Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119903
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Negri, Genoud, Soria , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.903, "Fernández, Norberto Faustino contra Bahía Automotores S.A. Despido".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 409/420).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 432/437).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal interviniente desestimó la demanda deducida por el señor Norberto Faustino Fernández contra Bahía Automotores S.A., en cuanto reclamaba la percepción de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integrativa del mes de despido, así como las previstas por los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Para así decidir, con sustento en la prueba testimonial, juzgó acreditada la conducta antijurídica atribuida al trabajador (a saber: que en el marco de una reunión de trabajo aludió al vicepresidente de la empresa mediante una expresión inapropiada con una ofensa verbal de alto calibre) y, por ende, declaró justificado el despido dispuesto por la patronal el día 26 de marzo de 2013 (v. vered., segunda cuestión, fs. 409 vta./412).
En tal sentido, consideró que la decisión extintiva se ajustó a derecho por cuanto el accionante incurrió en un grave incumplimiento de una obligación moral que, en la situación concreta, revistió una verdadera gravedad cualitativa, circunstancia que se erige como valladar infranqueable para la procedencia de las pretensiones indemnizatorias peticionadas en la demanda, en tanto tienen esencialmente como origen la existencia de un despido dispuesto sin justa causa (v. vered., segunda cuestión, fs. 410 vta./411 vta. y sent., fs. 416 vta. y 417).
Por otro lado, rechazó la pretensión de cobro de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, por juzgar probado que el telegrama por el que se intimó la entrega de los certificados contemplados en dicha norma fue remitido con anterioridad a los treinta días contados desde la extinción del vínculo laboral, de conformidad con lo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 (v. vered., tercera cuestión, fs. 412 y sent., fs. 417 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 31 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 10, 80 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, se agravia de la decisión de grado por la que se declaró ajustado a derecho el despido directo del trabajador.
Argumenta, en lo esencial, que por conducto del recurso articulado no se pretende un nuevo análisis de los hechos sino, antes bien, una revisión del real significado de los mismos a la luz de la doctrina legal de la Suprema Corte establecida en torno a los arts. 10 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Agrega que para considerar que el insulto proferido por el trabajador justificó la decisión rupturista del empleador, el a quo se apoyó únicamente en la declaración de dos testigos que revisten cargos jerárquicos en la empresa demandada, por lo que -entiende- carece de eficacia probatoria para acreditar la injuria (v. fs. 432 vta./435).
II.2. Seguidamente, cuestiona el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A tal efecto, plantea la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01 por cuanto considera que el recaudo temporal allí establecido constituye un exceso reglamentario (art. 99 inc. 2) respecto de lo establecido en el dispositivo sustantivo para la procedencia del resarcimiento derivado de la falta de entrega de las certificaciones consagradas en la norma, alterando el espíritu de esta última (v. fs. 435 y vta.).
Por otro lado, y sin perjuicio del planteo de inconstitucionalidad articulado, señala que la decisión de grado respecto del tópico transgrede la doctrina legal que emana de las causas L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010 y L. 99.060, "Escalada" (sent. de 24-IX-2014), en cuanto establecen -evidenciando un criterio diferente al del sentenciante- que el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo impone al empleador la obligación de entregar los certificados que contempla dentro de los dos días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento.
En ese orden, y teniendo en cuenta que la entrega de la documentación por la que se había intimado fue cumplida recién con la contestación de la demanda, la citada doctrina legal -así como la correcta interpretación del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- imponía al tribunal acoger la indemnización reclamada (v. rec., fs. 435 vta./437).
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone destacar que el recurso fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 438 y vta.), no habiendo el recurrente formulado objeción al respecto, sino que, por el contrario, reconoció dicho extremo en su presentación recursiva (v. fs. 432 vta.).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2. Aclarado ello, y en lo que concierne al embate dirigido a censurar la conclusión de grado que declaró justificado el despido, es posible anticipar que no se configura en el caso el supuesto de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde ese marco de análisis, corresponde recordar que -conforme lo señalé al sintetizar los antecedentes- el órgano judicial de grado, tras valorar las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)-, declaró acreditada la conducta antijurídica que motivó el despido del trabajador y, por tal motivo, justificada la decisión extintiva de la patronal.
De lo expuesto se advierte que, si bien el quejoso se esfuerza en justificar que su cuestionamiento no se vincula al análisis fáctico efectuado por el tribunal interviniente e invoca precedentes cuya doctrina denuncia violada, en rigor, tanto los fundamentos de la decisión cuestionada como los agravios que se expresan en el recurso sub examine arraigan en típicas cuestiones de hecho y prueba, cuyo planteo -y análisis- resulta ajeno al ámbito de la casación por la vía transitada.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que no se verifica la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 si el interesado sólo pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, como lo son aquellas vinculadas a la configuración y determinación de la injuria que habilita la disolución del vínculo, en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (causa L. 103.756, "Davila", sent. de 6-VII-2011).
