Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121011
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación. Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por el rubro que aquí se declara improcedente y las de esta instancia, por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari , Negri , Soria , Kogan, Genoud , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.011, "F., E. contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas al Fisco provincial por resultar vencido (v. fs. 159/168 vta.).
Se interpuso, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 172/179).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de grado admitió la demanda promovida por el señor E. F. y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de autoasegurada- al pago de la suma que estableció en concepto de indemnización por incapacidad laboral total y permanente con fundamento en la ley 24.557, derivada del accidente de trabajo in itinere que sufrió mientras prestaba servicios como Adjuntor en la Unidad n° 23 de la localidad de Florencio Varela (v. fs. 159/168 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditada la existencia del infortunio, ocurrido -señaló- el día 8 de marzo de 2014, cuando el actor se dirigía de regreso desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, así como las consecuencias que derivaron del evento: secuelas de cervicobraquialgia postraumática, sinovitis crónica traumática con hidroartrosis y limitación funcional de rodilla y tobillo izquierdo, cuadro psicológico de reacción vivencial anormal neurótica grado III, hipoacusia neurosensorial bilateral compatible con secuela postraumática, síndrome de túnel carpiano, cicatriz lineal en región frontal derecho y otra en arco superciliar izquierdo con zona de alopecia; todo lo cual le provoca -con la incidencia de los distintos factores de ponderación- una minusvalía del 67,89% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 159 vta. y 160).
Establecido lo anterior, y tras declarar la inconstitucionalidad del sistema de "renta periódica", concluyó el a quo que al accionante le correspondía percibir -en un único pago- las prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 15 apartado 2 de la ley 24.557; así como la indemnización adicional prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent., fs. 161 vta./169).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación o errónea aplicación de los arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 99 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador); 11, 14 y 15 de la ley 24.557; 3 y 9 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 del decreto 472/14; decreto 659/96 y de la doctrina legal que cita.
Controvierte la determinación de la minusvalía fijada en el fallo. Alega que resulta excesiva y absurda la sumatoria de incapacidades que se practica en la sentencia, siendo que, en el caso, debió utilizarse el método de la capacidad restante.
Aduce que el tribunal a quo no aplicó el capítulo del decreto 659/96 denominado "Criterios de utilización de las tablas de incapacidad laboral", cuya obligatoriedad fue ratificada por el art. 9 de la ley 26.773.
Argumenta que, ante un caso como el ventilado en la especie, donde se determinó que el trabajador padeció diferentes afecciones producto de un único accidente, el juzgador no debió efectuar la sumatoria de todas las incapacidades vinculadas a cada dolencia, sino que correspondía tomar como base a la mayor de ellas, para luego, estimar las restantes teniendo en cuenta el porcentual residual, arribándose así a un resultado, incluidos los factores de ponderación, del 45,59%.
Subsidiariamente, sostiene que, si aún no se aplicaran las reglas de la capacidad restante, igualmente debe estipularse un grado de incapacidad del 65%, tal como lo dispone el punto 4 ("Operatoria de los factores") del Capítulo "Procedimiento" del decreto 659/96.
Luego, explica, esta última incapacidad (del 65%) debe ser evaluada mediante la fórmula prevista por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, según la remisión dispuesta por el art. 2 del anexo reglamentario de la ley 26.773, aprobado por decreto 472/14, que en su parte pertinente dice "...Los damnificados con Incapacidad Laboral Permanente superior al cincuenta por ciento (50%) e inferior al sesenta y seis por ciento (66%) percibirán una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14, apartado 2, inciso a) de la Ley N° 24.557 que no podrá ser inferior al piso indemnizatorio instituido por el Decreto Nº 1.694 de fecha 5 de noviembre de 2009, este último con el ajuste previsto en el art. 8 de la ley que se reglamenta".
Por otra parte, critica la condena al pago de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 por considerar que el supuesto al que dicho precepto condiciona su aplicación no se verifica en el caso de accidentes in itinere.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De manera liminar se impone destacar que el presente medio de impugnación ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2.a. Luego, se impone destacar que resulta infructuosa la crítica dirigida a censurar el porcentaje de incapacidad que los magistrados de origen le atribuyeron a las dolencias que porta el actor.
Ha señalado reiteradamente esta Suprema Corte que determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una típica cuestión de hecho ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo absurdo (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 97.343, "Z., D. A.", sent. de 20-XI-2014 y L. 117.101, "Herrero", sent. de 9-IX-2015).
El señalado vicio no es demostrado por el recurrente, habida cuenta que las objeciones que formula resultan ineficaces para conmover la validez probatoria conferida por el juzgador a la experticia médica, como así también la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa estableció en el fallo.
En ese marco, deviene inatendible lo expuesto por el interesado en cuanto afirma que el sentenciante no aplicó tanto el capítulo "Criterios de utilización de las tablas de incapacidad laboral" establecido en el decreto 659/96 (v. rec., fs. 174 in fine y vta.), cuanto el art. 9 de la ley 26.773 (v. rec., fs. 175), pues, sin perjuicio de que tales argumentaciones traducen el intento extemporáneo de modificar en esta sede extraordinaria el enfoque con que la cuestión fue articulada en la sede ordinaria (causas L. 110.799, "Pedone", sent. de 21-IX-2011; L. 116.941, "G., P. A.", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016), en definitiva, se limita únicamente a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que endilga al pronunciamiento.
En suma, los cuestionamientos que formula permanecen en el plano de la mera disconformidad personal, y no satisfacen la réplica idónea susceptible de modificar lo decidido en el fallo que pretende impugnar, en tanto importaría la sustitución del criterio del sentenciante de grado.
Debe recordarse que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017), anomalías que, reitero, no aprecio configuradas en la especie.
III.2.b. Lo precedentemente manifestado implica la confirmación del fallo de grado en cuanto tuvo por acreditada una incapacidad del actor del 67,89% del índice de la total obrera, y, por su conducto, de la condena al pago de la compensación adicional del art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557.
III.2.c. Resta indicar que el agravio que, en forma subsidiaria, plantea el interesado a fs. 175 y vta. -por el que pretende se cuantifique el grado de minusvalía en un 65%, por ser ese el porcentual que se encuentra previsto en el punto 4 ("Operatoria de los factores") del capítulo "Procedimiento" del decreto 659/96- también se exhibe fruto de una tardía reflexión y, por ende, improcedente para habilitar la vía recursiva a los fines de efectuar una impugnación idónea.
III.3. En cambio, ha de prosperar la objeción planteada en torno al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773.
Sobre el punto, considero suficiente -para brindar favorable respuesta al embate- remitirme a la parte pertinente del voto emitido por el doctor Soria al sufragar en la causa L. 119.002, "Carabajal", sentencia de 25-IV-2018, al que presté mi adhesión, en la que se pronunció sobre la inaplicabilidad de la mentada norma en los casos de accidente in itinere .
Sostuvo allí mi distinguido colega que dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionarle a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al veinte por ciento, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, a saber: la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil, posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma. Ello porque es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (cfr., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
También señaló que tal solución se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su condición de empleadora autoasegurada- a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en ese caso los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del presente voto, debiendo los autos volver al tribunal de origen para que practique nueva liquidación.
Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la parte actora por el rubro que aquí se declara improcedente y las de esta instancia, por su orden, atento el progreso parcial de la impugnación (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Debo decir, en primer lugar, que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014, se ha pronunciado -por mayoría que no integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en cuanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial. Al respecto, he de reiterar mi opinión contraria a dicha interpretación a tenor de los fundamentos que expuse al votar en dicho precedente, a los que -por razones de brevedad- me remito.
Dicho ello, adhiero al voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que practique nueva liquidación. Las costas de la instancia ordinaria se imponen a la actora por el rubro que aquí se declara improcedente y las de esta instancia, por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 19, ley 11.653; 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia