Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120758
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.758, "Juárez, Héctor Aníbal contra QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. fs. 383/402 vta.).
Se interpusieron, por el letrado apoderado de QBE ART S.A. -hoy Experiencia ART S.A.-, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 438/460 vta.).
Esta Corte, mediante resolución de fs. 491/492, declaró mal concedido el primero de los remedios de impugnación deducido por no haber desarrollado el recurrente en su presentación fundamento alguno en los términos del art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar -por mayoría- a la demanda que el señor Héctor Aníbal Juárez promovió contra QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -hoy Experiencia ART S.A.-, condenando a esta última al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales que juzgó aplicable al caso (arts. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557; 3 y 17 apdo. 6, ley 26.773 y resolución general de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16 -v. fs. 383/402 vta.-).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 26 de agosto de 2010 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas bajo las órdenes y en relación de dependencia de ELO CONSTRUCCIONES S.A., oportunidad en la que, al encontrarse amurando unas aberturas en un baño e intentar escalar el tabique, sintió un fuerte dolor en el talón del pie derecho. También las consecuencias que derivaron del evento: ruptura del tendón aquiliano, que le provocó una incapacidad laboral parcial y permanente del 16,4% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 383 vta. y 384).
Con el objeto de justificar la decisión de aplicar al caso la ley 26.773, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5, en cuanto establece que las disposiciones allí contempladas sólo resultan aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a su entrada en vigencia; remitiendo, para así resolver, a lo ya expresado por el propio tribunal en causas anteriores, y, con cita de diversos autores, señaló que los efectos no producidos de las relaciones jurídicas deben quedar regidos siempre por la nueva ley, por lo que no puede considerarse retroactiva -ni violatoria del derecho de propiedad- la aplicación de una normativa que gobierna los efectos futuros de una situación preexistente, ya que estos no habían alcanzado a transformarse en derechos definitivamente adquiridos. Luego, puntualizó, en tanto la consecuencia no consumada del hecho dañoso es el pago de la indemnización, solo este puede quitar virtualidad a la norma que rige al momento de determinar la cuantía de aquella (v. fs. 389 vta./390 vta.).
Explicó que dicha solución encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fallos "Camusso" y "Gómez de Vélez") -donde se resolvió que el criterio para dilucidar la aplicación de la nueva legislación es discriminar según que el deudor haya cumplido o no con la obligación debida-, cuanto por la doctrina legal de esta Corte (causa Ac. 50.610, "Quiroga Moss", sent. de 25-II-1997), por imperio de la cual no debe confundirse el concepto de aplicación inmediata de la ley con el de su aplicación retroactiva (v. fs. 391).
Refirió que aplicar las sucesivas reformas introducidas a la ley 24.557 a infortunios acaecidos bajo la esfera temporal de la ley anterior, pero que en la actualidad no hayan sido resarcidos íntegramente (como ocurre en el caso), no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protege a los trabajadores que no han visto satisfechos sus créditos oportunamente y han debido recorrer un proceso judicial, durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original. Por lo que -explicó- no cabe castigar a los obreros otorgándoles una prestación depreciada al momento de percibirla, conclusión que concuerda con el principio de progresividad consagrado en el art. 75 -incs. 22 y 23- de la Constitución nacional y los tratados internacionales, máxime cuando dichas aseguradoras cobran sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, pagando prestaciones desvalorizadas (v. fs. 391 in fine y vta.).
Remarcó, entonces, que la nueva ley 26.773 debe aplicarse a las contingencias acaecidas -aun con anterioridad- que a la fecha del pronunciamiento se encuentran, como aquí ocurre, incumplidas (v. fs. 391 vta.).
En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley, toda vez que -adujo- esa decisión era la que se adaptaba con mayor justicia, equidad y precisión al caso particular, hallándose en sintonía con el principio de progresividad, sin que se vean afectados los principios de congruencia y debido proceso. Ello, toda vez que la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada ejerció sin restricciones su derecho de defensa, articuló todas las excepciones o defensas que estimó convenientes, sin que el pronunciamiento la coloque en una situación de responsabilidad extra sistémica, ni la obligue más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias actualmente vigentes en la materia y a las cuales contractual y expresamente se comprometió a cumplimentar (v. fs. 392).
Tal razonamiento llevó al tribunal a quo a la convicción de que a las prestaciones dinerarias derivadas de la declaración de incapacidad permanente definitiva pendientes de pago se les debía aplicar el mecanismo de ajuste prescripto por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Adujo que también resultaba procedente la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, en cuanto dispone que al resultado que se obtenga de la fórmula legal se le adicionará un 20% para la cobertura de aquellos otros daños no cubiertos por el régimen sistémico de la ley 24.557 y sus reformas (v. fs. 392 in fine y vta.).