Para más, debo señalar que la doctrina legal vinculada a la valoración de la prueba (en el caso la testimonial, v. fs. 434 del recurso) tampoco es útil para habilitar la apertura de la instancia extraordinaria en el acotado molde revisor por el que transita el examen de la presente queja (causas L. 96.679, "Cisneros", sent. de 2-III-2011 y L. 105.176, "Bravo", sent. de 29-II-2012).
III.3. Tampoco puede progresar el embate dirigido a cuestionar el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.3.a. Habré de advertir inicialmente que, en el caso, aún de aceptarse que el agravio que porta el recurso, dirigido a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 3 del decreto 146/01, involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria fuera de las limitaciones que establece el art. 55 primer párrafo de la ley 11.653, dejando expedita la vía para analizar si en el mismo se ha incurrido en absurdo, lo cierto es que el recurrente no ha denunciado que ese vicio se produzca.
Por el contrario, en el recurso se declara paladinamente que no se viene a plantear la revisión de las pruebas aportadas ni la valoración que de ellas se hace en el fallo (v. fs. 436). Tal toma de posición del interesado implica un valladar infranqueable hacia cualquier intento de verificar la ocurrencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica (absurdo en la derivación formal) o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado (absurdo sustancial). Ante ello, la queja deviene inatendible.
III.3.b. En segundo término: se aduce la violación de una doctrina legal (establecida en las causas L. 99.060 y L. 92.457), que no se verifica.
En el primero de los precedentes citados, los hechos relevantes para resolver de la forma en que lo hizo son diferentes de los considerados en el presente. No ha habido aquí, por ejemplo, la expresa y tajante negativa del empleador a la entrega de certificaciones del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo que aparecía en la causa citada, cosa que autorizaba en esa ocasión a tener por innecesario el transcurso del plazo de treinta días fijado en el art. 3 del decreto 146/01. Ante ello, no cabe duda de que no puede modificarse este aspecto del pronunciamiento por la denuncia de violación de una doctrina legal de esta Corte que emanaría de un precedente donde mediaron presupuestos fácticos distintos a los que ahora nos ocupan (causas L. 120.048, "Figueredo", resol. de 30-XI-2016; L. 120.256, "Gordziejczuk", resol. de 12-IV-2017; L. 120.515, "Di Gregorio", resol. de 3-V-2017; e.o.).
Por fin, respecto del precedente L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010) mencionado en el recurso (v. fs. 436), cabe recordar que la opinión plasmada respecto de la constitucionalidad de cierta normativa, expresada en un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por lo tanto, quedó en minoría, no conforma doctrina legal (causas L. 100.723, "Fernández", sent. de 9-XII-2010; L. 117.033, "Sequeira", resol de 5-IV-2013; e.o.).
IV. Ante ello entiendo que el recurso intentado debe desestimarse, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Considero, en cambio, que le asiste razón al recurrente al objetar el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.2.a. Inicialmente, cabe destacar -como lo hizo el ponente- que si bien el recurso fue concedido por el tribunal interviniente en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 438 y vta.), no puede soslayarse que el agravio en examen involucra el análisis de una cuestión federal (aquella dirigida a obtener la declaración de invalidez constitucional del art. 3 del dec. 146/01) que, con prescindencia del valor del litigio, amerita a su respecto la apertura de la instancia extraordinaria sin cortapisas.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490, in re "Strada"; Fallos: 311:2478, in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado despojado de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
I.2.b. Ahora bien, dejando a un lado la opinión que pudiera merecer el examen de constitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, lo cierto es que otros motivos me llevan a acoger el agravio en cuestión, sin necesidad de -eventualmente- juzgar su inconstitucionalidad, acto de suma gravedad considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas I. 2.340, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 5-III-2008; B. 66.500, "Baldini", sent. de 30-III-2011; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; e.o.).
I.2.c. Surge del pronunciamiento de grado que los magistrados intervinientes tuvieron por acreditado que el accionante intimó la entrega de las certificaciones de servicios y remuneraciones (v. vered., fs. 412 y vta.; y copia de telegrama, fs. 8), y que la empleadora, recién al contestar la demanda, acercó los instrumentos que lucen agregados a fs. 176/185. Sin embargo, el tribunal desestimó la pretensión articulada, alegando que el trabajador no cumplió con el recaudo temporal que ordena el art. 3 del decreto 146/01.
