Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 67134
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Negri, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 67.134, "Basualdo, Jorge E. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".
I. Jorge Ermindo Basualdo, por derecho propio, con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 30 de julio de 2001 y 8 de marzo de 2002 adoptadas en el sumario 10.915 por el Gerente General de esa Institución, mediante las cuales se dispuso aplicarle la sanción de tres días de suspensión y se le formuló cargo patrimonial y la número 1.337/03 del 28 de agosto de 2003 dictada por el Directorio de dicha entidad, a través de la cual se rechazó el recurso de revocatoria intentado.
A fs. 36/41 se presenta nuevamente el accionante y amplía demanda. Peticiona se dejen sin efecto las resoluciones 1.563/03 y 436/04 dictadas por el Directorio del Banco Provincia en el marco del sumario 11.312. Por la primera de ellas, se le aplicó la medida de suspensión por veinte días y se le impuso un cargo patrimonial y por la segunda se rechazó el recurso incoado.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita el reintegro de toda suma que haya dejado de percibir en concepto de remuneración por las medidas adoptadas y de los cargos patrimoniales, con actualización, intereses y costas. También pide el pago de una indemnización de cuarenta y dos mil pesos -$42.000- en concepto de daño moral.
Asimismo requiere, como medida cautelar, se ordene a la demandada el reintegro de las sumas descontadas, producto de las decisiones disciplinarias impugnadas.
II. Por resolución del 3 de febrero de 2005 el Tribunal resolvió rechazar la medida solicitada (v. fs. 64/66).
III. Corrido que fuera el traslado de ley, se presenta en juicio el representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires y solicita el rechazo de la pretensión actora.
IV. Agregadas, sin acumular, las actuaciones sumariales 11.312 y 10.915 sustanciadas en sede de la entidad demandada, glosados los cuadernos de prueba de ambas partes y el alegato de la demandada, no habiendo hecho uso de ese derecho la actora, y encontrándose los autos en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Relata el actor que el sumario 10.915 abierto por el Banco accionado en la filial Daireaux donde prestaba servicios, fue iniciado como consecuencia de una investigación que se realizara a otro funcionario (señor Raúl Daniel Pérez) que se desempeñaba en la referida sucursal como Jefe de Área y quien finalmente tomó la decisión de suicidarse.
Explica que en esas actuaciones se le imputó haber abonado a través de su puesto en tesorería, dos libranzas de caja de ahorros al señor Pérez quien no era titular de esas cuentas y había falsificado sus firmas.
Sostiene que la instrucción no probó el cargo imputado.
Aduce que los actos administrativos impugnados son irrazonables, arbitrarios y carecen de motivación.
Alega que el instructor concluyó que el Jefe de Área Pérez había engañado al personal de tesorería. Entiende que ello configura un error excusable que lo libera de responsabilidad.
En relación al cargo patrimonial formulado, arguye que se encuadró su conducta como imprudente, apartándose de las constancias del sumario. Asevera que resulta violatorio del art. 9 del Régimen Disciplinario en cuanto establece los límites a la reparación de los perjuicios.
Afirma que la medida adoptada prescinde de sus excelentes antecedentes personales y del dictamen legal, agravando la sanción sugerida con total ausencia de motivación.
Esgrime que en el caso la reiteración no puede ser considerada como agravante, en virtud de haber sido víctima de engaños reiterados por parte del agente Pérez.
En otro orden cuestiona el dictamen legal en base al cual se recomendó no efectuar denuncia penal y también el que autorizó el pago de remuneraciones adeudadas a dicho funcionario.
Manifiesta que las resoluciones impugnadas son violatorias del art. 160 del Reglamento de Disciplina y afectaron su derecho de defensa y debido proceso legal. En este sentido, objeta la falta de acumulación de los sumarios 10.915 y 11.312. Manifiesta que solo se invocaron razones de servicio, sin motivar debidamente esa decisión.
I.2. Posteriormente, el actor amplía demanda y solicita se dejen sin efecto las resoluciones 1.563/03 y 436/04 dictadas en el marco del sumario 11.312, por medio de las cuales se le aplicó la medida de suspensión por veinte días y se le impuso un cargo patrimonial.
En primer lugar, se agravia de la denegatoria de la Institución demandada de acumular ambos sumarios.
Puntualiza que en esa investigación se le reprochó que como cajero abonó indebidamente a la señora Devito de Cereijo, auxiliar en la filial Daireaux, débitos sobre las cuentas corrientes de diversos clientes por un total de $41.442.
Apunta que en la sucursal donde prestaba servicios se habían llevado a cabo varias investigaciones, sin involucrar a las autoridades de la sucursal. Aduce que el personal subordinado resultó sancionado y que los funcionarios de jerarquías superiores o no fueron incluidos en los sumarios o no resultaron sancionados.
