Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120771
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Negri, Soria, Genoud, de Lázzari, Kogan, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.771, "Derra, Fernando Raúl contra Provincia ART S.A. Daños y perjuicios".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la demanda deducida, imponiendo las costas a la parte actora por resultar vencida (v. fs. 300/301 y 303/307).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 326/352 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado desestimó la demanda promovida por el señor Fernando Paul Derra contra Provincia ART S.A., por la que procuraba -con sustento en las disposiciones del derecho común (arts. 502, 902 y 1.074, Cód. Civ.)- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió el día 7 de septiembre de 2011 (v. fs. 300/301 y 303/307).
Para así resolver, sostuvo que, si bien no resultó controvertida la existencia del infortunio, en cambio, no se había producido en autos prueba alguna que acredite que el actor padeciera una incapacidad vinculada a dicho evento (v. fs. 304 vta. y 305).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.109, 1.074 y 1.109 del Código Civil -ley 340- (hoy arts. 1.716, 1.725, 1.749 y 1.757, CPCCN); 163 inc. 5, 374, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, se agravia de la decisión del tribunal de grado en cuanto juzgó no acreditada la existencia de incapacidad alguna derivada del accidente de trabajo acaecido durante el desarrollo de las tareas que prestó a órdenes de la Municipalidad de Junín.
En tal sentido, alega que no se encontró discutido en autos dicho infortunio. Tampoco, que Provincia ART S.A. recibió la denuncia del siniestro, aceptó su cobertura por entender que aconteció en ocasión del trabajo y determinó una incapacidad permanente parcial y definitiva del 32%.
Ahora bien, señala, por conducto de juzgar que en autos se había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la Ley de Riesgos del Trabajo, encontrándose tal resolución firme y consentida por las partes y pasada en autoridad de cosa juzgada, el a quo consideró que dicho trámite administrativo había perdido validez y no podía tomarse en cuenta para acreditar ninguna de las cuestiones debatidas en la causa.
Alega que con ese razonamiento el órgano de grado omitió considerar que si bien tales actuaciones pudieron haber perdido virtualidad, con la copia certificada del dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional en el expediente 014-L-01236/12, así como de la denuncia del accidente de trabajo ofrecida en el escrito de promoción de la demanda y la informativa (oficios cursados a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a la Comisión Médica Jurisdiccional de Junín) que lucen agregados a estos actuados, se configuran los elementos probatorios con los que el tribunal pudo llevar a cabo el proceso volitivo de la sentencia, resultandoéstos -a contrario de lo sostenido en el pronunciamiento- hábiles y útiles para resolver la contienda.
Manifiesta que con la mencionada prueba documental emerge prístina la existencia del daño que afecta al actor -agudeza visual bilateral 1/10, sumado a la disminución del campo visual- y la incapacidad que, de conformidad con lo dictaminado por la Comisión Médica Jurisdiccional, dichas dolencias le provocan, esto es, un 94,58% del índice de la total obrera; siendo consentida por todas las partes del proceso al no merecer reproche alguno o prueba en contrario de las demandadas que la desvirtúe.
Argumenta que con tales elementos se encuentra demostrado que Provincia ART S.A. y la Municipalidad de Junín no resguardaron la integridad psicofísica del trabajador, cumpliendo defectuosamente el ejercicio regular de los deberes impuestos por las leyes 19.587, 24.557 y 26.773, configurándose su responsabilidad civil y la consecuente obligación de responder patrimonialmente por el perjuicio ocasionado.
Reitera que el dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional en el expediente 014-L-01236/12, que determinó una minusvalía del 94,58%, fue acatado por todas las partes involucradas, quienes no acudieron a vía recursiva alguna, no habiendo tampoco Provincia ART S.A., ni la Municipalidad de Junín, solicitado la producción de una pericia médica que desvirtuara la existencia de la contingencia ni el porcentual incapacitante derivado de la misma.
