Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120414
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, de Lázzari, Negri, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.414, "Sandoval, Melitón Cipriano contra Línea 71 S.A. Enfermedad profesional".
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especifica (v. fs. 895/910).
Se dedujeron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (la actora a fs. 935/946 y la demandada a fs. 950 vta. in fine/ 952 vta.), alzándose además la accionada con recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 948/950 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 973/974 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Melitón Cipriano Sandoval -ante su fallecimiento, continuada por su cónyuge, la señora Graciela Emilia Rivero y sus hijos Beatriz Margarita, Guillermo Antonio, Gustavo Ramón, Matías Javier, Paola Viviana y Yolanda Elizabeth Sandoval- condenando solidariamente a Línea 71 S.A. y Provincia ART S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557.
II. La demandada Línea 71 S.A. interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Afirma que el órgano jurisdiccional omitió tratar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta al contestar la demanda.
Explica que dicha defensa fue articulada en razón de haber reclamado el actor el otorgamiento de las prestaciones dinerarias contempladas por la ley 24.557, siendo entonces Provincia ART S.A. la única obligada a su pago, aseguradora con quien tenía celebrado contrato de afiliación desde el día 1 de julio de 1996.
II.2. También alega que el juzgador no cumplió con el deber de fundamentar legalmente cada uno de los segmentos autónomos del fallo, transgrediendo así lo normado por el art. 171 de la Constitución provincial.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso admite una procedencia parcial.
III.1. Le asiste razón al recurrente cuando denuncia la infracción al art. 168 de la Constitución provincial.
III.1.a. Es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015; L. 118.728, "Camino", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.719, "Lértora", sent. de 6-IX-2017).
Asimismo, que constituyen cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016 y L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016).
III.1.b. Bajo esas directrices, es dable advertir que la temática que se denuncia preterida fue sometida a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna.
Al contestar la demanda articulada en su contra, la accionada Línea 71 S.A. opuso excepción de falta de legitimación pasiva, ello, en la inteligencia de que la pretensión se hallaba en el caso dirigida a obtener el pago de las prestaciones dinerarias contempladas en el régimen especial de reparación de infortunios laborales contemplado en la ley 24.557 que pone exclusivamente en cabeza de la aseguradora la obligación de otorgarlas (v. fs. 56/58).
El tribunal de trabajo interviniente confirió traslado de dicha defensa a la parte actora por el término de cinco días (v. fs. 78), una vez contestado (v. fs. 82/87), dispuso diferir su tratamiento "para el momento procesal oportuno" de conformidad con lo prescripto por el art. 31 de la ley 11.653 (v. fs. 92).
Sin embargo, al dictar el veredicto y sentencia -más allá de la mera mención que se formula en el relato de antecedentes a fs. 901 vta.- el a quo omitió pronunciarse al respecto, sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En tales condiciones, reitero, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste el carácter de esencial -en los términos del art. 168 de la Constitución provincial- toda vez que la defensa de falta de legitimación pasiva integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
III.2. En otro orden, no es de recibo la denuncia del art. 171 de la Constitución local.
De la lectura del fallo surge que se encuentra fundado en expresas disposiciones legales. Y tiene dicho esta Corte que el quebrantamiento de las garantías consagradas en la citada norma constitucional sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, pues es la sentencia como unidad la que debe fundarse en la ley, y no cada uno de sus considerandos o conclusiones (causas L. 90.480, "Patiño", sent. de 17-XII-2008; L. 97.308, "Riesco", sent. de 14-IV-2010 y L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011).
III.3. A tenor de lo hasta aquí dicho, corresponde decretar la nulidad parcial del fallo, en cuanto se omitió abordar en él la cuestión identificada en el punto II.1. de la presente, solución que no ha de proyectarse sobre otros aspectos del pronunciamiento que no guardan vinculación, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional que afectaría el rendimiento del servicio de administración de justicia, máxime que -en rigor- nada impide que esta Corte ejerza a su respecto la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 79.235, "Carnival", sent. de 23-V-2007; L. 84.401, "Bautista", sent. de 26-VIII-2009 y L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012).
IV. Por lo expuesto, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad interpuesto y anular parcialmente el veredicto de fs. 895/900 vta. y la sentencia de fs. 901/910, con el alcance determinado en el párrafo que antecede.
La causa deberá ser devuelta al tribunal de origen para que, debidamente integrado, renueve los actos procesales necesarios y emita un nuevo fallo que subsane la omisión verificada (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari, Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En atención a la forma de resolver la anterior cuestión y dadas las motivaciones que definen el contenido del agravio que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la demandada Línea 71 S.A. -dirigidas a poner en tela de juicio la definición del tribunal de grado que dispuso su condena solidaria al pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo- no corresponde brindar tratamiento a la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Genoud , de Lázzari, Negri y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1.a. En su recurso extraordinario la parte actora se agravia inicialmente del porcentaje de minusvalía determinado en el pronunciamiento.
Argumenta que arbitrariamente se determinó que el trabajador portaba un 3% de incapacidad por la afección columnaria, pues el a quo no meritó que aquél comenzó a trabajar sano y en perfecto estado de salud, superando sin inconvenientes el examen preocupacional.
Agrega que tampoco tuvo en cuenta el juzgador las impugnaciones que su parte hubo de formular al dictamen pericial médico en las que denunció los errores científicos que contenía y que hacían imprescindible la interconsulta con otros profesionales.
También aduce que el dictamen elaborado por la Asesoría Pericial Departamental no cumplió con la debida "objetivación", esto es, explica, con la tarea de demostrar no sólo las lesiones sino también el razonamiento y mecanismo utilizado para arribar a sus conclusiones.
En suma, sostiene por medio de sendos cuestionamientos, que a través de afirmaciones meramente dogmáticas, sin solidez ni fundamento médico legal alguno, los expertos que intervinieron en la causa indujeron al sentenciante al equívoco de determinar que el señor Sandoval sufría una afección columnaria y cervical que le provocaba una incapacidad del 3%, dejando así de lado el 20% de minusvalía peticionada en demanda.
I.1.b. Por otra parte, critica el rechazo dispuesto de la pretensión vinculada con el resarcimiento por incapacidad absoluta y permanente derivada del "síndrome cerebral orgánico grado III (deterioro cognitivo vascular)" que -afirma- también padecía el trabajador al momento del distracto.
Refiere que, no obstante haber consignado la perito psiquiatra que el dependiente presentaba dicha afección que lo incapacitaba en un 70% del índice de la total obrera, destacando que era posible que tanto la diabetes como las psicopatías múltiples hayan influido en su aparición, el tribunal de trabajo juzgó dogmáticamente que no existía relación de causalidad entre tal dolencia y las tareas desarrolladas para la empleadora.
Aduce que, es de público y notorio conocimiento que las enfermedades psicológicas y psiquiátricas que desarrollan quienes trabajan como conductores en el transporte público de pasajeros, ante lo estresante de la tarea y la circunstancia que el actor haya ingresado sano a trabajar, prueban la existencia del negado nexo causal.
I.2. Cuestiona que, el tribunal haya rechazado el planteo orientado a obtener la aplicación del índice RIPTE.
Sostiene que, las disposiciones contenidas en el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 alcanzan a los siniestros que se hubieran producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicho régimen legal pero que aún se encuentran -como en la especie- pendientes de liquidación.
Explica que, las mejoras introducidas por la ley 26.773 no afectan los derechos de propiedad y defensa en juicio de las aseguradoras de riesgos del trabajo, sino que protegen a los trabajadores que no han visto cancelados oportunamente sus créditos y han debido recurrir a un proceso judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, reconociendo la nueva legislación la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar a estos últimos otorgándoles una indemnización depreciada.
Indica que, el razonamiento expuesto concuerda con el principio de progresividad, cita además en apoyo de su postura, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expresa así que, mediante la aplicación del índice RIPTE se intenta morigerar la desvalorización y envilecimiento que sufre nuestro signo monetario con el paso del tiempo, alegando además que, lo resuelto en la sentencia que impugna transgrede el principio "in dubio pro justicia social".
I.3. Por último, alega que existiendo dos expedientes (acumulados) donde se reclamó en razón de diversas enfermedades, debió el a quo establecer dos fechas distintas de toma de conocimiento, máxime -agrega- si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido entre el inicio de las dos causas.
Aduce que, resultó improcedente situar a ese hito temporal el día 3 de julio de 2008, pues con ello se dejó de lado que en el juicio donde tramitó el reclamo por lesión del disco intervertebral, artrosis y discopatía lumbar, obran distintas fechas reconocidas por el sentenciante que datan del año 1998 (cuando el actor se realizó distintos estudios y exámenes complementarios), es decir, diez años antes de la fijada por el tribunal de grado en su pronunciamiento.
Siendo ello así, afirma que correspondía determinar como fecha de toma de conciencia de las enfermedades reclamadas las siguientes: para la lumbalgia, el mes de octubre de 1998, y para el síndrome de deterioro cognitivo vascular, el día 11 de mayo de 2007.
II. El recurso no prospera.
II.1. En lo tocante al agravio inaugural que contiene el recurso, cabe recordar que es doctrina de este Tribunal que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016 y L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017); vicio extremo que no se aprecia configurado.
II.1.a. Sostuvo el tribunal de trabajo en el veredicto que, del informe brindado por el médico legista designado en autos en primer término (v. fs. 387/392), se desprendía que el accionante presentaba "Lumbocialtalgia producida por una hernia de disco en la región lumbar con afectación de los espacios preponderantemente en zona lumbar 4 y lumbar 5 y entre lumbar 5 y sacra 1...", concluyéndose que por su "...limitación funcional en la flexoextensión lateralidad y rotación de su columna..." era portador de una minusvalía del 6%; precisó el a quo que, el experto agregó que el cuadro de hernia discal era de evolución crónica, no pudiendo asegurar que tuviera relación causal con el desempeño como conductor de colectivos (v. fs. 896 vta.).
Refirió el juzgador que dicho informe fue impugnado a fs. 394/395 por Provincia ART S.A. y a fs. 397/401 por la parte actora. Esta última -indicó- tanto desde el punto de vista de la patología como de la relación de causalidad y el grado de incapacidad, quien solicitó a su vez la remisión de las actuaciones a la Asesoría Pericial Departamental "...a fin de que determine, seguramente con exactitud y precisión, sobre las afecciones invocadas por el accionante en la demanda y expedirse sobre el fundamento de las impugnaciones", reiterando dicha petición a fs. 415/418 (v. fs. 897).
Explicó el sentenciante que, a fs. 488 Provincia ART S.A. denunció que fue notificada con fecha 20 de agosto de 2008 de una demanda por enfermedad laboral iniciada por el actor, fundada en la ley 24.557 y radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 79, y que en razón de ello peticionó la suspensión del procedimiento y que se requiera a dicho organismo la remisión de las actuaciones a efectos de su acumulación (v. fs. 897).
Puntualizó que, a fs. 550/673 obra copia del expediente 17.772/2008, donde el señor Sandoval, con otro patrocinio letrado, en fecha 3 de julio de 2007 inició un reclamo por el otorgamiento de las prestaciones dinerarias contempladas en la Ley de Riesgos del Trabajo y el decreto reglamentario 1.278/00, por la incapacidad laboral permanente, derivada del "...síndrome de deterioro cognitivo vascular, diabetes, trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo, patología columnaria y discal y discopatías múltiples en L4-L5 y L5-S1" (fs. cit.).
Expuso que, a fs. 688/691 resolvió por razones de conexidad la acumulación de ambas causas. Luego, atendiendo a la petición de la parte actora y al hecho de no haberse determinado aún en el expediente acumulado porcentaje de incapacidad alguno, dispuso remitir los expedientes a la Asesoría Médica Pericial departamental para que se realice una nueva pericia médica y se contesten los puntos periciales oportunamente impugnados por la actora (v. fs. 897 vta.).
Ponderando el informe presentado por la Asesoría Pericial (v. fs. 728/729) y las impugnaciones efectuadas, el órgano jurisdiccional de la instancia de grado juzgó acreditado que el actor padecía de diabetes tipo II, antecedentes de tuberculosis (habiendo sido internado por dicha afección) y tabaquismo; que presentaba un historial laboral de exposición prácticamente continua a lo largo de su vida a micro traumas en la zona lumbar (al haberse desempeñado como peón de campo, policía en labores de vigilancia privada, chofer de camiones); que de la historia clínica obrante a fs. 194, acompañada por Cemla Norte S.A., existía antecedente en el año 1997 de lumbalgia post esfuerzo; que de los estudios auxiliares complementarios de fs. 191 surgían signos de patología columnaria y que en la columna dorso lumbar se evidenció una limitación funcional que otorgaba una incapacidad del 4% (v. fs. 898).
Sin embargo, el juzgador se apartó de la definición del experto en cuanto había consignado que no podía establecerse relación de causalidad entre la enfermedad columnaria y las tareas. Explicó que el desempeño como chofer de colectivos por espacio de quince años, con la exposición de la columna a vibraciones constantes, maniobras de frenado y aceleración recurrentes, y todo ello en posición de sentado, resultó determinante para el desencadenamiento de dicha dolencia (v. fs. cit.). Teniendo en cuenta los factores precedentes, constitutivos y predisponentes señalados, el a quo entendió que correspondía considerar como atribuible a la actividad de chofer desempeñada por el señor Sandoval un porcentaje de incapacidad del 3% (v. fs. 898 vta.).
Ponderó además la pericia psiquiátrica también practicada en autos y concluyó que el trabajador era portador de "Síndrome Cerebral Orgánico Grado III (Síndrome de deterioro cognitivo vascular)" que lo incapacitaba de manera absoluta y permanente en el 70% del índice de la total obrera, y que al respecto, el perito había destacado que era posible que tanto la diabetes como las psicopatías múltiples hayan llevado a que el actor posea la afección señalada (v. fs. 899).
Con todo, analizando en conciencia las conclusiones de los galenos intervinientes y las distintas impugnaciones efectuadas, el sentenciante determinó que la patología que presentaba el trabajador desde el punto de vista psiquiátrico no guardaba relación de causalidad alguna con las tareas de chofer de colectivos prestadas para la demandada Línea 71 S.A. Agregó que el propio actor había señalado en el expediente acumulado (en rigor, sus copias certificadas), coincidiendo con la experta, que "...la diabetes y el trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo llevaron a que el actor padezca del 'Síndrome de deterioro cognitivo vascular' que lo incapacita en forma absoluta...", no estableciendo en momento alguno nexo causal de dichas afecciones con las labores desarrolladas como conductor en el trasporte público de pasajeros (v. fs. 899 in fine ).
Luego, en la sentencia, declaró procedente el reclamo vinculado con la afección columnaria y condenó solidariamente a Línea 71 S.A. y Provincia ART S.A. a pagar a los herederos de Melitón Cipriano Sandoval la suma que determinó en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral, permanente y parcial prevista en la ley 24.557 (v. fs. 903/910).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.