Tras plantear la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, el quejoso afirma que el rechazo de la pretensión indemnizatoria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo luce desacertada a la luz de la doctrina legal que cita, en la medida que la accionada incumplió con su obligación de entregar las certificaciones de servicios en tiempo oportuno.
I.2.d. Aun cuando el caso bajo análisis presente matices particulares, acierta el impugnante al denunciar que la decisión del juzgador respecto de la temática, conculca la doctrina legal de esta Suprema Corte establecida en la causa L. 99.060, "Escalada" (sent. de 24-IX-2014). Ello, desde que también aquí el comportamiento exteriorizado por la accionada canceló la posibilidad de rechazar el reclamo con sustento en que el requerimiento del actor se habría cursado antes de tiempo, que fue lo que en definitiva juzgó el sentenciante al señalar quebrantados los recaudos temporales contemplados en el art. 3 del decreto 146/01 (v. voto del doctor Soria, al que presté mi adhesión). Veamos:
Si bien surge acreditado que en el telegrama de fecha 28 de marzo de 2013 (es decir, dos días después de consumada la extinción contractual por decisión directa de la patronal) el trabajador -al pretender colocarse en situación de despido indirecto- emplazó a su empleadora para que ésta le entregue el certificado de servicios y la constancia documentada de aportes y contribuciones; no lo es menos que, independientemente de que aquel no cumpliera con el recaudo temporal previsto en el art. 3 del decreto 146/01, el principal no satisfizo el reclamo peticionado, pues, como claramente puede verificarse, fue recién en oportunidad de contestar la demanda cuando acompañó la supuesta documentación, aunque -según fecha de impresión de tales documentos- fuera confeccionada en tiempo oportuno (v. fs. 176/185; y escrito de réplica, fs. 282/291 vta.).
Resulta evidente, frente al comportamiento desplegado por el principal –quien, para exonerarse de su carga, bien pudo consignar judicialmente la documentación requerida, en lugar de limitarse a ponerla a disposición en el intercambio postal-, que aun cuando el dependiente no hubiera respetado el plazo de treinta días que contempla el decreto 146/01, tal circunstancia no puede constituir un obstáculo válido para desestimar la pretensión incoada al respecto, pues traduciría un excesivo rigor formal exculpar al empleador que no demostró en momento alguno (antes, durante o después del plazo previsto en la citada norma reglamentaria) acatamiento a la norma del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. mi voto en las causas L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014 y L. 117.708, "Espíndola", sent. de 3-VI-2015).
En consecuencia, resultando evidente la inobservancia en que incurrió la demandada, la sanción pecuniaria prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o., ley 25.345) luce procedente.
I.2.e. Luego, y atento la forma como quedó resuelta la cuestión -y más allá de otras consideraciones que podrían formularse-, deviene, a mi entender, innecesario el análisis del planteo constitucional que efectúa el interesado respecto del art. 3 del decreto 146/01.
I.2.f. Frente a la propuesta de revocación del pronunciamiento que dejo formulada, corresponde devolver los autos al tribunal de origen para que practique la liquidación correspondiente.
II. Por lo expuesto, si mi propuesta es compartida, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario traído con el alcance establecido en el punto I.2.f.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, si bien dejando a salvo mi opinión sobre la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, conforme al voto en la causa L. 100.590, "Vega", sentencia de 3-IV-2014, donde presté mi adhesión al sufragio del doctor Negri.
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
II.1. Luego, aunque por diferentes fundamentos a los que expone la doctora Kogan, coincido en que le asiste razón al recurrente en cuanto se agravia del rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, como lo expresa la citada colega, entiendo que el hecho de que el interesado haya planteado la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01 del Poder Ejecutivo nacional -norma en virtud de la cual el juzgador de grado culminó desestimando aquella pretensión- nos coloca en presencia de una cuestión de índole federal, y corresponde, por ello, conocer y resolver el agravio soslayando las restricciones que pudieran surgir del régimen local, a fin que, a través del tránsito por el Superior Tribunal de la causa, el impugnante pueda acceder eventualmente al remedio federal (causas Ac. 84.753, "Aguilera", resol. de 5-II-2003; L. 87.327, "Brelles", sent. de 22-IV-2009 y L. 103.370, "Langenheis", sent. de 10-VIII-2011).
Sobre el tema me pronuncié por primera vez al emitir mi voto -en minoría- en la causa L. 92.547, "Juárez" (sent. de 28-V-2010), citada por el recurrente, oportunidad en la que sostuve que el recaudo temporal adicional que impone el art. 3 del decreto 146/01 constituye un evidente exces
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.