Esgrime, además, variadas consideraciones mediante las cuales intenta poner de manifiesto la acreditada configuración en la especie de los presupuestos condicionantes de atribución de responsabilidad civil extracontractual de la aseguradora de riesgos del trabajo demandada y de la empleadora (v.gr. la existencia del daño, el carácter riesgoso o vicioso de la cosa, identificando a esta última con la actividad desplegada por el accionante, la calidad de dueño o guardián de la misma y el nexo de causalidad).
Finalmente peticiona se deje sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado.
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que el veredicto de fs. 300/301 carece de fecha y de indicación del lugar en el que se dictó, incumpliendo de tal modo con las prescripciones contenidas en el primer párrafo del art. 47 de la ley 11.653. Asimismo, se observa que la secretaria del tribunal de origen no rubricó el mentado veredicto, ni la sentencia, limitándose a suscribir solamente la constancia de registro respectiva (v. fs. 307).
Los defectos apuntados constituyen una falencia de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, estimo fundada la disconformidad que exhibe el agraviado respecto de la conclusión plasmada en el pronunciamiento del tribunal de trabajo que dispuso el rechazo íntegro de la demanda.
III.2.a. Fernando Paul Derra inició estas actuaciones reclamándole a Provincia ART S.A. el pago de una indemnización integral -sustentada en las disposiciones del derecho común (arts. 512, 902 y 1.074, Cód. Civ.) en virtud de los incumplimientos que le endilgó en materia de prevención y control que la ley pone a su cargo- por el accidente de trabajo que protagonizó el día 7 de septiembre de 2011 mientras prestaba tareas en la planta de hormigón armado de la Municipalidad de Junín, cuando al abrir un tambor que contenía tricloruro de fósforo se produjo una emanación de vapor que afectó su piel y, principalmente, sus ojos, con una severa irritación y posteriores infecciones que requirieron tratamiento oftalmológico (v. dem., fs. 32/87).
III.2.b. En oportunidad de responder al escrito de inicio, Provincia ART S.A. estructuró su defensa en torno a la improcedencia de la pretensión de condena en los términos del derecho civil oponiendo excepción de falta de legitimación pasiva, toda vez que -dijo- sólo se encontraba obligada a otorgar las prestaciones de la ley 24.557. Destacó que recibió la denuncia del siniestro sufrido por el actor, aceptando su cobertura por entender que ocurrió en ocasión del trabajo y otorgándole en fecha 25 de septiembre de 2012 el alta médica con incapacidad, la cual fijó en un 32% del índice de la total obrera. También referenció que, al no hallarse conforme con el porcentual de minusvalía adjudicado, el trabajador acudió por ante la Comisión Médica local, órgano que -dijo- por dictamen emitido en el día 19 de noviembre de 2012 en el expediente n° 014-L-01236/12, determinó que Derra presentaba "agudeza visual 1/10 bilateral, disminución del campo visual bilateral" y una incapacidad laboral constatada del 94,58%, siendo la misma de carácter provisoria por el término de tres años. Luego, refirió que el promotor del pleito había omitido ofrecer medios de prueba idóneos para acreditar la supuesta existencia de incapacidad y, en su caso, el origen y carácter de la misma. Finalmente, defendió la validez del régimen especial de reparación de infortunios laborales contemplado por la ley 24.557 y citó como tercero a la Municipalidad de Junín (v. fs. 101/114 vta.).
III.2.c. Esta última se presentó a juicio y negó que en la planta de hormigón armado donde prestaba servicios el accionante (ni en ninguna otra dependencia municipal) se utilizara tricloruro de fósforo, por lo que -afirmó- el supuesto daño provino de un accidente absolutamente casual, ajeno a todo incumplimiento de la empleadora, no verificándose en la especie responsabilidad alguna de su parte, ni objetiva ni subjetiva, en los términos de los arts. 1.113 y 1.109 del Código Civil (v. fs. 143/151).
III.2.d. Al brindar tratamiento al interrogante planteado en la primera cuestión del veredicto, el tribunal de trabajo señaló que la existencia misma del accidente de trabajo no había sido controvertida por la aseguradora de riesgos del trabajo demandada; ello atento los términos de su escrito de responde (v. fs. 300 vta.).
