales realizan de los bienes por ellos producidos cuando las mismas se dirigen al consumo, sin importar quién es el sujeto que las adquiere -persona individual, empresa prestadora de servicios, etcétera- ni tampoco cuántas unidades adquiere.
Si el industrial vende sus
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