Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121064
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.064, "Gatica, Juan Matías contra Asociart S.A. ART. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 118/125 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 129/135).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado, luego de declarar la cuestión de puro derecho, desestimó la acción sumarísima deducida por el señor Juan Matías Gatica contra Asociart S.A. ART, mediante la cual le había reclamado el pago de la diferencia indemnizatoria respecto de las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y sus modificatorias establecidas en el decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
Para así resolver, por tenerlo acreditado en los autos "Gatica, Juan Matías c/ Asociart ART S.A. s/ Recurso de apelación" Expediente 27.256 -que tramitaran ante el mismo organismo-, juzgó que no mediaba controversia en torno al infortunio protagonizado por el trabajador -ocurrido el día 14 de enero de 2003-, así como a la determinación de su grado de minusvalía -16,75% del índice de la total obrera- y a la indemnización que hubo de percibir por tal concepto -$8.876,63-, abocándose a examinar si entre el monto reclamado y el oportunamente abonado por la aseguradora en el mes de marzo de 2014 existía diferencia indemnizatoria alguna a favor del trabajador.
A tal fin, concluyó que en virtud de los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), debía aplicarse la ley vigente a la fecha en que sucedieron las circunstancias fácticas (conf. arts. 6 primer párr. y 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557) y no correspondía declarar la inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773. Por estas razones, no existía diferencia de prestación dineraria alguna a su favor.
II. Contra el pronunciamiento de grado, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación de la ley 24.557 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 129/135).
En esencia, objeta que el órgano de origen no haya aplicado al caso el decreto 1.694/09 y la ley 26.773, en tanto las mismas proveen una sustancial mejora en las prestaciones indemnizatorias superando por mucho, comparativamente, a sus antecesores (ley 24.557 y dec. 1.278/00). Afirma que, si bien el accidente de trabajo ocurrió durante la vigencia del régimen anterior, las consecuencias jurídicas derivadas del tal vínculo no fueron agotadas y, por lo tanto, ello no constituye un supuesto de aplicación retroactiva de la ley (v. fs. 131).
Considera infringida la doctrina legal de esta Corte establecida en la causa L. 116.616, "Mansilla" (sent. de 22-XII-2015), en tanto la misma -afirma- se asemeja al sub lite , no siendo aplicable al caso la proveniente de las causas "Godon" y "Staroni".
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, el decreto 1.694/09 y la ley 26.773 han reiterado como regla general el criterio adoptado por una norma anterior que dispuso modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido, he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino" (sent. de 22-X-2008) y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que por regla los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son vinculantes, pues sus alcances se encuentran limitados a los casos en los que se dictan, su contenido puede, no obstante, ser receptado en orden a su validez conceptual. Tal lo que acontece -en la especie- en relación a la sentencia dictada por ese Tribunal en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016, en cuyo considerando 8° se definió lo relativo a la vigencia temporal de la ley 26.773.
III.2. Sin perjuicio de ello, la solución de grado debe ser revocada por las siguientes razones.
A fin de dar solución a este conflicto debo recordar una vez más, como lo he expresado a lo largo de los años en las causas L. 51.220, "Lorenzi", sent. de 10-VIII-1993; L. 51.550, "Vivas", sent. de 22-II-1994; L. 53.740, "Schmidt", sent. de 27-II-1996 y L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004, entre muchas otras, que la declaración de oficio de inconstitucionalidad puede y debe hacerse cuando las circunstancias así lo exijan pues el tema de la congruencia constitucional de las normas a aplicar se le plantea al juez antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes.
Luego, considero que las prestaciones calculadas conforme la norma vigente al momento del accidente que dio lugar a estas actuaciones, dada la insuficiencia reparatoria que -en la especie- las mismas importan, resultan ser una indemnización inadecuada y, por ende, una clara vulneración del derecho constitucional a obtener una reparación razonable y equitativa de los daños en el presente caso.
La insuficiencia de tales prestaciones -satisfechas de modo insuficiente-, fue expresamente asumida por el Poder Ejecutivo nacional al expresar en el considerando del decreto 1.694/09, con relación a aquella norma reglamentaria, que "dicha modificación parcial no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar jurídico, constitucional y operativamente sostenible", por lo que "...resulta pertinente mejorar las prestaciones dinerarias en concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, actualizando las compensaciones adicionales de pago único, eliminando los topes indemnizatorios para todos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio...".