Indicó, además, que la pericia contable producida a fs. 234 y siguientes había dictaminado afirmativamente sobre la ocurrencia del evento en la fecha referida en la demanda; también respecto de las prestaciones en especie, médicas y dinerarias brindadas; así como las demás notas tipificantes de la relación laboral mantenida entre el actor y la Municipalidad de Junín (v. fs. cit).
Luego, en la segunda cuestión que integró el fallo de los hechos, el órgano jurisdiccional de grado determinó que ninguna prueba se había producido en autos que acredite que el accionante padezca incapacidad vinculada con el infortunio (v. fs. 300 vta. in fine y 301).
Ya en la etapa de sentencia, concluyó que la pretensión indemnizatoria integral debía rechazarse, toda vez que -explicó- en las presentes actuaciones se había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, decisión que se encontraba firme y consentida por las partes y pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que el trámite sustanciado en sede administrativa había perdido validez y no podía tomarse en consideración para la acreditación de ninguna de las cuestiones aquí debatidas; no habiendo el actor producido prueba hábil y útil que demuestre la existencia de secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo.
III.3. Como es sabido, la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, y las conclusiones que al efecto formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo que se demuestre el excepcional vicio de absurdo (causas L. 111.692, "Tersiese", sent. de 6-III-2013; L. 110.492, "Augusto", sent. de 16-X-2013; L. 116.502, "Lescano", sent. de 23-IV-2014 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
Ahora bien, como surge de los antecedentes reseñados en el apartado anterior, el juzgador de origen consideró que no se probó la existencia de secuelas incapacitantes a raíz del infortunio padecido por el actor.
III.3.a. Esta decisiva conclusión del pronunciamiento, tal como acertadamente lo postula el recurrente, es producto de un razonamiento absurdo, pues para arribar a esa solución prescindió del análisis de las constancias que surgen de la causa.
En tal sentido, tiene dicho esta Suprema Corte que uno de los supuestos típicos de absurdo lo constituye la prescindencia de pruebas que pueden resultar esenciales o decisivas para la solución del pleito, alejando de tal forma la posibilidad de llegar a la verdad material, pues aunque los jueces del fuero laboral tienen gran amplitud para valorar y seleccionar en conciencia el material probatorio, ello no los habilita a desconocer elementos de juicio que en cada caso adquieren particular significación por su vinculación necesaria con el resultado al que se arriba en el fallo (causas L. 107.785, "Giménez", sent. de 3-X-2012; L. 116.450, "Bernar", sent. de 2-VII-2014; L. 117.036, "Blanco", sent. de 10-XII-2014 y L. 117.549, "Spoerle", sent. de 6-IV-2016).
III.3.b. Desde la simple lectura de la sentencia se observa que los motivos expuestos por el juzgador se agotan, indudablemente, en una afirmación teñida de absoluto dogmatismo y que no encuentra respaldo en los elementos de juicio que surgen de la causa.
En efecto, conforme lo pone de resalto el interesado, el a quo incurrió en la omisa valoración de las copias certificadas del expediente 014-L-01236/12, incorporadsa a las presentes actuaciones a instancias de la producción de la prueba informativa aportada por la parte actora (v. fs. 193/201), y que dan cuenta, inequívocamente, del siniestro denunciado, las circunstancias en que ocurrió y de la incapacidad derivada del mismo (94,58% del índice de la total obrera, según dictamen emitido por la Comisión Médica Jurisdiccional).
En este aspecto, he de observar que no resulta conducente lo manifestado por el sentenciante en punto a restarle toda eficacia y validez probatoria a la documental allí adjuntada, por la mera circunstancia de haber declarado dicho órgano jurisdiccional la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y su competencia para entender en autos (v. sent., fs. 304 in fine y vta.).
En efecto, no pudo válidamente el a quo descartar la totalidad de los elementos obrantes en el trámite administrativo seguido por el actor en el curso de dicho procedimiento. Máxime cuando de dicha documental se exhibe nítidamente el reconocimiento que Provincia ART S.A. hubo de formular en relación a la existencia del accidente, su cobertura y la estimación de un primer porcentaje de incapacidad derivado del infortunio (32%), y al acatamiento que dicha entidad llevó a cabo respecto de lo dictaminado por la Comisión Médica Jurisdiccional en cuanto sostuvo que Fernando Paul Derra es portador de una incapacidad permanente, total y provisoria del 94,58% (v. fs. 193/201).
