Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74692
En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.692, "Lobosco Patricia D. y ot. contra Municipalidad de la Matanza. Materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de La Matanza y admitió parcialmente el deducido por la parte actora, en relación a los intereses que debían abonarse por el reconocimiento de las horas suplementarias trabajadas en exceso, en virtud de la reducción de la jornada laboral a raíz de la declaración de insalubridad formalizada mediante la resolución 11.572/06 (v. fs. 511/540 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 552/565 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 567/568.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 575) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por las actoras, reconociéndoles el derecho a obtener una reducción de sus jornadas laborales en un cuarto de las correspondientes a sus clases y funciones, desde la fecha en que se produjo la declaración de insalubridad del nosocomio donde prestan sus servicios (14 de diciembre de 2006) por la resolución 11.572/06 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires o disposición equivalente.
Ordenó a la Municipalidad de La Matanza que reduzca la jornada laboral de las actoras a veintisiete horas semanales, manteniendo la remuneración de la jornada de 36 horas. Asimismo acogió parcialmente el reclamo formulado por las actoras respecto del pago de las horas suplementarias laboradas en exceso de las jornadas reducidas, condenando a la Municipalidad de la Matanza a que abone a las doctoras Sandra Silvina Lobosco y Patricia Débora Lobosco los montos que surjan de la liquidación a practicarse (9 horas semanales) desde la efectiva notificación de sus reclamos a la demandada, esto es desde el 28 de agosto y 29 de agosto de 2012 -respectivamente-, hasta el día 2 de septiembre de 2013 -ambas inclusive-, momento en que se encuadra la jornada laboral de las actoras.
Todo ello con arreglo a las pautas previstas en el art. 21 de la ley 11.757 y las que surgen de la prueba pericial contable incorporada a las presentes actuaciones (arts. 165, CPCC, 50 inc. 6 y 77, CCA).
A ello, adicionó la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires por depósitos a treinta días, debiendo liquidarse desde la fecha que cada suma ha sido debida hasta la fecha del efectivo pago (arts. 622, Código Civil; 7 y 10, ley 23.928 -modif. por ley 25.561- y 5, ley 25.561).
II. Apelado el pronunciamiento por ambas partes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín desestimó el recurso presentado por la municipalidad demandada e hizo lugar, parcialmente, al interpuesto por la parte actora (v. fs. 511/540). En consecuencia, modificó el pronunciamiento estableciendo que los intereses que deberá abonar la demandada deberán liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).
II.1. Para así decidir, en primer lugar (contestando los agravios del municipio) indicó que la sentencia de primera instancia no transgredía el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC) toda vez que el magistrado resolvió la cuestión conforme lo planteado en la demanda pudiendo, por imperio del principio iuria novit curia , enmendar el derecho invocado o suplir el omitido sin que ello importe infracción al principio antes aludido ni afectación del derecho de defensa de la contraparte.
Señaló que a los jueces les corresponde calificar jurídicamente las circunstancias fácticas en tanto y en cuanto no se alteren los hechos o se tergiverse la naturaleza de la acción deducida, supuestos que no se verifican en el caso bajo análisis.
III.2. Por otra parte, precisó las normas que conforman el marco jurídico del sub lite a fin de analizar el agravio relativo a la afectación de la autonomía municipal.
A ese fin recordó que los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 39 de la Constitución provincial, reconocen los derechos de los trabajadores y que, por los arts. 41 y 28, respectivamente, se garantiza a todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.
Indicó que la ley 11.759 establece el estatuto que regula la relación de empleo de quienes prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires, normativa que resulta aplicable a los empleados de los municipios que adhirieron a ese régimen (conf. art. 1, ley cit.).
Indicó también que el municipio demandado, en ese contexto, dictó la ordenanza 7.785/84, que regula la carrera municipal, de la cual no surge referencia alguna al régimen de insalubridad.
Señaló que la Subsecretaría de Trabajo tiene la facultad de declarar insalubres los lugares de trabajo (arts. 2 y 37, ley 10.149), por lo cual es resorte de dicho organismo declarar -a través del procedimiento pertinente y previa intervención de las áreas competentes- esa condición respecto de lugares, tareas o ambientes de trabajo.