Juzgó que de acuerdo a la fórmula matemática establecida por el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el actor resultaría acreedor de la suma de $45.036,87. Pero, explicó, al encontrarse alcanzado el infortunio por la resolución general de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 actualmente vigente y de aplicación al caso, el resarcimiento nunca podrá ser inferior a la suma que resulte de multiplicar $1.090.945 por el porcentaje de incapacidad (16,4%); arribando así a un importe de $178.914,98, el que debe complementarse -agregó- con la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 (20%), que asciende a $35.782,99 (v. fs. 392 vta.).
Luego, dispuso que el monto obtenido debía actualizarse por el índice RIPTE vigente entre la fecha del evento dañoso (agosto de 2010: 408,08) y el último publicado (agosto de 2016: 2.196,53); arribando así a un coeficiente de 5,38 y a un capital de $1.155.075 (v. últ. fs. cit.).
Expresó asimismo el sentenciante, que atento el particular modo de concluir, y bajo un nuevo y profundo análisis del tema, correspondía aplicar intereses sobre capital de condena a partir de la fecha de la sentencia y hasta su efectivo pago, a la tasa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 392 vta. in fine y 393).
Finalmente, y toda vez que la solución adoptada resultaba contraria a la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016, expuso los motivos que entendió justificaban su apartamiento (v. fs. 393/394 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el letrado apoderado de Experiencia ART S.A. -antes denominada QBE ART S.A.-, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución provincial; 2, 3, 699 y 701 del Código Civil (ley 340); 1, 11 apartado 4 inc. "c", 14 apartado 2 inc. "a" y 26 de la ley 24.557; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 17 apartados 1 y 5 de la ley 26.773; 63 de la ley 11.653; decreto 472/14 y resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 387/16 y de la doctrina legal que identifica.
Alega que la decisión del tribunal a quo de juzgar aplicable -por conducto de declarar la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773- un régimen legal que no se encontraba vigente a la época de la primera manifestación invalidante de la contingencia sufrida por el trabajador transgrede el principio de congruencia.
En este aspecto, argumenta que para resultar viable la declaración de invalidez constitucional de una norma se requiere una previa petición de la parte interesada, lo cual no aconteció en autos, donde el actor no planteó en su demanda una definición en ese sentido.
Por ende, concluye, el órgano a quo ha determinado lisa y llanamente la aplicación de una condena más allá de lo pretendido por la contraria, superando sin argumento valedero alguno lo requerido en autos, fallando extra petita y lesionando además sus derechos constitucionales de propiedad y debido proceso.
Por otra parte, refiere que el tribunal de trabajo aplicó erróneamente la ley 26.773 porque el accidente por cuyas consecuencias se reclamó en las presentes actuaciones aconteció en fecha anterior a su entrada en vigencia.
Para sustentar este tramo de la crítica, cita algunos pasajes de fallos emitidos por distintas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; de la Corte Suprema nacional en las causas "Lucca de Hoz" y "Calderón"; así como de pronunciamientos de otros tribunales de justicia, donde se resolvió la cuestión en el sentido que propugna. También identifica vulnerada la doctrina de esta Corte emanada -entre otros- de los precedentes L. 94.119, "Ferrari" (sent. de 4-XI-2009) y L. 108.699, "Kluppel Melo" (sent. de 20-VIII-2014), en la que se estableció que el accionante sólo tenía derecho a percibir las prestaciones contempladas por la Ley de Riesgos del Trabajo vigente al momento en que se produjo el evento dañoso.
Por otra parte, se agravia del modo en que el tribunal cuantificó la prestación dineraria reconocida en la sentencia. Ello, sostiene, en tanto dicho órgano jurisdiccional aplicó dos veces el índice RIPTE y, por ende, duplicó la reparación que le correspondería percibir al trabajador.
Argumenta que de conformidad con lo prescripto por el decreto 472/14 sólo corresponde actualizar los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo y las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4 de la misma ley; resultando por ende equívoca y arbitraria la decisión del a quo de multiplicar, primero, el porcentaje de incapacidad por el monto estipulado en la resolución general de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16, para luego, aplicar sobre el importe obtenido -que ya se encuentra actualizado- el mencionado índice RIPTE.
Finalmente critica la aplicación de intereses sobre el monto por el que prosperó la demanda -a la tasa pasiva "digital" fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires-, argumentando que tal definición se aparta de la doctrina de este Tribunal emanada -entre otros- del precedente L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer término se impone destacar que el veredicto de fs. 383/385 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto (v. fs. 385) ni la sentencia (v. fs. 401 vta.), limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 402 vta.).