Resulta evidente, entonces, que la decisión del tribunal de grado convalida la antitética postura de la demandada de autos quien, inicialmente, admitió a lo largo de la tramitación de las actuaciones administrativas que el actor era portador de una minusvalía vinculada al accidente de trabajo, para luego, en sede judicial, desconocer el origen y carácter de la misma (v. fs. 103 vta.), lo cual implicó ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, resultando tal pretensión inatendible (causas L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016.
Ello, sumado -reitero- a la ausencia de ponderación de las actuaciones instruidas en sede administrativa patentiza la deficiente labor valorativa llevada a cabo por el tribunal de origen, evidenciando un absoluto desapego a las constancias de la causa y el absurdo razonamiento que lo condujo a resolver como lo hizo, en tan escueta decisión que no revela un detenido y pormenorizado análisis de los elementos probatorios incorporados, soslayando su ponderación, la cual resultaba esencial para la resolución de la contienda.
En consecuencia, considero que debe acogerse la vía extraordinaria intentada y revocarse la decisión objetada, en cuanto juzgó "...que no se ha constatado en autos, daño alguno originado en el accidente referido como el que se requiere para endilgar la responsabilidad jurídica pretendida" (v. fs. 305), devolviendo los autos al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces y previa renovación de los actos procesales pertinentes, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con los planteos articulados por las partes.
III.3.c. Lo precedentemente expuesto de ninguna manera importa admitir la existencia de los actos de incumplimiento endilgados a la aseguradora de riesgos del trabajo, ni mucho menos, aun constatados, su presunta relación de causalidad o concausalidad con el accidente; sino que se trata de afincar la necesidad de brindar una definición respecto de los extremos en los que hubo de fundarse su responsabilidad en los términos de los arts. 502, 902 y 1.074 del Código Civil; así como también aquella que le pudiere corresponder a quien fuera citada al pleito como tercero por parte de Provincia ART S.A., esto es, la Municipalidad de Junín en su calidad de empleadora.
III.4. Lo resuelto torna inoficioso el tratamiento del agravio por el que se objeta la imposición de costas y la regulación de honorarios practicada en la instancia de grado.
III.5. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de las sentencias que esta Corte ha debido revisar. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede ser exigido el cumplimiento puramente formal de cada una de las reglas que lo regulan. Pero tampoco es terreno anómico donde las cosas puedan hacerse de cualquier manera. Así, la falta de fecha y lugar en el veredicto, como la omisión del Actuario de rubricar la sentencia, se constituyen en evidencias de la displicencia y liviandad con que los intereses en juego han sido tratados.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, y revocar la decisión de grado con el alcance establecido en el punto III.3.
Los autos deben volver al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y previa renovación de los actos procesales pertinentes, dicte el pronunciamiento que corresponda de conformidad con los planteos articulados por las partes en torno al aspecto de la decisión que ha sido casada.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
A excepción de lo manifestado en el punto III.5., adhiero al voto del doctor Pettigiani.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso prospera conforme lo que sigue.
I.1. Con fundamento en disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (aunque planteando la inconstitucionalidad de algunos de sus preceptos; v. fs. 52 vta.) y el anterior Código Civil, el actor promovió demanda con motivo del accidente de trabajo que adujo haber protagonizado el 7 de septiembre de 2011, en cumplimiento de sus tareas habituales en la planta de hormigón de la Municipalidad de Junín, al quedar expuesto a una sustancia tóxica (tricloruro de fósforo) que le provocó afecciones en piel y ojos.
Invocó en su apoyo el dictamen de la Comisión Médica 14 de Junín (v. fs. 35) que había establecido una minusvalía provisoria del 94.58%, y estimó su incapacidad en idéntico porcentaje atribuyéndole cará
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