En ese contexto, el Subsecretario de Trabajo dictó la resolución 11.572 (de fecha 14-XII-2006), por la que determinó: "...VISTO el estado de los presentes actuados y la presentación efectuada por la Municipalidad de la Matanza requiriendo el reconocimiento del carácter de insalubre de una serie de actividades que se desarrolla en el ámbito de ese Municipio, particularmente en el área de Higiene y Seguridad del Trabajo Hospitalario (v. fs. 2 del expte. 2900-73590/99) [...] EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES RESUELVE...ARTICULO 1. Declarar la insalubridad de las tareas que desarrollan el personal de los Servicios de Radiología, Laboratorio, Hematología, Esterilización y Neonatología de los Hospitales José Equiza, Materno Infantil T. Germani, Municipal del Niño y Policlínico Central, los Servicios de Radiología de los Centros de Salud N° 1 I. Escurra, N° Dr. D. Rocca, N° 3 Dr. Carrillo, N° 4 Dr. Sakamoto, N° 5 Dr. Francisco Giovinazzo, N° 6 Vila Rebasa y N° 7 Dr. Enrique Eizaguirre, en los Sectores Infectología y Tisiología del Departamento de Epidemiología y Profilaxis, en la División Veterinaria y Laboratorio Central del Centro de Vías Respiratorias, Alergia e Inmunológica, todas dependientes de la Municipalidad de la Matanza, de conformidad con los informes de fs. 230/234, 237/239, 241/243, 254/260, 263/264, 266/270, 272/278, 282/302, 304/308, todos del expte. 2940/01 y fs. 311/318, 324/329, 336/340, 354/360, 362/367, 374/381 y 385/386 del expte. 21504-6972/04, las razones expuestas en el exordio de la presente y los arts. 2, 3 inc. e y f, 4, 5, 6, 37 y cc Ley 10.149; 14 bis y 41 Constitución Nacional; arts. 28 y 29 Constitución Provincial; arts. 1 y 2 Ley 11544, Ley 19587; Decreto Reg. 531/79 y Ley 24.557...".
Seguidamente, por el art. 2 se dispone: " Requerir a la Municipalidad de La Matanza cumplimente las medidas correctivas y preventivas informadas a fs. 230/308 del expte. 2940/01 y fs. 311/386 del expte. 21504-6972/04 en las áreas y sectores allí indicados, a tales efectos expídase copia de los presentes y préstese la colaboración y asistencia técnica de la Dirección de Inspección Laboral - Dto. Higiene y Seguridad de este Ministerio de Trabajo..." .
Determinada la normativa aplicable, el Tribunal de Alzada recordó que la interpretación de las normas debe ser sistemática, razón por la cual no puede contrariar las bases y principios en los que se funda el sistema jurídico.
Asimismo, señaló que la jerarquía normativa impone una disciplina de pensamiento en el intérprete al indicarle un orden de prelación, que no puede desconocerse en la tarea de interpretación.
Bajo esas premisas, sostuvo que el legislador puso en cabeza de la Provincia la competencia de declarar insalubres los lugares de trabajo.
Por otra parte, destacó que fue la municipalidad demandada quien requirió a la autoridad provincial el reconocimiento de insalubridad de las tareas que se desarrollan en ciertas áreas de salud de la comuna, no pudiendo desconocer los efectos que de ella se derivan, como ser la aplicación al caso del decreto 1.351/71, el que estableció que las personas que se desempeñaran en servicios declarados insalubres -como sucede en el presente caso-, percibirán la remuneración correspondiente al régimen horario semanal establecido para cada clase, pero cumplirá sus tareas con un porcentaje de un cuarto de jornada de reducción horaria (conf. art. 1).
Entendió, asimismo, que de aquella solicitud municipal se desprende el reconocimiento del propio demandado de que la ordenanza 7.785/84 no regula la cuestión en materia de insalubridad y la aceptación de que dicha competencia la tiene el organismo provincial, siendo el municipio -en esta materia y por ese acto propio- quien renunció o limitó su autonomía en lo que es objeto de controversia.
Refirió a la doctrina de esta Suprema Corte por la que se establece la denominada "teoría de los actos propios", por la que resulta inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (conf. doctrina de las causas L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 106.461, "Yarcho", sent. de 12-XII-2012, e.o.).