Al respecto, cabe precisar que si bien los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solas a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidas en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Adentrándome en el análisis de los agravios que porta la queja, juzgo que -con el alcance que a continuación habré de precisar- luce conducente el embate mediante el cual se cuestiona la aplicación al caso de la ley 26.773.
III.2.a. En el inicio de su crítica el recurrente se agravia de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de dicho régimen legal, alegando -en lo sustancial- que "El Tribunal, lisa y llanamente, ha determinado una condena, más allá de lo pedido por la parte contraria, superando sin argumentos lo requerido en autos", fallando "...en forma extra petita , lesionando así el derecho al debido proceso, el derecho de propiedad y el principio de congruencia..." (fs. 446 vta.).
III.2.a.i. Con relación al primer tramo del cuestionamiento es conocida mi opinión tantas veces reiterada en orden a la facultad que ostentan los jueces para hacer esas declaraciones, pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta formulada por las partes (causas L. 51.220, "Lorenzi", sent. de 10-VIII-1993; L. 83.542, "Córdoba", sent. de 7-III-2007; L. 92.547, "Juárez", sent. de 28-V-2010; L. 103.467, "E., R.", sent. de 26-X-2011; e.o.), por lo que tal impugnación no puede prosperar.
III.2.a.ii. Tema diferente es el vinculado al alcance patrimonial dado por el actor a su reclamo. Al respecto, es fácil advertir que este pudo -y nunca así lo hizo pese a que la norma se encontraba vigente durante gran parte del proceso- peticionar la aplicación de la ley 26.773. Por el contrario, nada dijo sobre el mecanismo de actualización previsto en dicho dispositivo.
En tales condiciones, y toda vez que en ningún momento a lo largo del pleito, pretendió el accionante algo diferente de la prestación establecida en la ley especial liquidada conforme la normativa vigente a la fecha del siniestro, el a quo se excedió en su función al juzgar aplicable en la especie -previa declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5- la ley 26.773 (art. 47, ley 11.653), lo que así se declara.
A tenor de lo dicho, corresponde concluir que acierta el recurrente cuando denuncia la violación del principio de congruencia toda vez que el a quo se excedió "...al entender sobre cuestiones no debatidas en el desarrollo del pleito..." (v. fs. 447 vta.).
III.2.a.iii. En consecuencia, debe revocarse el fallo de grado en cuanto dispuso calcular el crédito del actor de acuerdo con las disposiciones de la ley 26.773 (incluida la condena al pago de la indemnización adicional prevista en su art. 3), pese al alcance patrimonial que este último dio a su pretensión; debiendo volver los autos al tribunal de grado a fin de realizar una nueva liquidación de acuerdo con lo que aquí se resuelve.
III.2.b. Lo precedentemente expuesto conduce a declarar inoficioso el tratamiento de la objeción planteada en torno a la omisa aplicación al caso de las disposiciones contenidas en el decreto 472/14 (v. rec., fs. 455 vta./459 vta.).
III.3. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.3.a. El tribunal de trabajo dispuso que "atento al particular modo de concluir" tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 392 vta. in fine y 393).
III.3.b. Ante ello, el impugnante denuncia la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte emanada -entre otras- de la causa L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013 (v. rec., fs. 459 vta.).
III.3.c. Debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("atento al particular modo de concluir [...] se le aditen intereses a partir de la presente sentencia..."; sent., fs. 392 vta. in fine y 393), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de aplicar la ley 26.773 al importe de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo y, por otro, la manera en que tales accesorios fueron determinados.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación del citado régimen legal, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que involucró la aplicación al capital de condena de dichos preceptos.
En consecuencia, habida cuenta de que los autos deberán volver al tribunal de origen por los motivos indicados en el punto III.2.a.iii., asimismo los intereses moratorios tendrán que ser nuevamente fijados en dicha oportunidad.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con los alcances establecidos en los puntos III.2.a.iii. y III.3.c. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en razón del progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Negri en el punto III.1. de su voto.
II.1. Merece favorable recepción el agravio que trae el recurrente contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
II.1.a. Dejando a un lado ciertas discrepancias que -sin hacerse cargo de rebatir los fundamentos del fallo- formula el quejoso con sustento en el principio de congruencia e ingresando a la sustancia de la decisión, juzgo que la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la citada ley debe ser revocada, de conformidad con los argumentos que brindé al emitir mi opinión en las causas L. 119.371, "Bustamante", sentencia de 14-II-2018; L. 119.594, "Ferreyra", sentencia de 10-X-2018 y L. 118.385, "Gómez", sentencia de 21-XI-2018 –entre otras- los cuales habré de reiterar por resultar análogos a la presente.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 8
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