Denuncia la ausencia de fundamentos por los que se omitió investigarlos y que ello constituye un trato discriminatorio.
Infiere que, por tratarse de situaciones contemporáneas, no obstante que uno de los sumarios haya sido resuelto con anterioridad, no corresponde que ese sea tomado como agravante de la investigación que culminó posteriormente.
Finalmente ofrece prueba y plantea el caso federal.
II. A su turno, la accionada argumenta a favor de la legitimidad del obrar administrativo y requiere el rechazo de las pretensiones del actor.
Efectúa una pormenorizada negativa de las circunstancias introducidas en la demanda.
Bajo el rótulo "improcedencia formal de la demanda" descalifica las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento por entender que el sumario se desarrolló cumpliendo todos los requisitos procesales vigentes en la materia, negando que hubieran existido violaciones y arbitrariedades procedimentales en las instrucciones llevadas a cabo por la Gerencia de Sumarios del Banco.
Indica que el actor insiste en sostener su falta de responsabilidad no obstante que en su declaración indagatoria reconoció su sello de caja y código para las transacciones realizadas.
Explica que la omisión en sus deberes ocasionó un perjuicio patrimonial a la demandada, que debió restituir a los titulares de las cuentas los montos sustraídos.
Argumenta que los elementos de convicción acumulados en los sumarios deben apreciarse teniendo en cuenta las facultades disciplinarias de la Administración, con total independencia de la valoración que la conducta reprochada al agente pueda merecer penalmente.
A continuación, destaca que la demanda no puede prosperar, en razón de que las resoluciones de la Gerencia General y del Directorio, han sido dictadas luego de un amplio y exhaustivo procedimiento administrativo, cumplimentado y desarrollado con sujeción a las pautas de la normativa aplicable al caso (Carta Orgánica -ley 9.434-, el Reglamento de Disciplina del Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Estatuto).
Afirma que no ha habido conculcación alguna de derechos o garantías constitucionales, que hubieran afectado siquiera provisoriamente los derechos a la defensa en juicio, al debido proceso o a la igualdad ante la ley como manifiesta el actor.
Esgrime que en la tramitación de los sumarios el agente tuvo oportunidad de ejercer esos derechos, prestó declaración indagatoria, presentó su defensa y descargo.
Sostiene que los cargos han sido debidamente probados, encuadrando la conducta reprochada en la trasgresión de los arts. 21 incs. "a" y "t" del Estatuto para el Personal del Banco y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina.
Explica que las resoluciones dictadas no han considerado agravantes en los términos del art. 11 del Reglamento de Disciplina como aduce el actor, sino que en virtud de lo dispuesto por el art. 24 inc. "c" del citado reglamento, en el caso se contempló la reiteración de conductas pasibles de sanción allí previstas.
Destaca que el agente no ha cuestionado la materialidad infraccionaria ni el grado de participación que se le endilgó en su comisión, así como tampoco impugnó el encuadre legal.
Indica que tampoco ha acreditado la existencia de algún supuesto de nulidad o arbitrariedad en el ejercicio de la potestad disciplinaria por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el que cuenta con la presunción de legitimidad de la que gozan los actos administrativos.
Finalmente ofrece prueba y deja planteado el caso federal.
III. De las actuaciones administrativas, agregadas sin acumular a la causa, surgen las siguientes constancias útiles para decidir la presente controversia:
III.1. Sumario administrativo 10.915 (agregado en fotocopias):
III.1.a. La investigación se inicia por el reclamo efectuado en la sucursal Daireaux, por el cliente Héctor A. Miguel, titular de la caja de ahorros número 5.147/0, por un presunto faltante de u$s50.000. En su denuncia alega que era atendido por mostrador por el señor Raúl Daniel Pérez, Jefe de Área a cargo del sector de Caja de Ahorros (v. fs. 1/44).
El Área de Personal de la Gerencia de Recursos Humanos informa que el agente Pérez se suicidó el 7 de junio de 1999 (v. fs. 1).
Por resolución del 30 de junio de 1999, la Gerencia General del Banco resuelve instruir sumario administrativo a fin de dilucidar lo acontecido y establecer las responsabilidades emergentes (v. fs. 45).
III.1.b. A fs. 105/116 obra el detalle de movimientos objetados en cajas de ahorros, del perjuicio a través del sector Contaduría y de las operaciones dolosas abonadas a través de la Tesorería.
III.1.c. A fs. 129/130 se halla glosada la declaración indagatoria del señor Jorge Ermindo Basualdo.
III.1.d. Por resolución de la Gerencia General del 13 de septiembre de 1999, se dispuso facultar a las autoridades de la sucursal Daireaux a la apertura de una cuenta, a los efectos de atender el perjuicio ocasionado y resuelve consultar a la Gerencia de Legales sobre la procedencia de radicar una denuncia en sede penal (v. fs. 174/175).
III.1.e. A fs. 187 la Gerencia de Legales del Banco recomienda no formular denuncia penal ante la muerte del presunto responsable del ilícito investigado.
III.1.f. A fs. 309/316 obra copia del legajo personal del señor Basualdo.
III.1.g. En los términos de lo normado por el art. 129 del Reglamento de Disciplina, el agente tomó conocimiento del siguiente cargo endilgado por la autoridad administrativa (v. fs. 357):
Se imputó que "...desempeñándose como Auxiliar Cajero Accidental en la filial Daireaux y teniendo a su cargo el sello de caja adicional 'Caja N° 9', no dio cumplimiento a lo normado en el Grupo 2 Parte I Circular 2 punto 1.1, toda vez que abonó a través de su puesto de Tesorería las siguientes libranzas: Cuenta N° 5.432/1 [...] El 13-04-98 por $1.000; Cuenta N°4015/0 [...] el 29-01-99 por $1.000 [...] al señor Raúl Daniel Pérez quien no era titular, representante legal o cesionario en dichas cuentas, permitiendo de esa forma que éste perpetrara maniobras dolosas mediante la falsificación de sus firmas libradoras ocasionando un perjuicio a la Institución hasta la fecha no resarcido".
Luego, el agente tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 357). También pidió y extrajo fotocopias (v. fs. 358).
III.1.h. A fs. 378/380 efectuó descargo.
III.1.i. A fs. 382/389 se halla glosado el informe final de la instrucción.
III.1.j. A fs. 409/412 se adjuntó el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes en relación a todos los agentes involucrados en la investigación.
En punto a Jorge Ermindo Basualdo, sugirió la sanción de apercibimiento (art. 3 inc. "b", Reglamento de Disciplina).
En cuanto al aspecto económico, coincide con la determinación del perjuicio patrimonial imputable. Finalmente, en lo que atañe al cargo patrimonial, considera adecuada la evaluación de la responsabilidad de todos los agentes sumariados y que conforman personal de Tesorería: culpa en grado de imprudencia (v. fs. 412).
III.1.k. La Gerencia General del Banco, en lo que aquí interesa, resolvió "...suspender por el término de tres (3) días a [...] Jorge Ermindo Basualdo..." lo encontró responsable del cargo que le fuera formulado, encuadrando su conducta en la trasgresión de los arts. 21 incs. "a" y "t" del Estatuto para el Personal del Banco y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina (art. 5, resol. de 30-VII-2001, v. fs. 413/420).
Dispuso formular cargo patrimonial al señor Basualdo por la suma de $1.638,66 detallada en el art. 7 de la mentada resolución. Asimismo, se calificó su conducta como culposa -no excusable- en grado de imprudencia, limitando su responsabilidad a un 80% del perjuicio imputado (v. fs. 419/420).
III.1.l. El encartado dedujo recurso de revocatoria (v. fs. 492/498).
III.1.m. A fs. 503/505 se encuentra glosado un nuevo dictamen de Legales que sugiere rechazar el recurso interpuesto.
III.1.n. Con fecha 8 de marzo de 2002, la Gerencia General del Banco rechazó el remedio intentado (v. fs. 508/511).
III.1.ñ. A fs. 551/554 obra el recurso de apelación interpuesto por el agente.
III.1.o. A fs. 582/585 luce la resolución 1.337/03 por la que el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires resuelve no hacer lugar al remedio intentado.
III.2. Sumario administrativo 11.312 (en original):
III.2.a. Fue iniciado con fecha 11 de junio de 2001, a raíz de irregularidades detectadas en la sucursal Daireaux, protagonizadas por la agente Matilde Devito de Cereijo, Auxiliar del sector Créditos, quien desvió en reiteradas oportunidades sumas de dinero a cuentas corrientes de distintos clientes, retirando luego las sumas a través de débitos internos a esas cuentas, que percibía por Tesorería (v. fs. 1/5).
III.2.b. A fs. 17/36 la Auditoría General del Banco produjo un informe con el detalle de las irregularidades detectadas.
III.2.c. Con fecha 27 de julio de 2001 se agregó un informe de la sucursal Daireaux, del que surge la lista de empleados posiblemente implicados en los hechos (v. fs. 56/60).
III.2.d. Con fecha 3 de agosto de 2001, los presuntos implicados fueron citados a prestar declaración indagatoria. Entre ellos se encuentra el accionante (v. fs. 157).
III.2.e. A fs. 112/116 se adjuntó una copia del legajo personal del agente.
III.2.f. Con fecha 27 de agosto de 2001 prestó declaración indagatoria el Auxiliar Cajero Jorge Ermindo Basualdo (v. fs. 189/191).
III.2.g. A fs. 249 se procede a la formulación de cargos al agente Rodríguez: Se imputó que:
Desempeñándose como cajero en la sucursal Daireaux, teniendo a su cargo el sello adicional n° 9 y luego reemplazado por el personalizado n° 2 "...abonó indebidamente a través de su puesto de Tesorería en 39 oportunidades, débitos sobre las cuentas corrientes de diversos clientes por un total de $41.442.- a la Sra. Matilde Raquel Devito de Cereijo quien no era titular, representante legal o cesionaria en dichas cuentas, permitiendo así que dicha agente perpetrara maniobras dolosas, las que ocasionaron un perjuicio patrimonial a la Institución a la fecha no resarcido."
Luego, el agente tomó vista y se notificó de lo actuado, así como del plazo concedido para su defensa (v. fs. 249).
III.2.h. A fs. 319/321 efectuó descargo.
III.2.i. A fs. 597/607 se halla glosado el informe final de la instrucción.
III.2.j. Con fecha 14 de julio de 2003 se produjo el dictamen de la Gerencia de Dictámenes e Informes en relación a todos los agentes involucrados en la investigación (v. fs. 669/673).
En punto a Jorge E. Basualdo, sugirió la sanción de suspensión por el tiempo que determine la superioridad (art. 3 inc. "d", Reglamento de Disciplina).
III.2.k. El Directorio del Banco, en lo que aquí interesa, resolvió "...suspender por el término de veinte (20) días a [...] Jorge Ermindo Basualdo..." lo encontró responsable del cargo que le fuera formulado, encuadrando su conducta en la trasgresión de los arts. 21 incs. "a" y "t" del Estatuto para el Personal del Banco y 24 inc. "c" del Reglamento de Disciplina (v. art. 4, resol. 1.563/03, de 2-X-2003; fs. 682/698).
Dispuso formularle cargo patrimonial por la suma de $14.919,12 detallada en el art. 23 de la mentada resolución. Asimismo, se calificó su conducta como culposa -no excusable- en grado de imprudencia, limitando su responsabilidad a un 90% del perjuicio imputado, dejando supeditado su efectivización a las resultas de las acciones que se inicien contra la señora Devito de Cereijo.
III.2.l. El encartado dedujo recurso de revocatoria (v. fs. 752/756).
III.2.m. El Directorio del Banco, con fecha 22 de abril de 2004, rechazó el recurso intentado (v. resol. 436/04; fs. 765/767).
IV. En primer término, he de referirme al reparo efectuado por la demandada en el punto II.C. de su responde. El representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires titula dicho apartado como "Improcedencia formal de la demanda".
No obstante tal afirmación, no surge de la lectura de los párrafos que integran ese capítulo (v. fs. 127 vta./128 vta.), argumento alguno que constituya una oposición a la admisibilidad de la pretensión.
Por ello el extremo denunciado, que se limita únicamente a descalificar las objeciones del actor relativas al trámite del procedimiento, carece de entidad para ser considerado una defensa válida o excepción procesal y, en consecuencia, debe ser desestimado como tal y analizado junto con los argumentos de fondo.
V. Expuestos los antecedentes de la causa, el asunto materia de decisión se circunscribe a determinar si la imposición de las sanciones correctivas y los cargos patrimoniales impuestos al agente en los sumarios 10.915 y 11.312, resultan o no ajustados a derecho.
Adelanto mi postura contraria al progreso de la pretensión anulatoria incoada por el demandante. Ello, en lo medular, sobre la base de los fundamentos expuestos por este Tribunal en la causa B. 67.132, "Rodríguez", decidida por el Tribunal por sentencia del día 13 de marzo de 2019, cuyo fallo integré con mi voto.
Puntualizo que, en tal causa, el agente sumariado había sido imputado por las mismas faltas que las que fueron motivo de sanción para el aquí accionante, los fundamentos esgrimidos, en este punto, resultan similares, y fueron resueltas en las mismas investigaciones y mediante los mismos actos por los cuales se sancionara al señor Rodríguez. Es decir, las circunstancias bajo las cuales se resolvieron aquellas sanciones disciplinarias resultan similares a las que se tuvieron en cuenta para sancionar al aquí accionante.
Sentado ello, cabe detallar que de las resoluciones de la Gerencia General del Banco del 30 de julio de 2001 y 8 de marzo de 2002 confirmadas luego por la resolución 1.337/03, dictadas en el marco del sumario 10.915 surge que el señor Basualdo fue sancionado con tres días de suspensión en el empleo y se le efectuó, además, un cargo por el perjuicio patrimonial ocasionado al Banco con motivo de los hechos investigados. Calificó su conducta, a los fines previstos en la resolución del Directorio 2.128/98 como culposa -no excusable- en grado de imprudencia, limitando su responsabilidad a un 80% del perjuicio imputado.
Por su parte, al ampliar la demanda, el accionante se agravia de las decisiones tomadas en el
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