En este contexto, donde el municipio solicitó que se declarara la insalubridad de determinadas áreas del hospital en cuestión, es que advirtió que la ordenanza comunal de carrera hospitalaria no hace referencia alguna a las consecuencias para el caso en que se declare un área insalubre. Agregó que si bien es cierto que el régimen de horario establecido por la ordenanza municipal -36 horas semanales- es menor al previsto para los nosocomios provinciales -48 horas semanales-, consideró que no puede aseverarse con ello -como pretende la accionada- que la comuna haya ponderado las particularidades como las del presente caso (insalubridad), en tanto ese máximo de horas fue establecido para todo el personal de carrera hospitalaria, sin hacer distingo alguno con las actividades declaradas insalubres y de las que no.
Reparó en que los servicios insalubres suponen un régimen especial, pues conllevan remuneraciones y horarios distintos a los del resto de la administración (cfr. arts. 3 inc. "c" y 37, ley 10.149; 26, dec. ley 9.650/80 y dec. 430/81).
Sostuvo que tampoco acreditó la demandada, como asevera, que con el suplemento salarial denominado "Carrera Médico Hospitalaria" compensase las particulares condiciones que impone la prestación del servicio profesional objeto de la relación de empleo público. Además, indicó que ya el decreto 282/98 de la comuna demandada establecía la reducción horaria sin afectar la situación de revista ni el salario para determinadas tareas desarrolladas en ámbitos de reconocido riesgo laboral por insalubridad y/o infectocontagiosos (v. fs. 107/109).
Por ello, estimó que eso beneficios debieron ser otorgados a las actoras en el momento en que los reclamó. Máxime, teniendo en cuenta que los mismos estarían contemplados en las ordenanzas 7.768 y 10.203, ya que ellas fueron el fundamento del mencionado decreto.
II.3. En relación a la improcedencia del pago de las sumas reclamadas por las horas trabajadas en exceso, el Tribunal de Alzada señaló que las accionantes fueron designadas con un régimen horario de 36 seis horas semanales (v. fs. 49/50 y 174/176), y habiéndose resuelto que debía reducirse la jornada laboral en un cuarto (manteniéndoseles el salario de 36 horas por aplicación del dec. 1.351/71), debía por ende abonárseles las nueve horas semanales que las mismas trabajaron en exceso.
Advirtió, asimismo, que la municipalidad demandada estaba en mejores condiciones de aportar la prueba respecto a las horas trabajadas por las actoras, en virtud del principio de la carga dinámica de la prueba, y que incumplió con dicho deber.
II.4. Por último, no encontró razones atendibles para hacer lugar al agravio respecto a la imposición de las costas y apartase del principio objetivo de la derrota que a partir de la modificación del art. 51 del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437) rige en la materia.
II.5. Ahora bien, acogió parcialmente el recurso de la parte actora.
Para así decidir, consideró que esta Suprema Corte se había ya pronunciado respecto de la tasa de interés aplicable -en el marco de la normativa vigente con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 768 inc. "c" y 770, de ese cuerpo normativo)- en las causas B. 62.488, "Ubertalli, sent. de 18-V-2016 y C. 119.176, "Cabrera", sent. de 15-VI-2016) las que resultan la doctrina legal aplicable, conforme el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En esa inteligencia, de acuerdo a la obligatoriedad de la doctrina legal, estimó que correspondía hacer lugar parcialmente al recurso de las actoras y modificar la sentencia en este punto. Entonces, dejó establecido que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, durante los distintos períodos de devengamiento, conforme las condiciones determinadas en las reglamentaciones aplicables en cada caso (arts. 622 y 623, Código Civil; 7, 768 inc. "c" y 770, Código Civil y Comercial; 7 y 10, ley 23.928).
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs. 551/565, la Municipalidad demandada denunció la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 de la ley 11.757, entonces vigente. Acusa violación de la doctrina legal aplicable y del principio de separación de poderes.
En primer lugar, se queja de que el Tribunal a quo efectuó una interpretación errada al sostener que la ordenanza 7.785/84, que regula la carrera hospitalaria municipal, fue dictada en el marco de la ley 11.759 y no como derivación del principio de autonomía municipal consagrado en los arts. 5 y 123 de la Constitución nacional. Aduce, reiterando argumentos expuestos en el recurso de apelación, que la sentencia impugnada vulnera el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6 y 272, CPCC) al determinar la normativa aplicable por fuera de la alegada por las partes.
Afirma que la relación laboral de las accionantes con el municipio no se rige por la ley 11.759, ya que dicha norma no se aplica a los trabajadores profesionales que desarrollan sus tareas en el ámbito de la Secretaría de Salud Pública municipal.
Expresa que no es válido el argumento de que la ordenanza 7.785/84 fue dictada en el marco de la ley 11.759 -que regula la relación de empleo de las personas que prestan servicios en establecimientos de salud de la Provincia de Buenos Aires y en los municipios que hubiesen adherido-, pues más allá de la inconsistencia temporal, la vigencia de la ordenanza municipal citada deriva del art. 2 inc. "b" de la ley 11.757 (actualmente derogada por la ley 14.656).
Aduce que la decisión de las instancias ordinarias vulnera el principio de autonomía municipal, toda vez que la resolución 11.572/06 se fundó en el decreto 1.351/71, cuyo ámbito de aplicación está reservado para los establecimientos asistenciales que se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Para ello sostuvo que el expediente iniciado por el municipio ante la subsecretaría provincial no constituye un acto administrativo en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, motivo por el cual no puede interpretarse que el municipio adhirió a la ley 11.759, ni que se encuentra derogado el decreto municipal 282/98 y, menos aún, que se extienda el decreto 1.351/71 a establecimientos asistenciales no previstos en dicha norma (es decir a los municipales).
En ese entendimiento consideró que la sentencia en crisis realizó una indebida aplicación de la "teoría de los actos propios" a la luz de la doctrina legal de este Tribunal al respecto.
Denuncia que las sentencias impugnadas son una reiteración de los argumentos expuestos en la causa "Davila", desentendiéndose de los argumentos por ella expuestos, que son parcialmente diferentes a los dados en aquella oportunidad.
En forma subsidiaria, se agravia del reconocimiento efectuado por la Cámara de las horas suplementarias laboradas en exceso, en cuanto entendió que ello vulnera la doctrina legal que rige en materia de carga probatoria, y para ello reproduce los agravios que expuso en el recurso de apelación.
Por último, se queja de la imposición de costas y solicita se impongan a las actoras.
IV. El recurso no puede prosperar atento a la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. Conforme surge de los antecedentes de la causa, las actoras se desempeñan como médicas especialistas en neonatología en la terapia intensiva de enfermedades infecciosas del Hospital municipal del Niño de San Justo, cuyo servicio -entre otros- ha sido declarado insalubre mediante la resolución 11.572/06.
En este contexto, la sentencia atacada entendió, de acuerdo a las normas implicadas y a los principios constitucionales rectores, que la competencia en materia de insalubridad resulta de resorte provincial (arts. 2 y 37, ley 10.149) y destacó que la norma municipal que regula la carrera hospitalaria no contiene previsión alguna a ese respecto.
Agregó, para reconocerle a las actoras el derecho a la reducción de su jornada laboral, que fue el propio municipio quien solicitó a la autoridad provincial la calificación como insalubres de determinados lugares de trabajo en diversas áreas de salud, siendo por tanto aplicable el decreto 1.351/71 (que establece el régimen salarial).
Por su parte, la recurrente limitó su embate a sostener la errónea aplicación de la ordenanza 7.785/84 y del art. 2 del Estatuto para el Personal de las Municipalidades entonces vigente (ley 11.757).
En tal sentido, afirma que la ley provincial 11.759 no es aplicable a la relación estatutaria que el accionante mantiene con la comuna, atento que el municipio no adhirió a dicho régimen, y que su aplicación vulnera el principio de autonomía municipal.
De una atenta lectura de la pieza recursiva advierto que la recurrente no cumple adecuadamente con la fundamentación de sus agravios, sino que reitera -ante esta instancia extraordinaria- las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueron adecuadamente consideradas -y rechazadas- por el Tribunal a quo ; circunstancia que obsta al tratamiento de la queja por parte de este Tribunal.
Es doctrina de esta Suprema Corte que resulta insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.