En la misma línea, el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional al Honorable Congreso de la Nación acompañando el proyecto de ley relativo al "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" (hoy ley 26.773) reconoce que pese a que con el decreto 1.694/09 se dispuso la mejora de las prestaciones dinerarias del sistema, a la vez que el establecimiento de medidas concretas para perfeccionar sus aristas de gestión, la imperfección estructural de la ley 24.557 y sus modificatorias como instrumentos de protección social no fue saneada, y que el régimen vigente en materia de riesgos del trabajo "...ha profundizado el impacto en la sociedad de sus aspectos más negativos, llegando a distorsionar y comprometer el funcionamiento de la totalidad del sistema", concluyendo que con las reformas impulsadas (hoy concretadas en la ley 26.773) se pretendió avanzar "...en una respuesta legal que supere los factores más controvertidos del sistema presente, con el fin de instalar un régimen reparatorio que brinde prestaciones plenas, accesibles y automáticas...".
Si se toma en cuenta que el trabajador se accidentó en enero de 2003 y que, más de once años después, se le pagó la indemnización prevista en la ley 24.557 de acuerdo a pautas tarifarias fijadas en el año 2000 por el decreto 1.278, por exigua, esa reparación es inconstitucional y así debe ser declarado.
En ese contexto, estimo apropiado, a fin de establecer el importe indemnizatorio -como lo propone el recurrente-, acudir a las pautas tarifarias contenidas en el decreto 1.694/09 y las previstas en la ley 26.773, e interpretadas conforme surge de la doctrina legal de este Tribunal (causa L. 118.532, "Godon", sent. de 5-IV-2017), por considerar que dichas normas (pese a no ser aplicables atento la fecha en que ocurrió la contingencia que dio lugar a estos autos) proveen -para este caso- pautas para el cálculo de una reparación razonable y equitativa.
IV. Si mi propuesta fuera compartida, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y la causa debe ser devuelta a la instancia de grado a fin de que el tribunal -con nueva integración- determine el importe indemnizatorio con aplicación de las pautas tarifarias contenidas en el decreto 1.694/09 y las previstas en la ley 26.773, con el alcance establecido en el párrafo anterior. Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto pues, por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Disiento con la propuesta del colega doctor Negri de aplicar al caso las disposiciones del decreto 1.694/09 y la ley 26.773.
I.1.a. He de recordar que en la causa L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016, dejé plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley 26.773, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
I.1.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7- VI-2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1), se pronunció al respecto determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
Ello, aunque, como he expresado reiteradamente (v. mis votos, causas C. 103.189, "Crudo", sent. de 18-XI-2009; C. 103.420, "Rozitchner", sent. de 14-IX-2011 y C. 112.791, "Langiano", sent. de 5-XII-2012; e.o.), soy partícipe de la tesis del sometimiento restringido (en el sentido usado por Sagüés, Néstor Pedro; Eficacia vinculante o no vinculante de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , ED, Tomo 93, pág. 891, o por Ibarlucía, Emilio A.; Fallos plenarios y doctrina de la Corte Suprema , LL, 2009-A-654) respecto de los pronunciamientos del máximo Tribunal, de manera de entender que la fuerza vinculante que fluye de sus sentencias -siendo sin duda significativa-, no se equipara a la obligatoriedad jurídica a la que quedamos supeditados por la legislación. En el tema convocante, sin embargo, considero que en contribución a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia del sistema normativo, los lineamientos que emergen del mencionado precedente deben ser aplicados.
I.2. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta que, a la fecha del accidente del trabajador (14 de enero de 2003), la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) y el decreto 1.694/09 no se encontraban vigentes, no le asiste razón al recurrente en cuanto postula que dichos dispositivos resultan aplicables al caso, por lo que cabe desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de grado.
II. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Coincido con la propuesta que formula el distinguido doctor de Lázzari.
La pretensión del agraviado no puede prosperar en tanto colisiona con lo resuelto por este Tribunal en numerosos casos análogos (causas L. 116.955, "Enríquez", sent. de 29-III-2016; L. 118.695, "Staroni", sent. de 24-V-2016; L. 118.181, "Mansilla", sent. de 19-X-2016; L. 118.532, "Godón", sent. de 5-IV-2017 y L. 118.433, "González", sent. de 11-IV-2018; e.o.) resultando todo ello suficiente para dar respuesta al sub judice (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia