Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121429
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 121.429, "Maravilla, Juan Martín contra Prevención ART S.A. Accidente de trabajo - Acción especial".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. fs. 139/146).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 168/176 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la demanda promovida por el señor Juan Martín Maravilla contra Prevención ART S.A., mediante la cual le había reclamado el pago de la reparación tarifada de las leyes 24.557 y 26.773, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas a órdenes de Autovía Bs. As. a los Andes S.A. (v. fs. 139/146).
Juzgó el a quo que si bien no había sido discutida la existencia del infortunio -ocurrido el día 27 de julio de 2015 cuando el actor, limpiando una alcantarilla situada en el kilómetro 221,8 de la ruta nacional n° 7, realizó involuntariamente un mal movimiento y cayó dentro de la misma, sufriendo un fuerte golpe en sus costillas-, de la pericia médica producida en la causa -no impugnada por las partes- no surgía acreditada incapacidad alguna derivada del evento (v. fs. 139 vta.).
En este último aspecto, señaló el juzgador que el perito médico desinsaculado en autos había determinado, luego de practicarle el examen anatomo-clínico-funcional al trabajador, que éste último presentaba "dolor condro costal secuelar a traumatismo de tórax cerrado", pero que el Baremo de la ley 24.557 no considera incapacidad para estas lesiones de pared torácica que no manifiestan complicaciones. Aclarando que, para el fuero civil, los doctores Altube y Rinaldi le asignan a este tipo de patología una incapacidad del 1% (v. fs. 140).
En tales condiciones, juzgó el tribunal que al encontrarse el reclamo fundado en la Ley de Riesgos del Trabajo resultaba de aplicación el baremo correspondiente a tal sistema resarcitorio, y concluyó que las lesiones que padeciera el actor en ocasión del trabajo no le generaban incapacidad alguna, correspondiendo desestimar la demanda en todos sus rubros (v. fs. 140 y 143/144).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 266 primer apartado, 272, 330 inc. 4, 354, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la definición de grado que rechazó la demanda por conducto de juzgar aplicable al caso el baremo contenido en el decreto 659/96.
Alega que al promover la demanda planteó la inconstitucionalidad de la utilización de dicha tabla de incapacidades en la medida que condujera a un resultado injusto, como aconteció en la especie.
Manifiesta que los baremos solo establecen pautas indicativas que le sirven al juez para estimar con su sana crítica la incapacidad laborativa que aqueja a un trabajador a consecuencia de una determinada afección.
Argumenta que la aplicación lisa y llana del art. 6 de la ley 24.557, al dejar de reparar daños no enunciados, implica un ataque al derecho civil, a los principios protectorios emanados del derecho del trabajo, al derecho natural y, principalmente, a la Constitución nacional.
Aduce que cuando se pretende una reparación sobre la base del régimen especial tarifado, y de la prueba producida surge que el siniestro fue provocado por la negligencia de la aseguradora de riesgos del trabajo que incumplió con sus obligaciones de prevención y control, nada obsta a que el juez encuadre el reclamo en las disposiciones del derecho común. Para sustentar dicha postura, cita a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al principio iura novit curia .
En suma, peticiona que se revoque la sentencia de grado en cuanto rechazó íntegramente la demanda, ya que dicha decisión vulneró su derecho a obtener una reparación justa como consecuencia de la incapacidad real del 1% que porta.
II.2. En otro orden, manifiesta que la circunstancia de hallarse incapacitado en dicho porcentual (según el baremo de uso habitual en el fuero civil) resulta ser el elemento objetivo para considerar legítimo requerir la tutela judicial de sus derechos y, por ende, para ser eximido del pago de las costas.
II.3. Finalmente, objeta que el tribunal de grado haya regulado los honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base el quantum indemnizatorio reclamado en el escrito de inicio.
Explica que, en el específico supuesto de autos (en el que la demanda ha sido rechazada), debió determinarse su cuantía teniendo en consideración el valor máximo que estimativamente habría representado la indemnización en caso de que la acción por el 1% de incapacidad hubiera prosperado.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 139/140 vta. carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653, impidiendo ejercer control sobre el plazo para dictar la sentencia (art. 44 inc. "e" de la misma ley). Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto, ni la sentencia, limitándose a suscribir una planilla de circulación interna del expediente entre los magistrados del tribunal de trabajo (vinculada al Sistema "Augusta"; v. fs. 141) y la constancia de registro respectiva (v. fs. 146).
Los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, habré de puntualizar que el recurrente no se ha ocupado de demostrar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Reiteradamente ha resuelto esta Corte, es el impugnante quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del remedio en cuestión (causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 101.519, "R., L. F.", sent. de 21-IV-2010; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010 y L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; e.o.), imperativo que -reitero- no ha sido satisfecho en la especie, en la que el impugnante se agravia por el rechazo de su demanda acotada al 1% de incapacidad.
III.3. Con esos lindes, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el presente recurso en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017 y L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018).
Anticipo que no se configura en la especie el mentado supuesto.
III.3.a. En relación al agravio inaugural que contiene la queja, la exclusión de la hipótesis habilitante se exhibe nítida, pues, no sin dejar de advertir que el recurrente -en rigor- solo trae a consideración de este Tribunal cuestiones de hecho y prueba, que resultan, por definición, ajenas al ámbito de impugnación en examen (art. 55 primer párrafo in fine , ley 11.653), es lo cierto que ninguna denuncia formula a fin de demostrar el quebrantamiento de doctrina legal relacionada con el tópico que censura.
Luego, resulta claro que no se configura la excepción prevista en la ley adjetiva local cuando se constata que el despliegue argumental del interesado carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal de esta Suprema Corte (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.398, "Amor", sent. de 24-V-2016; e.o.).
Cabe además recordar que la doctrina legal cuya transgresión habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por esta Corte a través de sus pronunciamientos, y no la que emana de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 119.420, "Ramírez", sent. de 2-III-2016; L. 119.655, "Frutos", sent. de 24-V-2016 y L. 119.898, "Segovia", sent. de 1-VI-2016; e.o.); resultando asimismo inatingente e ineficaz, aquella relativa al concepto de absurdo (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; e.o.).
A lo dicho agrego, que más allá de la errada afirmación del recurrente en cuanto señala que en el escrito de inicio "...se formuló planteo de inconstitucionalidad respecto de la utilización del Baremo 659/96...", toda vez que en dicha oportunidad hubo de cuestionar la validez constitucional del decreto 658/96 y del art. 6 de la ley 24.557 (v. dem., fs. 15), la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que la argumentación que define su contenido, estructurada en torno a la elección de uno de los baremos posibles, se halla vinculada a una cuestión de hecho y de interpretación y aplicación del derecho común, temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (causa L. 109.466, "Silveiro", sent. de 29-XII-2009).
III.3.b. Por otra parte, ha de desestimarse la impugnación vinculada a la imposición de las costas.
En efecto, una vez más, la réplica prescinde de toda denuncia tendiente a demostrar el quebrantamiento de la doctrina legal de esta Corte (v. fs. 174 vta./175). En tales condiciones, el examen propuesto por el interesado resulta extraño al ámbito de la casación por la vía que transita el recurso (conf. causas antes citadas).
Sin perjuicio de lo expuesto, que resulta suficiente para desechar el agravio, deviene oportuno recordar que no resulta aplicable a una cuestión como la imposición de costas la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653, desde que, tratándose la misma de una facultad privativa de las instancias ordinarias y típicamente de hecho, no puede alegarse la existencia de doctrina legal en el sentido que le ha asignado esta Corte (causas L. 98.017, "Alegro", sent. de 31-VIII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 116.947, "Soriano", sent. de 25-VI-2014).
III.3.c. También resulta inadmisible el cuestionamiento relacionado con la regulación de los honorarios profesionales practicada en la instancia de origen.
Ello así, pues no se presenta como eficaz propuesta de impugnación -en el acotado marco de revisión bajo análisis- la argumentación vinculada a lo resuelto por este Tribunal en las causas Ac. 86.346, "Calleri", sentencia de 26-IX-2007; C. 118.302, "Martínez de Méndez", sentencia de 1-VII-2015; C. 119.094, "Pace", sentencia de 1-VI-2016 y C. 118.775, "Vessoni", sentencia de 10-VIII-2016 (v. fs. 175 vta./176), ya que en los precedentes invocados mediaron presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 95.312, "D'Elía", sent. de 8-IX-2010; L. 98.154, "Saucedo", sent. de 13-VII-2011 y L. 119.486, "Lofredo", resol. de 22-III-2016).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Negri, y en atención a las falencias del pronunciamiento relevadas por el colega en el punto III.1. de su exposición, estimo pertinente, una vez más, exhortar a los jueces integrantes del órgano de grado que deben velar por el cabal cumplimiento de las normas procesales y constitucionales a fin de propender a una eficaz administración de justicia (art. 15, Const. prov.).
Así lo voto.
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria formulada por el doctor Negri.
Sólo he de agregar que, atento las observaciones plasmadas por mi colega en el punto III.1. de su opinión y, teniendo en cuenta las reiteradas irregularidades que esta Corte viene advirtiendo en diferentes causas del Tribunal de Trabajo de Junín (a saber: causas L. 120.274, "Calderón", resol. de 8-III-2017; L. 120.955, "Biset", resol. de 31-V-2017; L. 121.043, "Figueroa", resol. de 27-XII-2017; L. 119.312, "Ponce"; L. 119.635, "Milla" y L. 119.305, "Díaz", sents. de 11-IV-2018, por citar sólo algunas), considero necesario e impostergable exhortar a los señores magistrados a cargo del tribunal de trabajo actuante para que, en ejercicio de facultades que le son propias, refuercen los controles que deben llevarse a cabo sobre la actuación de los funcionarios a su cargo y recomendarles el dedicado apego a la letra y espíritu de las disposiciones fundamentales para su eficaz desempeño.
II. En consecuencia, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, por mayoría, se exhorta a los señores jueces integrantes del Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín para que en el dictado del veredicto y la sentencia se ajusten a las exigencias legales y constitucionales.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia