Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121387
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan, Negri, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.387, "Monti, Pablo Guillermo contra Prevención ART S.A. Diferencia indemnización".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 313/319).
Se dedujeron, por la parte actora y la demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 325/337 vta. y 338/350, respectivamente), siendo sólo concedido por el a quo el primero de estos (v. fs. 352/354).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado, luego de declarar la cuestión de puro derecho, rechazó la excepción de pago total opuesta por la demandada e hizo lugar parcialmente a la acción que el señor Pablo Guillermo Monti promovió contra Prevención ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de las diferencias indemnizatorias vinculadas a las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y sus modificatorias establecidas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Para así resolver, por tenerlo acreditado en los autos "Monti, Pablo Guillermo c/ Prevención ART S.A. s/ Recurso de apelación" expediente n° 25.950 -que tramitaran ante el mismo órgano jurisdiccional-, se consideró que no mediaba controversia en torno al infortunio protagonizado por el trabajador -ocurrido el día 6 de marzo de 2007-, al grado de minusvalía -20% de la total obrera- y al resarcimiento tarifado que hubo de percibir en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a", ley 24.557 ($29.862,49). Luego, se examinó si entre el monto reclamado y el oportunamente abonado por la aseguradora en dos tramos -a saber: $20.470,74 el día 18 de febrero de 2006 y $9.391,95 en fecha 10 de octubre de 2012-, existía diferencia indemnizatoria alguna a favor del trabajador.
A tal fin, el tribunal consideró que en virtud de los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), debía aplicarse al caso la ley vigente a la fecha en que sucedieron los hechos. Por estas razones, concluyó que no existía diferencia de prestación dineraria alguna, condenando a la demandada exclusivamente a abonar los intereses compensatorios devengados entre el evento dañoso y las fechas de pago.
Por ello, ordenó que debían abonarse aquellos accesorios que no habían sido pagados al trabajador ascendiendo los mismos a $2.678,16 -8,97% desde el 6 de marzo de 2007 hasta 18 de agosto de 2008-, a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires y, $8.035,73 -desde el 19 de septiembre de 2008 hasta el 9 de octubre de 2012-, a la tasa pasiva que paga aquella entidad bancaria en las operaciones de depósito a treinta días, a través del sistema "Banca Internet Provincia" (digital), hasta su efectivo pago. Ello, a tenor de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015.
II. Contra la sentencia de grado, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 325/337 vta.).
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal de origen no haya aplicado al caso el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, en tanto tales normas proveen una sustancial mejora en las prestaciones indemnizatorias superando -por mucho-, a las previstas en la ley 24.557 y el decreto 1.278/00. Afirma que, si bien el accidente de trabajo ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, el trabajador debió transitar ambos procedimientos, el administrativo previo y el judicial, y que las consecuencias jurídicas derivadas del tal vínculo no fueron aún agotadas. Por lo tanto, concluye, ello no constituye un supuesto de aplicación retroactiva de la ley (v. fs. 328 vta./332).
Considera infringida la doctrina legal de esta Corte establecida en la causa L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015), en tanto dicho procedente -aduce- se asemeja al sub lite , asegurando que no es aplicable al caso la proveniente de la causa L. 118.532, "Godon", por tratarse de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles (v. fs. 332/333).
II.2. Por último, sostiene que el juzgador de grado debió aplicar intereses moratorios desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, dado que -agrega- lo abonado por parte de Prevención ART S.A. no implicó un pago total. Así, sostiene que al haber aplicado aquellos accesorios únicamente sobre el capital indemnizatorio cuando ya se debían intereses, violó la doctrina legal de esta Corte establecida en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" y el art. 777 del Código Civil (ley 340).
III. El recuso no prospera.
III.1. En primer lugar, se advierte que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia (v. fs. 313/319), limitándose a suscribir la planilla Augusta de circulación de expedientes (v. fs. 312) y la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 319).
No se sabe, entonces, quién redactó el acta de Acuerdo, ni hay quién dé fe de los votos que allí se volcaron. Es más: a fs. 276, 288 vta., 298, 310, 352 vta. y 354 se ha ordenado que, por Secretaría, se registren las resoluciones dictadas. Hubiera sido esto bien o mal ordenado (no es esa la cuestión), el caso es que tales requerimientos han sido puntualmente desoídos por el funcionario respectivo.
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2.a. Sentado lo anterior, corresponde entonces ingresar en el tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
III.2.b. Empiezo por advertir que el remedio procesal deducido fue concedido en el acotado ámbito del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol., fs. 352 y vta.), decisión que arriba firme a esta instancia (v. cédula, fs. 356), razón por la cual la admisibilidad del mismo únicamente podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en dicho precepto.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.c. La impugnación examinada se afirma en la hipótesis de que el fallo en crisis vulnera la doctrina legal que cita.
III.2.c.i. En relación al primer agravio traído -luego de efectuar una detallada descripción del procedimiento cumplido hasta la sentencia de grado-, el recurrente desconoce la eficacia de la solución del precedente L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017) invocado por el juzgador para dirimir la controversia, postulando la aplicación al caso del criterio delineado en el antecedente L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015), del mismo tribunal que intervino en origen. Afirma que, pese a la divergencia de sus aristas, en aquel supuesto, como en el presente, se resolvió acerca de un infortunio acontecido en forma previa a la sanción del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
En este contexto, interesa destacar que, contrariamente a las afirmaciones del interesado, en dicha causa esta Corte resolvió, por mayoría, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debía ser desestimado por no abastecer los recaudos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, confirmó la sentencia de mérito en razón de la insuficiencia del aludido medio de impugnación, sin mediar en dicha ocasión una definición sobre el fondo de la cuestión debatida.
En tales circunstancias, no resulta hábil el fundamento esgrimido por el interesado para enervar la decisión que causa agravio.
Finalmente, sin perjuicio de lo que podría afirmarse en torno al profuso despliegue argumental efectuado por el tribunal interviniente, la pretensión contenida en el recurso no puede tener cabida, puesto que el tópico bajo examen ha sido resuelto por este Tribunal en casos análogos y en sentido adverso al impugnante (causas L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2016; L. 120.764, "M. Viuda d. P., S. E.", sent. de 7-II-2018; L. 119.371, "Bustamante", sent. de 14-II-2018; L. 118.443, "González", sent. de 11-IV-2018; L. 119.594, "Ferreyra", sent. de 10-X-2018; e.o.), resultando ello suficiente para dar respuesta al sub judice (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.c.ii. Para más, es dable recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ver fs. 332 vta.-, no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código citado (causas L. 93.721, "Martín", sent. de 29-IV-2009; L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 114.699, "Fleba", resol. de 17-VIII-2011 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
III.3. Por otro lado, la crítica que realiza el interesado vinculada a los intereses moratorios, tampoco puede prosperar.
III.3.a. En su medio de impugnación -en lo pertinente-, el recurrente se agravia de la solución a la que arribó el tribunal a quo, en tanto -si bien acogió la demanda por diferencia de prestación-, únicamente condenó a la demandada a abonar los intereses compensatorios que se adeudaban al trabajador.
Agrega que el pago que percibió se efectuó de forma parcializada y a más de cinco años del evento dañoso, por lo cual nunca hubo un pago total en los términos del art. 777 del Código Civil (ley 340).
En sustento de tal postura, aduce que el juzgador de origen aplicó erróneamente la doctrina legal emanada de la causa L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015), dado que en dicho precedente se debatió el tipo de tasa de interés, mientras que en el caso se discute "el modo, plazo y fecha de devengamiento".
Manifiesta que el presente se asemeja a las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera", sentencias de 15-VI-2016, en las cuales esta Corte dispuso el devengamiento de los intereses moratorios desde el evento dañoso; y hasta el total y efectivo pago. En este orden, alega que el sentenciante de grado "al cortar el devengamiento de los mismos, en modo anticipado a la fecha del último pago, sin sentido ni fundamento jurídico alguno", infringió la doctrina derivada de aquellos precedentes.
III.3.b. Conforme se desprende de lo reseñado, el tribunal de la instancia consideró que -conforme lo establecido en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557- no había diferencia indemnizatoria de prestación dineraria alguna a favor del actor y que, la demandada sólo debía abonar los intereses compensatorios desde el evento dañoso hasta la fecha del último pago. De allí que las citas de las doctrinas señaladas por el recurrente devienen inadmisibles, en tanto no guardan correspondencia con las circunstancias descriptas en el presente, dado que -en el caso-, el a quo no aplicó intereses moratorios, sino únicamente compensatorios.
Entonces, la temática debatida en los mencionados precedentes difiere de la examinada en ésta, lo que torna inhábil su invocación a los fines de abastecer la impugnación deducida, en tanto las directrices plasmadas en las citadas causas L. 118.587 y C. 119.176, fueron elaboradas en base a presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a las que se ventilaron en esta controversia.
IV. Por último -dadas las deficiencias apuntadas en el punto III.1. del presente-, entiendo que corresponde exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo, y ello para que el desempeño de los agentes bajo su dirección resulte compatible con una buena administración de justicia.
V. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto las consideraciones que mi distinguido colega doctor de Lázzari eleva a este acuerdo en el punto III. de su voto y suscribo la desestimación del recurso que propone en su apartado final con aplicación de costas.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en los puntos III.1., III.2.a, III.2.b., III.2.c. y a las consideraciones emitidas en los primeros tres párrafos del III.2.c.i. y III.2.c.ii., de su voto.
I.2. Luego, también comparto lo señalado en el punto III.3. de su sufragio.
II. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín intervinientes para que extremen el control de los funcionarios a su cargo, de modo tal que su desempeño resulte compatible con una buena administración de justicia.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia