Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120243
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Negri, de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.243, "B., A. D. contra Municipalidad de la Ciudad de Nueve de Julio. Accidente de trabajo".
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida, imponiendo las costas a la parte demandada por los rubros que prosperan y a la actora por los que se rechazan (v. fs. 355/366).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 374/387).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor A. D. B. y condenó a La Segunda ART S.A. a pagarle las prestaciones dinerarias previstas en la ley 24.557 (art. 14 apdo. 2 inc. "a"), más gastos de terapia psicológica y atención psiquiátrica, con motivo del accidente de trabajo que sufrió el día 26 de septiembre de 2006. Rechazó, en cambio, la acción incoada contra dicha aseguradora de riesgos del trabajo y la Municipalidad de 9 de Julio mediante la cual procuraba -con sustento en las normas del derecho común- el resarcimiento integral de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio (v. fs. 355/366).
Al expresar los motivos de dicha decisión, declaró -en lo medular del pronunciamiento- que los elementos obrantes en la causa sólo permitían tener por demostrado el acaecimiento del evento dañoso, sin certeza precisa de las circunstancias en que el mismo se produjera y, por ende, el nexo de causalidad entre el episodio y la incapacidad que el actor invocó como fundamento de su reclamo (v. vered., fs. 355 vta./356 y sent., fs. 360 vta./361).
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la apreciación de la prueba y la violación de la garantía constitucional del debido proceso, los derechos de propiedad y defensa en juicio y los arts. 156 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Inicialmente se alza contra la conclusión del tribunal de grado que tuvo por no acreditada la relación causal entre el accidente de trabajo y el daño padecido.
Señala que no pudo válidamente el a quo determinar que no se había logrado probar en autos la conducta culposa de la Municipalidad demandada cuando el hecho ocurrió mientras el trabajador llevaba a cabo una tarea de excavación bajo sus órdenes, habiéndolo derivado al hospital local a efectos de recibir atención primaria, para finalmente denunciar el suceso ante la aseguradora de riesgos del trabajo con quien tenía celebrado contrato de afiliación.
Sostiene que el sentenciante efectuó una absurda y arbitraria valoración de la prueba, porque la lesión columnaria provocada por el infortunio se produjo cuando el señor B. estaba a disposición de su empleador, quien nunca le proveyó elemento de protección personal alguno para realizar su tarea pese a que la misma era riesgosa (v.gr. guantes, casco, botas, faja).
Expone que, si este último hubiese actuado diligentemente, el siniestro no se hubiera producido, siendo contestes todos los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa en manifestar que trabajaba en el cavado de un pozo con pala.
Aduce que el vicio extremo en la ponderación de la prueba se verifica en la especie al haber desechado el juzgador las conclusiones plasmadas en los informes elaborados por los peritos que intervinieron en la causa.
En este aspecto, indica que el profesional médico sostuvo que "El actor sufrió un accidente mientras se encontraba cumpliendo sus actividades habituales con traumatismo en zona vertebral [...] Que lo incapacita en un 45% en forma parcial y permanente para tareas habituales de nexo concausal" (fs. 379 vta.); determinando la perito psicóloga que, además, es portador de una minusvalía psíquica del 60%. A ello debe sumarse, agrega, lo dicho en la pericia contable, en cuanto a que el actor "fue contratado para obras de cloacas y aguas" y que "no se puso a disposición los exámenes periódicos" (fs. cit.). Finalmente debió tenerse en cuenta, explica, que el experto técnico dictaminó que "no existe en poder de la demandada documentación relativa al funcionamiento que en su establecimiento se lleva a cabo y que las normas vigentes prescriben, entre otras de acuerdo a lo establecido por el decreto reglamentario 351/79 de la ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo" (fs. 380).
En suma, afirma que con todos estos elementos quedó plenamente acreditada la minusvalía y su relación concausal con las tareas cumplidas, demostrándose que la incapacidad laboral obedeció a factores propios del trabajo. Por tal razón, considera que tanto la empleadora como la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada deben responder por la reparación integral del daño. Ello así, por cuanto la primera violó el deber de seguridad al no proveer elementos de protección personal y no realizar exámenes médicos periódicos; y, la segunda, por no controlar y omitir comunicar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo las irregularidades cometidas por su afiliado.
