Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 308 y vta. y 353 y vta. -en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
En la ciudad de La Plata, a 16 de octubre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.025, "Callejas Alarcón, Modesto Andrés contra Línea Expreso Liniers S.A. y otro/a. Enfermedad accidente".
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la excepción de cosa juzgada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 286/288 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 301/307).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la excepción de cosa juzgada administrativa planteada por Línea Expreso Liniers S.A.I. y C. por considerar que no se encontraban configurados los recaudos que la tornan viable (arts. 9, 12, 15 y 63, Ley de Contrato de Trabajo; 961, Cód. Civ. y 31 inc. "d", ley 11.653) y difirió para la definitiva el tratamiento de la excepción de transacción (art. 31, ley 11.653).
Para así decidir, tras analizar las constancias de las actuaciones labradas en sede administrativa (resols. del SECLO 42.504 y 42.486; v. fs. 264/279), el a quo declaró acreditada la homologación de los acuerdos conciliatorios celebrados entre las partes (v. fs. 257/258 y 271/272), pero no su notificación al actor (v. fs. 287). En tales condiciones, juzgó que dicho acto no podía tenerse por consentido o firme "máxime, mediando cuestionamiento del accionante a dicho acuerdo" (fs. 287 vta.).
A su vez, agregó que la impugnación -por razones formales o sustanciales- sólo es factible si la decisión ha sido previamente notificada, o cuando surge de las actuaciones que las partes, con posterioridad a su dictado, actuaron en forma que evidencia el cabal conocimiento de la resolución homologatoria (v. fs. cit.). Sin embargo, el juzgador descartó esta última hipótesis al corroborar que "los recibos agregados por la demandada a fs. 72 y 74 señala como fecha de pago de la suma allí consignada, el día 12 de agosto de 2011, esto es, con anterioridad a la ratificación de los acuerdos por ante la autoridad administrativa (15 de septiembre de 2011 -fs. 260 y 275-) y respectiva resolución homologatoria (27 de septiembre de 2011 -fs. 264 y 275-), circunstancias que me permiten concluir que al momento en que el actor suscribiera los recibos, desconocía que resolución adoptaría la autoridad administrativa respecto del convenio en cuestión" (fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 19, 29, 31, 32, 43 y 44 de la ley 11.653; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el tribunal de grado realizó una absurda valoración de los recibos agregados a la causa porque consideró que el 12 de agosto de 2011 el actor percibió las sumas allí consignadas, cuando dicha fecha alude al depósito de sus cargas sociales (v. fs. 302 vta. y 303).
Añade que el a quo reiteró el mencionado vicio lógico al declarar que el accionante "desconocía que resolución adoptaría la autoridad administrativa respecto del convenio en cuestión" (fs. cit.). En ese sentido, destaca que los recibos indican "el rubro por el cual se abonaba la suma consignada", y que en el caso no se ha demostrado fraude en el trámite ante el SECLO, ni en la instrumentación del pago referido (v. fs. 303 vta. y 304).
Aduce que el fallo infringe la doctrina legal que esta Corte estableció -entre otras que identifica- en la causa L. 108.468, "Camino" (sent. de 5-IX-2012), en la que se declaró que "el acuerdo conciliatorio suscripto en sede administrativa entre un trabajador y su empleador, en tanto haya sido homologado por la autoridad del trabajo competente, debe asimilarse en sus efectos al de una sentencia judicial firme que adquirió el valor de cosa juzgada" (fs. 304 y vta.).
También, las pautas que surgen del precedente L. 87.579, "Rodríguez" (sent. de 5-III-2008), en el que se expresó que la eventual falta de notificación de la homologación de los acuerdos no puede enervar la cosa juzgada administrativa si el reconocimiento que hicieron los actores en su escrito liminar, acerca de haber percibido el importe conciliado, resulta suficiente para tener por notificado el acto administrativo (v. fs. 306).
III. El recurso no prospera.
La suficiencia de la postulación que estructura el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley dependerá de que se baste a sí misma para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal. Ello exige, entonces, una crítica directa y eficaz de las conclusiones definitorias de la sentencia recurrida, cuya demostración incumbe -de modo excluyente- a quien acude a la vía recursiva (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.936, "Scarpa", sent. de 24-IX-2014 y L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; e.o.)
En la especie dicha carga ha quedado insatisfecha porque la recurrente se limita a afirmar sin otro respaldo que sus propios dichos que el actor no percibió el importe conciliado en la fecha indicada en el fallo, ni desconocía la resolución homologatoria de los acuerdos suscriptos; pero no logra rebatir las motivaciones esenciales que llevaron al a quo a declarar no verificada la existencia de cosa juzgada administrativa, afincadas en la falta de acreditación no sólo de la notificación de dicho acto al accionante, sino además, de su cabal conocimiento, por haber firmado los recibos con anterioridad a su dictado.
La ausencia de impugnación idónea a las referidas conclusiones de la decisión que se pretende cuestionar define la suerte adversa de la crítica intentada, pues, conforme reiteradamente se ha declarado, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran la sentencia. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
Resta agregar que la doctrina legal que ha citado la interesada, al haber sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se ventilan en autos, es ineficaz para modificar la decisión atacada (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011 y L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012).
IV. Por todo lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
El depósito previo efectuado a fs. 308 y vta. y 353 y vta. -en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para la recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria Interina
Fin de la sentencia