Alega que en el caso resultó violada la doctrina legal delineada por este Tribunal a partir -entre otras- de las causas L. 72.336, "Iommi", sentencia de 14-IV-2004 y L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004.
II.2. Controvierte el rechazo de la indemnización por daño moral reclamada en la demanda al amparo de lo prescripto por el art. 1.078 del Código Civil (ley 340).
Indica que dicho perjuicio tiene entidad conceptual autónoma de las lesiones sufridas, por lo que no puede sostenerse -tal como hubo de hacerlo el tribunal de mérito- que la ausencia de incapacidad física prive al actor de ese resarcimiento.
En apoyo de su postura cita a la doctrina legal emanada de los precedentes L. 61.157, "Figueredo", sentencia de 27-V-1997; L. 68.063, "Montovio", sentencia de 21-VI-2000 y L. 107.424, "Cremaschi", sentencia de 30-V-2012; entre otros.
II.3. Cuestiona también que el tribunal de origen no aplicara retroactivamente las disposiciones de la ley 26.773, declarando previamente para ello la inconstitucionalidad de oficio de las normas que establecen su entrada en vigencia.
Sostiene que dicho órgano jurisdiccional debió ajustar los montos reconocidos en la sentencia por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) previsto en su art. 8 y declarar procedente además el pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de ese mismo régimen legal.
II.4. Por último, refiere que es equívoca la definición de grado que redujo el porcentaje de incapacidad otorgado inicialmente por la Comisión Médica (42%); como así también aquel que fuera fijado por el perito médico en sede judicial (45%).
Sobre el particular, argumenta que el juzgador determinó tal grado de minusvalía por considerar un valor residual, pero sin ponderar que el actor no sufrió ninguna patología o enfermedad preexistente. Si a ello se le suma, dice, que el perito ingeniero dictaminó que al señor B. se le realizó un examen médico pre ocupacional, y que la empleadora no le practicó ningún otro periódicamente, no pudo disminuirse arbitrariamente en la sentencia tales guarismos; máxime cuando no se ha tenido en cuenta el agravante proveniente de la impotencia sexual que la lesión columnaria le ocasionó al trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que concierne al agravio inaugural que contiene la queja, corresponde recordar que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso y establecer si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituyen potestades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 102.695, "Santillán", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 113.326, "Marchetti", sent. de 6-XI-2012; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
También se ha dicho que, para la configuración de aquel vicio lógico, se requiere la existencia de un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones lógicamente insostenibles o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 102.488, "Barrios de Duette", sent. de 23-XI-2011; L. 112.097, "Lauría", sent. de 11-VI-2014 y L. 117.458, "Vidal", sent. de 27-V-2015).
Bajo tales lineamientos, la conclusión que exhibe el fallo de grado no logra ser descalificada.
III.1.a. Al brindar respuesta al interrogante planteado en la segunda cuestión el veredicto el tribunal de origen destacó que al presentarse a juicio la accionada había puesto de manifiesto la disparidad suscitada entre la descripción del infortunio realizada por el actor en el escrito de inicio y aquella otra que había llevado a cabo en el telegrama que luce agregado a fs. 4 (v. fs. 138 vta.); verificando dicho órgano jurisdiccional que, efectivamente, este último había formulado dos relatos diferentes respecto de la forma en que supuestamente se desarrolló el evento, ya que, por un lado, en la demanda consignó que "...se encontraba dentro de una zanja o pozo, con movimientos sincronizados, sacando la tierra hacia afuera de la zanja..." (fs. 55); mientras que en la comunicación que despachó a su empleadora en fecha 14 de agosto de 2007 manifestó "...al caerme en una zanja en la cual estaba laborando..." (fs. 355 vta. y 356).
Luego, y toda vez que la empleadora había controvertido la versión expuesta en la demanda, el juzgador concluyó que no era posible determinar mínimamente los elementos involucrados en dicho suceso, en tanto siquiera se había diligenciado en autos prueba testimonial relativa al accidente de trabajo. De allí que, sentenció, sólo se podía tener por demostrada la existencia del infortunio, pero sin certeza precisa de las circunstancias en que dicho evento aconteciera (v. fs. 356).
Sobre la base de tales premisas, rechazó las indemnizaciones reclamadas contra ambas accionadas con fundamento en las disposiciones de los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. fs. 360 vta. y sigs.).
III.1.a.i. En cuanto a la Municipalidad de 9 de Julio, señaló que no era posible abordar el examen de responsabilidad objetiva ni aun con la moderna interpretación jurisprudencial del concepto "cosa" al que alude el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), asimilándola a la tarea desarrollada por el trabajador, dado que en el presente caso no se había siquiera perfilado debidamente cuál era el despliegue laboral del señor B. al momento del infortunio (v. fs. 360 vta.).
Añadió que tampoco resultaba viable el examen de su responsabilidad subjetiva en el evento, ya que la demanda sólo contiene referencias generales de los deberes de seguridad, sin imputaciones concretas de su conducta con relación al accidente de trabajo (v. fs. 360 in fine vta./361).
Remarcó que el accionante no había descripto cuál era la responsabilidad objetiva o subjetiva del principal, ni el nexo causal entre su comportamiento -activo u omisivo- y/o la cosa con el perjuicio ocasionado (v. fs. 361).
En suma, selló el a quo , si bien el promotor del pleito había referido que el actuar culposo de la Municipalidad de 9 de Julio se configuró por no respetar las normas vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, no especificó en concreto un determinado incumplimiento, ni de qué modo éste intervino en la producción del daño (v. fs. cit.).
III.1.a.ii. Respecto de la responsabilidad civil extracontractual que le atribuyó a La Segunda ART S.A. en los términos del art. 1.074 del Código Civil, señaló el juzgador que el accionante también había plasmado consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales de carácter genérico relativas a la inobservancia de las obligaciones legales a su cargo, pero no acreditó en autos la necesaria existencia de nexo causal entre tales omisiones y el accidente de trabajo sufrido (v. fs. 361).
III.1.b. El recurrente alega -en lo sustancial- que el tribunal de grado arribó a la desestimación de la pretensión indemnizatoria dirigida contra su empleadora por considerar que no se logró demostrar el nexo de causalidad entre la conducta culposa (al omitir entregar elementos de protección personal y realizar exámenes médicos periódicos) y el accidente de trabajo; e invoca la absurda valoración de la prueba testimonial y pericial médica, contable, psicológica y técnica que acreditan -a su juicio- que la incapacidad que porta el actor obedece a factores propios del trabajo.
III.1.c. Los argumentos que nutren este aspecto de la crítica no logran conmover los fundamentos brindados por el tribunal de origen para decidir que los extremos fundantes de la acción impetrada contra la Municipalidad demandada al amparo de las previsiones del derecho común no fueron acreditados.
Sin controvertir frontalmente el razonamiento seguido por el juzgador para arribar a la conclusión que impugna, el agraviado postula una dispar interpretación de la prueba arriba individualizada, atribuyéndole virtualidad suficiente para acreditar los hechos en que sustentó su pretensión indemnizatoria.
La impugnación así planteada no resulta eficaz, pues se empeña en destacar que con tales elementos probatorios se encuentran acreditadas las siguientes circunstancias fácticas: i) que el señor B. trabajaba para la Municipalidad de 9 de Julio en una zanja y que hacía excavaciones; ii) que lo derivó al hospital local para su atención primaria; iii) que denunció el ilícito a la aseguradora de riesgos del trabajo; iv) que la lesión se produjo en su columna mientras estaba a disposición de su empleador; v) que éste no le proveyó nunca de elementos de protección para realizar su tarea; vi) que a consecuencia del evento sufre una incapacidad física del 45% para el desarrollo de sus tareas habituales y psíquica del 60%, las cuales obedecen a factores propios del trabajo y vii) que se encuentran configurados los presupuestos a los que la norma del art. 1.113 del Código Civil (ley 340) condiciona su aplicación, en especial el carácter riesgoso de la tarea desarrollada.
Pero tales invocaciones se apartan de las concretas motivaciones que condujeron al sentenciante a resolver la controversia, definidas por la circunstancia de no haberse podido determinar mínimamente los elementos involucrados en el accidente de trabajo, ello teniendo en cuenta que la Municipalidad controvirtió la versión expuesta por el actor en su escrito de inicio, sin que exista certeza precisa de las circunstancias en que el mismo aconteciera (v. vered., fs. 356).
Nótese que en este último aspecto, el tribunal destacó que no resultaba posible abordar el examen de responsabilidad objetiva, ni aún con la moderna interpretación jurisprudencial del concepto "cosa" al que alude el art. 1.113 del Código Civil (ley 340), dado que en el caso no estaba debidamente perfilado cuál era el despliegue laboral del señor B. al momento del infortunio, ni verificada prueba testimonial del hecho traumático; habiendo incluso la actora brindado dos versiones diferentes del suceso (v. sent., fs. 360 vta.).
Tampoco -indicó- resultaba viable el examen de responsabilidad subjetiva del principal en el evento, pues sólo se habían formulado en el escrito liminar referencias generales de los deberes de seguridad e higiene, pero sin imputaciones concretas de su conducta con relación al infortunio; no describiéndose además el nexo causal entre tal comportamiento -activo u omisivo- y/o la cosa con el daño producido (v. sent., fs. 361).
En ese esquema de análisis, y no sin resaltar que a tenor de las motivaciones esgrimidas en este pasaje de la presentación, la denuncia de absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso devenía ineludible, la crítica no ha de ser receptada, pues se revela disociada del desarrollo expuesto por los magistrados de origen y que diera sustento al fallo.
Luego, toda vez que la argumentación que porta el recurso se sostiene -reitero- a partir de la disímil significación que el recurrente le atribuye a los elementos de juicio evaluados, la conclusión alcanzada en la instancia de origen ha de permanecer firme. Ello así, pues la mera discrepancia en el modo de apreciación de las pruebas resulta un método inapropiado para evidenciar la existencia del absurdo, es decir, el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas L. 89.305, "De La Tebez", sent. de 14-IV-2010 y L. 95.251, "Díaz", sent. de 8-IX-2010).
Así, conforme los lineamientos antes señalados y toda vez que la revisión del pronunciamiento en crisis halla estrecha vinculación con la aptitud de la réplica para enervar el fundamento esencial del dispositivo cuestionado o las motivaciones sobre las que aquél se estructura -extremo no configurado en la especie-, surge notoria la insuficiencia técnica del recurso para lograr su cometido, no pudiendo este Tribunal suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones incurridas por la parte interesada a fin de habilitar la instancia revisora (causas L. 96.275, "S., A. I.", sent. de 15-IV-2009 y L. 96.483, "Amado", sent. de 7-X-2009).
III.1.d. Tampoco resulta conducente la invocada transgresión de la doctrina que emana -entre otras- de las causas L. 72.336, "Iommi", sentencia de 14-IV-2004 y L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004 (v. fs. 381 vta. in fine /382 vta.); ni la predicada atribución de responsabilidad de la empleadora por haber omitido adoptar las medidas necesarias en materia de seguridad e higiene para resguardar la integridad psicofísica del trabajador (v. rec., fs. 381), así como de La Segunda ART S.A. por no cumplir con el debido contralor, no comunicar a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo tales circunstancias y no brindar asesoramiento continuo para la prevención de accidentes (v. rec., fs. 381 vta.). Tales alegaciones no logran variar la suerte adversa del embate, dado que en la especie no fue comprobado, precisamente, el presupuesto esencial e inicial para atribuirles responsabilidad civil extracontractual a ambas accionadas, esto es, la existencia de elementos mínimos que permitan establecer el modo en que se produjo el siniestro laboral o su mecánica.
III.1.e. Afirma el recurrente que el tribunal de origen "tampoco ha hecho lugar al daño moral solicitado en el escrito inicial configurado en el art. 1.078 del Código Civil, en la inteligencia que desechada la acción por vía de la reparación integral, este rubro o partida también correría idéntica suerte" (fs. 382 vta.). Luego cita en su apoyo distintos precedentes que considera vulnerados.
Lo señalado por el recurrente carece de correlato en el pronunciamiento que impugna; de allí que su agravio deviene inatendible en tanto parte de una premisa errónea a la luz del texto expreso de la sentencia que es motivo de agravio.
III.2. Por otra parte, no puede prosperar el agravio vinculado a la petición de incrementar -por aplicación de la ley 26.773- la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial que le fuera reconocida al compareciente en la sentencia impugnada.
Con rel
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